El embargo, adelantado por Rosario3.com, se dictó sobre propiedades y vehículos, pero el magistrado además solicitó a los bancos que identifiquen las cuentas de Díaz & Forti y de Marcelo Darío De Vincentis y Luis Ariel Olio, “como así también que informen la existencia de cajas de seguridad a nombre de los mencionados”.

Además de automóviles embargaron motos, lanchas y campos, uno en Aarón Castellanos, en Santa Fe y otras tres propiedades en las inmediaciones de la localidad de Firmat.

Díaz & Forti, que operaba las plantas aceiteras de la concursada Vicentin SAIC hasta que fue inhabilitada por el Estado nacional, se presentó en concurso de acreedores en febrero pasado.

Los problemas para Díaz & Forti, integrante del Grupo Olio, comenzaron con la resolución 132/2020, por medio de la cual se dispuso que la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario debe dar de baja del Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA) a las empresas que no ingresen divisas en los plazos establecidos por la legislación vigente.

Como los técnicos del Banco Central (BCRA) detectaron que Díaz & Forti no habían ingresado una suma cercana a los 400 millones de dólares por exportaciones agroindustriales, se la dio de baja del RUCA hasta que regularizara su situación.

La empresa judicializó la medida, intentando obtener una respuesta favorable en es ámbito con el propósito de seguir operando las fábricas de Vicentin, pero la estrategia no resultó exitosa. Posteriormente intentó continuar operando a través de Extrugreen SA, una firma con accionistas vinculados al Grupo Olio.

Díaz & Forti S.A. no tiene cheques rechazados y tampoco cuenta con deuda bancaria a la fecha.

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Durante diciembre pasado, este medio contó con lujo de detalles la historia de Díaz & Forti, la empresa del Grupo Olio que se hizo cargo de operar a fasón las dos plantas aceiteras de Vicentin SAIC hasta que el Ministerio de Agricultura, la Aduana y el Banco Central (BCRA) la impugnaron por diferentes razones. La última de ellas fue que no había liquidado las divisas correspondientes a exportaciones por cerca de 400 millones de dólares.

En esa historia tuvo un desempeño clave el ex titular de la ONCCA, Marcelo Rossi, un técnico de origen radical que sin embargo fue despedido en marzo por el ministro de Agricultura, Luis Basterra, sin explicar las razones. En su reemplazo se designó al contador Luciano Zarich, quien provenía justamente de la frustrada intervención y expropiación de Vicentín y que ahora administra el cierre de las exportaciones de carne a través de las DJEC.

Sobre el cierre de 2020, en el caso de Díaz & Forti, luego de una serie de impugnaciones y suspensiones la Justicia federal le dio la razón a Rossi y confirmó la suspensión de la empresa del Registro Único de Operadores de la Cadena Agroalimentaria (RUCA). Las fábricas de Vicentin comenzaron entonces a ser operadas por otra firma, la mencionada Extrugreen SA.

En aquel momento informamos que se trataba de un acopio ubicado en Arequito, la “capital nacional de la soja”. Uno de sus socios, Nelso Omar Barrau, estaba ligado desde sus orígenes a Los Reartes SA, la empresa madre del Grupo Olio, donde a la vez pertene Díaz & Forti. Por eso se sospechaba que Extrugreen SA era en realidad una pantalla del mismo grupo empresario para seguir operando.

Suspendida por no liquidar divisas, Díaz & Forti intentó seguir operando las plantas aceiteras de Vicentin mediante una firma vinculada

Ahora, seis meses después y mediante la Comunicación “C” 90045, el Banco Central informó a las entidades financieras que “no deberán dar curso a operaciones de cambio correspondientes a egresos por el mercado de cambios, en su caso, a su anulación” vinculadas a esa sospechosa firma.

La cerealera tiene pendiente de liquidar once operaciones de exportación de bienes desde el 22 de enero de 2021, por un monto de casi 70 millones de dólares, informaron fuentes oficiales.

Según esta disposición, la firma de Arequito solo podrá acceder al mercado para liquidar las divisas pendientes que adeuda saldar. Además Extrugreen sigue suspendida del RUCA, por lo que no puede realizar ventas al exterior.

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La respuesta llegó de la mano de Diego Telesco, síndico del concurso de Vicentin, quien informó a Fabián Silvano Lorenzini, juez Civil y Comercial de la Segunda Nominación de la ciudad de Reconquista (Santa Fe), la situación de la empresa.

