La entrada Matías Lestani, referente de CRA y crítico acérrimo de la intervención cárnica, será el nuevo secretario de Agricultura se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Hoy se conoció que Lestani avisó a las autoridades de CRA que renunciaba para asumir próximamente como secretario de Agricultura, puesto que actualmente ocupa Jorge Solmi, un productor que proviene de Federación Agraria (FAA).
Lestani es ingeniero agrónomo con un MBA (Master en Business Administration) formado en la escuela secundaria agrotécnica de Alternancia CFR “El Tejado”.
Además de ocupar un cargo técnico en CRA, Lestani es empresario agropecuario de la localidad bonaerense de Gral. Rodríguez, donde además es presidente de la asociación rural de esa jurisdicción.
Adicionalmente, preside la Asociación Internacional de Movimientos Familiares Agropecuarios (AIMFR), una entidad internacional que vela por la educación agropecuaria y el desarrollo territorial en más de cuarenta países.
La “movida” de Domínguez que, tal como anticipó Bichos de Campo, tiene como objetivo neutralizar al agro por medio de la cooptación de voluntades y la división, no es fortuita porque Lestani era –hasta la semana pasada– el representante institucional de CRA en todas las mesas de negociación técnicas.
Durante la intervención del mercado cárnico instrumentada en mayo pasado por Domínguez, Lestani fue uno de los principales críticos de la medida y se paseó por todos los medios posibles para advertir cuáles serían los efectos perniciosos de tal política. Pero ahora, aparentemente, cambió de opinión.
En cuanto a Solmi, funcionario ligado a Sergio Massa, seguirá formando parte del Ministerio de Agricultura en un cargo del área de relaciones institucionales.
Por otra parte, se confirmó el adelanto de Bichos de Campo: el entrerriano Jorge Ruiz, un hombre de Federación Agraria que estuvo a cargo de la Fundación Contra la Fiebre Aftosa (Fucofa), será el nuevo jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Agricultura en reemplazo de Diana Guillén, quien proviene de las filas del kirchnerismo más dogmático.
Otro de los cambios que podrían producirse en las próximas horas es la llegada del ex diputado nacional santafesino Luis Contigiani a la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura, que actualmente está a cargo de Marcelo Eduardo Alós.
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]]>La entrada Cambios en Agricultura: Domínguez busca nuevas incorporaciones en su gabinete y una figura clave dejaría su puesto se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La primera nominada es Diana Guillén, actual titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio y representante de Cristina Kirchner en ese organismo. Aún sin confirmación oficial, según informaron fuentes exclusivas a Bichos de Campo, la agrónoma y ex presidenta del Senasa –con vinculación directa con el Instituto Patria- sería reemplazada por el entrerriano Jorge Ruiz, un hombre de Federación Agraria que estuvo a cargo de la Fundación Contra la Fiebre Aftosa (Fucofa).
El rumor de cambio quedó cristalizado en el día de ayer, durante una reunión que Domínguez mantuvo con los representantes de la cadena cárnica -participaron los frigorificos, APEA y productores- en la que se habló sobre los nuevos controles a las exportaciones y la creación de un “Observatorio de la Producción de Carne Vacuna”, además de la prórroga a la entrada en vigencia del cuarteo.
Diana Guillén no asistió al encuentro y, en cambio, quienes sí estuvieron presentes fueron Luciano Zarich, director nacional de Control Comercial Agropecuario, y Jorge Ruiz. (¿A caso el entrerriano ya estaba calentando para ingresar a la cancha?)
En caso de ingresar al Ministerio de Agricultura, Ruiz debería hacerse cargo de la conducción del “Observatorio”, ya que según la resolución 301/2021, publicada en el último día del año pasado, el mismo debe ser presidido por quien esté a cargo del Gabinete de Asesores.
Las funciones del “Observatorio”, como ya adelantó Bichos de Campo, serían las de analizar la evolución y composición de las existencias de ganado bovino, de su faena y de su exportación; evaluar la previsibilidad y sustentabilidad de la promoción y el desarrollo de la ganadería argentina, y sugerir proyecciones de exportaciones, entre otras tareas.
El segundo funcionario que abandonaría el Ministerio de Agricultura es Juan Manuel Fernández Arocena, director general de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (Diprose), quien supo estar a cargo del antiguo Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap). El anteúltimo día del 2021 anunció por sus redes sociales la finalización de su gestión a cargo de ese espacio.
Luego de dos años finalizo mi gestión a cargo de la #DIPROSE y me retiro con la satisfacción de la tarea cumplida. Quiero agradecer a los equipos técnicos que me acompañaron porque fueron pilares fundamentales para alcanzar todas las metas. https://t.co/NUFukOuv1n
— Juan Manuel Fernández Arocena (@jmfernandeza) December 30, 2021
Según pudo saber Bichos de Campo, Arocena habría presentado la renuncia por motus propio, aunque en el terreno de la política esto siempre resulta una incógnita. Por lo pronto, el ahora ex funcionario aprovechó las redes para hacer mención de los resultados de su gestión entre el 2020 y el 2021. Por el momento se desconoce quién sería el nombre sorteado para ocupar su lugar.
La cartera de Agricultura no emitió ningún comentario hasta el momento respecto a los posibles nuevos funcionarios.
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]]>La entrada Diana Guillén, que representa directamente a Cristina dentro de Agricultura, estará al frente del monitoreo de las exportaciones de carne se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Agricultura está manejada por Diana Guillén, una mujer de más de 70 años que representa directamente a Cristina Kirchner dentro del organismo que desde septiembre debe conducir Julián Domínguez. El ministro debe cabalgar entre dos aguas en la interna del oficialismo -como todos los que ingresaron luego de la derrota electoral de las PASO-, pero que la política de carnes quede en manos de Guillen, que es la coordinadora del tema además en el Instituto Patria, parece algo exagerado.
