La entrada La faena de vacunos se redujo 18% en noviembre y eso fue lo que desencadenó la suba de la carne se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>En tanto, respecto de octubre de este año, la caída en la faena vacuna rondó un preocupante 5,7%. Hay que esperar ahora los números finales de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario para confirmar esta tendencia.
Por lo pronto, en base a los movimientos se sabe que la participación de las hembras en la faena el mes pasado fue de 45%, en línea con lo que se viene dando en los últimos meses y con el promedio de este año, que fue de 44,5%. En tanto se produjo una marcada caída en la oferta de novillos y novillitos, cuya presencia se redujo 24%.
La menor oferta de ganado, que según los operadores se mantendrá en niveles reducidos durante los meses del verano, fue la que forzó la fuerte suba del precio de la hacienda y sobre todo de las categorías vinculadas al consumo interno como novillos, novillitos y vaquillonas. Esa suba, a su vez, se hizo notar en los mostradores de supermercados y carnicerías.
El mes pasado, el precio de los novillos promedió los 210 pesos, lo que significa una suba de 10% respecto de octubre. Los novillitos cerraron a 224 pesos por kilo vivo, lo que implica un incremento de 18%. Las vaquillonas tuvieron el mismo incremento, mientras que las vacas mejoraron sus valroes promedio un 7%.
Desde el cierre de noviembre y en el arranque de diciembre se observa un mercado más tranquilo. Los matarifes y frigoríficos están intentando recomponer márgenes e intentando el traslado de esos aumentos al precio en la góndola, un proceso que se ve limitado por el menor poder de compra del consumo y las presiones oficiales.
La suba de la carne que se dio hasta ahora no alcanza para compensar los costos del engorde y el diferencial con los terneros de cría sigue siendo muy amplia. En promedio el ternero macho de 180 kilos se vende en los 300 pesos, aunque los más livianos superan ampliamente ese valor. Así, la brecha con el ganado que va a faena es de 25/30%, lo que hace inviable el encierre y la terminación a corral.
Con respecto a la evolución del mercado, hay diferentes miradas. Pero lo que está claro es que la oferta de hacienda y de carne vacuna no será alta y difícilmente supere los 48/50 kilos por habitante/año en los meses que vienen. Este escenario les da una nueva oportunidad de penetración en el mercado interno a la carne de pollo, pero sobre todo a la de cerdos, que ya han venido ocupando el terreno perdido por la carne vacuna.
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]]>La entrada Los molinos de trigo van por el blanqueo total: “No hay industria sólida y con futuro que trabaje en el oscurantismo”, afirmó el presidente de FAIM se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“Las cifras oficiales lo que dicen es que el mercado es el mismo que antes, pero se demuestra un blanqueo de 700 mil toneladas de trigo a partir de la instalación de caudalímetros determinada por la Dirección de Control Comercial Agropecuario”, indicó Diego Cifarelli, presidente de la Federación de la Industria Molinera (FAIM).
Así se llegó a un total procesado y reconocido de poco más de 6 millones de toneladas de trigo procesado. Pero el directivo de la entidad aclaró que el total a blanquear es de 1 millón de toneladas y eso se alcanzaría cuando se ponga en marcha el remito electrónico que permitirá saber dónde termina la harina. El remito es un instrumento digital que anunció en 2018 la AFIP, pero que nunca se terminó de implementar.
Escuchá la entrevista a Diego Cifarelli:
El referente de la molinería destacó que estos progresos en la lucha contra la informalidad en un sector que tiene una elevada capacidad ociosa fue posible gracias “al trabajo conjunto con el Ministerio de Agricultura, donde se tomó el toro por las astas. La propia industria se impuso este trabajo y desembolsó varios dólares para poner el controlador, cámaras y sensores porque no hay industria sólida y con futuro que trabajen en el oscurantismo”.
El volumen blanqueado no es para nada menor considerando que esas industrias muelen poco más de 6 millones de toneladas de trigo, aunque Cifarelli indicó “es un nivel bajo para la capacidad de instalada en el sector que asciende a 13 millones de toneladas”. O sea el sector opera al 50% de sus posibilidades.
Cifarelli además se refirió a la situación económica de las empresas y al impacto de las políticas del gobierno, que en marzo del año pasado, antes de que arranque la cuarentena, les impuso precios máximos. Luego les autorizó subas muy menores respecto de la inflación general y con relación a los costos de la industria.