Afortunadamente, las facturas para cobrar los servicios prestados a Díaz & Forti fueron emitidas por Vicentin con anterioridad a la fecha de la presentación concursal por parte de Díaz & Forti, con lo cual esta última debe abonar 8,73 millones de dólares a Vicentin.

Vicentin cuenta con cheques de pago diferido a nombre de Díaz & Forti por valor de 591,4 millones de pesos para cobrar parte de esa deuda.

En lo que respecta a servicios prestados a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que es uno de los principales acreedores granarios presentes en el concurso de Vicentin, la compañía agroindustrial recibió en enero y febrero pasado una suma de 249,3 millones de pesos por servicios de procesamiento de 160.339 toneladas de soja.

Además en febrero se molieron otras 63.000 toneladas de soja para ACA por un monto, aún pendiente de pago, de 1,32 millones de dólares. Y realizaron dos acuerdos con ACA: uno para procesar entre 800.000 a un millón de toneladas de soja entre marzo y diciembre de 2021 (a razón de 80.000 a 110.000 toneladas mensuales con un precio de 14 u$s/tonelada + IVA) y otro para procesar 450.000 toneladas de soja hasta el 31 de mayo de 2021 (también con un precio de 14 u$s/tonelada + IVA).

En cuanto a los servicios prestados a Molinos Agro, se cobraron 5,0 millones de dólares por la molienda de 226.000 toneladas de soja (operación que en parte fue cancelada mediante compensación por la compra de aceite crudo de girasol). Se realizó un acuerdo para moler otras 120.000 toneladas de soja entre marzo y abril del presente año a un valor de 18 u$s/toneladas + IVA.

Otra fuente de ingresos son los servicios prestados a la Unión Agrícola de Avellaneda Ltda, para la cual en el primer bimestre del presente año molió 60.000 toneladas de soja por un valor de 1,08 millones de dólares. Además, con esta cooperativa Vicentin realizó un contrato de procesamiento de girasol en la planta industrial de Ricardone por un volumen de 15.000 toneladas a un precio de 28 u$s/tonelada a procesar hasta el próximo 31 de marzo.

Además Vicentin presta servicios de molienda de soja –sin contrato– a Agrofederal para realizar trabajo puntuales a un precio de 21 u$s/tonelada. En este caso, tiene un cobro pendiente de 254.100 dólares.

Por último, Vicentin cuenta con un acuerdo de prestación de servicios de almacenaje de soja a Oleaginosa Moreno Hnos (Glencore), por el cual recibió 13,9 millones de pesos correspondientes al primer bimestre de 2021.

Adicionalmente, Vicentin alquila las instalaciones de la unidad de Avellaneda a Domitec SA, Servipack SRL, Coop. De Trabajo de Confección Textil, Friar SA, Buyanor SA y Algodonera Avellaneda SA, que le permitieron embolsar 6,65 millones de pesos en lo que va del presente año.

Vicentin tiene una planta industrial en San Lorenzo con capacidad para procesar 16.650 toneladas de soja por día y otra en Ricardone para moler 4350 toneladas de soja/girasol por día. También cuenta con una unidad en Avellaneda con una capacidad de almacenamiento de 145.000 toneladas de granos y 21.000 toneladas de aceite.

Auditores forenses de Vicentin SAIC tendrán acceso a las miles de transferencias realizadas por los directores de la compañía concursada

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El Banco Central (BCRA) informó hoy a Control Comercial Agropecuario, dependiente del Ministerio de Agricultura de la Nacion, que la firma ACB Alimentos Coronel Baigorria S.A tiene un saldo pendiente de divisas por regularizar de 15,7 millones de dólares correspondientes a 175 operaciones de exportación de productos agroindustriales.

Por ese motivo, a partir de lo determinado por la resolución 132/2020 se procedió a dar de baja del RUCA a la Pyme con sede en la localidad de Alcira hasta tanto regularice su situación.

El primer caso en el ámbito agroindustrial había correspondido a Díaz & Forti, la empresa que se hizo cargo de operar a fazón las dos plantas aceiteras de Vicentin SAIC, hasta que se le quitó la posibilidad de operar al descubrir que tenía divisas no liquidadas por una cifra del orden de 400 millones de dólares.

