Sin “retención cambiaria”, el empresario agrícola argentino estaría recibiendo hoy más de 73.000 $/tonelada al vender soja Rosario disponible, mientras que el precio con “retención cambiaria” es de 38.500 $/tonelada. Eso porque mientras que el tipo de cambio oficial, es decir, intervenido por el gobierno nacional, se encuentra en 101,7 $/u$s, el dólar MEP cotiza en 195,0 $/u$s.

Las autoridades monetarias argentinas vienen “pisando” el tipo de cambio oficial con el propósito de que esa acción opere como “ancla” contra el proceso de aceleración inflacionaria.

El importante ingreso de agrodivisas generado por las exportaciones de cereales de invierno, junto con el crecimiento estacional de gastos en pesos realizados por empresas y familias en el presente mes de diciembre, contribuyó a morigerar la suba del valor del dólar MEP.

En el bimestre diciembre 2021/enero 2022 las declaraciones argentinas de embarques de trigo alcanzan la impresionante cifra de 6,48 millones de toneladas, mientras que las de cebada (forrajera + cervecera) suman otros 1,30 millones de toneladas.

Sin embargo, cuando ese fenómeno de corto plazo desaparezca se prevé un ajuste del tipo de cambio, tal como reflejan las cotizaciones de los contratos de dólar futuro en el Matba Rofex.

El denominado “dólar bolsa” o “dólar MEP” se obtiene al comprar un bono argentino en pesos que posteriormente es transformado en otro bono similar en dólares. Se trata de una operación realizada dentro del mercado argentino.

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En ese esquema, mientras que el Banco Central (BCRA) debe vender diariamente reservas de divisas para mantener “planchado” al tipo de cambio oficial –con el propósito de evitar (cada vez con menos efectividad) un efecto inflacionario, por otro lado establece crecientes restricciones para que el sector privado pueda acceder a divisas.

La última “innovación” en la materia ocurrió esta tarde con una disposición del BCRA que establece que “las entidades financieras tendrán que mantener hasta fin de mes la posición global en moneda extranjera en el mismo nivel del promedio mensual de saldos diarios registrado en octubre o el vigente al día de hoy, el que resulte menor”.

En definitiva: los bancos no van a poder aumentar su posicionamiento en divisas, lo que, obviamente, reducirá la demanda de esa moneda. Con eso el gobierno espera enfriar las enormes presiones alcistas que se están registrando en el mercado informal (“dólar blue”), donde está semana los valores negociados superaron los 200 $/u$s.

De todas maneras, los precios de los contratos futuros de dólar del Matba Rofex se están anticipando a una importante eventual devaluación prevista para el mes de diciembre que se profundizaría en el mes de enero de 2022.

Hoy el contrato Dólar Diciembre 2021 cerró en un promedio ponderado de 107,4 $/u$s, mientras que las posiciones Enero y Febrero 2022 terminaron en 114,1 y 119,1 $/u$s respectivamente.

Siguen creciendo las “apuestas” en futuros de dólar que anticipan una gran devaluación para el próximo mes

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Semejante fenómeno se explica porque el gobierno de Alberto Fernández emplea un volumen enorme de dólares para intervenir el mercado cambiario y “financiar” un tipo de cambio oficial artificialmente bajo. “En los últimos 18 días hábiles, el BCRA vendió más de 1000 millones de dólares en el mercado. Para comprar un stock similar tardó el doble de tiempo entre julio y agosto”, explicó el economista Gabriel Rubinstein.

El economista proyectó que considerando los Derechos Especiales de Giro aportados recientemente al Estado argentino por el Fondo Monetario Internacional (equivalentes a 4334 millones de dólares), “las reservas netas líquidas llegan sólo hasta las elecciones (de noviembre próximo)”.

Tal proyección augura un escenario cambiario turbulento a partir del próximo mes de diciembre, es decir, en pleno inicio de la cosecha de trigo y cebada.

Si bien la cosecha de granos finos debería aportar algo de “calma cambiaria”, del otro lado del mostrador se está registrando una expansión de la emisión monetaria gigantesca con fines claramente electoralistas, con lo cual es poco lo que puede llegar a durar el efecto tranquilizador de las divisas provenientes de la campaña fina.

