Pero para entender las verdaderas implicancias de esta situación, este medio consultó a Fernando Luis Esteban, especialista en el sector apícola nacional e internacional y director del medio cordobés Espacio Apícola.

-¿Cómo se inició esta situación?

-Hacia fines del año pasado, los compradores de miel de Estados Unidos le avisaron a las empresas exportadoras argentinas que por lo menos dos asociaciones, la American Honey Producers Association y la Sioux Honey Association, presentaron una solicitud en la que anunciaban que iba a haber una petición por dúmping contra la miel de Argentina, Brasil, India, Vietnam y Ucrania. Esta petición se demoró, al principio no se sabía si la iban a hacer, pero finalmente en marzo se supo que estábamos incluidos.

-¿Es la primera vez que recibimos una denuncia de este estilo?

-No. En el 2000 las dos mismas asociaciones realizaron una denuncia por dúmping contra miel de Argentina y de China. En ese caso se pidió investigar a Conagra –una empresa estadounidense con filial en Argentina en ese momento-, a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y la pequeña empresa Radix. Había además otra denuncia por derechos compensatorios, que en el comercio internacional se entienden como subsidios del Estado a las producciones. Una cosa es el dúmping, que es una acusación a los particulares de que están vendiendo la miel por debajo del costo de producción o del precio justo, y otra cosa la presunción de que vos estás vendiendo más barato porque tenés además un subsidio del Estado a tu producción.

-¿Cuál fue el resultado de esa primera denuncia en el año 2000?

-Conagra no aceptó participar de la investigación, y al no colaborar con el Departamento de Comercio de Estados Unidos, este le puso un arancel más alto, además de un punitorio. Fue del 60.67%, cifra que lo sacó del mercado definitivamente. ACA recibió un 38.71% y Radix un 32,56%.

-¿Qué significan esos porcentajes?

-La solicitud que presentan los americanos es para que la miel que las empresas exportadoras le venden a Estados Unidos, a precios supuestamente bajos, al ingresar deba pagarle al Estado un porcentaje punitorio sobre el precio de la mercadería. Es decir, si por ejemplo pusiste mil dólares en un puerto norteamericano y tenés un gravamen del 60%, hay que pagar 600 dólares por cada mil que exportás. Tu cliente, que te compraba por mil dólares, va a tener que desembolsar 1600 por ese arancel, que funciona como impuesto aduanero.

-¿Y esos gravámenes como adquieren su carácter de punitorios? ¿Provocan que la demanda se ralentice?  

–Sí, funciona como punitorio comercial e indudablemente ralentizan la demanda. Lo que provoca es que el precio baje para el productor del país proveedor. Si el mercado de la miel está rondando por ejemplo los 1200 dólares, y hay además un arancel del 60%, el proveedor va a intentar conseguir la miel a 800 dólares –es decir un precio más bajo- para estar alrededor de los 1200 o 1300 dólares la tonelada con el arancel puesto. En definitiva el eje de la demanda, tanto en el año 2000 como en la actualizad, es que al importarse miel barata de otros destinos ellos pierden competitividad y tienen que empezar a vender más barato.

-La colocación de punitorios implica entonces que encontraron evidencia de dúmping.

-Implica que encontraron justificativos, las evidencias son muy complejas. Ellos lo consideran evidencia pero hay una realidad que es que las economías de los países son sinceramente muy diferentes. Lo que en términos absolutos o puritanos sería la expresión evidencia, en términos de ciencia es una cosa y en términos sociales es otra. Todo depende del punto de análisis.

-Entonces, ¿qué hace que ACA, por ejemplo, haya tenido que pagar más en su momento que Radix? ¿Y qué hace a su vez que ambas pagaran menos que Conagra?

-Es en función de la documentación que presentaron. En la investigación tenés que presentar tu análisis de costo y el análisis de costo de los proveedores internos, entre otras cosas. Ni ACA ni Radix eran productores, sino exportadores que le compraban miel a productores o a acopiadores. La inmensa mayoría de los productores primarios no tiene ningún documento para presentar su análisis de costos de producción. Tenés mucho productor anotado como monotributista. En cuanto tienen que responder cuál es su costo de producción, no tienen una sola factura o libro contable de donde sacar la información.

-¿Cómo se lleva adelante una investigación por dúmping?

-Primero hay una solicitud presentada por los demandantes. Esa es analizada por dos instituciones en Estados Unidos: el Departamento de Comercio, equivalente a lo que nosotros conocemos como el Departamento de Comercio Interior, y la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (ITC), que es la comisión equivalente al rol que cumple nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, Culto y Comercio Internacional. Primero el Departamento de Comercio analiza si la solicitud es razonable, si hay motivos suficientes para investigar y si se ha producido un daño a la industria nacional. Luego de eso, se expide la Comisión de Comercio Internacional.