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En lo fundamentos de la decisión se indica que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en la causa 17105/2020 caratulada “Díaz & Forti S.A. c/ EN M. Agricultura, Ganadería y Pesca s/ Medida Cautelar (Autónoma)”, que se tramita ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1, se detectaron presuntas irregularidades en la liquidación de divisas originadas en exportaciones, la cuales podrían haber vulnerado la Ley Nº 19.359.

El 30 de diciembre de 2020 la BCR cursó un requerimiento a Fernando Jurado, presidente del Grupo Olio, el cual, a través de Díaz & Forti, opera las plantas industriales de San Lorenzo y Ricardone de la concursada Vicentin SAIC en el marco de un contrato de fasón, para solicitarle que informe “el volumen de las exportaciones concretadas durante el año 2020 (en toneladas) y su valor en dólares, con apertura mensual” y “los montos mensuales de liquidación de divisas por exportaciones a través del Mercado Único y Libre de Cambios”, entre otros ítems.

El 5 de enero Díaz & Forti respondió, en cumplimiento de sus obligaciones asociacionales y reglamentarias, la solicitud de la BCR, pero se abstuvo de contestar el pedido de indagación realizado por la entidad rosarina, argumentando que la empresa “dará sus explicaciones ante la autoridad cambiaria y fundamentalmente ante el Poder Judicial de la Nación en ejercicio de sus derechos constitucionales”.

Ante la hecho, las autoridades de la BCR resolvieron suspender en forma preventiva a la empresa “ante la presunta falta de liquidación de divisas a través del Mercado Único y Libre de Cambios por cobro de exportaciones”, las cuales “cobran singular trascendencia, ya que las mismas podrían restar transparencia en el proceso de formación de los precios en el mercado físico de granos”.

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La decisión emanada del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1 echa por tierra el recurso de amparo que había obtenido Díaz & Forti del mismo juzgado el 18 de diciembre, y que le había permitido recuperar su matrícula ante el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroalimentaria (RUCA). El juez Enrique Regueira revisó su decisión a partir de un informe presentado por Agricultura el 22 de diciembre. Allí se confirmaron las irregularidades atribuidas al grupo empresario.

Por eso la justicia volvió a reclamar su inhabilitación.

“El Juzgado interviniente, con fecha 28 de diciembre 2020, dictó formal sentencia que, en lo que aquí importa, rechazó la medida cautelar pretendida”, informó el departamento de asuntos jurídicos del Ministerio de Agricultura. De inmediato, la matrícula de Díaz & Forti volvió a ser dada de baja.

Esta es la tercera vez que la ex ONCCA, a cargo de Marcelo Rossi, da de baja la matrícula de este operador clave para el futuro de las plantas aceiteras de Vicentin, las que maneja desde abril pasado gracias a un contrato de fasón. La primera vez, el 20 de noviembre, se le imputaron presuntas irregularidades vinculadas a sus operaciones de exportación de soja con otros operadores, Cofco y Renova, por un total de 57.691 toneladas que habrían sido declaradas como subproductos pero se habrían exportado sin procesar, como poroto, tributando así menos retenciones. Esa sanción fue levantada a los pocos días, en la medida en que la firma fue presentando su descargo.

Pero a partir de ese incidente, lo que hicieron los inspectores de la ex ONCCA fue requerir información adicional de otros organismos. La respuesta del Banco Central fue contundente: “Se hace saber que Diaz & Forti incumple en un 97,8% con este organismo, adeudando -a la fecha de la consulta- liquidar 450 millones de dólares”, informó esa entidad, dando pie a una segunda suspensión de inmediato, a principios de diciembre.

Esa fue la exclusión del RUCA que primero la justicia ordenó dar marcha atrás, pero que ahora ratifica rechazando la medida cautelar, y luego de haber tomado nota de los argumentos oficiales.

Luego de quince días supendida, Díaz&Forti podrá volver a operar gracias a un recurso de amparo

“Importa destacar que en el marco de su informe la demandada (por el Ministerio de Agricultura) afirmó -acompañando asimismo la debida documentación respaldatoria-, que la baja de la firma actora del RUCA es consecuencia de la sanción que emitió el BCRA”, explicó ahora el juez Regueira, al revertir su decisión inicial de conceder el amparo a la cerealera.

“En dichas actuaciones se determinó que el exportador ha desplegado conductas en presunta vulneración del régimen vigente en los términos de la Ley 19.359 Art. 1º incisos: e) y f)”, se amplió. Se trata del Régimen Penal Cambiario.