En tal escenario, la gestión comercial del trigo 2021/22 debe irremediablemente estar acompañada de una gestión financiera y monetaria para que las empresas agrícolas no pierdan capital de trabajo el año que viene.

Es conveniente saberlo: buena parte de las toneladas de divisas generadas por el agro se están empleando para “enfriar” al dólar

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La semana que viene se oficializará una resolución que establece que la cantidad de valores negociables vendidos con liquidación en moneda y jurisdicción extranjera no podrá ser superior a 100.000 unidades nominales por semana, de las cuales 50.000 corresponden a títulos de deuda emitidos bajo ley argentina y los restantes 50.000 bajo ley extranjera.

En la actualidad el tope de venta que rige es de 100.000 unidades nominales por semana en bonos con legislación argentina, mientras que no existe restricción alguna para los correspondientes a los emitidos bajo legislación extranjera.

La limitación, aclara la nueva norma por publicarse en el Boletín Oficial, es para clientes con cartera no propia y no incluye a las operaciones realizadas en el mercado de “negociación bilateral (Senebi), el cual comprende operaciones no garantizadas por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA).

Adicionalmente, la iniciativa contempla implementar un “parking” (plazo) de dos días para la adquisición de CCL, de manera tal de desincentivar esas operaciones al introducir un factor de riesgo temporal entre la realización de la operación y la liquidación de la misma.

El dólar CCL permite cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior mediante la compra-venta de títulos de deuda o acciones que cotizan en mercados internacionales. Dado que ahora se estableció un “cepo” sobre la operatoria de títulos públicos, es probable que la misma se concentre mayormente en acciones (ADR).

Vale aclarar que las operaciones con CCL se realizan en el exterior, por lo que no “extraen” divisas del sistema financiero argentino, y son empleados usualmente por empresas importadoras para gestionar compras de bienes y servicios en el exterior cuando no consiguen en el mercado único y libre de cambios argentino la cantidad de divisas solicitadas al tipo de cambio oficial.

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Tiene razón Scoppa. No son tantos los productores que en la Argentina trabajan sus propios campos con maquinaria propia. Y en este punto los contratistas (que son “contratados” para prestar ciertos servicios) se vuelven una pieza clave para la siembra y la cosecha de granos. Es decir que son una pieza clave dentro de la cadena que aporta el grueso de las divisas que obtiene la Argentina con la venta de sus granos. Pero no siempre logran instalar sus problemáticas específicas en la agenda pública.

-¿Qué pasa con ustedes los contratistas en estos tiempos de transición económica tan violenta? Por un lado sube el combustible y muchos otros costos. Y la inestabilidad del tipo de cambio altera todos los precios relativos.

-Tampoco quiero que la gente diga que nos la pasamos quejándonos. Lo que pasa es que somos muy agresivos en inversión y trabajo y hoy por hoy chocamos con problemas de tránsito y de abastecimiento de autopartes, o con el tema de la importación de cubiertas.

Mirá la charla con Jorge Scoppa:

-El ciudadano de a pie lee las noticias y ve que la soja llegó a 500 dólares y que la divisa vale mucho más que antes. Pero los productores no cobran ese valor por la retención del 33%  y además trabajan con el dólar oficial. ¿Cómo quedan los contratistas en esta ecuación?

-Lamentablemente nuestras tarifas son el pesos y cuando hay inflación siempre terminamos perjudicados, simplemente porque cuando terminamos el trabajo nos suelen dar cheques y a veces hasta a 30 o 60 días. Hoy, con la inflación que tenemos y sumando las cuotas de la maquinaria dolarizadas perdemos gran parte de nuestro trabajo.

Scoppa diferenció a los contratistas/productor que siembran en campos de terceros del contratista que solo es prestador de servicios, recordando que este último no cobra en dólares y se mueve en un tipo de cambio constante, lo cual lo lleva a descapitalizarse y a no poder renovar maquinaria.

Como parte de la misma situación, Scoppa advirtió que “cayó de modo notable la inversión en máquinas cosechadoras porque es imposible pagarlas”. La mayoría de ese mercado se nutre de maquinaria importada. “Hay una fábrica nacional de cosechadoras pero hoy no tiene alta producción, mientras que las que vienen principalmente de Brasil cotizan en dólares y entregan poco dado que las concesionarias saben que no van a poder venderlas”, describió.

