Es que tres décadas después de su fundación el Mocase está siendo denunciado por otras familias campesinas santiagueñas de usurparles sus pequeños campos y parcelas, incluso con métodos violentos, como la quema de maquinaria, la utilización de armas de fuego, la destrucción de viviendas, etcétera.

Es un caso muy curioso: hasta ahora el Mocase-Vía Campesina, una de los fracciones en que se dividió el movimiento en 2002, acusaba a los empresarios del “agronegocio” de llevar a cabo este tipo de prácticas para apoderarse de las tierras productivas de la provincia gobernada desde hace mucho tiempo por Gerardo Zamora, quien por cierto jamás pudo o quiso poner freno a este tipo de conflictos por la posesión de la tierra en su provincia.

Por ejemplo, el 15 de junio era el propio Mocase Vía Campesina quien acusaba al dueño de la marca de gaseosas Manaos, Orlando Canido, de intentar “desalojar violentamente” a la Comunidad Yaku Kachi Bajo Hondo de su territorio.

“Logramos frenar el desalojo”

El dueño de la gaseosa Manaos intentó desalojar violentamente la Comunidad Yaku Kachi Bajo Hondo. Adolfo Farías, integrante del Mocase-VC, hizo llamado de alerta para enfrentar nuevas embestidas del industrial.https://t.co/nHnNGVH7w1

— MOCASE Vía Campesina (@MOCASE_VC) June 15, 2021

Esta es la primera vez que es el Mocase el que es denunciado por llevar a cabo las prácticas que la propia organización denuncia de terceros poderosos. Lo más paradojar es que quienes denuncian que es la esa organización la que los corre de sus campos es nada menos que una Asamblea Autoconvocada integrada por campesinos y promovida sobre todo por mujeres. Se denominaron “Santiagueños en Defensa de la Tierra”.

El 9 de junio este nuevo movimiento denunció la destrucción parcial de una vivienda rural y responsabilizó directamente al Mocase Vía Campesina. La vivienda estaba dentro del campo perteneciente a Irma Maldonado y su familia. “No se trata de imágenes de una tragedia o una desgracia. Tampoco son producto de un sismo o un tornado. Simplemente se trata del Mocase Vía Campesina”, decía la denuncia publicada en las redes sociales.

“De la casa se llevaron mesas, sillas, colchones y cubiertos, sábanas, ropa, puertas, ventanas y tirantes”. Quebrachito pertenece a la localidad de Pinto, en el Departamento Aguirre, donde el Mocase tiene una de sus seccionales más poderosas. “Allí todos se conocen”, afirmó el Movimiento Santiagueños, que culpó de la usurpación directamente al “clan Aguirre”, pero añadió de inmediato que todos “saben que ninguna usurpación se produce sin la orden de Adolfo Farías y Juan Chazarreta”. Son dos de los principales referentes del movimiento campesino a nivel provincial.

Un dato no menos importante es que una tercera referente nacional del Mocase es funcionaria del gobierno nacional, bajo el mando del Ministerio de Agricultura de Luis Basterra. Se trata de Deolinda Carrizo, que en febrero pasado asumió un cargo como directora de Género e Igualdad de la Dirección Nacional de Fortalecimiento y Apoyo a las Organizaciones de la Agricultura Familiar

Curiosamente, en la asamblea Santiagueños en Defensa de la Tierra las que más denuncian los atropellos del Mocase Vía Campesina son mujeres campesinas que deberían ser motivo de preocupación central de la funcionaria nacional.

Un buen ejemplo es María Acosta, de Sumampa, quien denunció públicamente intentos de desalojo de su campo en el paraje La Guayaca, del cual tiene título de propiedad por 299 hectáreas. “Desde hace dos años empezamos a tener problemas con el Mocase”, afirma en este video. El 5 de mayo del año pasado, agregó María, fueron atacados por una patota armada, entre los cuales pudieron reconocer a dirigentes de esa organización social y de la Universidad nacional Campesina (UNICAM) de Villa Ojo de Agua. Las denuncias presentadas no tuvieron avances.