A continuación Esteban agregó: “Si deciden iniciar la investigación, el Departamento de Comercio elige estudiar a un grupo de empresas determinado del país”.

-¿Quiénes son los actuales demandados?

-Es toda la industria argentina, todos los exportadores son demandados y la sanción es contra todos, no sólo contra los investigados. Esto siempre es así. Pero como el Departamento de Comercio no puede investigar a todas las empresas exportadoras, porque hay hasta cooperativas que exportan menos de diez contenedores de miel al año, elige a algunas para investigar. En esta nueva denuncia se eligió otra vez a ACA y a Industrial Haedo, sin embargo esta última renunció a la investigación.

-¿Uno está en su derecho de renunciar a que lo investiguen?

-Claro, pero te tenés que atener a las consecuencias. La investigación cuesta mucha plata. Hoy tenés que poner una oficina de abogados en Washington a trabajar para que te haga la defensa. Ese chiste te puede costar entre 300.000 y 500.000 dólares. Para entender lo que el Departamento de Comercio te pregunta y responder en los términos apropiados de la legislación norteamericana, tenés que ser un abogado norteamericano.  La terminología que se maneja en los documentos está fundada en apartados y artículos de esa ley.

-¿Bajo qué criterio el Departamento de Comercio elige en esta oportunidad a ACA e Industrial Haedo?

-Son las que más volúmenes de miel han estado exportando a Estados Unidos en un período de investigación que ellos deciden, en este caso va desde abril de 2020 al 31 de marzo de 2021. Cuando Industrial Haedo notificó que no iba a responder porque no le daban los recursos, eligieron a Compañía Inversora Platense (CIPSA) que también se bajó por problemas económicos.  Finalmente se aceptó a NEXCO, una empresa con un poco más de 20 años en el mercado de la miel, que se ofreció como voluntaria.

-Entonces ahora se está investigando a ACA y a Nexco. 

-Correcto. Inició el 11 de mayo pasado. La investigación supone un cronograma, no podes vivir eternamente investigado. Se trabaja hasta llegar a una decisión preliminar del Departamento de Comercio. El período es de 140 días después de la decisión de iniciar la investigación, que se puede extender por 50 días más. Después hay una determinación final que vuelve a ser evaluada por la Comisión de Comercio Internacional.

-¿Cuándo estaría la determinación en este caso?

-La teníamos prevista para el 28 de septiembre pero se aplazó porque los peticionantes arguyeron varias cosas. Primero que las respuestas que estaban dando las empresas investigadas de los distintos países no eran suficientes, por lo que se enviarían nuevos cuestionarios para recabar más información. El segundo punto es que el Departamento de Comercio todavía no se había expedido sobre cuál sería la metodología para analizar los costos de producción.

-Cuando se tome una determinación, ¿el resto de las empresas no investigadas también deberán pagar?

-Sí. Las empresas investigadas presentan toda su documentación y responden a un cuestionario. Se analiza cada libro contable, sus ingresos y egresos. El Departamento de Comercio llega en algún momento a alguna determinación y dice cuánto deberán pagar esas dos empresas. Le darán una cifra a ACA y otra a Nexco. El promedio de esos punitorios es lo que se le cobrará luego a cualquier empresa argentina que quiera exportar a Estados Unidos.

-En tanto dure esta investigación, ¿qué está pasando con las empresas que exportan?

-Siguen exportando, se están cumpliendo los contratos. En principio, cuando salió la decisión de investigación, pidieron que les mandemos toda la miel pactada en los contratos antes de julio para que, cuando salga la determinación preliminar, en caso de alguna sanción retroactiva no haya problema. Pero con la extensión de los plazos los importadores pidieron que mandemos miel hasta mediados de octubre.

-¿En ningún momento se congelaron los precios?

-No porque no hay ningún argumento legal. Hoy estamos bajo investigación pero los precios se siguen moviendo. Aparte hay otros factores que inciden. Los precios locales se han mantenido bajos pero no es que haya una decisión de Estados Unidos de que eso sea así. Nosotros dejamos de aumentar los precios porque no sabemos cómo sigue esto.

-¿Puede pasar que sancionen a un país y no a otro?

-Sí, claro. Las presunciones son distintas para cada país. La petición de sanciones contra Argentina, inicialmente propuesta por los demandantes, iba de un 16% a un 22%, mientras que a Brasil le pedían un 114%. A India le pedían desde un 34% a un 99%, a Ucrania le pedían de un 10% a 94% y a Vietnam le pedían un poco más de 207%. En nuestro caso, la Comisión de Comercio Internacional determinó un presunto daño que va de un 9.75% a un 49.44%, por eso la incertidumbre es enorme. No es lo mismo estar cerca del 9% que del 50%. Y la incertidumbre es la que ralentiza el mercado.

