No sabemos si Forconi finalmente tuvo éxito, a pesar de la orden de la justicia. Pero otros chacareros como Diego Ochoa seguro que no lo han tenido. “Podés escribir una novela con mi caso o directamente hacer una película”, ironizó al comienzo de su relato este productor de 43 años, que tiene 13 hectáreas propias en Oliveros, Santa Fe y que arrenda otras 37 hectáreas a un hermano y a un tío.

El periplo de Ochoa empezó el año pasado cuando el Gobierno de Alberto Fernández anunció -como le ordenaba el Congreso- que se iba a implementar una devolución de una pequeña porción de las retenciones cobradas a pequeños y medianos productores de soja.

Como quien espera con la ñata contra el vidrio un día frío de invierno, Ochoa primero se dio cuenta que no figuraba en la lista difundida en noviembre pasado.

“Creo que no debe haber productor de soja más chico que yo. Calculá que el año pasado vendí 500 quintales de soja, casi que podía entrar en el primer pago, pero ni siquiera me incluyeron en la lista. Me cansé de hacer reclamos, me contacté hasta con un abogado de Federación Agraria (FAA) pese a no ser socio y allí me dijeron que me iban a dar una mano”, expresó el productor santafesino.

“Lo más irónico es que al que era mi socio lo incluyeron, y a mi tío y hermano también, que son las personas a las cuales les pago el alquiler. Lo peor es que tenemos la misma contadora, por ende los tres presentamos los mismos papeles y al mismo tiempo”, remarcó.

Por supuesto que en paralelo Ochoa inició el reclamo en el Ministerio de Agricultura a través de la página de la AFIP, pero no le respondían o explicaban siquiera qué papeles o formularios le faltaban o por qué no lo incluyeron en el listado.

“En un momento, desde FAA me dijeron que se habían comunicado con alguien del Ministerio de Agricultura y que les habían indicado que me faltaba un papel, con lo cual avancé con la contadora para dejarlo listo y presentarlo. Eso hice pero tampoco hubo respuesta y a esta altura creo que no haber recibido respuesta alguna fue peor que no haber podido cobrar”, se lamentó.

Vale recordar que el nuevo secretario de Agricultura, Jorge Solmi, proviene de las filas de la propia Federación Agraria.

Pero la cosa no terminó ahí. El 18 de abril pasado lo llamaron para trillar la nueva soja del campo porque ya estaba lista. El problema vino cuando Ochoa no pudo generar las Cartas de Porte desde la página de AFIP, una condición que tanto los productores agrícolas como los operadores inscripto en el Registro Único de Operadores (RUCA) de la ex ONCCA están obligados a solicitar y emitir para amparar el traslado de granos.

“Allí acusaban en principio que me faltaba alguna presentación. Lo hablé con la contadora, pero la realidad es que esto se demoraba cada vez más y no podía esperar con la soja lista en el campo para ser trillada. Tardaron más de 10 días en responderme y ser precisos en lo que me faltaba para poder emitir Cartas de Porte”, comentó.

Hasta que en medio de todo este periplo, Ochoa consiguió el mail del director de la oficina de AFIP que le correspondía en Rosario. “Le expliqué lo que me pasaba mientras habían pasado ya 25 días y se me pudría la soja en el campo. Ahí me dijeron que se me bloqueó la posibilidad de emitir Cartas de Porte porque había dejado de pagar Autónomos hacía dos años, lo que terminó generándome una deuda de más de 180 mil pesos. Pero quiero destacar que dejé de pagar porque en 2016 tuvimos Emergencia Agropecuaria por exceso de lluvia, y en 2018 por sequía. Es decir que de las ultimas 4 cosechas perdimos 2”, precisó el productor.

A todo eso, Ochoa agregó que su contadora se vio prácticamente obligada a hacer un convenio de pagos. “Finalmente acordamos pagar 20 cuotas de 12.500 pesos y recién una vez regularizado todo me dejaron emitir Cartas de Porte. Pero en el medio me tuvieron 30 días sin poder cosechar, con una pérdida importante de rinde y de precios, dado que en abril la soja valía 35 mil pesos la tonelada mientras que en mayo terminé vendiendo en 32.500 la tonelada. O sea que perdí por partida doble: por merma en rindes y por precio, pero tenía que venderla para bancar mis gastos”, explicó.