Pese a que parecen defender intereses antagónicos, es histórico el buen vínculo que existe entre Mocase Vía Campesina y los funcionarios de Estado, no solo a nivel nacional sino especialmente con las autoridades provinciales. Eso les permitiría actuar con bastante impunidad ante los ojos de la justicia y la policía provincial. Según denuncian quienes dicen ser sus víctimas, “esta organización opera en manada, con violencia y en la clandestinidad. Llegan en sus camionetas e inclusive cuentan con un camión que oficia de flete. Nunca son menos de treinta personas. Algunas encapuchadas, con machetes, fierros y armas blancas, incendian corrales con animales, herramientas de trabajo y todo aquello que no se pueden llevar”.

El pasado 16 de junio, la Asamblea realizó otra denuncia, este vez referida a la familia Báez.  “Aquí, en la Totorilla, Don Bernardino Báez formó su familia en el siglo pasado. Después fue su hijo Justo Pastor, que con su compañera Josefa Isabel, decidieron que sería la Totorilla donde nacerían sus hijos. Y para ello fundaron una escuela, la Escuela 922 que lleva su nombre”, describen, dando a entender que todos los campesinos desalojados por el Mocase tienen posesión ancestral sobre los terrenos que intentan quitarles. En aquella escuela, sigue la historia, daba clases Lidia “Pori” Iturre, que se casó con Don Raúl Báez. Hoy tienen nietos con ese mismo apellido.

“Pero ahora la Totorilla está usurpada. Los Báez fueron expulsados violentamente por el Mocase Vía Campesina. Tomaron su tierra, su casa, sus pertenencias y su historia”, denunció la nueva Asamblea, que difundió imágenes del violento desalojo que sufrieron.

En total, el Movimiento Santiagueños por la Tierra registra cerca de 60 casos vinculados con las irrupciones del Mocase Vía Campesina en sus propiedades, aunque no todos terminaron en un desalojo y hay varios que han podido ser neutralizados en la justicia. En sus redes sociales, este movimiento incluso publicó un curioso manual que tendría el Mocase para realizar estas usurpaciones.

Uno de los pasos de esa supuesta estrategia sería activar “una campaña de escarnio público para generar el desprecio sobre la víctima, calificándola de Oligarca, Sicario, Pedófilo, Capitalista, Violador, Etc. Siempre MACRISTA”. A Raúl Báez, como se ve en esta fotografía del propio Mocase, se lo tilda de esclavista y explotador. Aunque él grabó otra versión completamente diferente de su propia historia:

Una integrante del nuevo movimiento que hace estas denuncias -que por ahora pide reserva de su nombre- relata que “lo del Mocase es extremadamente violento”, aunque reconoce que tiene un viso de legalidad a partir del dictado de la Ley 26.160 sancionada en 2006 para declarar la emergencia ocupacional en los territorios que corresponderían a las las comunidades indígenas originarias del país.

Esa legislación devino en un relevamiento territorial cuya responsabilidad está a cargo del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), que en el caso de Santiago del Estero se apoya muchísimo en los dirigentes del Mocase Vía Campesina. En base a ese relevamiento, esa organización reclama muchas veces territorios a sus ocupantes históricos, con el argumento de que esas tierras pertenecían a alguna comunidad originaria.

Es decir, parece ser el Mocase el que se arroga el derecho de decidir quién es originario y quién no lo es en Santiago del Estero. Y qué campesinos deben defenderse y cuáles, en cambio, se transforman en sus víctimas.

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La funcionaria, que depende de la Secretaría de Agricultura Familiar y se desempeñó previamente como abogada del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), dijo que el Gobierno espera que el Congreso apruebe la prórroga de la ley 27.118, que establece la prohibición de los desalojos d pequeños productores.

En diálogo con la agencia Télam, Castillo explicó: “Llegan todos los días órdenes de desalojo y no se puede estar pensando en construir un programa de regularización y mejora de la tenencia de la tierra si a la vez teniendo se suman estos desalojos todo el tiempo”.