Una mujer de 71 años es la que maneja los verdaderos hilos del poder en el Ministerio de Agricultura
Esta nota arranca así. En la resolución que firma Domínguez se dedica todo un párrafo al asunto de la coordinación del nuevo Observatorio de la Producción de la Carne Vacuna en el ámbito del Ministerio de Agricultura. Será un “organismo de carácter consultivo, con la finalidad de brindar asesoramiento para aumentar la productividad, otorgar previsibilidad y confianza al productor y generar un adecuado ambiente de negocios” en el sector ganadero.
Guillen, salvo que Domínguez tenga pensado cambiar a su jefa de Gabinete, coordinará entonces un espacio cuyas funciones serán, según dicta la resolución:
- Analizar la evolución y composición de las existencias de ganado bovino;
- Analizar la evolución y la composición de la faena bovina y de las exportaciones de carne;
- Proponer políticas públicas para el desarrollo de la ganadería argentina y su cadena de valor;
- Evaluar la previsibilidad y sustentabilidad de la promoción y el desarrollo de la ganadería argentina y de todas las políticas públicas referentes a las exportaciones de carne; y
- Sugerir la composición y proyecciones de exportaciones de carne vacuna de conformidad con los informes del Observatorio.
Guillen le cayó en gracia a Cristina porque fue la primera presidenta mujer que tuvo el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en el último tramo del gobierno que duró hasta 2015. Luego, en tiempos de Cambiemos, fue la coordinadora de la comisión de Agricultura en el Instituto Patria, que coordina la ex presidenta y actual vice de Alberto Fernández.
Queda claro que el Observatorio diseñado por Domínguez serpa una pieza crucial a la hora del monitoreo de las exportaciones de carne vacuna, y eventualmente sus informes podrían definir un endurecimiento del cerrojo. Lo dice la propia resolución que entroniza a la comisaria de Cristina en Agricultura como coordinadora del mismo.
“Los informes producidos por el referido Observatorio serán considerados por la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (la ex ONCCA) en ocasión de autorizar el volumen de exportación de carne vacuna, a los efectos de garantizar el equilibrio entre la productividad, las exportaciones y el mercado de carne argentino”.
Más claro échale agua: una mujer que responde a Cristina Kirchner será la que monitoreará las exportaciones.
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]]>La entrada Bichos presentó un nuevo pedido de acceso a la Información Pública: ¿Cuáles son las empresas que todavía reclaman compensaciones de la ex ONCCA? ¿Y por cuánto? se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Se reconocía de este modo que todavía quedaban empresas (aceiteras, molinos, feedlots y de otros rubros) que reclamaban al Estado cobrar parte de las “compensaciones” que distribuyó la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ex ONCCA entre 2008 y 2011). En ese tramo el organismo fue administrado por Ricardo Echegaray, Emilio Eyras y Juan Manuel Campillo. Durante esas gestiones fueron públicas múltiples denuncias por posibles casos de corrupción en la distribución de esos fondos públicos. Tantas, que incluso condujeron a la decisión de disolver la ex ONCCA en febrero de 2011.
Ocho años después, según confirmaba la Resolución 21/2019, había deudas pendientes de pago. Según versiones extraoficiales, las empresas alimenticias que no habían cobrado reclamaban del Estado una suma cercana a 3.000 millones de pesos.
La mencionada Resolución 21/2019 disponía que en el Ministerio de Agricultura, que había recibido los expedientes de pago pendientes desde la disuelta ex UCESCI de la Secretaría de Comercio Interior, se declaraban “concluidos los procedimientos administrativos originados a partir de la presentación de solicitudes de compensaciones al consumo interno”, y se suspendían “por el término de 180 días los efectos de los actos administrativos que hayan reconocido las compensaciones mencionadas en el artículo precedente”.
Ese plazo de “no innovar” fue prorrogado por 90 días en la Resolución 211/2019, de noviembre de ese año. Quedaban pocos días para el cambio de gobierno, Cambiemos ya había perdido la elección y la decisión de no pagar esas deudas sospechosas se trasladaba para febrero: la papa caliente quedaría en manos de la nueva gestión. La decisión final respecto de estos expedientes corresponderían a las nuevas autoridades del Ministerio de Agricultura, que a partir de diciembre de 2019 quedó a cargo del agrónomo Luis Basterra.
Esta nueva gestión publicó a fines de abril de 2020 la Resolución 16/2020, que amparándose en la situación de emergencia económica y pandemia, y alegando que “atento al cambio de autoridades, aún no se ha concluido con los trámites respectivos”, suspendió el cómputo del plazo previsto en la resolución del artículo anterior.
Sin plazos perentorios para resolver si correspondía o no pagar esas millonarias compensaciones, en octubre de 2020 el propio Basterra designó como asesor especial de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio al reconocido abogado Eduardo Barcesat, quien ante consultas periodísticas sobre los motivos de su nombramiento explicó que iba a dedicarse al análisis de esos ciertos expedientes de la ex ONCCA, entre otros temas. Barcesat pertenecía a la estructura del Instituto Patria, al igual que la jefa de Gabinete de Basterra llamada Diana Guillén.
Una mujer de 71 años es la que maneja los verdaderos hilos del poder en el Ministerio de Agricultura
En abril de 2021 una evidencia de que Agricultura todavía no había resuelto por la negativa o la positiva estos expedientes de pago fue que la empresa molinera Morixe admitía en sus balances públicos que a diez años de la disolución de la ex ONCCA todavía reclamaba el pago de 245 millones de pesos pendientes.