Desde el vamos, el CEO del Grupo Olio, Fernando Jurado, atribuyó a una “mano negra” la decisión oficial, insinuando que a muchos operadores del mercado de granos le resultaba provechosa la suspensión de Díaz & Forti y el consecuente cese de sus actividades en las plantas aceiteras de Vicentin en San Lornezo y Ricardone.  El cerealera del grupoi Olio tiene intereses comerciales además sobre el puerto Barranqueras, en el Chaco.

“El día 3 Marcelo Rossi, titular de la Dirección de Control Comercial Agropecuario (DNCCA), envía tres notas del Banco Central (BCRA). Ese mismo el Banco Central dice que estamos en situación irregular, y hoy viernes 4 por la mañana, previo a un fin de semana largo, nos dan de baja del RUCA”, denunciaba entonces Jurado en una entrevista con  Bichos de Campo. El ejecutivo, de todos modos, no desmintió la demora en ingresar las divisas que reclamaba el BCRA. En todo caso, solo atinó a decir que eran cifras algo menores.

Ahora la justicia avaló la actuación de Rossi, que en ambos casos actuó con la misma celeridad en  la ejecución de la suspensión de la matrícula frente a posibles irregularidades.

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Fernando Jurando, CEO del Grupo Olio, cree que la semana que viene este requerimiento será subsanado. “Hasta fines de año estamos operando la planta industrial de San Lorenzo de Vicentin, haciendo molienda de soja, y también el puerto; desde el año que viene se incorpora además la planta de Ricardone para molienda de girasol. Hay un contrato firmado y homologado por el juez (concursal Fabián Lorenzini) en septiembre pasado”, indicó hoy a Bichos de Campo.

“Al cabo de este año habremos procesado y embarcado aproximadamente 3 millones de toneladas, de las cuales el 60-70% serán a través de molienda y el resto como grano. Para nosotros es un volumen significativo, pero no somos uno de los jugadores grandes”, añadió Jurado.

– Quedaron fuera del RUCA. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Hay problemas con las liquidaciones de divisas de exportaciones? 

– Por segunda vez (quedamos fuera) un viernes anterior a un fin de semana largo; la primera vez nos dieron de baja del RUCA argumentando que nosotros habíamos elevado poroto de soja en plantas de Glencore (Oleaginosa Moreno) y Cofco y que en realidad había sido aceite o harina, para lo cual, como medida, la requisición que hizo la Secretaría de Agricultura (de la Nación) fue darnos de baja del RUCA y luego preguntarnos. Ya esta demostrado, comprobado y documentado, incluso por Cofco y Glencore, que elevamos poroto, por lo tanto se cometió un error que nos costó rechazar 1500 camiones ese fin de semana con el costo de flete y contratiempos con los productores, que luego fue normalizado. El error fue administrativo de la Secretaría (de Agricultura), porque hay cartas documento de las otras empresas, que muestran que fueron bien reportadas. La segunda vez surge el 3 de diciembre a raíz de la resolución del 1 de diciembre (132/20), que establece que la Secretaría también puede intervenir a través de la baja del RUCA cada vez que una empresa incumple con la Secretaria, la AFIP o con el Banco Central (BCRA).

– La resolución 132 que dice que las empresas que no liquiden divisas en los plazos correspondientes no pueden permanecer en el RUCA.

– La resolución es para cualquier empresa que haga exportaciones agroindustriales. Lo extraño de esto es que la resolución salió el 1 de diciembre, el 2 de diciembre sale una nota de la Secretaría al Banco Central preguntando específicamente por Díaz & Forti y no por todas las empresas que exportan; ese mismo día el BCRA le responde que había incumplimientos de nuestra parte y el día 3, sin medir intimación ni pregunta desde la Secretaría, se nos da de baja del RUCA, hasta este momento en el que estamos haciendo las diligencias para poder levantarla. Lamentablemente y nuevamente, lejos de actuar como debería o como lo hace normalmente, que es bajo requisitoria –donde uno corrige lo que este mal– primero se ejecuta y luego se pregunta.

Escuchá la entrevista con Fernando Jurado:

– Se los acusa de no haber hecho en tiempo y forma la liquidación de divisas por exportaciones. ¿Incumplió la empresa? 

