Para muchos habitantes del sector agropecuario esta decisión, la de crear un nuevo programa de promoción de la llamada economía verde o circular, ha sonado de modo más bien insultante. ¿Por qué? Pues porque surge del mismo gobierno que está impulsando una modificación de la Ley de Biocombustibles a la medida de la industria petrolera, habilitando una reducción de los porcentajes de corte de los combustibles fósiles por bioetanol y biodiésel. O porque coincide con el cierre de las exportaciones de carne vacuna. Los biocombustibles y la ganadería son dos ejes troncales de cualquier política de economía circular y agregado de valor.

“Es una función prioritaria del Ministerio de Desarrollo Productivo estimular la ampliación de la matriz productiva, la mejora de la productividad en el entramado empresarial, la integración territorial, la creación de empleos y el desarrollo exportador, resultado necesario incorporar activamente la dimensión ambiental en estos desarrollos”, explica la resolución firmada por Kulfas, que deposita la responsabilidad del nuevo programa muy cerca suyo, en su unidad de jefe de gabinete.

Otra contradicción visible de esta nueva iniciativa es que el estado parece estar superponiendo esfuerzos: en el Ministerio de Agricultura hay todo un sector supuestamente dedicado al fomento a la bioeconomía.

.La creación de este programa dentro de la cartera de Kulfas parece estar relacionada a la crisis de las salmoneras que planeaban instalarse en Tierra del Fuego, y que ahora han quedado impedidas de hacerlo. El propio ministro lamentó llegar a esos extremos de prohibición de actividades productivas en función de normas ambientales.

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“La actual crisis ambiental global y la situación económica por la que atraviesa nuestro país, requieren de la adopción de medidas oportunas que contribuyan a fortalecer y adaptar el sistema productivo, así como a mitigar los impactos ambientales de la producción, a fin de aportar a la transición hacia el desarrollo sostenible nacional”, explicó la nueva norma. Y agregó que “el contexto internacional nos impulsa a encarar una adecuación de la estructura productiva para reducir la huella de carbono de nuestros productos, a fin de evitar restricciones de acceso a mercados por la introducción de barreras técnicas al comercio y esquemas de impuesto sobre contenido de carbono en productos sin trazabilidad”.

El objetivo de este nuevo Plan, contradictorio pero a la vez necesario, es que la cartera productiva logre alcanzar “un Acuerdo Verde que articule el trabajo del Estado Nacional, el sector privado y la sociedad civil, convirtiendo la crisis ambiental en una oportunidad para promover el crecimiento de nuevos sectores productivos basados en la economía verde, contribuyendo al cambio estructural en la economía argentina”.

El propio Kulfas, en declaraciones radiales, explicó: “El Plan de Desarrollo Productivo Verde, por un lado, va a apoyar con financiamiento y apoyo técnico a las empresas para que hagan reconversión de tecnología; y por otro lado, va a trabajar en planes que hagan que Argentina contribuya a esa revolución verde que se está gestando a nivel global que significa, por ejemplo, reemplazar los vehículos que hoy funcionan que usan combustibles fósiles y son contaminantes por vehículos que sean eléctricos y no contaminantes”.

En la resolución se enumeran los objetivos del nuevo plan:

• Fomentar la productividad y la competitividad, así como la diferenciación de productos a través de la innovación, el ecodiseño y la economía verde para mejorar el acceso a mercados dinámicos.
• Favorecer los procesos productivos circulares, la paulatina reducción y reemplazo de materias primas vírgenes y la reutilización de materiales en desuso.
• Promocionar el uso de las energías renovables y la producción de equipamiento nacional para su aprovechamiento, así como la reducción del consumo energético como estrategia de mejora de competitividad.
• Promover el fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de los sistemas productivos y las economías regionales frente al cambio climático.

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“Las exportaciones de los productos cárnicos y sus subproductos estarán sujetas a la registración previa de una Declaración Jurada de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC)”, define el artículo 1° de la resolución conjunta 3/2021. Es decir, lo mismo que los ROE instrumentados por el primer gobierno kirchnerista en 2006: las exportaciones de carne debían declararse de antemano y recién se autorizaban luego de chequear la información presentada por cada operador. De modo claro, una barrera a la exportación.

