El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) había presentado un proyecto que planteaba discutir el nivel de retenciones, para ir reduciendo el tributo progresivamente, pero el Poder Ejecutivo modificó ese proyecto de ley y anuló cualquier posibilidad de cambios en los derechos de exportación.

Para hacer valer la Constitución, apareció un proyecto del PRO y liberales que quiere desterrar la posibilidad de que el Ejecutivo pueda fijar las retenciones

Recientemente, un grupo de más de 20 diputados del PRO y de Avanza Libertad presentó su propio proyecto: pretenden aclarar que la posibilidad de fijar de derechos de exportación sea potestad exclusiva del Congreso.

Ahora apareció otra iniciativa legislativa. Se trata de una iniciativa del diputado del PRO y productor bonaerense Pablo Torello, que propone una baja gradual de este impuesto, que pagan los exportadores pero que se termina descontando del precio que cobran los productores por sus granos y otros productos. La soja, por ejemplo, sufre un recorte del 33%, el trigo y el maíz del 12%. En el caso de la carne vacuna y de la leche en polvo la retención se ubica actualmente en 9%.

El proyecto de Torello podría ser presentado en estos días si es que el gobierno nacional convoca a sesiones extraordinarias y además incluye este tema en el listado a debatir, cosa que es poco probable. La convocatoria a extraordinarias, en cambio, es más probable que se transforme en realidad, porque les pidieron a los legisladores que estén disponibles desde enero.

La iniciativa legislativa de Torello repite varios aspectos de los mencionados en el proyecto del CAA que hizo suyo el oficialismo. Por eso se denomina Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Exportador, regiría hasta 2025 y establece beneficios varios en cuanto a la amortización del patrimonio y en materia impositiva como es el caso de un crédito fiscal que será deducible del impuesto a las Ganancias en el caso de compra de fertilizantes, semillas fiscalizadas y otros insumos.

Pero la gran diferencia es que vuelve a reintroducir el tema de las retenciones a escena. El propio Torello explicó que “bajarían 5 puntos para la soja en el primer año y 3 puntos maíz y trigo por lo que irían a 28% y 9% respectivamente. Luego la baja sería de 3 puntos porcentuales por año hasta su desaparición”.

Para la soja, eso llevaría las cosas hasta por lo menos 2028. En realidad, la propuesta establece una baja del 0,25% mensual lo que al cierre del año acumula la caída antes señalada.

Escuchá la entrevista a Pablo Torello:

En el caso de los derechos a la exportación de los demás productos, como los de las economías regionales y las carnes y lácteos, bajarían de un saque a cero.

“Lo que hay que hacer es subsidiar en todo caso en forma directa a la demanda, pero no perjudicar al productor, cuyo producto tiene una incidencia muy baja en el precio final de los alimentos. Eso desalienta el crecimiento a la producción”, agregó el legislador.

El punto es cómo hacer eso sin que se dañe la recaudación fiscal, teniendo en cuenta que el año pasado el sector productivo aportó por esta vía nada menos que el 8,8% del total de los ingresos impositivos.

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Torello explicó: “Insistimos en que no hay magia, lo que sale por un lado falta en el otro, en un juego de suma cero. La clave es que hay que producir 180/190 millones de toneladas en lugar de 110/120 millones. Ese incremento en las cosechas más que compensa por movimiento económico e impuestos varios la baja de derechos de exportación, amén de que el Estado tiene que empezar a recortar enormes cantidades de gastos políticos”.

“Nomás con que se deje de subsidiar a Aerolíneas Argentina se pagan los derechos de exportación con eso solo”, ejemplificó.

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En primer lugar, obtuvo dictamen favorable la Ley de Acceso a la Tierra, una iniciativa apoyada por la Unión de Trabajadores de la Tierra y avalada por los entonces ministros Luis Basterra y Daniel Arroyo, que busca crear un Fondo Fiduciario de Crédito para la Agricultura Familiar (CREPAF), una susrte de plan Procrear para el sector.

Su principal objetivo es facilitar el acceso a créditos para la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas a familias de la agricultura familiar. Si prospera, el Fondo Fiduciario durará 50 años y su patrimonio estará formado por recursos del tesoro nacional, tierras o inmuebles del estado, ingresos obtenidos por emisiones de valores fiduciarios de deuda, entre otros recursos.