-Si sale la sanción, ¿hasta cuándo se paga?

-Una vez que sale la determinación final de la Comisión de Comercio Internacional todos tienen que empezar a pagar, pero también comienzan las alegaciones. Las empresas tienen el derecho de presentar reclamos para ser exceptuados de esos aranceles o bien pagar menos. Allí se hace una investigación, se pide nueva información, y en general los gravámenes se reducen al poco tiempo. Así ocurrió en 2001, aunque no con Conagra que decidió no colaborar en la investigación. Las empresas que no presenten ningún tipo de defensa o reclamo tendrán que seguir pagando.

Y agregó: “Aún así el Departamento de Comercio hace una revisión cada tanto. En Estados Unidos las empresas del sector industrial necesitan seguir importando, y están interesadas en sacar esa restricción porque es la única forma de comprar miel a un precio más accesible. Ellos consumen más de 250.000 toneladas anuales  de miel y los productores locales apenas producen 70.000 toneladas por año. Está muy debilitado el sector y necesitan comprar miel, sobre todo los industriales que la usan como insumo. Aún cuando el Departamento de Comercio decida a favor de los demandantes, hay empresas que pueden salir en defensa de su proveedor y eso seguro genere la reducción o eliminación de los aranceles”.

-En su opinión, ¿estamos frente a un peligro real?

-Todos tenemos que estar atentos. Ya estamos en una investigación que viene complicada, porque hay productores aquí que se negaron a responder –Industrial Haedo y CIPSA- y eso no cae bien. Después hay todo un problema inflacionario en Argentina que es otro de los factores que dificultan el análisis de costos, porque los estadounidenses no tienen esos procesos que tenemos nosotros y no entienden cómo uno compra la miel a un precio y luego la vende a otro.

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¿Qué es el dúmping? Se trata de una maniobra de competencia desleal, que implica la introducción de un producto a un país con un valor muy por debajo del normal, por debajo incluso de sus costos de producción.

Los apicultores estadounidenses nucleados en entidades como la American Honey Producers Association y la Sioux Honey Association, sostienen que entre 2018 y 2020 fueron perjudicados por las ventas de miel importada a precios mucho más bajos de los que se conseguían localmente. Por esa razón presentaron una petición al Departamento de Comercio (DOC) y la Comisión Internacional de Comercio para solicitar sanciones por dumping a la miel a granel importada desde países como Brasil, India, Ucrania, Vietnam y Argentina.

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El plazo para tomar una decisión vencía el próximo 28 de septiembre, pero recientemente el DOC determinó posponer la determinación aludiendo que había “respuestas inicialmente insuficientes” por parte de las empresas investigadas. Los denunciantes señalaron además que el DOC no acordó aún la metodología a implementar para analizar el costo de la producción de la miel argentina.

De esta forma se extendió hasta el 17 de noviembre de este año la fecha para conocer el veredicto, 190 días más tarde de la fecha de inicio de la investigación.

La situación llama por demás la atención teniendo en cuenta que Estados Unidos atraviesa por un extenso período de sequía que dificultará la cosecha. Eso debería hacer subir los precios de este producto, pero sin embargo están planchados.

¿Qué impacto tiene en Argentina esto? En primera instancia la exportación pareciera no detenerse y se extendió el plazo de despacho de miel hasta octubre. Sin embargo será bajo las condiciones previas a la demanda, lo que implica que el preció quedará congelado. Esta es una pésima señal para los rpoductores argentinos, que coincide con la llegada de la primavera.

Por otro lado, hay gran incertidumbre sobre las posibles sanciones sugeridas por el Centro de Comercio Internacional (ITC), que van desde un gravamen del 9% a uno del 40%. Esto ha generado tensión entre los apicultores, que esperan que la entidad se expida antes de la fecha fijada.

La entrada Estados Unidos investiga la miel argentina por presunto dúmping: La situación provoca cortocircuitos en torno al precio para los apicultores locales se publicó primero en Bichos de Campo.

En Argentina se consumen alrededor de 6.000 toneladas de miel por año. El 80% de la producción restante –unas 70.000 toneladas aproximadamente- es exportado, lo que ubica a nuestro país como el segundo exportador a nivel mundial por detrás de China.

¿A dónde exportamos? Principalmente a Estados Unidos que es quién más miel en forma directa adquiere. En segundo lugar queda la Comunidad Europea –siendo los principales compradores Alemania, Italia, Francia, España- y en tercer lugar Japón. Ese último es el que más calidad exige.