Es decir que los exportadores de carne, como si traficaran drogas o acaso órganos humanos, deberán avisarle al Estado lo que están a punto de hacer, como si se tratara de un ilícito o de algo peligroso. “¡Ey amigo, rati! Confieso que voy a exportar carne…”

Las autoridades económicas, que según sus propias declaraciones estaban supuestamente preocupadas por el aumento de los precios de la carne vacuna primero, y después porque algunos individuos de ese negocio subfacturaban sus exportaciones, habían anticipado la semana pasada la creación de este nuevo registro, pero solo limitado a los cortes bovinos de exportación. Ahora no se les escapará nada, ni las cabras saltarinas ni los pollos cacareadores.

Conocida la letra chica, la primera sorpresa ha sido que todas las exportaciones, de todos los tipos de carnes, deberán ser declaradas ante la oficialidad: “Los productos cárnicos a exportar alcanzados por la Declaración Jurada de Exportaciones de Carnes (DJEC) son la carne fresca, refrigerada o congelada de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, equina y Gallus domesticus”.

¡Que no se te olvide declarar el Gallus Domesticus (que no es otra cosa que el pollo), malandra!

Ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot. Los ROE ahora se denominan DJEC, que es mucho más chic. Pero ya no se limitan a los cortes de carne vacuna, como sucedía en la época de Guillermo Moreno, sino que se extienden a todo tipo de carnes. Incluso a las que casi no se exportan, como la caprina.

Ojito: “La Autoridad de Aplicación podrá ampliar el alcance a propuesta de alguna de las instituciones que conforman la Comisión Mixta de Seguimiento y/o la Comisión Mixta de Fiscalización, o en ejercicio de sus propias competencias”, avisan desde el gobierno, advirtiendo con severidad que también que muy pronto podrían exigirse declaraciones para las exportaciones de carne de ñandú o de camélidos. Es que no se pueden quedar los argentinos sin salamines de llama.

¿Qué serán la Comisión Mixta de Seguimiento y/o la Comisión Mixta de Fiscalización que con tanta pompa se anuncian? Suspenso.

¿Y qué habrá que declarar, señor comisario? El artículo 2° lo dice clarito: Se deberá presentar ante las autoridades pertinentes una declaración jurada conteniendo el período de embarque de la mercadería (en este caso la carne); los datos identificatorios del exportador; el tipo de mercadería (se refiere a la especie ganadera); el tipo de carga (enfriada o congelada); el volumen en toneladas; el Precio FOB oficial (algo que no existe en carnes, aunque sí en granos); la fecha de cada venta; los datos de identidad del comprador; si se trata de un intermediario o del destinatario final; el país de destino de la mercadería y todo eso. En rigor, deberá informar todos los detalles de los delitos que se le imputan.

También en la Declaración Jurada deberá aclarar el peligroso exportador si es sujeto obligado de informar en el Sistema Informático para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE); No sabemos qué es eso, pero si acaso el sujeto fuera parte y “sea productor para el mercado interno, también deberá informar el volumen de lo comercializado en los últimos dos meses”.

Porque no solo es delito exportar. También es grave vender carne a los propios argentinos. ¡A nosotros no se nos escapa nada, sotreta!

¿A dónde deberá presentarse esa declaración jurada? Ante la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, o la ex ONCCA, que ya había sido disuelta en 2011 por un decreto de Cristina Kirchner por incontables actos de corrupción, pero luego fue resucitada por el gobierno de Cambiemos para intentar dar transparencia a las diferentes cadenas agroalimentarias. Son paradojas, no jodan con eso a esta hora.

La ex ONCCA podrá determinar el procedimiento y el plazo de vigencia de la flamante DJEC, así como también “dictará las normas complementarias para una adecuada implementación de la medida y dictará las normas aclaratorias que sean necesarias”.

No aclare que oscurece, amigo sargento.

Y como allí les encanta crear programas de computación, también este organismo “implementará un sistema informático para dar cumplimiento a la medida dispuesta en la presente”. Ricardo Echegaray, que administró la ex ONCCA en 2008 y otorgaba los ROE a discreción, también creó un sistema propio llamado Jauke que le permitía perforar la base de datos desde una ONCCA Paralela.

¡Qué lindo es promover la industria del software!