A su vez Scoppa reclamó por una deficiencia de la oferta crediticia para su sector. “El Banco Nación está muy lento para dar créditos”, graficó.

“Pero vos viste cómo somos los contratistas; nosotros seguimos. Igualmente creo que es el país el que pierde con esto porque para crecer en producción hay que aumentar la tecnología y tenemos que copiarle a los países vecinos. Brasil en los últimos 7 u 8 años duplicó su producción mientras que nosotros seguimos estancados en 140 millones de toneladas que habíamos logrado en 2020, y este año seguro caigamos”, relató con cierto pesimismo.

Su contundencia fue clara. “Nosotros no vivimos de abundancia ni lujos, sólo queremos comprar maquinaria agrícola y poder pagar las cuotas”, manifestó.

Luego expresó, en ese sentido, que “es necesario mantener una línea diferenciada de créditos ya que somos los que invertimos. Con esto no quiero decir que esté mal que al productor le den beneficios, y me parece mal que si este hoy no tiene el 5% de cereal en su poder no le den un crédito. Nosotros no tenemos ese problema, pero por ahí nos dicen que no tenemos carpetas abultadas para obtenerlos”.

Según Scoppa, la diferencia con los productores está en la fuerza de trabajo e inversión. “Nosotros hacemos trabajar a las máquinas y multiplicamos por 3 la cantidad de hectáreas que hacen los productores, de modo que con la misma máquina, subvencionando un crédito, multiplicaríamos por 3 la producción”, remarcó.

“Si a esa misma maquina la compra un productor, este va a trabajar menos y necesitará subvencionar más crédito. Por eso yo le pediría al gobierno que nos dé una línea estable de créditos”, agregó el presidente de Facma.

En medio del conflicto generado en torno a los transportistas autoconvocados (TUDA), que cortaron muchas rutas en protesta por el fuerte aumento de sus costos y en reclamo de que haya una mayor regulación estatal de las tarifas, el referente de los contratistas evaluó que su situación es bastante parecida. “El problema es a la hora de cobrar porque te quedás con pesos, y si hay una gran devaluación perdemos poder adquisitivo”, indicó.

Respecto de la mala señal que dio el gobierno al cerrar temporalmente las exportaciones de maíz, comentó: “Desde nuestro sector le hicimos hincapié a Basterra (el ministro de Agricultura) en aumentar la producción y en hacer crecer el incentivo por sembrar más maíz, dado que es un valor agregado para el transporte, la maquinaria y los alimentos”.

Observó luego que “por el contrario, creo que este año tendremos menos maíz y aunque hay una incidencia climática en esto, no veo un aliciente desde las autoridades políticas para que agrandemos el área sembrada y potenciemos los rindes por hectárea”.

-¿Y qué sucedió con la Dirección de Contratistas que habían prometido crear en el Ministerio de Agricultura, para que ustedes canalizaran sus reclamos específicos?

-Esa dirección fue perdida en el anterior gobierno. Hoy está trabajando Andrés Méndez (un respetado te´cnico del INTA Manfredi) dentro de Agricultura, a cargo de Innovación, Buenas Prácticas y Tecnología Agrícola. Méndez es una persona muy allegada a los contratistas y está haciendo mucha fuerza para que tengamos ese reconocimiento. Lo que pasa es que muchas veces en el ministerio no hay poder de decisión en tema créditos, por ejemplo.

Entre el cúmulo de temas pendientes con el gobierno, Scoppa pidió que se actualice la ley de tránsito de la maquinaria agrícola. La última vez que se hizo fue en 1995, con Felipe Solá como secretario de Agricultura. “Necesitamos adaptar las normativas actuales, como corresponde, para no andar peleando con los puestos camineros, gendarmería y policía comunal”, explicó.