En este pedido de acceso a la información pública que Bichos de Campo presenta a las autoridades del Ministerio de Agricultura mediante los mecanismos legales vigentes se pretende que conocer estas precisiones:
- El listado de empresas que todavía reclaman deudas por aquel régimen de compensaciones que ejecutó la ex ONCCA hasta febrero de 2011, dando a conocer la identidad de cada sociedad, su número de CUIT y el monto que reclama a las autoridades.
- Que exponga cuál ha sido su decisión sobre esos expedientes de pago, si ya se ha tomado. Y que explicite si en el caso de que se estén reconociendo las deudas reclamadas por las empresas, como se procederá a efectuar los pagos y si se aplicará algún mecanismos de actualización de los montos.
Este medio de comunicación ya había utilizado este recurso de acceso a la información pública en el caso de los supuestos 15 exportadores de carne que habían sido suspendido, y que en realidad nunca fueron tales. Muchos de ellos incluso fueron rematriculados a los pocos días.
En esta ocasión vinculada a las compensaciones pendientes de la ex ONCCA, ya se efectuó la consulta periodística pertinente al área de comunicación del ministerio, pero han pasado 15 días y no obtuvimos respuesta. Ahora empiezan a correr los 15 días en que deben responder lo que se solicita según los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública.
IF-2021-64305047-APN-DNAIPAAIPLa entrada Bichos presentó un nuevo pedido de acceso a la Información Pública: ¿Cuáles son las empresas que todavía reclaman compensaciones de la ex ONCCA? ¿Y por cuánto? se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada “Que lo pidan por escrito”: La respuesta de Marcelo Rossi que dejó en off side a las autoridades de Agricultura y podría haber desencadenado su despido se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“Marcelo siempre manifestó a sus superiores que nunca se apartaría de las misiones y funciones del organismo, que son la de velar por la transparencia y libre concurrencia de los operadores en el mercado”, describió Migliaro en su texto. Así vinculó el despido -comunicado a Rossi el viernes a las 23,30 por un funcionario de segunda línea- con el rechazo de Rossi a cumplir ciertas órdenes que le llegaban de la máxima conducción política del Ministerio.
¿Qué órdenes?
“Comenzaron durante el 2020 desde la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Agricultura, a lo que Marcelo se opuso en forma terminante. Pedían beneficiar a las cooperativas de trabajo creadas sobre frigoríficos cerrados, permitiéndoles comprar animales y vender carne”, explicó Migliaro (en la foto jutno a Rossi).
Reveló así la existencia de una presión política directa de la jefa de Gabinete del Ministerio, Diana Guillen, para que la ex ONCCA beneficie a una serie de cooperativas de trabajo que manejan frigoríficos, especialmente en el conurbano bonaerense.
El asunto es muy espinoso, aunque parezca muy romántico colaborar con este tipo de empresas recuperadas. La industria frigorífica organizada ha denunciado desde hace años una “competencia desleal”, ya que detrás de este tipo de cooperativas se esconderían grandes matarifes que operan en el mercado de la carne con todo tipo de ventajas, pues no pagan Ingresos Brutos ni Ganancias, ni pagan aportes patronales ni cargas sociales ni vacaciones a su personal, entre otras ventajas que corresponden a las cooperativas.
“En realidad pasan a ser instituciones que están manipuladas por capitalistas hampones de la carne (amigos del poder), que usufructúan esa figura y a los integrantes de las mismas, para realizar operaciones marginales”, confirmó Migliaro, mano derecha de Rossi en la ex ONCCA.
En agosto pasado, tanto Fifra como Cadif, dos cámaras del sector, pusieron el grito en el cielo por la ofensiva de ciertos sectores ligados al kirchnerismo para habilitar este tipo de cooperativas. Bien inscriptos (salario, contribuciones, ART, aguinaldo) cada trabajador de la carne debía tener un costo cercano a los 100 mil pesos. Pero las cooperativas pagaban mucho menos que eso. Y a veces, completaban los salarios de sus “socios” hasta con bolsas semanales de carne.
Según pudo reconstruir Bichos de Campo, Guillen -que llegó a Agricultura desde el Instituto Patria y responde directamente a Cristina Kirchner- reclamaba desde hace meses al ahora ex secretario de Agricultura Echazarreta que la Dirección Nacional comandada por Rossi modificara la Resolución 21/2017, que contiene el listado de actividades que deben inscribirse obligatoriamente en el RUCA (Registro Único de Operadores de la Cadena Agroalimentaria) para contar con una matrícula que las habilite.
Una mujer de 71 años es la que maneja los verdaderos hilos del poder en el Ministerio de Agricultura
Allí, en el inciso 4.5, se define la figura del matarife abastecedor como “quien faena hacienda de su propiedad para el abastecimiento propio y/o de terceros”, pero también se deja expreso que, para evitar la competencia desleal, “las Cooperativas de Trabajo no podrán solicitar inscripción bajo esta categoría”.
Era esa la línea que Guillen pedía borrar de cuajo. Su principal interés radicaba en lograr la autorización como matarife abastecedor de una serie de cooperativas con lazos políticos con el oficialismo y sobre todo con intendentes poderosos del conurbano. Entre ellas figuraban La Foresta y también la Cooperativa de Trabajo Frigocarne de Máximo Paz.
Esa ultima firma figura en el RUCA habilitada para operar como matadero frigorífico y despostadero. Es decir que podía sacrificar hacienda de terceros y no propia, y luego trozarla para vender la carne. Pero lo que no puede hacer es operar con hacienda propia. Esto se hace para evitar algo que siempre sucede en el negocio de la carne: como las cooperativas no cuentan con capital propio, siempre aparece un “capitalista” que aporta el ganado, pero permanece oculto detrás de la máscara de la cooperativa. “Así se llenan de guita a costa de las cooperativas, como pasó siempre”, comentó una fuente que conoce el negocio.