¿Y para qué servirá que los delincuentes, esos porfiados exportadores de carnes, confiesen su delito antes de cometerlo? Pues en al artículo 4° se explica que -en base a sus declaraciones o confesiones- la ex ONCCA y la Secretaría de Comercio Interior “instrumentarán procedimientos para el intercambio diario de la información amparada bajo las DJEC con el objeto de monitorear el adecuado abastecimiento del mercado interno, así como el cumplimiento de los marcos legales de ambos organismos”.

Además, la norma establece que Comercio Interior, a  cargo ahora de Paula Español y no ya del Guillermo Moreno, quien en su gestión alimentó un circuito paralelo de venta de ROE, “podrá requerir a los sujetos obligados por el presente régimen toda documentación respaldatoria o complementaria en relación a la finalidad expuesta”.

Por eso, amigo exportador, no salgas sin el DNI de tu casa.

Todo resulta muy parecido a lo que sucedía con los ROE, nacidos por una resolución de 2006 firmada por la ex ministra Felisa Miceli, que informaba que se iban a monitorear las exportaciones de carne vacuna solo con fines estadísticos. Después terminaron siendo un cepo absolutamente discrecional para que unos exportaran y otros no. Para que se fundieran miles de ganaderos y más de un centenar de frigoríficos. Para que se perdieran varios millones de cabezas de ganado y miles de puestos de trabajo en la industria de la carne.

Los actores son todos los mismos de antaño, más allá de los cambios de nombres y de gobiernos. Por un lado, dice la resolución que se creará a “Comisión Mixta de Seguimiento”, integrada por la Secretaría de Comercio Interior y la ex ONCCA, pero además con la invitación exclusiva a la AFIP para participar. Esa comisión, se supone, “tendrá por finalidad relevar y proponer los precios mínimos de referencia para las exportaciones, y evaluar periódicamente la evolución de los precios”. Es algo que ya venía haciendo la Aduana, solita y sin problemas. De hecho, hay precios de referencia en vigencia.

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También nacerá una “Comisión Mixta de Fiscalización”, donde estará el mismo viejo Ministerio de la Producción a través de la Secretaría de Comercio Interior, y la ex ONCCA por el Ministerio de Agricultura. Pero a diferencia de aquellas épocas, se invitará también a que esta vez se sumen al Senasa y el Banco Central y por supuesto la propia AFIP, como para que nadie falte a los festejos. Este comisión, se supone, “se reunirá periódicamente para verificar y fiscalizar el cumplimiento de la medida implementada en la presente resolución conjunta”.

Orden y progreso, que carachos. No puede ser que la delincuencia exporta carne, así, con tanta impunidad. Como si fuera una zona liberada.

“La medida establecida por la presente propenderá a un ordenamiento de la actividad exportadora de la carne y sus subproductos, facilitando un control más eficaz del sector y la recepción de información oportuna y sistematizada para la ejecución de políticas públicas destinadas a la promoción de las exportaciones y, al mismo tiempo, el debido abastecimiento de la demanda interna”, se explica en los preámbulos de la resolución.

No podrán decir luego que el comisario no le avisó que ya dentro de la celda los iban a cagar a palos.

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Fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo destacaron en el caso de los neumáticos para maquinaria agrícola que en los primeros dos meses del año se importaron 20.800 unidades, y hay 27.700 más con autorización, pero que aún no fueron nacionalizados por los propios importadores.

En ese universo no nacionalizado, el reporte menciona entre ellos las marcas Martolio, 17.600; Prometeon, 1.600, Titan 3.900; Michelin 3.000 y 2.200 en fabricantes de maquinaria agrícola.

“La suma entre lo nacionalizado y lo disponible para utilizar es de 48.500 unidades. Es un crecimiento del 70% respecto a las importaciones del mismo período de 2020”, analizaron las fuentes oficiales, tratando de quitar la responsabilidad de la órbita oficial. De todos modos, no negaron los faltantes.

“Con casi 3 meses de venta en stock sin nacionalizar, el problema no es la falta de abastecimiento sino la mala planificación de los importadores”, afirmaron.

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En el segmento de neumáticos de camiones, el informe destacó que en los primeros 2 meses del año se importaron 82.100 neumáticos y hay 47.500 más con autorización para ser vendidos en el país.