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Hay más. “El colmo de todo fue que me mandaron una inspección, con lo cual tuve que pagar 10 mil pesos aparte para que pudieran hacerla. Mi contadora me decía que nunca vio un caso así, que en medio de todo mi perjuicio me mandaran encima una inspección. Es una cosa de locos pero esto sucedió así”, aseguró.

Ochoa estuvo un mes entero sin poder cosechar. Su pedido de poder hacer la trilla y al menos meter la soja en el silo, aunque no lo dejaran vender en lo inmediato, no fue efectivo. “Les pedí que me dejaran cosecharla y guardarla, y que luego hicieran lo que quisieran, que no me dejaran venderla y hasta ponerme en el riesgo deudor que quisieran, pero nunca me respondieron. Me dejaron fuera de la lista de beneficiarios y no me dejaron emitir Cartas de Porte”.

“Yo cambié mi vida hace 12 años. Antes tenía maquinas propias y un campo mas grande, hacíamos trabajo afuera y también para el INTA pero empezamos a vender campo, un poco cansados de la actividad. Hoy, aunque vivo en Santa Rosa de Calamuchita, en la provincia de Córdoba, sigo administrando el campo desde acá, siembra, cosecha, y pago del alquiler, con algo de ayuda de Agricultores Federados Argentinos (AFA) de Maciel”, concluyó.

El caso de Ochoa no fue resuelto al momento.

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Ha pasado el mes de abril y también ha pasado el mes de marzo. Fue justamente en marzo, pero de 2020, cuando el ministro Luis Basterra, para atajarse de las críticas que le llovieron al gobierno por la suba de las retenciones a la soja, prometió crear un programa de compensaciones a los pequeños productores de ese cultivo.

Han pasado desde entonces 14 meses y todavía queda una cuenta sin saldar para con unos 4.000 de esos productores, los que vendieron su soja después del 31 de septiembre del año pasado.

No es tanta plata la que se debe de aquel operativo, que iba a tener un costo total de 6.700 millones de pesos (menos de 80 millones de dólares), según las estimaciones oficiales. O mejor dijo, es casi nada de dinero comparado con loas recursos que el propio Estado, por vía de los derechos de exportación a la soja y sus derivados, recaudó del sector.

Con una alícuota de retenciones que permanece en 33%, al fisco van a parar por lo menos 180 dólares de los 550 a que cotiza la oleaginosa en el mercado internacional. Por 45 millones de toneladas, son más de 8 mil millones de dólares. La pucha, lo que queda por pagar son apenas migajas.

“Están por cobrar la cuota a los productores que vendieron luego del 30 de septiembre. Hay un cruce de datos importante y cumplido eso se les pagará seguro durante este mes”, dijo a Bichos de Campo a mediados de marzo, el nuevo secretario de Agricultura, Jorge Solmi. Luego lo repitió en otros medios. Pasó marzo, pasó abril y pasó mayo.

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Ahora, frente a la demora visible, la explicación oficial es que es el Ministerio de Economía de Martín Guzmán, el que se engulle toda la plata que se recaudad de las retenciones, el que no gira el dinero necesario para terminar de saldar los pagos pendientes. Había un listado de poco más de 41 mil productores a los que les correspondía cobrar esa devolución de una parte de las retenciones (al que más le devuelven son 10 puntos de los 33 que se descuenten por ese tributo). Cobraron 37 mil a fin de 2020. Faltan 4 mil.

Y la rueda que debería comenzar a girar de nuevo, porque la Ley del Congreso que en diciembre de 2019 autorizó al Poder Ejecutivo a elevar las retenciones a la soja del 30 al 33%, y que está vigente hasta fines de 2021, también le ordenó a los funcionarios comenzar a segmentar de alguna manera entre los distintos tamaños de productores. Deberían repetir este programa, o diseñar algo diferente para cumplir con ese objetivo.

Basterra habló sobre esta segmentación en marzo del año pasado, cuando anunció este sistema de devolución para los más chicos, que 14 meses después sigue sin haberse completado.

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