“El argumento para no darnos la autorización básicamente es por ser una cooperativa, nosotros, al estar bajo el amparo de la Ley 20.337, estamos exentos del pago de Ganancias e Ingresos Brutos. Entonces el argumento histórico en contra de las cooperativas es por la competencia desleal. Nadie quiere tomar la decisión política de otorgarnos la inscripción”, se quejaban voceros de Frigocarne en junio pasado. Basterra y Guillen, pero también desde el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, parecían bancar esta posición.
La prohibición para que estas cooperativas de trabajo operaran como “matarife abastecedor” fue adoptada en 2017. En aquel momento, el gobierno de Cambiemos también recibió “presiones” de todo tipo para reabrirlas y Rossi también se opuso, según contó en aquel momento el presidente de otra cámara de la industria frigorífica, Miguel Schiariti, de CICCRA.
Con el cambio de signo político en el gobierno, Máximo Paz y el resto de las cooperativas venían reclamando recuperar ese salvoconducto especial. Una crónica de junio de 2020 da cuenta de que Rossi y su equipo habían rechazado ya ese pedido formal, ajustándose a la letra de la normativa vigente. Luego de eso comenzaron las presiones de la política.
Guillén comenzó a requerir directamente a Echazarreta que le diera la orden a Rossi y se modificara finalmente la Resolución 21. Para el kirchnerismo, la épica de las cooperativas de trabajo y las empresas recuperadas son parte central en el relato. La posibilidad de que haya evasión poco importa.
-Si quieren que hagamos esos cambios, que lo pidan por escrito- contestaba siempre Rossi cuando el secretario de Agricultura le trasladaba las presiones que recibía.
En efecto, nunca se originó un expediente para modificar la Resolución 21 ni hubo un pedido formal por escrito de parte de las autoridades políticas de la cartera que conduce Luis Basterra. Echazarreta, que proviene del movimiento cooperativo institucionalizado (fue gerente de ACA durante muchos años), siempre respaldó la posición del ex director de control comercial agropecuario de no apartarse una coma de la letra.
Peor frente a las visibles presiones, Rossi no se quedó quieto y mantuvo una serie de reuniones con Mario Cafiero -que falleció a fines del año pasado- y varios directores del INAES (Instituto Nacional de Economía Social), que tiene a su cargo la regulación de cooperativas y mutuales. En esas reuniones, propiciadas también por Carlos Iannizzotto, el titular de Coninagro que forma parte del directorio del INAES, se analizó el caso de las cooperativas de trabajo en el sector de la carne: Además de Máximo Paz y La Foresta, se analizaron los casos de las cooperativas SUBGA de Berazategui, y las de Suipacha y Bragado.
Según consta en una serie de actas que documentaron ese trabajo de fiscalización realizado por el INAES, en todos esos casos quedaron de manifiesto muchas irregularidades incluso en el proceso de conformación de dichas organizaciones de la economía social, que no presentaban sus balances, ni los libros de actas, ni el listado de socios ni toda otra documentación requerida para acceder a los beneficios previstos en la Ley 20.337, que generó el nuevo régimen para cooperativas.
Que no puedan operar con hacienda de terceros no impide en los hechos que esas cooperativas sigan trabajando ni resulta una amenaza para las fuentes de trabajo. En rigor, Máximo Paz faenó 145.793 cabezas en 2020, SUPBGA lo hizo con 169.201, La Foresta operó con 56.565 vacunos, la Cooperativa de Bragado sacrificó 15.123 animales y finalmente Suitrab de Suipacha mató 42.877 bovinos. Suman esas cinco cooperativas casi 430 mil cabezas, que equivalen a más del 3% de una faena total de 14,2 millones de animales. En total en el país hay 400 lugares de faena de bovinos.
“Los directores del INAES pudieron confirmar que lo que decíamos nosotros era cierto. En el sector agrícola hay 300 cooperativas que funcionan perfectamente y cumplen con todo lo que dice la ley. Pero en el sector de la carne pasa todo lo contrario y las cooperativas se suelen utilizar para evadir”, comentó una fuente de la ex ONCCA que participó de ese monitoreo.
Como el proceso de sanciones dentro del INAES es muy lento y las multas aplicables no llegan a los 6.000 pesos, la intención era firmar un convenio de cooperación entre ambos organismos, para poder suspender a esas cooperativas de trabajo del RUCA si se verificaba que no cumplían con los requisitos mínimos exigidos para utilizar esa figura legal.
Eso sucedió en diciembre. El convenio no llegó a firmarse, Echazarreta fue reemplazado de su cargo por Jorge Solmi y Marcelo Rossi fue despedido de mal modo, pues se enteró por los medios el viernes casi a la medianoche. En su reemplazo, Basterra y Guillen colocaron a Luciano Zarich, un contador que fue nombrado subinterventor en el fallido intento de expropiar Vicentin y que ya había ocupado la dirección que se ocupa de administrar el RUCA hasta 2015.
En aquella época, según demostraron algunas investigaciones periodísticas, ese Registro era un colador en el cual se habilitaban empresas agrícolas muy dudosas, que luego terminaban recibiendo permisos de exportación (ROE) que luego traficaban en el mercado. También proliferaban las matrículas truchas que permitían a los matarifes operar sin problemas en el negocio de la carne.
En los próximos días sabremos cómo se comportará Zarich frente a las mismas presiones políticas que resistió Rossi y que posiblemente hayan sido uno de las razones de su intempestivo despido. Será fácil enterase siguiendo el derrotero de la famosa Resolución 21/2017.
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]]>La entrada La última trinchera: Una pequeña guía para entender los cambios en Agricultura se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La última trinchera es la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (la ex ONCCA). Es el área del Ministerio de Agricultura que los militantes kirchneristas que rodean a Basterra necesitaban conducir para ejecutar una política más áspera hacia los productores agropecuarios.