El representante de los molineros recordó que el 6 de marzo de 2020 se definieron los precios máximos que tuvieron subas de 4% y 5% cuando el trigo, su materia prima tuvo saltos muchos mayores. Al respecto indicó que en marzo del año pasado costaba 12.000 pesos y ahora 19.000 por tonelada. El aumento fue del 50%.
Respecto de nuevos controles ante esta presión alcista, el titular de la Federación Molinera dijo: “No veo necesaria la intervención en el mercado del trigo, pero hay que estar con los ojos bien abiertos, porque nos enteramos sólo cuando el gobierno interviene exportaciones pero ya hay intervención cuando hay precios máximos en la transformación del trigo en harina”, explicó.
“La solución no es intervenir sino no prestarle atención a la participación de la harina en los farináceos. Tenemos pisada la cabeza y la molinería no sobrevive otro año con precios máximos cuando el 80% del costo es trigo”, advirtió.
Cifarelli dijo que su mensaje al gobierno es: “Dejame libre el mercado porque (la harina) incide en nada en el precio de los alimentos”.
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]]>La entrada Luego de quince días supendida, Díaz&Forti podrá volver a operar gracias a un recurso de amparo se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El magistrado ordenó que tanto el Banco Central (BCRA) como la AFIP y el Ministerio de Agricultura, que había actuado en este caso a través de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (DNNCA), que “levanten todo tipo de restricción” sobre la operatoria de Díaz&Forti, una empresa cerealera que creció geométricamente en sus operaciones este año, a partir de haber tomado el control, mediante un contrato de fazón, de las plantas aceiteras de la malograda Vicentin en San Lorenzo y Ricardone.
La firma había quedado suspendida del Registro de Operadores de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), que administra la DNNCA, luego de que el Banco Central informara a Agricultura que la firma en cuestión adeudaba cumplir con el 97% de sus liquidaciones de divisas fruto de sus exportaciones de exportación de granos y subproductos. Suspendida del Registro, una empresa queda impedida automáticamente para operar. Es lo que el juez subrogante ordenó retroceder ahora.
Pero previamente, el BCRA había recomendado a los bancos que operan en el mercado de cambios pedir autorizaciones especiales a la autoridad monetaria en casos de giros vinculados a dicha empresa. Y a la par, ordenó a la Aduana que “no dar curso a los despachos a plaza” da pedido de esta firma, que forma parte del grupo rosarino Olio.
El principal argumento de la autoridad monetaria para pedir estas sanciones fue que había unos 450 millones de dólares faltantes por operaciones de exportación concretadas por dicha firma, que opera no solo desde la plantas de Vicentin sino también usando la elevación de otros importantes jugadores, como Renova y Cofco.
Justamente por ese tipo de operaciones, previamente Díaz&Forti había sufrido una primera suspensión de parte de las autoridades del Ministerio de Agricultura, luego de una inspección que detectó que unas 60 mil toneladas de soja que le empresa había enviado a esas dos empresas cerealeras, y que habían sido declaradas para “molienda” a pesar de que la firma del Grupo Olio no tenía matrícula como operador industrial, finalmente habrían sido exportadas sin procesar. Esto podría haber implicado una maniobra de elusión de las retenciones adicionales que tributa el poroto por sobre los subproductos.
Aunque desde la compañía cerealera investigada se victimizaron en varios medios y hasta se argumentó con la existencia de un complot o “mano negra” en su contra, para dejar fuera de competencia a Vicentin y beneficiar así a otros grandes operadores del mercado aceitero, en ningún momento Fernando Jurado, su CEO, desmintió las irregularidades. Por el contrario las confirmó. En el caso de las liquidaciones de divisas para el BCRA, se admitió la demora, pero se argumentó que la cifra sería de la mitad de la reclamada por el Central. En el caso de la soja, Díaz&Forti reconoció la falta, aunque habló de un error administrativo generado en las plantas en las que operó.
Ambos temas seguirán bajo investigación oficial a pesar de esta orden judicial tomada en tiempo récord por el juez subrogante Seminara. Díaz&Forti, en su presentación ante la justicia, argumentó que la suspensión del RUCA le había sido aplicada en forma retroactiva, ya que la exigencia del gobierno de condicionar a las empresas exportadoras para que liquiden efectivamente sus divisas ante el BCRA se tomó por resolución de Agricultura recién en los primeros días de diciembre, cuando a al firma se le reclaman deudas asumidas con anterioridad a esa fecha.