Los beneficiarios deberán estar registrados en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) y tener como ingreso económico principal a la actividad agrícola, pecuaria, forestal, florícola, pesquera, acuícola o apícola.

“El proyecto propone un sistema de créditos blandos al estilo PROCREAR pero para el sector rural, con el cual las familias pequeñas productoras puedan acceder a tierras para producir alimentos de un modo sustentable y habitar en una vivienda digna”, dijo Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la UTT.

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Además se propone la creación de un Comité Ejecutivo formado por un representante del Ministerio del Interior, de Economía, de Agricultura, de ANSES, de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y del INTA, que se encargará de planificar y presupuestar las acciones del fondo, pedir recursos al tesoro nacional, instrumentar el proceso de inscripción y determinar un criterio para el acceso a inmuebles.

Dicho comité establecerá además un sistema de puntajes para ordenar a los aplicantes, y en él tendrán prioridad de selección las mujeres, los jóvenes y quienes tengan conocimientos previos en agroecología.

En caso de que la ley se sancione, la AABE tendrá un plazo de 180 días para analizar la totalidad de los inmuebles del estado, tanto de uso público como privado, que estén por fuera de las urbes.

El proyecto, que obtuvo el visto bueno en las Comisiones de Legislación, Agricultura y Ganadería, y Presupuesto y Hacienda, no fue sin embargo acompañada por Juntos por el Cambio, que emitió un dictamen de minoría a favor de otra iniciativa similar pero presentada por un legislador del PRO. Durante la firman del dictamen, consideraron que la propuesta oficialista tiene un “enfoque asistencial por parte del Ministerio de Desarrollo Social” y que los créditos otorgados deberían ser de “trazabilidad de la agricultura familiar”.

En este sentido, el apoyo de la oposición fue para el proyecto que busca crear un Programa Nacional de Financiamiento para la Agricultura Familiar y las Economías Regionales (PRONAFER). El mismo busca promover y desarrollar la actividad productiva de los agricultores familiares y los pequeños productores de las economías regionales, a través de la asistencia financiera de bancos con recursos provenientes del Ejecutivo. Esta propuesta busca ser instrumentada a través del Fondo Cooperativo para el Desarrollo Agroempresarial (FONDAGRO).

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Los créditos otorgados podrán ser destinados a la incorporación de maquinaria, equipos y capital de trabajo, a las inversiones prediales o a los costos de acceso a la tierra. Además, la autoridad de aplicación designada establecerá los instrumentos necesarios para prestar asistencia técnica a los beneficiados por esta línea crediticia.

Por otro lado, la iniciativa establece que el Poder Ejecutivo tendrá facultades para establecer un régimen que fije la obligatoriedad de la compra de productos de la agricultura familiar, por una cuota porcentual de hasta el 30%.

Finalmente, Diputados avanzó también con el tratamiento del proyecto titulado “Marcha al Campo”, que propone un reordenamiento y repoblamiento de tierras fiscales, para movilizar fuerza de trabajo ociosa y activar proyectos productivos de personas y grupos familiares vinculados a la agricultura.

La iniciativa implica la realización de un relevamiento de tierras fiscales para distinguir entre aquellas de orden nacional, provincial y municipal. También supone la realización de un censo para definir el sujeto social objetivo y determinar mediante encuestas sus necesidades.

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Las tierras serán cedidas en comodato, es decir que nunca dejarán de ser propiedad del Estado, y en extensiones de no más de 150 hectáreas. El objetivo es evitar que estos proyectos fracasen a mediano o largo plazo. Por tal motivo, los beneficiarios deberán realizar una capacitación vinculada al trabajo cooperativo, y a la conformación de unidades de trabajo y producción.

Se prevé el otorgamiento de una renta básica por localización para acompañar a las familias y generar condiciones de infraestructura básicas para su radicación (vivienda, acceso a servicios públicos, etc.)