Lo que estamos viendo es que, frente a la radicalización del conflicto agrario que se viene -empujada por el Instituto Patria-, el ministro Basterra, su jefa de Gabinete Diana Guillén y una troupe de militantes mediocres avanzan sobre ese casillero creyendo que toman la Bastilla.
¿Por qué no habían podido avanzar en el primer año de gobierno? Porque ahí estaba Marcelo Rossi, un veterinario, funcionario de carrera -de origen en la UCR- que ya había mandado a cagar a Guillermo Moreno en 2007, cuando éste y Ricardo Echegaray decidieron avanzar sobre la ONCCA para hacer sus matufias. Cuando finalmente se apoderaron de ese organismo, comenzaron las compensaciones a sectores empresarios amigos y sobre todo el cierre de las exportaciones a través del ROE (Registros de Operaciones de Exportación).
Después del estropicio que hizo el kirchnerismo con la ex ONCCA (a punto de que Cristina tuvo que disolverla para tapar los curros en 2011), Rossi -que ya estaba jubilado-, fue convocado a reconstruirla en 2016 por el primer ministro de Cambiemos, el formoseño Ricardo Buryaile. Luego siguió Luis Miguel Etchevehere. Y llegó el nuevo gobierno…
Durante este primer año, ni Basterra ni Guillén se animaron a avanzar sobre esta última trinchera, la ningunearon. Pero era sabido que en cuanto pudiera, la estudiantina iba a tomar valor para lanzar este asalto. Rossi es éticamente intachable y eso es algo que los mediocres no toleran.
La ex ONCCA, que se reconstruyó en base a laburo conjunto de Rossi con el sector privado (molineros, frigoríficos, avícolas y toras ramas de la agroindustria que necesitaban ordenan sus propios sectores de la competencia desleal), dependía en la estructura del secretario de Agricultura, Julián Echazarreta.
Echazarreta, que provino de las cooperativas y es un hombre del agro, actúo durante todos estos meses como filtro entre la ex ONCCA y los apetitos desmesurados de la estudiantina kirchnerista comandada por Basterra y Guillén. Ese espacio estaba a salvo con él en el cargo, pero anoche fue reemplazado por el ex directivo de la Federación Agraria, Jorge Solmi.
En las últimas semanas, bajo la presión de los militantes kirchneristas que llenaron casi todos los casilleros en el Ministerio, Echazarreta pidió a la ex ONCCA que actuara de garante de los acuerdos de precios. Ya había sido utilizada por el Banco Central como ariete contra las firmas que adeudaban su liquidación de divisas. Fue en el caso de Díaz & Forti, la cerealera que operaba las plantas de Vicentin, que debía liquidar cerca de 400 millones de dólares. Rossi actuó de modo intachable en ese caso y la justicia le dio la razón, confirmando la suspensión de dicha operadora.
Pero poner la ONCCA al servicio del control de precios era un límite peligroso, que el histórico funcionario no estaba dispuesto a jugar.
En esta materia, la estudiantina comandada por Basterra y Guillen ya había dado muestras de querer alinearse con el kirchnerismo más duro y la mejor prueba de eso fue el cierre sorpresivo de las exportaciones de maíz a fin de 2020. Echazarreta nunca estuvo de acuerdo y trabajó todo lo que pudo para revertir la medida. Finalmente fue lo que sucedió.
Pero aquel fue, para los militantes que se creen los nuevos dueños del Estado, solo un primer capítulo. En el horizonte inmediato, con los precios de los alimentos desatados, aparecen nuevas ofensivas de ese estilo y había que alistar la tropa. Por eso no solo le pidieron la renuncia a Echazarreta sino que también decidieron avanzar sobre la ex ONCCA.
¿Por qué es importante la ONCCA en esta lógica? Porque administra el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), donde deben estar habilitados todos los operadores de las diversas cadenas. ¿Se imaginan todo lo que puede hacer un kirchnerista militante con acceso a esa botonera?
Bueno, vencida la tenue resistencia de Echazarreta, allí ahora pusieron a un militante. Luciano Zarich manejó el RUCA en el anterior gobierno, cuando era habitual el tráfico de permisos de exportación (los ROE Verde) a manos de los amigos de Moreno, sobre todo de Íder Peretti.
Para poder exportar y obtener un ROE, las empresas truchas necesitaban estar habilitadas en el RUCA. Zarich afirma que no tiene nada que ver con esas maniobras delictivas. Puede ser, pero en todo caso él habilitó firmas recontra truchas sin ningún tipo de control. Ahora vuelve a ese puesto.
El de Josema Group es un caso concreto de cómo se manejaron las cosas que terminaron alimentando un circuito de corrupción.
En la rosca de la política agropecuaria, Zarich es un contador cercano a Gabriel Delgado y por eso fue designado subinterventor en la fallida experiencia de Vicentin. Pero quien más lo impulsa en este salto a al ONCCA es Carlos Milicevic, santacruceño y actual vicepresidente en el Senasa. Milicevic pertenecía al grupo que, junto a Javier De Urquiza y Carlos Cheppi, manejó la política agropecuaria entre 2006 y 2007. Fueron la antesala de la llegada de Moreno y Echegaray a aquel gobierno kirchnerista.
Así las cosas, a primera vista la caída de los dos últimos románticos de Agricultura es una pésima señal y coloca a la ex ONCCA al servicio de una militancia política que por ahora parece inocua, pero que ya ha dado muestras de lo que puede hacer o dejar hacer.