Otra medida que le gustaría que se tome es que puedan tener presencia activa en el Ministerio de Trabajo, donde se negocian los salarios de los trabajadores rurales, incluyendo los que manejan maquinaria agrícola. “Supimos tenerla, y así como la Mesa de Enlace participa, nosotros también queremos ser parte de la mesa de decisiones y propuestas”, expresó Scoppa, molesto porque son solo los ruralistas los que discuten los salarios que luego deben pagar ellos..

“Queremos que el país sepa que el contratista va a trabajar y a apostar, no va a especular. Acá lo malo es la especulación. Nosotros no especulamos. Hay gente que tiene campos alquilados y especula, pero nosotros no entramos en esa. El contratista trabaja, cobra e invierte”, se despidió.

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La medida, dispuesta por la resolución 4710/2021, indica que los valores referenciales se determinan con “carácter precautorio”, de manera tal que los mismos constituyan “un primer control de las declaraciones en resguardo del interés fiscal”.

A partir de esta semana, por ejemplo, el “precio referencial” FOB del cuarto delantero bovino congelado con destino a esos países será de 3000 dólares por tonelada, mientras que el de los recortes de troceo será de 2400 dólares por tonelada y el de la bola de lomo de 4100 dólares por tonelada.

Las dos posiciones arancelarias comprendidas en la medida (0202.30.00 y 0202.20.90) en 2020 sumaron exportaciones con destino a los países asiáticos seleccionados por 456.812 toneladas, que representaron un total de 1.706 millones de dólares (la mayor destinado a China/Hong Kong).

Es casi la mitad de las exportaciones totales de carne que tuvo la Argentina en 2020: unas 911 mil toneladas por 2.500 millones de dólares.

Para evitar subfacturación y maniobras con las divisas, el gobierno estableció valores de referencia para la carne vacuna enviada a China

La metodología implementada por la resolución 4710/20 está orientada a evitar subfacturaciones para reducir el pago de derechos de exportación y eventuales cobros de parte del saldo de la operación en cuentas del exterior con el propósito de evitar la “retención cambiaria”.

El tipo de cambio oficial actualmente se encuentra en 92,0 pesos por dólar ($/u$s), mientras que el Contado con Liquidación (CCL) cotiza a 149,7 $/u$s, lo que representa una brecha cambiaria superior al 60%.

Esto es lo que en el mercado de la carne han dado en llamar el “rulo cambiario”. En el mercado financiero más sofisticado, ese modismo se utiliza para la operación que hace diferencia ente el dólar MEP versus el dólar CCL. Allí la diferencia es leve, pues el primero está en 146.8 pesos y el segundo en 149.7 pesos.

Esa posibilidad incluso fue mencionada en un artículo publicado el pasado 16 de noviembre en un boletín informativo de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), en el cual el analista cárnico Ignacio Iriarte señaló que algunos exportadores “liquidan una parte de los negocios al tipo de cambio oficial y otra a través de los dólares financieros, lo que les mejora el poder de compra y por eso el recorte en la brecha entre el precio de la vaca y del novillo”.

De todas maneras, en los hechos la metodología de “precios referenciales” también puede operar como un mecanismo de intervención de mercado, dado que, aún tratándose de operaciones genuinas, las demoras generadas por la mercadería derivada al “canal rojo” de la Aduana pueden entorpecer el ritmo de colocaciones.

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Así lo determina la resolución 132/20, por medio de la cual se incluyó como requisito adicional obligatorio para permanecer en el RUCA “cumplir con la normativa cambiaria del Banco Central (BCRA), en especial el ingreso y liquidación de divisas en el mercado de cambios, en los plazos y condiciones que establezca la autoridad de aplicación”.

Si bien la resolución comprende a las empresas exportadoras de todos los rubros agroindustriales, parece especialmente destinada al sector frigorífico, dado que las autoridades monetarias sospechan que algunos operadores estarían subfacturando exportaciones para derivar parte de los ingresos a cuentas en el exterior libres del “cepo cambiario” vigente en el mercado argentino.

Esa alternativa incluso fue mencionada en un artículo publicado el pasado 16 de noviembre en un boletín informativo de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra).

“Muchos de esos exportadores (por la industria frigorífica) liquidan una parte de los negocios al tipo de cambio oficial y otra a través de los dólares financieros, lo que les mejora el poder de compra y por eso el recorte en la brecha entre el precio de la vaca y del novillo”, aseguró el artículo de Fifra elaborado en base a una charla ofrecida por el analista de mercados ganaderos y cárnicos Ignacio Iriarte.