No obstante, advirtieron que esos neumáticos que cuentan con autorización aún no fueron nacionalizados por quienes los importan. Entre ellos citaron a Goodyear (14.500 unidades); Prometeon (11.300), Bridgestone (3.000); Michelin (3.000) y 11.500 de empresas que presentaron cautelar, Corral y Larocca.

“La suma entre lo nacionalizado y lo disponible para utilizar es de 129.600 unidades”, aclararon las fuentes, al señalar que se trata de una caída del 12% respecto a las importaciones del mismo período del año anterior. De todos, en este rubro, Desarrollo Productivo aclaró que “esta caída se compensa con el crecimiento de la producción nacional, que de va ganando participación en el mercado”.

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El dato no sería llamativo si no fuera porque en la gestión anterior, ambos sectores tenían un trato casi cotidiano con el ex ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, quien tenía llegada directa con el ex presidente Mauricio Macri. Ahora, queda claro, esa llave para instalar las problemáticas de estas economías regionales en el temario oficial es Kulfas.

Etchevehere solía armar decenas de “mesas de competitividad” que ahora han caído en total desuso, pero que involucraron tanto a bodegueros como a forestadores, además de otros sectores donde el agro y la industria se cruzan de modo permanente, como los frigoríficos. De hecho, en la estructura formal de gobierno, tanto el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) como la aplicación de la Ley del Vino que creó la Coviar (Corporación Vitivinícola) dependen de Agricultura. Y lo mismo sucede con la Dirección de Desarrollo Foresto Industrial.

Pero poder es poder, y los empresarios de ambos sectores saben que la llave para discutir sus mayores problemas (que en general pasan por la falta de competitividad para exportar) la tiene Kulfas, quien finalmente es mucho más escuchado por Alberto Fernández que el titular de Agricultura.

En esta lógica, en las últimas horas Kulfas mantuvo reuniones con representantes de ambas cadenas agroindustriales.

Por un lado habló con representantes del sector vitivinícola y les presentó el denominado “Plan 1000”, una iniciativa que apunta “a fortalecer las capacidades productivas y exportadoras de esta cadena de valor”. Een la reunión estaban los ministros de Producción de San Juan, Andrés Díaz Cano; de Río Negro, Carlos Banacloy; el ministro de Economía de Mendoza,  Enrique Vaquié; y representantes de 16 cámaras del sector vitivinícola de todo el país. Todo dicho: los temas se discutirán ahí.

“El Plan 1000 es el resultado del trabajo realizado por el Ministerio de Desarrollo Productivo a partir de propuestas y necesidades presentadas por el sector, e incluye entre sus principales medidas la coordinación de acciones a través de una Mesa de trabajo vitivinícola; la capacitación, asistencia técnica y acompañamiento para la atención de casos particulares, así como también la implementación de líneas de financiamiento destinadas a proyectos de inversión y exportación”, explicó una gacetilla de ese ministerio.

Por otro lado, Kulfas habló con referentes de los sectores forestoindustrial y de muebles para coordinar una agenda de trabajo. “Esta es una cadena productiva que tiene mucho para crecer. Hay aplicaciones de la madera que tenemos que fortalecer e incrementar. Hay muchos proveedores nacionales que hoy no tienen oportunidades porque la política nacional no se las ha dado”, indicó el ministro no sin razón.

Los temas de discusión fueron cosas que antes tramitaban en el ámbito del Ministerio de Agroindustria: la normativa vigente en el sector (como la Ley 25.080 de Bosques Cultivados), el aumento de la demanda interna para la construcción mediante la articulación con el Procrear, la promoción del empleo registrado de calidad y distintas líneas de financiamiento.

Como prueba de que muchos de estos resortes dependen del Ministerio de Agricultura, en esta reunión al menos estuvieron presentes el subsecretario de Agricultura, Delfo Buchaillot; y el Director Nacional de Desarrollo Foresto Industrial, Daniel Maradei.

Este sórdida competencia entre dos carteras productivas, la de Agricultura y la de Desarrollo Productivo, que a veces se pisan en sus funciones (o que al menos deberían coordinar acciones en muchos rubros) no es nueva: en el último tramo del gobierno de Macri era casi un juego entre los periodistas buscar momentos y fotos que reunieran en un mismo lugar y momento a los ex ministros Etchevehere y Dante Sica.

Ahora el desafío es buscar fotos que reúnan como protagonistas excluyentes a Kulfas y Basterra. Sin nadie en el medio.

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