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]]>La entrada Una mujer de 71 años es la que maneja los verdaderos hilos del poder en el Ministerio de Agricultura se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Cuando Cambiemos llegó al poder, Guillén lucía con orgullo su mayor logro: había sido elegida como la primera presidenta mujer en la historia del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), su único trabajo conocido además de la docencia universitaria. Había ingresado allí en 1992, cuando todavía existía el Iascav, que se dedicaba únicamente a cuidar la sanidad de los productos de origen vegetal. Siempre, desde entonces, fue funcionaria en ese organismo.
Su asunción, el 28 de noviembre de 2013, fue promovida por el ex ministro de Agricultura y ex presidente del INTA, Carlos Casamiquela, fallecido recientemente. Pero contó con el claro aval de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien siempre alentó el avance de las mujeres sobre la estructura del Estado y desde aquel momento le tuvo una singular simpatía. Tanta simpatía, que envió a ese acto a su nuevo delfín, el flamante ministro de Economía y luego gobernador Axel Kicillof.
Guillén, que todavía vive en la ciudad de La Plata, donde estudió agronomía y se recibió en 1973, no tuvo un gran lucimiento en aquella gestión del Senasa, pero fue una figura clave para la sanción de la Ley 27.233, que declaró “de interés nacional la sanidad de los animales y los vegetales”, pero a la vez responsabiliza al sector privado (los productores y las empresas alimenticias) de lo que pueda suceder en dicha materia. Fue aquella una ley muy controvertida, pues quitó responsabilidad al Estado en muchas situaciones, haciendo copartícipe al sector privado. Se sancionó el 26 de noviembre de 2015, apenas cuatro días después de la victoria de Mauricio Macri en segunda vuelta.
Esos meses fuera del poder no deben haber sido fáciles para esta mujer, que desde el regreso del peronismo al poder, en diciembre de 2019, ocupa el estratégico cargo de Jefa de Gabinete en el Ministerio de Agricultura, donde muchos le atribuyen tener tanto o más poder que el propio ministro Luis Basterra.
El político formoseño, en rigor, se enteró que iba a ocupar esa cartera apenas tres días antes de su designación, ya que para ese puesto había sonado hasta ese momento Gabriel Delgado. Basterra es un histórico soldado del gobernador Gildo Insfrán.
Guillén, en cambio, había sido convocada por el kirchnerismo mucho tiempo antes y participó activamente del armado de una nueva estructura para Agricultura. Fue ella, por ejemplo, quien apuntaló al santacruceño Carlos Paz para ocupar la presidencia del Senasa. Y quien avaló que otra mujer llamada Susana Mirassou -como antes le habían sucedido a ella misma- se convirtiera en la primera presidenta del INTA. Eso, entre muchos funcionarios que hoy ocupan cargos en el Minagri y que tienen mucha más fidelidad con Guillen que hacia el propio ministro.
¿De dónde emana tanto poder? Como en muchos otros casos dentro del gobierno de Alberto Fernández, del vínculo directo que Diana Guillen supo construirse con el Instituto Patria, el refugio que montó Cristina para su breve exilio del poder, entre 2016 y 2019. Allí esta agrónoma nacida en 1949 se ocupó de coordinar una Comisión de Asuntos Agropecuarios, que aportó letra para la campaña electoral.
El 12 de marzo de 2018, hubo una primera reunión entre los técnicos kirchneristas que recalaron en el Instituto Patria y el bloque de diputados del Frente para la Victoria y el PJ, donde ya pisaba fuerte el disputado Leopoldo Moreau. Allí la ex presidenta del Senasa figuraba como parte de una comisión de expertos que lideraba por entonces el abogado Eduardo Barcesat.
Se trata del mismo Eduardo Barcesat que meses después fue designado como asesor jurídico del Ministerio de Agricultura, con un elevado salario y sin una función del todo clara. Fue este controvertido nombramiento otra clara definición de Guillen y no tanto del ministro.
Es muy visible para quienes transitan los pasillos del viejo edificio de Paseo Colón al 900 que es Diana Guillen quien impone muchas veces los ritmos y las decisiones que se toman allí, incluso desairando muchas veces las opiniones de un Basterra que ha podido colar muy pocos hombres propios en la estructura.
Tiene el sello de Guillen la última de las medidas y la que provocó más ruido político y tensó al máximo la relación entre el gobierno de Alberto y el agro: el cierre temporal de las exportaciones de maíz.
La explicación que brindó un funcionario que participó de esa trama fue que se decidió apretar las clavijas y apelar a un intervención directa en el mercado luego del discurso que Cristina Kirchner había dado unos pocos días antes en La Plata, en el que había pedido “alinear” precios, salarios y otrsas variables de la economía.
Mencionado en todas las crónicas sobre recambios en el Gabinete, Basterra se montó a esa medida para mostrar que estaba dispuesto a jugar fuerte porque era un soldado del kirchnerismo más duro. También en esta lógica de supervivencia se anota su estrategia de utilizar el episodio para intentar dividir a las entidades rurales de la Mesa de Enlace del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), cosa que finalmente no logró.
El cierre de la intervención sobre el mercado de maíz finalmente fue desactivado por la intervención de dos ministros más conciliadores que mantenían negociaciones con el CAA, el de Economía, Martín Guzmán, y el de Producción, Matías Kulfas. Pero tras el episodio quedó en claro que dentro del Minagri hay una facción de funcionarios que están dispuestos a jugar fuerte y buscan reeditar el conflicto eterno con la Mesa de Enlace, que arrancó en 2008 y no cesa. Guillén parece la primera interesada en hacerlo.
Un problema no menor es que estas intervenciones de la jefa de Gabinete de Agricultura chocan contra otros importantes funcionarios de peso dentro de la estructura del Minagri, comenzando por el viceministro y secretario de Agricultura, Ganadería y pesca, Julián Echazarreta.