Desde el oficialismo indicaron que este reordenamiento “permitirá repoblar y desarrollar el interior del país, mejorar caminos rurales, asegurar la salud y la educación, industrializar en origen, incentivas la soberanía alimentaria, mejorar las condiciones de la ruralidad y de la conservación ambiental”.

A diferencia de los dos primeros proyectos, la ley de Marcha al Campo aún debe continuar su trabajo en comisiones, por lo que todavía no está lista para ser discutida en el recinto.

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“Naturalmente, las razones de la emergencia en aquellas provincias (en referencia a las del noroeste del país) difieren de las de la cuenca del Paraná. La escasez de precipitaciones, de nieve y de formación de hielos en las zonas andinas ha producido en los últimos años una drástica reducción de caudales en ríos de todas las provincias desde Chubut hacia el norte del país”, indicaron los legisladores en los fundamentos del proyecto.

A continuación agregaron: “Algunos de los ríos más emblemáticos y que nacen en la Cordillera se encuentran o encontraron recientemente con mínimos históricos. Tal es el caso del Río San Juan, pilar del bienestar social y productivo de la provincia. A su vez,  se cuenta con diques y embalses que aseguran provisiones, pero solo por el momento”.

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En este sentido, la iniciativa busca impulsar la adopción de medidas que aseguren la sustentabilidad social, económica y productiva en las provincias afectadas.

Para eso, se propone facultar al Poder Ejecutivo para delimitar las áreas sujetas a la declaración de la emergencia hídrica; a adoptar medidas que preserven la continuidad de la actividad productiva; a arbitrar respuestas a través del Sistema Nacional de Alerta Temprana y Monitoreo de Emergencias (SINAME), a realizar tareas de coordinación entre provincias y a efectuar las reestructuraciones presupuestarias necesarias.

Además, se establece que el Ejecutivo podrá, junto con las jurisdicciones implicadas, “determinar la autorización de habilitación de nuevos pozos y la extracción de pozos acuíferos públicos y/o privados, en la medida que sea conducente para garantizar el bienestar de la población y la continuidad de actividades productivas”.

“El uso de pozos privados se realizará por razones de solidaridad, siempre que su titular hubiere satisfecho sus necesidades y contra el pago de los gastos de explotación que correspondan”, afirmaron los legisladores.

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Por otro lado, se indica que el Banco Central podrá adoptar medidas en función de que continúen desarrollándose las distintas actividades productivas, y que la AFIP “deberá instrumentar regímenes especiales para el pago de las obligaciones impositivas, y de la seguridad social de sujetos comprendidos en áreas afectadas por la emergencia hídrica, que se encontraran vencidas al momento de entrada en vigencia de la ley”.

Los convenios de facilidades de pago que se instrumenten comprenderán una tasa de interés de hasta tres por ciento (3%) mensual durante las seis (6) primeras cuotas.

Finalmente, se prevé la suspensión de juicios de ejecución fiscal y medidas preventivas para el cobro de los impuestos y obligaciones de la seguridad social, de quienes se vean afectados por esta emergencia.

“Tanto lo que ocurre en la cuenca del Paraná como en la Cordillera de los Andes obedece al cambio climático y a mayor necesidad de consumo de agua. Si bien cada emergencia hídrica tiene sus particularidades, ambas están vigentes en este momento y constituyen por sus implicancias una emergencia hídrica nacional que debe ser abordada por este Congreso y por el Poder Ejecutivo de la Nación”, concluyeron.

El proyecto cuenta con la firma de José Luis Gioja (FDT- San Juan), Lía Verónica Caliva (FDT- Salta), Rosana Andrea Bertone (FDT- Tierra del Fuego), Susana Landriscini (FDT- Río Negro), Hilda Clelia Aguirre (FDT- La Rioja), Blanca Inés Osuna (FDT- Entre Ríos), Mabel Luisa Caparrós (FDT- Tierra del Fuego), Danilo Adrián Flores (FDT- La Rioja) y Esteban Mateo Bogdanich (FDT- Santa Fe).