Según datos del Ministerio de Agricultura, nuestro país cuenta con más de 15.000 productoras y productores registrados en Registro Nacional de Productores Apícolas (RENAPA) y más de 3,5 millones de colmenas, generando unos 100.000 puestos de trabajo de manera directa e indirecta.

En los últimos años Argentina ha realizado una gran tecnificación en el sector apícola, sobre todo de la mano de la informática, y ha logrado implementar el Sistema Integral de Trazabilidad Apícola (SITA) en prácticamente toda la cadena.

“Uno como consumidor puede seguir el tambor de miel. Hoy cada tambor de miel tiene una oblea con un código de barras, eso se escanea y automáticamente dice quien fue el apicultor que lo lleno, de que apiario, en que sala de extracción se saco, si hubo intermediarios, quien fabrico el tambor, quien fue la firma exportadora”, explicó a Bichos de Campo Lucas Martínez, presidente de la Sociedad Argentina de Apicultores (SADA)

Martínez indicó que esto surgió de la mano de una pérdida de confiabilidad a nivel internacional que ocurrió en 2020, a causa de problemas con mieles adulteradas. “La miel mezclada con jarabe de arroz en determinada proporción de difícil de distinguir. Eso hizo que Argentina perdiera muchos mercados”, señaló el presidente.

Eso generó incluso que algunas asociaciones apícolas en Estados Unidos, como la American Honey Producers Association y la Sioux Honey Association, presentaran una petición al Departamento de Comercio y la Comisión Internacional de Comercio para solicitar sanciones por dumping a la miel a granel importada desde Brasil, India, Ucrania, Vietnam y Argentina.

Los apicultores estadounidenses sostienen que entre 2018 y 2020 fueron perjudicados por las ventas de miel importada a precios mucho más bajos de los que se conseguían localmente.

“Argentina hizo un trabajo muy profundo junto a representantes de la Federación Mundial y logramos muy de a poco comprar aparatos para aduana, para hacer resonancias magnéticas nucleares y captar estas modificaciones. Eso hizo que muchos importadores de miel barata falsificada dejaran de hacerlo”, indicó Martínez.

Sin embargo el problema aún no se solucionó ya que el gobierno de Estados Unidos aún no ha tomado una decisión.

“Argentina en realidad estuvo atada a vender a bajo precio, nunca debajo del costo, por la adulteración, no por idea propia. Por suerte, a través de la Cámara de Exportaciones de la República Argentina, se reunieron todos los exportadores de miel y Cancillería y el Ministerio de Agricultura empezaron a trabajar en conjunto para hacer una defensa de país frente a esta cuestión legal de dumping”, agregó el presidente de SADA.

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Fuentes de la Cancillería dijeron a la agencia Télam que “no se provee subvención alguna” a esta industria y que el país se “reserva el derecho recurrir al sistema de solución de diferencia de la OMC” en reclamo por esta decisión. En algún momento lo hizo frente a una decisión similar de la Unión Europea, con relativo éxito.

“La Argentina lamenta profundamente la contradicción en la que ha incurrido el Departamento de Comercio de los Estados Unidos y se reserva el derecho recurrir al sistema de solución de diferencia de la OMC a fin de defender los derechos de sus exportadores”, dijeron las fuentes.

En enero de 2018, tras la presión ejercida por la cámara estadounidense de la industria de biodiesel (National BIodiesel Board NBB), el Departamento de Comercio decidió imponer aranceles a la importación de biodiésel argentino por supuesto dumping y subsidios a la producción por parte del Estado argentino, que varían entre el 132% y el 157%.

En ese momento, la dependencia estadounidense dijo que decisión se debía a que el esquema de derechos de exportación argentino beneficiaba la producción de biodiésel, ya que la materia prima (aceite de soja) para la elaboración del biocombustible era alcanzada por retenciones, pero el biodiésel no. Esto es, los productores argentinos (que son las grandes empresa aceiteras) adquirían la materia prima más barata que el resto.

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Tiempo después, el gobierno de Mauricio Macri decidió que el biocombustible comenzara a tributar retenciones del 15%, lo que llevó a la industria argentina a realizar una presentación a la dependencia estadounidense para que inicie una investigación para rever la decisión al aducir un “cambio de circunstancias”.

Dicha petición fue aceptada y en julio de 2019, el Departamento de Comercio emitió una decisión preliminar que prácticamente habría eliminado las tasas de derechos compensatorios, al tiempo que mantenía las tasas de antidumping, decisión que quedó sin efecto el 7 de mayo, cuando decidió que los aranceles vuelvan a los niveles originales tras la sanción.