Proveniente de la cooperativa ACA y conocedor de las lógicas del mercado de granos, dueño de un tono mucho más conciliador con los privados, este funcionario trabajó intensamente los primeros días de 2021 para buscar alternativas al cierre de las exportaciones de maíz que había promovido el ala kirchnerista. En su intimidad todos saben que nunca estuvo de acuerdo con esa medida, pero no puede decirlo en público.
Con sensaciones parecidas trabajan en los últimos meses el subsecretario de Agricultura, Delfo Buchaillot, un hombre surgido de la cantera de AGD (Aceitera General Deheza), la empresa del ex senador cordobés Roberto Urquía ; o con el subsecretario de Ganadería y Producción Animal, José María Romero, quien apenas si fue consultado en el diseño del nuevo acuerdo de precios con un sector de la industria frigorífica.
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]]>¿Qué significa “peronizar”? Con claridad se apunta a colocar gente que adscribe políticamente al nuevo gobierno de Alberto Fernández -y sobre todo de Cristina Kirchner-, recuperando la conducción política sobre organismos técnicos del Estado que habían caído en manos de los “neoliberales” de Cambiemos. Pero esta situación no corre para estos casos descriptos, pues los funcionarios removidos venían desempeñándose en el cargo desde antes de la asunción de Mauricio Macri a fines de 2015. Fueron nombrados por la propia Cristina.
Uno de los casos es el de Raimundo Lavignolle, ahora ex presidente del INASE. El decreto 489, publicado este martes en el Boletín Oficial, confirmó su alejamiento del cargo al designar un nuevo presidente. Se trata del ingeniero agrónomo Joaquín Manuel Serrano. Se trata de un profesional que no tiene ningún vínculo laboral previo con el sector con el que debe lidiar, la industria semillera. Se trata más bien de un técnico especializado en agroecología en áreas periurbanas, formado en la Universidad Nacional de Río Cuarto y domiciliado en Firmat.
El Instituto Nacional de Semillas es uno de los organismos autárquicos que dependen de la estructura del Ministerio de Agricultura. Su rol es esencial en el control del mercado de semillas, ya que administra el Registro de Variedades (y la propiedad intelectual sobre esas variedades). Uno de los temas más controversiales en materia de política agropecuaria es el reclamos de las empresas de ese sector por la falta de un marco legal adecuado que preserve los derechos de los obtentores, que son quienes desarrollan nuevas tecnologías o variedades de semillas. La actualización de la Ley de Semillas vigentes desde 1972 es uno de los grandes temas pendientes en el Congreso.
Lavignolle había sido designado en el INASE en noviembre de 2013, es decir durante la gestión de Cristina Kirchner. Y en enero de 2016 fue confirmado en el cargo por la gestión macrista. Durante su gestión no abandonó nunca el bajo perfil.
Hace unos días, en declaraciones al diario La Nación, el presidente de la Asociación Semilleros Argentinso (ASA), Alfredo Paseyro, había reclamando la designación del presidente del INASE. “La falta de firma de la autoridad no es la mejor situación. Hay actos administrativos que requieren y lo necesitan. Esto retrasa la actividad del sector. Venimos hablando por la regularización con el ministro Luis Basterra “, señaló.
Hay un segundo funcionario técnico que fue removido en las últimas horas por Luis Basterra y Diana Guillen, su jefa de Gabinete, quien talla cada vez más en la conformación de los equipos de trabajo en la cartera y responde políticamente directamente al kirchnerismo. Se trata del Director Nacional de Biotecnología, Martín Lema. Ese profesional, bastante reconocido en el país y el mundo, se enteró que iba a ser desplazado luego de convocar a la primera reunión del año de la Comisión Nacional de Biotecnología del año. La idea era retomar la agenda de trabajo, que se había interrumpido primero por el cambio de gobierno y luego por la irrupción del coronavirus.
Lema presidía la Conabia, que es nada más y nada menos que el área técnica del Estado donde se aplican los marcos normativos para la desregulación y liberación al mercado de nuevos eventos transgénicos o fruto de la ingeniería genética. Además, como director de Biotecnología, tenía a su cargo la promoción de dos áreas novedosas del negocio agropecuario: los biomateriales y los bioinsumos.
En su caso, Lema es empleado del Ministerio de Agricultura desde hace más de una década y accedió al cargo de director en 2015, también en tiempos del kichenrismo. Sería reemplazado por una técnica del INTA llamada Diana Lewi, que participó del desarrollo de un algodón transgénico resistentes al picudo. Fuentes de la industria semillera dijeron a Bichos de Campo que Lewi sería casi una figura decorativa. “No te precupes, que la vamos a manejar de arriba”, le respondieron desde Agricultura cuando consultaron sobre los pergaminos de la posible nueva directora. Esta designación todavía no fue oficializada.
Hay que reconocer un buen rasgo de la gestión de Cambiemos en Agricultura, tanto en cabeza de Ricardo Buryaile como de Luis Miguel Etchevehere: en general se respetó la trayectoria de estos y otros funcionarios técnicos. Ahora parecería que no sucederá lo mismo y el viejo edificio de Paseo Colón de a poco se “peroniza”.
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]]>No es la única lectura que debe hacerse acerca del Decreto 335/20 en lo que se refiere al reparto del poder dentro del mosaico de lineas políticas que conviven desde diciembre en el edificio de Paseo Colón al 900, ya que salta a la vista que se limitó el margen de acción de los movimientos sociales que manejan la Secretaría de Agricultura Familiar y se ensancha el margen de acción tanto de la jefa de gabinete, Diana Guillén, como del secretario de Alimentos, el sanjuanino Marcelo Eduardo Alos.