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“Lo que ya se sabe es que será un Congreso donde va a primar el consenso. Para cada tema, no sólo aquellas de la agroindustria, van a tener que negociar agenda y acuerdos. Por otro lado, va a ser un Congreso con buen nivel intelectual y político. Tanto el oficialismo como la oposición y el resto de los partidos, tienen nombres de trayectoria política bastante interesante”, dijo a Bichos de Campo Manuel Chiappe, director general de la Fundación Barbechando.

Según un mapeo realizado por esa institución, son 25 los legisladores que -entre los que ingresaron y los que quedan- tienen alguna vinculación al sector, ya sea porque son productores, agrónomos o por algún negocio familiar. Pero no sólo será importante su conocimiento del campo sino el equipo de técnicos especializados que logren conformar.

“En las comisiones buscamos un balance de poder pero también conocimiento técnico. Creemos que es importante identificar a los especialistas en cada materia para hacer una buena legislación. Eso puede contribuir a destrabar el potencial que tenemos como sector para generar oportunidades, para desarrollar el federalismo y en definitiva para contribuir al bien común del país”, aseguró Chiappe.

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Esto será crucial si se tienen en cuenta los temas que hasta el momento permanecen pendientes de tratamiento en la agenda legislativa. Según un análisis de la Fundación Barbechando los mismos son:

• Régimen de presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de evaluación de impacto ambiental: establece que será obligatoria la evaluación de impacto ambiental, previo y aplicable a todos los proyectos de obras y actividades, públicas y privadas, que puedan degradar el ambiente, sus componentes o afectar la calidad de vida de la población.
• Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar: propone la creación de un Fondo Fiduciario para facilitar el acceso a créditos para la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas para la Agricultura Familiar. Tendrá una duración de 50 años y estará coordinado por un comité ejecutivo integrado por los ministerios de Interior, Hábitat, Economía, Agricultura y Ganaría, además del ANSES, el INTA y la AABE.
• Suspensión de desalojos de agricultores familiares: propone modificar la Ley de Agricultura Familiar y suspender toda sentencia o acto procesal que tenga como objetivo desalojar a agricultores familiares que se encuentren en condiciones de usucapitar –o adquirir- las tierras rurales que poseen.
• Prórroga a la Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena: busca prorrogar hasta el 2025 la ley 26.160 – de relevamiento territorial de comunidades indígenas-, que suspende los desalojos hasta que se finalice el proceso de relevamiento catastral de las tierras. El mismo recibirá una asignación de 290 millones de pesos al fondo de ejecución de la norma.
• Actualización del valor de los montos de las sanciones de la Ley de Residuos Peligrosos: propone actualizar los montos de las sanciones. Además de la posibilidad de un apercibimiento, se prevén multas de entre 900 Unidades Fijas hasta 900.000; suspensiones en la inscripción en el registro de entre 180 a 3 años, y hasta la cancelación de la inscripción en el registro
• Marco regulatorio para el desarrollo de la industria del Cannabis medicinal y el cáñamo industrial: crea un marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados. Contempla la creación de una Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) para reglar, controlar y emitir las autorizaciones.
• Presupuestos mínimos de Protección ambiental para la gestión integral de los neumáticos fuera de uso: busca reducir los desechos de neumáticos fuera de uso; minimizar su cantidad y promover el compromiso de los consumidores con su gestión, a través de un sistema de trazabilidad que permita conocer stocks, flujos de generación, trayectos y cantidades.

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“Tenemos optimismo de que por el nivel intelectual, la calidad de los legisladores y el balance de poder, se van a desarrollar en el Congreso buenos debates y es imperioso que así suceda. Venimos con una situación de país muy complicada, con una fragmentación social y una complejidad económica muy grande, y creo que es el momento de ponerse los pantalones largos y empezar a mirar por el bien común del país. Depende de nosotros, de las instituciones del sector y de los mismos productores el poner los temas que queremos que se den”, concluyó el director.

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La primera de las iniciativas fue aprobada por 173 votos afirmativos y 23 abstenciones, y estipula el establecimiento de un régimen previsional especial por el cual aquellos trabajadores y contratistas de las viñas podrán “acceder a la jubilación ordinaria con un mínimo de 57 años de edad, sin distinción de sexo, siempre que acrediten 25 años de servicios con aportes”.