La admisión de las faltas, de todos modos, salta a la vista. Hace una semana, Díaz&Forti había emitido un comunicado de prensa contando que esperaba resolver los temas pendientes con el Banco Central en el término de 24 o 48 horas. Pero los días pasaron y nada de eso sucedió. Por eso la vía de amparo como último recurso.
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]]>La entrada Sin “animosidad”: ¿Cuáles fueron las razones del Estado para suspender a Díaz & Forti? se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El tema es ultrasensible porque Díaz & Forti maneja actualmente, mediante contratos de fazón autorizados por el juez Hernán Lorenzini, las operaciones en las dos plantas aceiteras que tiene el malogrado grupo Vicentin cerca de Rosario, donde trabajan cientos de personas. El propio Jurado vinculó ambas situaciones en una entrevista concedida a Bichos de Campo.
Frente a estas acusaciones contra Rossi y la gente de la ex ONCCA, fuentes oficiales salieron a aclarar que las investigaciones sobre las operaciones de Díaz & Forti son previas a esta última semana, ya que la empresa venía de una primera suspensión el 20 de noviembre, y que nada tiene que ver con esta decisión las operaciones realizadas en las plantas de Vicentín, sino que hay sospechas por negocios realizados en otros establecimientos fabriles del Gran Rosario, pertenecientes a Cofco y Renova.
Además se aclaró que este segundo expediente se inició no en el ámbito del Ministerio de Agricultura sino en el Banco Central (BCRA), donde se detectó que Díaz & Forti tiene liquidaciones de divisas pendientes por más de 450 millones de dólares. Recién cuando se recibió esta información, dijeron las fuentes, se procedió a la segundo suspensión, “que puede ser subsanada ni bien ese operador acredite haber corregido las situaciones” denunciadas.
¿Cuáles son esas situaciones?
El viernes 20 de noviembre se produjo una primera intervención oficial sobre la empresa Diaz & Forti. El mercado venía anticipando una situación muy particular sobre su accionar, ya que esa firma corredora ofertaba entre 3 y 5 dólares más por tonelada de soja que el resto de los operadores. Frente a esta situación, los funcionarios de Agricultura actuaron de oficio y comenzaron a verificar los movimientos comerciales de esa firma y de otros operadores granarios vinculados a ella.
Haciendo cruces de información sobre las Declaraciones Juradas que los operadores granarios están obligados a presentar periódicamente ante el Estado (formularios de cartas de porte, formularios C15, C17, C18, etc), surgió que Díaz & Forti realizó operaciones comerciales como “usuario de industria” sin estar habilitado para ello, por un total de 57.691 toneladas de soja en tres plantas procesadoras.
Estas plantas son las de Renova en Timbúes y dos plantas de la empresa china Cofco ubicadas en Puerto General San Martín y Timbúes.
El Estado sospecha que esas casi 58 mil toneladas de soja de Díaz & Forti que ingresaron a su nombre para industrialización y producción de aceite (38.654 toneladas a la planta de Renova y 19.037 a las instalaciones de Cofco), en la práctica fueron exportadas como grano sin procesar. De inmediato se comenzó a actuar frente a “una posible maniobra para eludir el pago de derechos de exportación, por la diferencia de alícuotas entre el poroto de soja (33%) y sus subproductos procesados (30%)”.
Agricultura, en ese momento, procedió a suspender a la operadora. Y requirió información sobre las tres matrículas involucradas en la posible maniobra.
A partir de ese incidente, lo que hicieron los inspectores fue requerir información adicional de otros organismos. Días después la respuesta del Banco Central fue contundente: “Se hace saber que Diaz & Forti incumple en un 97,8% con este organismo, adeudando -a la fecha de la consulta- liquidar 450 millones de dólares”.
Frente a esta situación, la DNCCA actúo nuevamente de oficio y volvió a suspender la matrícula de dicho operador. Se trata de una decisión de manual, que según la versión oficial no esconde “ninguna animosidad especial” contra la empresa Díaz & Forti, como argumentaba su CEO.
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