A partir de esto, fuentes de Cancillería explicaron que “el Gobierno argentino fue absolutamente claro durante los procedimientos de revisión en subrayar que los últimos cambios adoptados resultaban irrelevantes para los procedimientos de revisión, por cuanto el diferencial entre los derechos aplicados al poroto y aceite de soja, por un lado, y el derecho aplicado al biodiesel, por otro, permanece inalterado en 3% desde septiembre de 2018”.

También remarcaron que “resulta muy claro que los derechos de exportación, lejos de constituir un instrumento deseado, han sido y son una herramienta fiscal ineludible en momentos de emergencia económica como el presente” y que “Argentina a diferencia de muchos países desarrollados, no provee subvención alguna a la industria del biodiesel”.

Por último, las autoridades aseguraron que “continuaremos trabajando en conjunto con Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) en instancias de apelación y en la apertura de nuevos mercados”.

Esa entidad, por su lado, emitió un comunicado en el que también rechazó la decisión de Washington en el proceso administrativo solicitado por la  Argentina. Pero además recordó que por este tema “existe adicionalmente un caso abierto en la Corte de Comercio Internacional en Nueva York donde las empresas exportadoras de biodiésel cuestionan la investigación de dumping”.

“De tal manera, ambos derechos compensatorio y de antidumping seguirán siendo evaluados en los procesos judiciales y administrativos correspondientes en Estados Unidos”, confiaron los productores argentinos de biodiésel, que en cierto momento tuvieron a Estados Unidos como su gran mercado, con envíos por más de 1.000 millones de dólares anuales.

Desde el cierre del mercado americano, las grandes fábricas aceiteras que muelen soja y han invertido para convertior el aceite en biodiésel, comenzaron a virar hacia Europa, donde se aliviaron los aranceles. En ese sentido, Carbio destacó que “en un caso semejante con la Unión Europea, hace pocos años, hubo un reconocimiento legal que no existen subsidios a las exportaciones de biodiésel de la Argentina”.

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El trabajo de Julio Calzada, Claudio Molina y Franco Ramseyer afirma que la producción argentina de biodiesel totalizó 2.428.997 toneladas el año pasado y resultó ser un 15,4% menos que en 2017. Con este desempeño terminó siendo “la segunda producción más baja desde el año 2014”. Pero el escenario lejos estuvo de ser dramático como se preanunciaba.

Hubo retracción de ventas tanto al mercado interno como a la epxortación. Dentro de la Argentina se colocaron 1.099.892 toneladas, un 6,3% menos que en 2017 “pero todavía el segundo guarismo más alto en la historia de nuestro país”.

Por el lado de las exportaciones la caída fue similar a la de la producción, con 1.401.317 toneladas. El volumen exportado en 2018 fue un 15,1% inferior al del año previo, y también el segundo registro más bajo de los últimos cinco años.

El trabajo de la BCR, entonces, muestra cómo contrastan una gran estabilidad en el mercado doméstico, (en el marco de políticas que establecen el corte del 10% de gasoil con biodiésel) y lo que sucede en el mucho más volátil mercado exterior, donde la Argentina ha venido sufriendo una serie de sanciones de los diferentes países compradores del biocombustibles elaborado a partir del aceite de soja.

En cuanto a los destinos de las exportaciones de biodiesel, del análisis de los datos proporcionados por la Secretaría de Energía se desprende que de las 1,4 millones de toneladas enviadas al exterior en el año 2018, el 54,2% habría sido adquirido por los Países Bajos, la principal puerta de entrada al continente europeo. La Unión Europea (UE) apareció milagrosamente en el escenario de los fabricantes luego de firmar un acuerdo con la Argentina. Esto sucedió a principios de 2018, justo cuando Estados Unidos concretaba el cierre del comercio por las denuncias de dumping contra las fábricas argentinas.

Luego de Holanda, el siguiente comprador del biodiésel argentino en 2018 fue la República de Malta, a donde habrían ido el 31,2% de los despachos. “De acuerdo a fuente no oficiales, sería un destino transitorio de la mercadería que se dirige a África, para atender demanda voluntaria de biodiesel en dicho continente, que opera cuando el precio relativo de este biocombustible es más bajo que el del gasoil mineral”, explicó el trabajo.

Luego se ubicaron Bélgica y Canadá, que acapararon el 6,4 y 6,1% de las exportaciones argentinas de biodiesel, respectivamente. El restante 1,9% de las exportaciones se distribuye principalmente entre Perú y Holanda, aunque también hubo una participación marginal de Taiwán y Suecia.