La flamante ley estipula además en su Artículo 4 que “la contribución patronal será la que rija en el régimen común –Sistema Integrado Previsional Argentino- incrementada en dos puntos porcentuales (2%), a partir de la vigencia de la misma”.

Durante la sesión en la Cámara se indicó que esta propuesta impactará en un universo de unas 38.000 personas, de los cuales entre el 60% y 65% se encuentran en Mendoza y el resto se distribuyen entre Salta, San Juan y San Luis.

La segunda iniciativa, aprobada por 193 votos afirmativos, introdujo modificaciones dentro Estatuto del Trabajador Contratista de Viñas y Frutales, reglamentado en la Ley 20.589.

El primero de ellos fue en el inciso b del artículo 12, que indica que “en los casos en que la rescisión del contrato de viñas y frutales se produzca sin causa justificada y antes del vencimiento del año agrícola, el contratista debe percibir la indemnización por antigüedad y la parte proporcional del porcentaje, aun cuando no se complete el primer año de trabajo. Ambos conceptos se deben computar teniendo en cuenta el tiempo transcurrido”.

El otro cambio apuntó al Artículo 16, que estipula que la remuneración mínima debe ser distribuida en 12 mensualidades iguales y consecutivas -y no en 10, como figuraba en la actualidad-, debiendo ser reajustadas si la situación económica, general o zonal, así lo precisa.

A continuación agrega: “La remuneración mínima por hectárea por año no puede ser, bajo ninguna circunstancia, menor a la fijada en el período agrícola anterior. Corresponde también al contratista un porcentaje de la producción, que en ningún caso puede ser inferior al quince por ciento (15%) ni superior al diecinueve por ciento (19%) de ésta, deducidos los gastos de cosecha, acarreo y todos aquellos comunes y normales en la comercialización de las uvas y frutas”.

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Fue por ese motivo que la Mesa Ovina Nacional le envió una carta al presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, para recordarle la necesidad que tiene el sector de renovar el Régimen de Recuperación de la Ganadería Ovina, y pedirle que lo incluya en el temario. Extraoficialmente ya se deslizó la posibilidad de que sea convocada una nueva sesión antes de fin de año.

“Este proyecto originado en la Cámara alta cuenta con dos años de intenso trabajo interinstitucional tanto en el ámbito público como privado, alcanzando un amplio consenso entre todos los actores involucrados. Su exclusión en el tratamiento pone en serio riesgo su continuidad y deja al proyecto con riesgo de perder su estado parlamentario”, indicaron en el comunicado.

Recordemos que la ley actual venció en la pasado 5 de abril, y que el proyecto que se encuentra en danzas ya cuenta con media sanción en el Senado, y dictamen favorable de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura y Ganadería. De no sancionarse antes de que finalice el período ordinario, el próximo 30 de noviembre, el proyecto debería incluirse en las sesiones extraordinarias del verano, o bien esperar a que alguien lo retome el año que viene.

Sin embargo la situación del sector es crítica. “Nuestra actividad involucra a más de 120.000 productores distribuidos desde Jujuy a Tierra del Fuego, siendo una actividad principalmente de productores familiares y pymes, quienes generan arraigo, ocupación del territorio y cultura del trabajo en el interior profundo”, señalaron desde la Mesa Ovina.

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Esta situación generó incluso que varios legisladores de la oposición deslizaran que no otorgarán quórum para sesionar a menos que la agenda de trabajo se actualice.

Por ahora, en el temario de la sesión del día de hoy incluye la discusión del Etiquetado Frontal de Alimentos, la modificación del  Estatuto del Trabajador Contratista de Viñas y Frutales y el establecimiento de un régimen previsional de los trabajadores vitivinícolas y contratistas de viñas y frutales.

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A pesar de contar con media sanción en el Senado, y de haberse prometido que sería tratada a la brevedad en la Cámara baja, lo cierto es que no falta mucho para el fin del ejercicio legislativo y el proyecto podría perder estado parlamentario en caso de no ser abordado por los diputados.