– Cambiaría la palabra acusación porque no tenemos ningún expediente ni acción administrativa en el Banco Central más allá de que hemos tenido y tenemos algunas discusiones y regularizaciones respecto de la liquidación de divisas, no de la magnitudes que manifiesta el Banco Central, pero sí me preocupa la ejecutividad con que la Secretaria de Agricultura actúa con el RUCA, porque creo que lo hace de forma selectiva y discrecional y eso lo dimos en llamar la “Operación 1-2-3”, porque el 1 sale resolución, el 2 sale una nota de la Secretaría de Agricultura al Banco Central, el Central le responde y el 3 la Secretaría “aprieta el botón” y con eso noto un trato no justo ni igualitario y ahí sí realmente creo que hay algún exceso de parte de las autoridades.

– ¿Reconoce entonces que hubo demora en liquidación de divisas de parte de la empresa?

– Siempre hay diferencia en la liquidaciones de divisas y siempre hay un dialogo permanente con el BCRA referido a las diferentes liquidaciones que se dan, porque el cliente paga más tarde, porque hay una diferencia entre lo que se exportó y lo que el cliente quiere pagar, por una diferencia de calidad, por demora en el embarque, (entre otros factores); eso es moneda corriente y en general esto se manejó en tono muy dialoguista del BCRA, porque todos dependemos de este modelo de prefinanciación y queremos liquidar las divisas; de ahí a querer abogarse la perfección, estamos lejos de eso, pero que nos pongan como incumplidores seriales es injusto y exagerado.

– ¿Cuál es el monto de divisas que tienen atrasado en cuanto liquidación? 

– Hay liquidaciones por debajo de los 200 millones de dólares que se están regularizando, que no quiere decir que hay 200 millones de dólares pendientes de regularizar. No te olvides en que cada embarque son entre 15 y 20 millones de dólares. Por lo tanto, si tengo diferencias es de 200.000 dólares en un embarque de 20 millones, que es el embarque total, pero la liquidación total es la que está cuestionada.

– El gobierno dice que ustedes adeudan una liquidación de divisas de cercana a 400 millones de dólares.

– El gobierno dice eso, pero si vamos a terminar exportando 600 millones de dólares, te podrás dar cuenta de que prácticamente el 60% a 70% de las exportaciones del año no fueron liquidadas, no, por lo que el monto es absolutamente inexacto.

– ¿El monto que manejan ustedes es de cuánto?  

– Para nosotros el monto es muy por debajo de la mitad de lo que el gobierno está diciendo, pero no es el gobierno, sino el Banco Central.

– ¿Están subsanando el problema? ¿Cuál es el mensaje que quieren darle a los productores que comercializaron mercadería con ustedes? 

– Es bastante claro. Desde la semana anterior de esta resolución tuvimos reuniones con el Banco Central en la que mostramos cómo íbamos a regularizar esto. La resolución que toma la Secretaría respecto del RUCA es como que va en camino paralelo con lo del Banco Central. La Secretaría se toma atribuciones para darnos de baja del RUCA, pero no tiene acción sobre el Banco Central; no sé cómo seguirá el tema administrativamente en forma interna. Nosotros, respecto de los productores, todos los contratos los estamos cumpliendo. Desde el punto de vista del productor, no hay nada que los esté impactando y, en paralelo, estamos llevando adelante todas las medidas para estar activos con el RUCA; esperábamos ayer tenerlo resulto ayer, pero creemos que será entre el lunes y martes próximo.

– ¿Alguien se beneficia con la salida de Díaz & Forti? Porque entiendo que para originar granos pagaban precios por encima de los del promedio del mercado. ¿Ven alguna mano rara? 

– Primero y principal, nosotros movemos mucho grano a través de la Bolsa y sí, es cierto que para completar un barco alguna vez hacemos una operación sobre 2000 ó 3000 toneladas a precio más alto. Pero todas las empresas grandes que tienen que hacer programas de carga pagan “primas” para tener preferencia de volumen y esto pasa por afuera de la Bolsa y las mismas corredoras que se quejan en el mercado, son las que aceptan vender a estos precios más altos que, bueno, protegen muy bien al productor. En lo que es pagar precios más altos o más bajos, lo que me extraña es que estamos en un mercado defendido por empresas y corredoras que, cuando ven un precio alto, se quejan, entones, ¿a quién defienden? ¿Al productor o a sus propios intereses?