“Cabe mencionar que entre los años 2015 y 2017 el principal destino de las exportaciones argentinas era, por lejos, Estados Unidos, que en 2016 alcanzó a absorber el 90,6% de nuestros embarques de biodiesel. Posteriormente dicho país dispuso el cierre de sus importaciones desde Argentina vía aumentos de aranceles”, recordó el trabajo de la BCR.

Con el cambio del mix de mercados, el tonelaje exportado significó un ingreso de divisas de 978 millones de dólares en 2018, un 20% menos que el monto logrado en 2017, que había sido de 1.224 millones. “Algunas fuentes de la industria, de manera extraoficial, estiman que las exportaciones argentinas de biodiésel podrían volver a caer en el 2019”, apuntaron los autores.

El informe agrega otros detalles importantes sobre este negocio. “Si se toma como referencia el producto total del año 2018, que habría sido de 2,4 millones de toneladas, se observa que la provincia de Santa Fe concentra un 72,2% del mismo, seguida por Buenos Aires (17,6%), La Pampa (4,0%), Entre Ríos (2,4%), San Luis (1,9%) y Santiago del Estero (1,9%)”.

“En tanto, prácticamente la totalidad de las exportaciones de Argentina corresponden a biodiésel producido en la provincia de Santa Fe, por encontrarse allí las plantas de mayor tamaño. El resto de las provincias destinan casi toda su producción al mercado interno, mientras que Santa Fe en 2018 sólo volcó al mercado doméstico el 24% del biodiésel elaborado en sus fábricas, quedando el resto como saldo exportable”.

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Este es el resumen que realizó en Bichos de Campo Gustavo Idígoras, ex agregado agrícola ante la Unión Europea (UE) y asesor de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) sobre un año intenso para la industria local del biodiésel.

Escuchá el reportaje completo a Gustavo Idígoras:

Ante la novedad de que a fin de año Estados Unidos oficializó el arancel del 72,3% para el biodiesel argentino, Idígoras evaluó que esa medida impactará en la capacidad ociosa de la industria.

En ese sentido, recordó que “Argentina tiene una capacidad instalada de 4,5 millones de toneladas, en un radio de instalación de 35 kilómetros en los puertos de Rosario, lo que equivale a la producción total de todo el territorio norteamericano. Eso que convierte al país en el principal complejo del mundo agroindustria es una vez más castigado por medidas para arancelarias”, se quejó.

Idígoras proyectó ahora un 2018 complejo. “El único mercado que nos queda es el europeo, y se trata de un mercado que tiene precios más bajos que Estados Unidos, y que además anunció la posibilidad de abrir investigaciones en contra de la Argentina por el tema de los subsidios. Por lo tanto la exportación puede sufrir consecuencias dramáticas, lo que implica que las grandes fábricas que operan en la costa del Paraná puedan entrar en una situación de crisis”, advirtió.

Según sus pronósticos, “durante el primer semestre del año no se prevé que llegue la crisis, pero es un año para estar atentos por los escenarios adversos que se puedan abrir para Argentina”, reflexionó el ex agregado agrícola ante la UE.

En otro orden, sobre la reciente suba del 8% en los derechos de exportación que se implementó desde el 1 de enero, Idígoras fue lapidario. “Fue una sorpresa para la industria del biodiesel, y tiene la finalidad de ingreso fiscal de parte del Gobierno para reducir así su déficit. Este producto tiene una alta competitividad y por ende tratarán de sacarle todo el provecho a eso”.

Y evaluó: “Si esta fuera la única medida que existiera, probablemente pueda ser absorbida en los costos de producción. El problema es que vender a Europa ya tiene una protección arancelaria importante del 6,5% de derechos de importación, más un 7% promedio de derecho antidumping residual que quedó, con lo cual, si le sumamos el 8% de suba reciente de derechos de exportación nos da un 22%, que es exactamente el mismo nivel de derecho antidumping que tenía Europa cuando cerró el mercado en 2013”.

“Lo curioso de esto es que el gobierno argentino termina defendiendo la industria europea. A veces las expectativas de ingresos fiscales son ensayos teóricos más que herramientas concretas de mejora fiscal. Hoy el beneficio directo es que el productor europeo, a partir del 1° de enero, vio mejorar su precio interno gracias al derecho de exportación de la Argentina. Por ende terminamos haciendo una transferencia de renta al productor europeo, más que un ingreso fiscal para nosotros”, evaluó Idígoras.