“Hay un gran número de familias de la agricultura familiar con tenencia precaria, lo que acarrea por supuesto, la posibilidad de la pérdida de la tierra y de sufrir desalojos y conflictos que llevan a la criminalización de las familias”, agregó.

La ley 27.118/15 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, estableció en su artículo 19 la suspensión por el término de 3 años el desalojo de agricultores familiares. En 2018, al vencerse por primera vez este plazo, se aprobó en el Congreso la prórroga por un año, pero desde 2019 el sector de pequeños y medianos productores se encuentra desprotegido, de acuerdo con la funcionaria.

“En general el problema que decanta esta situación irregular o situación de precariedad en la tenencia, es que los títulos se compran y se venden sin dar cuenta de esta realidad posesoria, entonces, vienen nuevos titulares registrales y empiezan los desalojos, habiendo comprado una tierra que ya tiene sus poseedores”, explicó la funcionaria.

“Los desalojos, al ser cautelares, no profundizan sobre la realidad posesoria, sobre quién tiene derecho a estar sino que simplemente ve un título y desaloja. Esto es algo que ya está regulado en la ley, por eso la ley 26.160 (Comunidades Indígenas) y la 27.118 (Agricultura Familiar) dieron cuenta de esta situación, que establece que se tienen que hacer programas que releven la situación posesoria para después, generar una política para la regularización de las tierras”, sostuvo la funcionaria.

Pero esos programas no llegan. Y el Estado está siempre entrampado entre lo que se debe hacer y lo que no se hace.

De los 80 casos de conflicto abordados desde el área de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias, la mayor concentración la tienen las provincias de Salta con 23 casos, Jujuy con 18 casos y Buenos Aires con 10 casos, seguidos por Córdoba (7 casos), Santiago del Estero (5 casos), Chaco (4 casos) y Tucumán y Río Negro con 3 casos. Continúan Mendoza, Chubut, Santa Fe, Neuquén y Misiones con 1 o 2 casos.

De este conjunto de casos relevados, hay 29 situaciones que incluyen la posibilidad directa o el desalojo consumado de las familias involucradas y en 37 de estos casos se encuentran involucradas comunidades indígenas.

A su vez, hay identificadas un total de 19 situaciones de conflictividad en las que son las mujeres las principales involucradas ya sea por ser las poseedoras de la tierra o por ser las referentes de la comunidad u organización.

Según un relevamiento realizado por el Ministerio de Agricultura en 2011, es decir hace diez años, las situaciones problemáticas vinculadas a la tenencia de la tierra afectaban entonces a casi 64 mil familias de agricultores y abarcaban unas 10 millones de hectáreas.

En ese marco, en 2013 se creó el Programa Nacional de Titulación y Arraigo Rural (Prontar), que “es la única herramienta desde el Estado Nacional que aborda específicamente la regularización de las tierras”, con el objetivo de contribuir a la reducción de la precariedad en la forma de ocupación y tenencia de las tierras rurales.

Castillo explicó que es “un programa que tiende a generar recursos en las provincias y municipios para regularizar la tierra, es decir, plata para mensuras, deslindes, escrituras, partiendo del análisis de que hay una situación de precariedad muy grande que hay que abordar. Las provincias tienen sus propios programas de regularización y esto viene a acompañar las políticas que tienen las provincias”, que son las que tienen la última palabra sorbe este tipo de situaciones.

La Ley de Agricultura Familiar de 2015 dispuso además la creación de un Banco de Tierras para la agricultura familiar, que también está en veremos.

Al respecto, Castillo planteó que “se está trabajando a partir del diálogo con la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado), en poner en común cual es la situación de la tierra rural que tiene que estar a disposición de este Banco de Tierras, y construyendo un programa de ‘vuelta al campo’, contemplando, por un lado, el banco de tierras y por otro lado, la construcción y desarrollo de comunidades agroalimentarias que sean los lugares donde la tierra esté en función de la producción de alimentos sanos para el abastecimiento local”.

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