Los cambios concretos en la estructura de Agricultura son:
Cambia de manos la Subsecretaría de Coordinación Política del Ministerio, que antes estaba a cargo de Hugo Rossi y se ocupaba de temas sensibles como la Emergencia Agropecuaria y el manejo de fondos para socorrer a las provincias. Ese sector había quedado bajo el paraguas de Agricultura Familiar pero ahora pasará a depender directamente de Guillén. Lo maneja actualmente el licenciado Ariel Ernesto Martínez.
En Alimentos y Bioeconomía, la Secretaría al mano de Alos (un hombre de las provincias y especialmente de José Luis Gioia), se cambia la denominación, ya que ahora pasará a ser también de “Desarrollo Regional”. En ese mismo sentido, se crearon allí dos subsecretarías que todavía no tienen responsable designado: una es la de Desarrollo de Economías Regionales y la otra de Fortalecimiento Productivo y Sustentable para Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios.
Ver En Agroindustria se eliminarán 12 de las 20 subsecretarías que existen
En Agricultura Familiar también hay cambios. La pérdida de la Subsecretaría de Coordinación Política fue compensada con la creación de otra Subsecretaría llamada de Programas de Desarrollo Productiva. Pero además hay un cambio de denominación, que responde a la necesidad de reconocer a los pueblos originarios en el marco de la interna de los movimientos sociales que han apoyado al gobierno en la campaña electoral y recalaron en ese espacio. Ahora se llama “Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena”.
En definitiva la estructura de Agricultura quedará de la siguiente manera:
Del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a cargo del agrónomo Luis Basterra, dependen directamente dos subsecretarías:
- La Subsecretaría de Gestión Administrativa ocupada por Julio César Vitale.
- La Subsecretaría de Mercados Agropecuarios que está al mando de Javier Preciado Patiño.
Luego aparece la primera y más importante Secretaría, la de Agricultura, Ganadería y Pesca, a cargo del abogado Julián Echazarreta. De él dependen:
- La Subsecretaría de Agricultura que ocupa el contador Delfo Buchaillot.
- La Subsecretaría de Ganadería (que ahora se llama admeás de Producción Animal), que ocupa el veterinario José María Romero.
- La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, que alberga al abogado Carlos Damián Liberman.
En la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, que ahora se llama de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, sigue Miguel Angel Gómez, de quien dependen:
- La Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial, a cargo de la socióloga Yanina Beatriz Settembrino
- La Subsecretaría de Programas de Desarrollo Productivo, que todavía no tiene responsable designado.
La recreada Secretaría de Alimentos y Bioeconomía (que ahora incorpora Desarrollo Regional), a cargo de. Marcelo Eduardo Alos, tiene a su cargo dos áreas cuyos responsables deben formalizarse:
- La nueva Subsecretaría de Desarrollo de Economías Regionales.
- La nueva Subsecretaría de Fortalecimiento Productivo y Sustentable para Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios.
Finalmente la Unidad Gabinete de Asesores del ministro, que no debería ser un área en si misma (pues se trata de un cuerpo de asesores, justamente) comenzará a manejar territorio propio en el nuevo organigrama. De la agrónoma Diana Guillén pasa a depender:
- La Subsecretaría de Coordinación Política, que venía siendo ocupada por el licnciado Ariel Ernesto Martínez
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]]>El Decreto 69/2019, publicado este martes 24 en el Boletín Oficial, designa los siguientes funcionarios, que ahora deberán ocuparse en activar las múltiples medidas prometidas a los productores para desactivar el paro agropecuario, en especial las compensaciones a los pequeños productores y las cooperativas. Son estos los funcionarios oficializados:
- La Ingeniera Agrónoma Da. Diana María GUILLEN ocupará la Jefatura de Gabinete del Ministerio. Viene de Senasa y en los últimos años fue coordinadora de agro en el Instituto Patria, de Cristina Kirchner.
- El Abogado Fernando Julián ECHAZARRETA ocupará el cargo de secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca. Era sub gerente de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y directivo de la Bolsa de Cereales. Fue recomendado por Julián Domínguez.
- El señor Miguel Ángel GOMEZ será el nuevo Secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial. Viene del Movimiento Evita de Emilio Pérsico y representa los intereses del Foro Agrario Nacional.
- El Licenciado en Economía Marcelo Eduardo ALOS será Secretario de Alimentos y Bioeconomía. Es sanjuanino y hasta ahora ocupaba la vicepresidencia del Instituto de Vitivinicultura.
- El Abogado Julio Cesar VITALE, otro hombre de Julián Domínguez, será Subsecretario de Gestión Administrativa. Es decir, quien manejará el presupuesto.
- El Ingeniero Agrónomo Javier PRECIADO PATIÑO ocupará el cargo de Subsecretario de Mercados Agropecuarios. Venía de ejercer el periodismo agropecuario y llegó al puesto luego de trabajar en los equipos técnicos del PJ.
- El Contador Delfo Emilio BUCHAILLOT, cordobés y hombre ligado al empresario RToberto Urquía, será Subsecretario de Agricultura.
- El Médico Veterinario José María ROMERO se instalará en el cargo de Subsecretario de Ganadería.
- El Abogado Carlos Damián LIBERMAN, santacruceño y hombre del kirchnerismo duro, se ubicará en el cargo de Subsecretario de Pesca y Acuicultura.
- El Ingeniero agrónomo Carlos Alberto PAZ será Presidente del Servicio nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Y el Ingeniero en Producción Agropecuaria Carlos Miguel MILICEVIC será vicepresidente. Ambos provienen de Santa Cruz.
- Se conoció además la continuidad del veterinario Marcelo Rossi al frente de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario. Es un sobreviviente de varias gestiones, que tenía mucho respaldo del sector privado. En este caso, no requiere designación, pues simplemente se le rechazó la renuncia.
Falta designar al presidente del INTA, aunque para ese cargo persiste una fuerte pulseada entre varios candidatos. También hay otros organismos descentralizados que deben ser definidos.
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