– Que salga del negocio una empresa que opera las plantas de  Vicentin, ¿no genera más concentración del negocio? 

– Definitivamente: tenés 15% de capacidad instalada que sale del mercado. Solo para darte un ejemplo concreto: los dos viernes previos a los fines de semana largo –a los hechos me remito; busquen la información– esos dos viernes todo el mercado salió a pagar 10 dólares (por tonelada) menos la soja.

– Si parte de la industria se ve beneficiada con la salida de Díaz & Forti, ¿se puede suponer que hay funcionarios que le hacen el juego a esas industrias aceiteras?  

– Creo que hay más una animosidad contra la empresa y el directorio de Díaz & Forti, pero daría la impresión de que nadie se preocupa por todo el impacto que tiene en el universo: productor, corredor, camionero, periféricos y familias que trabajan en las mismas. Es como una respuesta perversa disfrutar con la caída de alguien cuando no se ven los efectos colaterales.  Definitivamente, hay capacidad instalada ociosa en el país y definitivamente sí pueden hacer cosas por error, omisión o intención para que esa capacidad no vuelva a entrar en el mercado; eso va a mejorar los márgenes del resto de la industria.  Me parece aventurado acusar, pero trato de ser observador y me daría la impresión de que en los hechos parece que prefieren que la empresa muera por falta de oxígeno y atacamos entonces al fabricante del tubos de oxígeno.

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El tema es ultrasensible porque Díaz & Forti maneja actualmente, mediante contratos de fazón autorizados por el juez Hernán Lorenzini, las operaciones en las dos plantas aceiteras que tiene el malogrado grupo Vicentin cerca de Rosario, donde trabajan cientos de personas. El propio Jurado vinculó ambas situaciones en una entrevista concedida a Bichos de Campo.

Vicentin se quedó sin oxígeno con la suspensión del RUCA a Díaz & Forti: “Quieren que sea una empresa estatal pero el comunismo sin plata nunca funcionó”

Frente a estas acusaciones contra Rossi y la gente de la ex ONCCA, fuentes oficiales salieron a aclarar que las investigaciones sobre las operaciones de Díaz & Forti son previas a esta última semana, ya que la empresa venía de una primera suspensión el 20 de noviembre, y que nada tiene que ver con esta decisión las operaciones realizadas en las plantas de Vicentín, sino que hay sospechas por negocios realizados en otros establecimientos fabriles del Gran Rosario, pertenecientes a Cofco y Renova.

Además se aclaró que este segundo expediente se inició no en el ámbito del Ministerio de Agricultura sino en el Banco Central (BCRA), donde se detectó que Díaz & Forti tiene liquidaciones de divisas pendientes por más de 450 millones de dólares. Recién cuando se recibió esta información, dijeron las fuentes, se procedió a la segundo suspensión, “que puede ser subsanada ni bien ese operador acredite haber corregido las situaciones” denunciadas.

¿Cuáles son esas situaciones?

El viernes 20 de noviembre se produjo una primera intervención oficial sobre la empresa Diaz & Forti. El mercado venía anticipando una situación muy particular sobre su accionar, ya que esa firma corredora ofertaba entre 3 y 5 dólares más por tonelada de soja que el resto de los operadores. Frente a esta situación, los funcionarios de Agricultura actuaron de oficio y comenzaron a verificar los movimientos comerciales de esa firma y de otros operadores granarios vinculados a ella.

Haciendo cruces de información sobre las Declaraciones Juradas que los operadores granarios están obligados a presentar periódicamente ante el Estado (formularios de cartas de porte, formularios C15, C17, C18, etc), surgió que Díaz & Forti realizó operaciones comerciales como “usuario de industria” sin estar habilitado para ello, por un total de 57.691 toneladas de soja en tres plantas procesadoras.

Estas plantas son las de Renova en Timbúes y dos plantas de la empresa china Cofco ubicadas en Puerto General San Martín y Timbúes.

El Estado sospecha que esas casi 58 mil toneladas de soja de Díaz & Forti que ingresaron a su nombre para industrialización y producción de aceite (38.654 toneladas a la planta de Renova y 19.037 a las instalaciones de Cofco), en la práctica fueron exportadas como grano sin procesar. De inmediato se comenzó a actuar frente a “una posible maniobra para eludir el pago de derechos de exportación, por la diferencia de alícuotas entre el poroto de soja (33%) y sus subproductos procesados (30%)”.