“Recordemos que nuestro reconocimiento internacional es ser el principal proveedor mundial de harinas proteicas, mientras que en todos los otros productos como el aceite somos excedentarios, lo que hace depreciar los precios afuera y por ende, también el de la soja en Argentina. El hecho de transformar el aceite en biodiesel ha sido la alternativa de industrialización, y nos permitió convertirnos en el primer exportador mundial de glicerina para industria química. Tenemos un futuro para seguir creciendo en nuevos subproductos, hasta llegar a los detergentes elaborados en base a soja. Para esto, es clave que el Gobierno también entienda este camino de industrialización del complejo sojero que tiene la Argentina”, explicó el asesor de Carbio.

La entrada Gustavo Idígoras: “Con la retención al biodiésel terminamos defendiendo a la industria europea” se publicó primero en Bichos de Campo.

Con la firma de varios ministros para secundarlo, el presidente Mauricio Macri dictó el Decreto 1025/2017, que elimina el sistema de retenciones móviles para el biodiésel vigente desde 2012 y establece un derecho de exportación fijo para ese biocombustible del 8%. De este modo, el enorme diferencial que existía entre ese producto y su principal insumo, el aceite de soja, se redujo automáticamente desde los 27 puntos porcentuales a 19 puntos.

Esa brecha, además, debería comenzar a reducirse a partir del 1° de enero de 2018, fecha en que entran en vigencia no solo este decreto sino además el cronograma de reducción de las retenciones a la soja y sus derivados, que bajarán a razón de medio punto porcentual por mes.

De algún modo, esta decisión constituye una aceptación por parte del gobierno argentino de que existía hasta ahora un régimen muy ventajoso para las grandes fábricas de biodiésel. Ese subsidios encubierto en diferenciales impositivos mayúsculos (en los años ’90 la industria aceitera se pudo desarrollar con un diferencial de solo 3,5%), fueron la causa de las acusaciones por dúmping contra el país, que dejaron afuera al biodiésel del mercado de los Estados Unidos, en un conflicto altisonante con la administración Trump.

“Se hace necesaria una armonización entre los derechos de exportación del biodiésel y el de su principal materia prima, el aceite de soja, para alcanzar una convergencia entre los mismos”, reconoce el nuevo decreto de Macri en sus considerandos.

Luego define varias cosas:

• Derógase el Decreto 1719 de fecha 19 de septiembre de 2012, en tiempos de Axel Kicillof, que era el que dispuso un régimen de retenciones móviles para el biodiésel que las había levado últimamente a ser de casi 0%.
• Fija en 8% la alícuota del Derecho de Exportación aplicable a las mercaderías comprendidas en la posición arancelaria 3826.00.00. Es decil, al biodiésel.
• También dispone cambios en la forma de calcular el precio del biodiesel destinado al mercado interno, para el corte obligatorio del gasoil. En este caso, ratifica la potestad del ministro de Energía, Juaj José Aranguren, para determinar cuál será ese valor, en reemplazo de una comisión multipartita que en la práctica poco funcionó.

Por otro lado, informa el sitio Biodiesel.com que las autoridades argentinas habrían decidido no apelar ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) por las barreras arancelarias que impuso el gobierno de los Estados Unidos contra el biocombustible, y que superan largamente el 70%.

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A pesar de lo discutido que está el asunto del diferencial de retenciones que beneficia a los productores argentinos de biodiésel, y que le ha valido al país ser sancionado por Estados Undios y la Unión Europea, el presidente Mauricio Macri se ha transformado en el mejor lobista de la industria aceitera. Este miércoles Macri habló con su par estaounidense Donald Trump, reclamándole una revisión de los altos aranceles antidúmping impuestos sobre el biocombustible argentino.

Según cuenta el diario Clarín y otros matutinos porteños, el contacto telefónico entre Macri y Trump había sido pedido por la Casa Rosada hace quince días. “El jefe de Estado argentino reclamó a su par estadounidense la reapertura del ingreso de biodiésel a Estados Unidos” y también pidió por la espinosa e inexplicable situación de la carne vacuna.

Nuestro colega Fernando Bertello escribe sobre la cuestión de la carne en La Nación. Cuenta que, con el argumento del encándalo judicial sobre una posible adulteracón de carne en Brasil, Washington realizó nuevas exigencias a la Argentina, que demoran la apertura mucho más de lo esperado.

Pero, según el relato de fuentes oficiales, el énfasis de Macri estuvo puesto en la controversia en torno al biodiésel, ya que Estados Unidos aplicó un arancel promedio de 57%, que dejó fuera de carrera al producto argentino en el que hasta hace pocas semanas era su principal mercado.

De todos modos, una conveniente apertura de la Unión Europea, que redujo a la mitad sus aranceles antidúmping por orden de la Organización Mundial de Comercio (OMC), permitió que la Argentina reanudara sus exportaciones hacia ese destino, que se había cerrado en 2013. Lo cuenta también Bertello en las últimas horas.