El viernes 1° de octubre, el secretario parlamentario Eduardo Cergnul envío una convocatoria para celebrar una sesión especial a pedido de Máximo Kirchner, jefe de la bancada oficialista. La mismo incluyó los siguientes expedientes a ser tratados:

• Ley de Promoción de la Alimentación Saludable: se trata del proyecto del etiquetado frontal de alimentos que también corría riesgo de perder estado parlamentario.
• Ley 20.589, de Estatuto del Trabajador Contratista de Viñas y Frutales. Modificación sobre despido y remuneración mínima.
• Régimen previsional diferencial para los/as trabajadores/as vitícolas comprendidos/as en el convenio colectivo de trabajo 154/91 y a los/as contratistas de viñas y frutales comprendidos/as en la ley 23.154.
• Derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle de la República Argentina.

La no inclusión de la Ley Ovina en este temario llamó la atención de los productores de dicho sector, ya que durante el trabajo en comisiones la iniciativa había sido acompañada en forma general por todos los bloques, e incluso venía con gran apoyo desde el Senado. Es importante recordar que la versión previa de esta ley venció el pasado 5 de abril, lo que supone un estado de gran incertidumbre para el sector.

Ahora bien, ¿qué decía el proyecto? En primer lugar había tenido una modificación en su régimen general, pasando de la recuperación de la ganadería ovina a la promoción del desarrollo integral de la cadena ovina y de llamas. Solo llamas. No otros camélidos.

Por otro lado, se fijó que por el plazo de diez años, el Ejecutivo deberá destinar del Presupuesto un monto de 850 millones de pesos para formar el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO). Esto generó algunos desacuerdos ya que los productores reclamaban un aumento a por lo menos 1.500 millones de pesos.

De ese dinero, un monto no menor al 50% de lo asignado debe financiar de forma obligatoria el Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la Lana (PROLANA) y el Programa de Nacional de Fomento del Consumo de Carne Ovina. De la misma forma se podrá destinar hasta un 20% para acciones de apoyo general a la promoción, consolidación y fomento de la ganadería ovina y de llamas, que se consideren estratégicos.

La nueva Ley Ovina obtuvo dictamen favorable y está a un paso de ser aprobada por la Cámara de Diputados

Uno de los diputados en remarcar la necesidad de tratamiento de este proyecto fue Luis Di Giacomo, miembro de Juntos Somos Río Negro. Vía Twitter el legislador anunció que le había enviado una carta en la que le pedía a Sergio Massa, el presidente de la Cámara, que se retomara el trabajo de Labor Parlamentaria para volver a las funciones en el recinto.

La cámara baja debe funcionar y se deben evitar los posibles oportunismos políticos de cualquier bloque. Hay temas en agenda que esperan ser tratados, como la Ley de Etiquetado Frontal y la Ley Ovina y, por supuesto, es necesario que se trate en comisiones el Presupuesto 2022. pic.twitter.com/22CnpM6UZV

— Luis Di Giacomo (@DiGiacomoLuis) October 1, 2021

Foto: Delsector.com

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Está más que claro que los resultados de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) sorprendieron al gobierno de Alberto Fernández, que esperaba obtener otros números en los distritos históricamente peronistas. Si esto se toma como una encuesta precisa de lo que podría ocurrir en las elecciones generales del 14 de noviembre, la conformación del Congreso cambiará significativamente.

¿Cuál es la situación en la Cámara de Diputados? Juntos por el Cambio puso en juego 60 bancas en comparación a las 51 del Frente de Todos. Los terceros bloques, que funcionan como el auxilio de las otras dos bancadas ya que ninguno tiene quórum propio, solo deberán renovar 16 escaños.

Según los datos arrojados por las PASO, el oficialismo, que durante estos dos años de gestión contó con 119 bancas -José Ignacio de Mendiguren estuvo siempre de licencia y Sergio Massa como presidente no vota a menos que sea para desempatar-, podría quedarse con 117 luego de este primer resultado electoral. Por su parte Juntos por el Cambio, que actualmente tiene 115 bancas, podría sumar dos más e igualar al oficialismo, dando paso a un escenario que planteará nuevas complejidades a la hora de debatir proyectos de ley.