Agricultura, en ese momento, procedió a suspender a la operadora. Y requirió información sobre las tres matrículas involucradas en la posible maniobra.

A partir de ese incidente, lo que hicieron los inspectores fue requerir información adicional de otros organismos. Días después la respuesta del Banco Central fue contundente: “Se hace saber que Diaz & Forti incumple en un 97,8% con este organismo, adeudando -a la fecha de la consulta- liquidar 450 millones de dólares”.

Frente a esta situación, la DNCCA actúo nuevamente de oficio y volvió a suspender la matrícula de dicho operador. Se trata de una decisión de manual, que según la versión oficial no esconde “ninguna animosidad especial” contra la empresa Díaz & Forti, como argumentaba su CEO.

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“El enfermo es Vicentin y nosotros somos el oxígeno para un enfermo que respira poco. Empiezan a cortar el oxígeno y un día el enfermo se muere”, graficó Fernando Jurado, presidente del Grupo Olio, el cual, a través de Díaz & Forti, opera las plantas industriales de San Lorenzo y Ricardone de la concursada (y desde ayer también intervenida) Vicentin SAIC en el marco de un contrato de fasón. Los ingresos generados por ese acuerdo cubren buena parte de los salarios del personal de Vicentin hasta tanto se resuelva el concurso preventivo en curso.

“Creo que lo que pasó en estos últimos tres días hábiles fue muy finamente planificado porque va a ser la primera vez que se saca una resolución el 1 de diciembre (132/20), el 2 de diciembre viene una carta dirigida a nosotros diciendo que no podíamos egresar divisas por un expediente que está abierto al respecto, el día 3 Marcelo Rossi, titular de la Dirección de Control Comercial Agropecuario, envía tres notas del Banco Central (BCRA), ese mismo el Banco Central dice que estamos en situación irregular, y hoy viernes 4 por la mañana, previo a un fin de semana largo, nos dan de baja del RUCA”, indicó Jurado.

Usted entiende que se trató un plan organizado desde el Estado.

FJ: Ayer traté de comunicarme con Marcelo Rossi cuando me enteré de las notas enviadas al Banco Central, de las cuales nadie nos participó, preguntando de qué se trataba, pero no tuve respuesta porque el plan ya estaba trazado y en ejecución. No le quiero quitar importancia a que justo ayer se dictó la intervención del directorio de Vicentin y al hecho de que hoy viernes salió la primera medida del juez (Fabián Lorenzini), suspendiendo el proceso de búsqueda de compradores por parte de Maxim (Group, empresa contratada por el directorio de Vicentin). Creo que hay gente que tiene mucha bronca y enojo contra el directorio de Vicentin, contra las personas que lo integran, y ponen una bomba general con el propósito de matar a pocos, pero en el medio van a romper fábricas, hogares, dejando a gente sin trabajo. Si el objetivo fue destruir a quiénes cometieron un error, por ahí lo logran, el tema es que en el medio generan daños colaterales que creo pueden llegar a ser grandes. El efecto que podrá tener sobre nosotros, más allá de las acciones legales que estamos llevando adelante, será esperar a que levanten la suspensión del RUCA para poder volver a operar; mientras tanto, Vicentin tendrá que ver cómo paga sus cuentas sin oxígeno.

¿Cuántas personas trabajan en las plantas industriales de Ricardone y San Lorenzo?

FJ: 1900 personas de manera directa. Puesto indirectos deben ser más de 4000 si sumamos a los transportistas, prestadores de servicios, etcétera.

¿Cómo planean seguir adelante?

FJ: Vamos a iniciar acciones legales porque creemos que estas cosas ameritan notificaciones previas en las cuales se permita la posibilidad de realizar descargos; además, es un poco incoherente, porque las operaciones que paran son de ingreso de divisas, entonces cuando desde el Banco Central ordenan que no podemos seguir operando, no entiendo cuál es la lógica. Creo que hay muchos funcionarios públicos que tendrán que dar explicaciones, especialmente por la velocidad de las decisiones tomadas, en la cuales tres organismos públicos, en el término de 48 horas, se comunicaron y ejecutaron acciones de una manera que ni una empresa privada lo hace así. Es admirable eso: quiero a esos funcionarios públicos actuando con esa eficiencia; lamentablemente, trabajan así selectivamente, no todos los días.