Fifra está integrada por la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe (Cafrisa), la Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne con sede en la Provincia de Córdoba (AFIC) y la Cámara de Industrias Cárnicas de la Provincia de Entre Ríos (Cicer).

El tipo de cambio oficial actualmente se encuentra en 86,5 $/u$s, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) cotiza a 148,4 $/u$s, lo que representa una brecha cambiaria superior al 70%.

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En un comunicado de prensa, la Sociedad Rural Argentina, Federación Agrartia, Coninagro y Confederaciones Rurales (CRA) dejaron entrever que las nuevas medidas restrictivas para que la población y las empresas accedan al dólar a un precio razonable afectarán todavía más al agro, que ya se ve castigado por el desdoblamiento cambiario que implica cobrar sus operaciones de exportación al precio del dólar oficial, al que además se les aplican los descuentos por retenciones.

La crudeza de los datos: 1 de cada 5 dólares que exporta el agro va al gobierno por vía de las retenciones

“Insistimos en la necesidad de generar un horizonte de certidumbre para la inversión y la generación de empleo. Por eso una vez más queremos advertir sobre las consecuencias negativas que las nuevas medidas dictadas por el BCRA generaran sobre la producción agropecuaria y la economía argentina en general”, dijeron las entidades nucleadas en la Mesa de Enlace.

Y explicaron: “Las medidas publicadas en el Boletín Oficial crean nuevas limitaciones que terminaran afectando los precios que reciben los productores agropecuarios, producciones regionales y pymes de todo el país, sumando nuevos riesgos a la operatoria, al limitar la posibilidad de poder contar con el financiamiento adecuado que se requieren para concretar las operaciones de comercio exterior, a través de la prefinanciación de exportaciones”.

En principio, la dirigencia rural se declaró alerta ante posibles “aumentos de precios de los principales insumos estratégicos, a causa de los mayores costos asociados con las medidas que impulsa a los importadores a reestructurar las deudas comerciales con sus proveedores, a partir de la restricción en el acceso al dólar oficial para que las empresas puedan pagar sus deudas comerciales”.

Este tema, que las importadoras de insumos agropecuarios puedan acceder a cancelar sus operaciones al dólar oficial, fue tema de discusión hace un par de meses entre las autoridades del BCRA y la Mesa de Enlace. En aquel momento la situación se enderezó bastante. Pero ahora las organizaciones rurales temen que el cerco se cierre también sobre las importadoras de agroquímicos y fertilizantes, encareciendo el costo de estos insumos para el productor.

El Banco Central aclara: “Los insumos para el campo se deben comercializar al valor del dólar oficial”

“La experiencia histórica nos demuestra que, cada vez que existieron restricciones cambiarias a las importaciones, como las que se anunciaron en estos días, los precios de los insumos estratégicos aumentaron en dólares. Impulsándonos a tener que pagar dichos insumos más caros que los productores de otros países, perdiendo competitividad en un momento en el que contexto internacional será notablemente más competitivo y restrictivo”, explicó el bloque agropecuario.

El ruralismo fue terminante en sus opiniones. Afirmó que “las medidas adoptadas por el BCRA, sumadas a las desafortunadas declaraciones públicas de sus funcionarios y las señales emitidas en las últimas horas, lejos de generar un clima favorable a la inversión y la confianza, solo producen más incertidumbre y preocupación a los productores que están iniciando la siembra de la cosecha gruesa con grandes restricciones en el movimiento, muy condicionada por la volatilidad de los mercados y alta incertidumbre en materia climática”.

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Los dólares que se consiguen en esas operaciones legales superaron incluso los 110 pesos. Frente a ese valor, en el otro extremo, al productor la soja que está cosechando y vende el poroto para cancelar sus deudas, se la liquidan con un valor de la moneda norteamericana que toma como referencia la punta compradora del Banco Nación, que rondó los 60 pesos esta semana.

Pero sucede que, si el productor quisiera convertir su soja en dólares, a esos 60 pesos hay que descontarle el 33% de retenciones, por lo que le llamado “dólar soja” ronda en realidad los 40 pesos.