En la Cámara de Senadores las estimaciones tampoco serían muy alentadoras para el oficialismo. El Frente de Todos cuenta actualmente con una mayoría automática, ya que detenta 41 bancas. En esta elección pone en juego 15 de esos lugares, mientras que Juntos por el Cambio arriesga a solo 9 de sus 26 miembros.

Paso a paso, ¿se viene el cachetazo?: Había más de 20 precandidatos vinculados con el agro, pero siguen en carrera menos de la mitad

Los números de ayer dejarían al oficialismo con 35 lugares, dos por debajo del quórum, y a la oposición con 31 senadores, permitiendo un mejor escenario de pelea legislativa.

Pero como en cada elección primaria, es importante tener en claro que las internas dentro de cada partido sirven a fin de cuentas para reordenar las fuerzas de cara a las elecciones generales. Por lo tanto, aún no es conveniente hablar de derrotas o victorias y es importante analizar la conformación de las listas finales que se enfrentarán en noviembre.

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De los más de 20 nombres que mostraron plataformas con alguna iniciativa vinculada a la producción agroindustrial, menos de la mitad han quedado en carrera para el 14 de noviembre, después de este primer filtro electoral. Analicemos los resultados por provincia.

La pregunta más interesante para el agro: ¿Cómo podría quedar la nueva composición del Congreso?

En Entre Ríos la lista de Juntos por el Cambio de Rogelio Frigerio ganó la interna, desplazando a la que incluía a Pedro Galimberti –productor, intendente de Chajarí y ex presidente de la Sociedad Rural de esa localidad-, y a Mariela Gallinger –referente de Federación Agraria en esa provincia-, que iba como suplente. Esto no significa sin embargo que hayan quedado fuera de carrera, ya que en el reordenamiento de las listas pueden llegar a ingresar.

Junto a Frigerio en la lista ganadora está Atilio Benedetti, actual diputado nacional con altas chances de renovar su banca, y Guillermo “Willy” Bernaudo como suplente, ex integrante de la cartera agrícola nacional durante el gobierno de Mauricio Macri. Bernando quedaría de todas formas con bajas chances de ingresar en este ejercicio.

En Córdoba, la lista oficialista de Natalia De la Sota, en la que participaba Sergio Busso, actual ministro de Agricultura y Ganadería de esa provincia, salió segunda, por lo que ambos seguirán en carrera en noviembre. En las internas de Juntos por el Cambio para diputados, Marco Giraudo, productor y ex director de Renatre por Coninagro, perdió. De la misma forma lo hizo la precandidata a Senadora por ese espacio, Paola Campitelli, quien es ingeniera agrónoma y doctora en Ciencias Agropecuarias.

En Santa Fe, los sorpresivos resultados de la interna de Juntos por el Cambio desplazaron a las que contenían a precandidatos agro: Dieter Von Panwitz, productor autoconvocado; Gerardo Colotti, empresario aplicador de Cañada y productor autoconvocado, y Lucila Lehman, de familia agropecuaria.

En el oeste bonaerense, ni la cercanía de las elecciones permitió que se concretara la repavimentación de la malograda Ruta 33

Quien sí se aseguró un lugar en las elecciones de noviembre fue Luis Contigiani -actual diputado nacional, ex Ministro de Producción provincial y referente de FAA- que fue con una lista propia, aunque no llegó a superar los dos puntos.

En La Pampa, Carlos Montoya, veterinario y productor autoconvocado, perdió en la interna de Juntos por el Cambio para el Senado contra Daniel Kroneberger, ex intendente de Colonia Barón. En cuanto a la disputa por diputados, el ingeniero agrónomo Luis Esteban Serradel también quedó afuera.

Hacia el norte del país, Cristian Klingbeil, presidente de APAM (Asociación de Productores de Misiones) e integrante del Instituto de la yerba Mate, obtuvo un resultado positivo como precandidato a diputado luego de que su lista ganara la interna de Juntos y desplazara a Walter Kunz, coordinador de la Secretaría de Agricultura Familiar en esa provincia.

En Chaco, Juan Carlos Polini, productor algodonero e intendente de Coronel Du Graty, salió primero en la lista que encabeza por Juntos por el Cambio.

¿Cómo salieron las elecciones en la capital nacional del ternero?