¿Es correcta la nota oficial del Banco Central que dice que no liquidaron 450 millones de dólares?

FJ: No, el monto es absolutamente inexacto; sí tenemos algunos expedientes abiertos con el Banco Central de liquidaciones que tenemos que regularizar definitivamente, pero también puedo decir que si el 1 de diciembre sale una nueva regulación y el 2 de diciembre sale una nota, nosotros no tenemos la plata para regularizar la situación en 24 horas, entonces claramente decimos que lo vamos a regularizar y tenemos toda la intención de hacerlo.

¿Qué sucede con respecto a los productores que les entregaron mercadería?

FJ: Tienen el pago garantizado de nuestra parte: por el hecho de que el Estado nos pare, no vamos a dejar de pagar.

¿Las acciones legales contra quiénes van a estar dirigidas?

FJ: Contra personas y organismos públicos por excederse de sus funciones. Ojalá que estos funcionarias nos contesten cómo hacen para trabajar con una modalidad “Argentina 5.0”, en lo que hemos dado en llamar “operación 1-2-3”. Es una operación muy bien armada en la que lamentablemente no ven que somos un tubo de oxígeno; lo que hicieron es cerrar una válvula, nosotros seguimos con oxígeno, pero el enfermo que necesita el oxígeno, no. Lamentablemente, en su mentalidad de “comando guerrillero”, creen que bombardeando un pueblo, donde tienen que matar a pocos, matando a todos se hace justicia.

¿Quién sospecha que está detrás de las acciones?

FJ: Creo que lo quieren es que Vicentin sea una empresa estatal, gobernada por funcionarios públicos, burócratas, que por otra parte no tienen el dinero para hacer funcionar a las fábricas; creo que Argentina ya tiene demasiados ejemplos de empresas tomadas por el Estado que fueron quebradas por el mismo, una detrás de otra, entonces estos funcionarios creo que tienen un gran idealismo. El comunismo sin plata nunca funcionó. Vicentin sin plata nunca va a funcionar. Y pretenden incorporar a los productores (que integran el concurso preventivo) como socios, cuando son acreedores, no capitalistas de una fábrica. Le venden así la ilusión de que van a cobrar.

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La Ley de Régimen Penal Cambiario (Nº 19.359), en su artículo 17, otorga la posibilidad al BCRA de restringir la comercialización de productos a empresas inspeccionadas o sumariadas, aunque el hecho de que un organismo no judicial pueda tener tales atribuciones constituye un acto inconstitucional.

“Estamos analizando con los abogados las medidas a tomar. Hasta el momento nuestra operatoria tanto en planta (industrial) como en Aduana es normal”, señaló hoy Fernando Jurado, presidente del Grupo Olio, a Bichos de Campo.

Díaz & Forti, corredora y exportadora perteneciente al Grupo Olio, se convirtió en el principal soporte de la concursada Vicentin SAIC al utilizar, en el marco de un contrato de fasón, las plantas industriales aceiteras que esa compañía posee en las localidades santafesinas de San Lorenzo y Ricardone. Los ingresos generados por ese acuerdo cubren buena parte de los salarios del personal de Vicentin hasta tanto se resuelva el concurso preventivo en curso.

Esta semana el BCRA ordenó a los bancos que las operaciones de cambios, en lo que respecta a egresos de divisas, realizadas por Díaz & Forti, deben pasar a contar con autorización de esa entidad oficial.

La medida, dispuesta a través de la Comunicación “C 88678” del BCRA, se instrumentó, según indicó en su cuenta de Twitter el director del oficial Banco Nación, Claudio Lozano, porque la empresa “no liquida divisas de exportaciones realizadas por más de 300 millones de dólares”.

“La medida es de índole administrativa hasta resolver un expediente abierto hace unos meses. Estamos pudiendo continuar con las operaciones en forma normal. También es importante aclarar que todas las compras hechas serán canceladas con total normalidad”, apuntó Jurado.

La semana pasada el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación había suspendido la matrícula en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) de Díaz & Forti por supuestas irregularidades. Sin embargo, luego de presentar un descargo con información aclaratoria, la empresa fue dada de alta en el RUCA nuevamente, donde está registrada en las categorías acopiador, exportador de ganados y carnes, exportador de granos, explotador de depósito y/o elevados de granos, usuario de industria de granos y canjeador de bienes y/o servicios por granos.

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