Estro significa que el productor recibe por su soja prácticamente una tercera parte de lo vale el único dólar que se consigue en volúmenes, ya que al precio oficial el dólar solo pueden comprarse los exiguos 200 dólares menduales que se permiten para ahorro.

Ante este panorama, los productores obviamente están impedidos de ahorrar en esa divisa. Por eso están analizando dos opciones. Una tiene que ver con la posibilidad de la compra de insumos para la campaña 2020/21. Se viene la siembra de trigo, un cultivo que requiere de más insumos que la soja. De acuerdo con el informe reciente de la Bolsa de Cereales de Córdoba, la relación trigo/insumos mejoró 18% respecto de la que había a igual época del año pasado. Incluso supera a la mejora que tuvo el maíz y por mucho a la de soja.

Además los precios a cosecha no son malos, hay humedad en el suelo y según algunos cálculos preliminares la ecuación trigo/soja no sería mala para seguir adelante. El trigo, además, le da al productor la posibilidad de financiarse en el verano.

La otra alternativa que analizan los productores es claramente la de retener su soja todo el tiempo que puedan. Esta situación ya está preocupando al gobierno, que necesita justamente que este mercado funcione para que las cerealeras liquiden sus dólares y el Banco Central cuente con oferta suficiente para contener la divisa en el mercado mayorista.

La soja es el producto con menos posibilidad de sufrir intervenciones en su mercado, como las que supo haber en el maíz y el trigo. Los productores que pueden la conservarán a la espera de que en algún momento se blanquee semejante brecha cambiaria y se pueda obtener un mejor ingreso en dólares por su trabajo.

Este comportamiento se registra justo en un contexto de caída de la cosecha de la oleaginosa. Según las estimaciones este año la producción del grano no superaría las 50 millones de toneladas, lo que significa una caída del 10% respecto de la cosecha pasada.

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En el caso de la soja el descuento consecuencia de ambas medidas llega a 50%, respecto del valor internacional o FOB del producto. Suponiendo que la soja que exporta la Argentina se cotiza a un precio de 324 dólares por tonelada (así cerró Chicago el miércoles), y que se le aplica el 30% de retenciones, queda para el productor un precio de 224 dólares. Si a este valor se lo multiplica por un dólar oficial en torno a los 60 pesos, significaría un ingreso al productor de 13.500 pesos, porque recordemos que el productor cobra en pesos y no en la moneda norteamericana a la que cotiza su producto.

Pero a la vez, si a ese valor se lo multiplica por el único dólar que se consigue en el mercado formal, es decir el dólar ahorro, que vale 30% que el que informa el Banco Nación, con el dinero que le estaría entrando a su bolsillo el productor podría comprar nada más que 164 dólares.

Esto significa que por la soja que vendió cobraría la mitad de lo que su grano realmente vale en el mercado internacional. Algo que valía 324 dólares termina cobrándolo a 164 dólares, si quisiera -como casi todos los argentinos- mantener su posición en dólares.

Y eso sin contar otros descuentos propios de la comercialización del producto. Por cierto, además, con ese dinero el productor debería encarar lo que viene, que es la compra de insumos de la próxima campaña por ejemplo, mucho de los cuales están dolarizados. Y a un dólar más cercanos a los 80 pesos.

El efecto del desdoblamiento cambiario se siente también en los demás productos agropecuarios, aunque con menos dramatismo.

Por caso, el novillo de exportación -según estadísticas privadas- cotiza por kilo vivo en 1,45 dólares. Si ese valor se multiplica por 60 pesos y luego se lo divide por el dólar “ahorro”, su precio real no superaría los 1,05 dólares. De este modo, el precio del novillo en Argentina sería 30% inferior al de Brasil y Paraguay, que anda en torno a 1,50 dólares y hasta 55% más barato que el de Uruguay, que cotiza en 2,21 dólares por kilo vivo.

La pregunta que cabe hacer es por qué el desdoblamiento cambiario, que resta tanto ingreso a los productores, no generó en su momento el enojo que está causando el rumor sobre la suba de 3 puntos porcentuales de derechos de exportación al complejo sojero.

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