Para Devereux queda claro que es necesaria la participación de las comisiones de Agricultura en las cámaras de Diputados y Senadores, y de los organismos técnicos como el INTA en el tratamiento de una ley de humedales, dado que se podrían condicionar tanto actividades productivas como negocios  inmobiliarios.

Según el productor, antes de definir una ley “es necesario definir primero qué es un humedal, ya que hay bibliografía para todo tipo de significados, y luego hacer un buen inventario”.

Sucede que hay regiones que contienen humedales, pero de acuerdo a Devereux, no por eso se las debería considerar humedales en su totalidad, porque de hacerlo podrían duplicarse las restricciones para desarrollar actividades económicas o de otro tipo. En definitiva, sería mucha más amplia la zona de exclusión o con limitaciones.

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Algo parecido sucedió con la Ley de Tierras, aprobada durante el gobierno de Cristina Fernández, cuando se le puso un freno a la inversión extranjera en campos, sin conocer cuánta extensión estaba en manos de empresarios no argentinos. Después de aprobado el relevamiento oficial, se comprobó que era mucha menos de lo prejuzgado, y el límite fijado por la normativa daba lugar a la venta de más campos. Todo por no haber hecho primero el estudio correspondiente.

Devereux explicó que una ley ambiental de estas características implica tener en cuenta un montón de cuestiones. En primer lugar, dijo que las provincias deben tener un involucramiento grande en esto, porque se puede afectar a diversas actividades productivas, para lo cual pidió que se considere “la potestad de las provincias para legislar sobre una base y no por debajo de ella. En Entre Ríos, Corrientes, Chaco o Formosa hay mucha producción y límites entre lo que sería un humedal y lo que no lo sería”.

“Hay que trabajar muy bien en el inventario de humedales, y luego definir las categorías y los tiempos”, manifestó el integrante de Barbechando. Por ejemplo, si se define una determinada región como humedal, pidió “dejar en claro qué plazos se les dará a los productores para la reconversión, y si podrán o no seguir desarrollando actividades productivas, de qué tipo y en qué condiciones”.

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A su vez, Devereux dejó en claro que una normativa de este tipo debería indicar “qué sucede cuando hay una catástrofe como inundaciones o incendios, que a veces requieren que se hagan obras. Entonces debería estar estipulado qué organismo la permitirá y en qué tiempo”.

La Fundación Barbechando, queda claro, apoya que haya un debate sobre los Humedales, no lo rechaza. “Alguna legislación se tiene que dar”, consideró el productor. Agregó que, aunque los proyectos de ley que circulan en el Congreso hablan de producción bajo criterios sustentables, “pues también eso será necesario definirlo con nombre y apellido”.

Finalmente, Devereux destacó un aspecto legal a tener en cuenta: la responsabilidad penal que podría caberle a los directores de empresas que quedarían penalmente comprometidos ante prácticas mal realizadas o criterios mal interpretados por el personal bajo su mando. Por esa razón consideró que ,“la ley y el decreto reglamentario deben ser específicos y muy bien trabajados, porque hay mucho en juego”.

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