Ver “Biodiésel: fuertes ventas a Europa tras la reapertura del mercado”

En definitiva, luego de las quejas de Macri, Trump dio instrucciones para que el secretario de Comercio de la administración republicana, Wilbur Ross, siga discutiendo sobre la controversia con el ministro de Producción, Francisco Cabrera.

Sin hacer ningún mea culpa sobre la estructura de retenciones que claramente beneficia a los productores de biodiésel, el Gobierno argentino ha hecho del cierre de Estados Unidos una cuestión de estado: semanas atrás la vicepresidenta Gabriela Michetti que encabezó la comitiva nacional durante la Cumbre de las Naciones Unidas en Nueva York, también tuvo un breve contacto con Trump. “Los limones estarán entrando pero falta el biodiésel”, le reclamó la vicepresidenta. ¿Están entrando los limones? Es materia para otra nota.

¿A quién defiende tanto el Gobierno cuando despliega este intenso lobbie por el biodiésel? Lo contamos hace unas semanas en una nota de Bichos de Campo. 

¿Quiénes son los 12 del patíbulo en la industria del biodiésel?

Debido a la estructura de retenciones vigente, esas empresas compran actualmente la materia prima para elaborar biodiésel con fuertes descuentos (del 27% si es aceite de soja o 30% si parten directamente del poroto), pero venden el combustible casi sin tributar derechos de exportación. Es el origen de las críticas de europeos y estadounidense.

Para Claudio Molina, de la Asociación Argentina de Biodiésel, no existe dúmping ni subsidios en esa estructura de derechos de exportación, ya que se trata de una política para enfrentar a las que aplican las grandes potencias para evitar el ingreso de productos de mayor valor agregado, mediante la aplicación de aranceles más altos.  Lo explicó también en esta entrevista con Bichos.

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Molina, así, enmarcó las sanciones que ya había impuesto Europa a ese combustible en 2013 (aunque ahora relajó) y los altos aranceles que acaba de imponer Washington, a una pelea de fondo, exculpando a la industria aceitera argentina de cometer dúmping, como afirman esos mercados. “La gran lucha es dónde se desarrolla el trabajo y quién agrega valor a la materia prima. La Argentina se posicionó en este sentido, rápidamente con cantidades importantes y ahora se reabre el mercado europeo para este país”, explicó el especialista.

Mirá el reportaje completo a Claudio Molina:

Molina recordó que cuando se aplicaron sanciones en 2013 contra el biodiésel de producción local, la Argentina “destinaba, en ese momento más del 90% de sus exportaciones a Europa. En 2012 llegamos a exportar casi 2.000 millones de dólares”, graficó.

En el caso de los Estados Unidos, la puja por el biodiésel viene desde agosto, tras una denuncia de una entidad de productores norteamericanos, la National Biodiesel Board (NBB), que se quejó de un supuesto subsidio por parte de Argentina por vía  de las retenciones. Sucede que los embarques de biodiésel tributan sólo el 0,13% por derechos de exportación, mientras que el grano de soja debe pagar un 30% y el aceite un 27%.

Al respecto de ese enrome diferencial de retenciones, Molina expresó: “Luego de tanto debate, la OMC estableció hace muchos años que los impuestos diferenciales de exportación no son subsidios. Un subsidio se da cuando hay un desembolso directo. En este caso hay un impuesto más alto para los productos de menor valor agregado, y uno más bajo para los que tienen mayor valor agregado. En nuestro caso, las desgravaciones figuran como gasto tributario y no como subsidios”.

Entonces, ¿qué hacemos mal para tener dos grandes mercados retándonos por este tema? Para Molina, nada. “La aplicación del 57% de sanción impuesta al producto argentino es totalmente arbitraria. Le ganamos una causa a Europa a través de un panel en la OMC y no hay lucro cesante. Pensemos que en ese continente perdimos más de 4.000 millones de dólares de exportaciones”.

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De este modo, según informó la agencia Télam, los aranceles del 22 y 25,7 por ciento impuestos por la UE fueron reducidos en promedio en 10 puntos porcentuales, y serán desde ahora de entre 11 y 14,6 por ciento, según la empresa que exporte el producto al viejo continente.

Al respecto, la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) explicó que si bien de manera oficial los nuevos derechos de importación se ubicaron entre 4,5 y 8,1 por ciento, la Argentina paga una alícuota fija de 6,5 por ciento para el ingreso del biodiésel a dicho mercado.

La industria argentina, que había sido el principal proveedor de biodiésel para la UE hasta este cierre, estima que ahora podrá volver a vender el producto en Europa, en un momento clave, ya que Estados Unidos acaba de establecer sus propias medidas para restringir las importaciones.

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