Por su parte el pequeño productor Tane Da Souza, desde el Partido Felicidad de Salta, obtuvo tres puntos que también le permitirán llegar a las elecciones de noviembre.

Por Mendoza, Carlos Iannizzotto, ex presidente de Coninagro, obtuvo tres puntos y se mete en carrera, al igual de Pablo Cervi, empresario frutícola, en Neuquén, que salió segundo en las elecciones generales de la provincia.

En cambio en Río Negro, el productor frutícola y cooperativista Germán Jalabert perdió su interna de Juntos por el Cambio.

Finalmente en Buenos Aires Diego Santilli se impuso en su bloque, aunque su lista no tiene casi representantes del sector. Sofía de Hagen, licenciada en Relaciones Internacionales y de familia de productores, participa de ella aunque lo hace en el puesto 16, por lo que tiene bajas chances de ingresar a la Cámara de Diputados.

La sorpresa podría llegar de la mano de José Luis Espert, empresario agropecuario de Pergamino y precandidato a diputado nacional por esa provincia, que ayer obtuvo casi cinco puntos y podría aspirar a un lugar a en la cámara de Diputados.

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La iniciativa está acompañada por el diputado Leonardo Grosso, presidente de la Comisión de Ambiente e impulsor del proyecto del Frente de Todos de Humedales.

El objetivo de este plan -que claramente tiene puntos en común con el programa ProHuerta del INTA y el Ministerio de Desarrollo Social- sería “contribuir a la promoción y el fortalecimiento de la soberanía alimentaria a partir del establecimiento de huertas agroecológicas, fomentando la producción familiar, comunitaria y local de alimentos sanos, diversos, nutritivos y culturalmente apropiados”, según indica su primer artículo. A continuación agrega que también se buscará su desarrollo como experiencia con finalidad pedagógica y educativa.

Para eso el Plan se propone difundir información sobre la implementación de estas huertas; desarrollará acciones “que fortalezcan y contribuyan la producción sostenible de alimentos y su circulación comercial o solidaria”; consolidará “el acercamiento de la producción rural y peri-urbana a las formas de habitar en las ciudades y territorios urbanos, contribuyendo a la descentralización”, y recuperará “los saberes ancestrales de la agricultura familiar, campesina e indígena para la producción de alimentos sanos, diversos, nutritivos y culturalmente apropiados”.

Según indica el texto de este proyecto, los productos elaborados en dichas huertas estarán destinados principalmente al consumo de las comunidades que los elaboren. Si existiesen excedentes, los mismos deberán ser donados a hogares de niños, comedores comunitarios, establecimientos para adultos, o articularse con el plan nacional “Argentina contra el Hambre”.

Mirá el proyecto completo acá:

Según el artículo 9, esta iniciativa de huertas agroecológicas “se complementará con lo articulado por el Programa Federal de Huertas Educativas -Ley Nº 25829-, la experiencia acumulada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en su programa ProHuerta, y todas aquellas políticas públicas sinérgicas desarrolladas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Desarrollo Productivo, de Desarrollo Social y de Ciencia, Tecnología e Innovación.”

Las huertas agroecológicas serán diferenciadas entre públicas-comunitarias y aquellas privadas. Ambas contarán con un registro nacional específico para cada una. Las primeras podrán establecerse, por ejemplo, en convenio con universidades públicas, dentro de tierras fiscales del Estado Nacional y en “inmuebles de Organismos Públicos Nacionales y Organismos Descentralizados”, aunque no aclara cuáles.

Para el caso de las segundas, la autoridad de aplicación fomentará “el destino de espacios ociosos bajo dominio o jurisdicción privada para el emplazamiento de huertas agroecológicas que tengan por objetivo la provisión de alimentos y otros productos a la comunidad asociada a dicho actor privado”.

“Debemos garantizar el carácter público y sin fin de lucro de las huertas que no se desarrollen en el ámbito privado, así como la participación de la sociedad civil, los colectivos y personas y sobre todo aquellas personas que han sido pioneras instalando huertas y enseñando a los y las vecinas sobre las técnicas agroecológicas”, se afirma en los fundamentos del proyecto.

Fotos: INTA

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