Bichos de Campo entrevistó a Griselda Carñel, docente de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y responsable del relevamiento en cuestión,quien explicó que respecto del censo previo que se realizó en la campaña 2016/17 hubo una caída del 17% en el número de productores. La mayor parte de ellos abandonó el cultivo en el anterior ciclo agrícola.

Escuchá la entrevista con Gricelda Carñel:

La causa principal de la deserción, según está profesional, tiene que ver con el alto costo de la energía necesaria para regar los campos que se inundan con agua de pozo: “La extracción de agua de pozo profunda es costosa y ese es uno de los argumentos para haber dejado” el cultivo. “En años anteriores veíamos que la reducción de algunos productores se daba por edad, cuando se jubilada o dejaba o entraban nuevas generaciones. Ahí tendían a hacer otros cultivos. Ahora el argumento del 90% de los productores es que lo que se recauda no cubre el costo de producción”.

Carñel explicó que hace unos 20 años en Entre Ríos se sembraron 160 mil hectáreas con el cereal, pero que la superficie se redujo a un tercio de ese registro. Hoy quedan solo 145 productores que sembraron 53 mil hectáreas en toda la provincia.

Además, de los 145 productores que sobreviven, hay  120 que manejan menos de 500 hectáreas cada uno y representan el 33% de la superficie del cultivo. El otro 70% está en poder de firmas que para sobrevivir avanzaron en el agregado de valor produciendo con marca propia, explicó la especialista.

“Los que siguen lo hacen por costumbre, cultura, y sobre todo aguanta el que siembra en su propia tierra.La deserción preocupa, ya que el arroz da mucha mano de obra, es culturalmente importante y hay infraestructura dedicada a ello en la provincia”, finalizó Carñel.
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En ese sentido, el gobierno cumplió y en el nuevo esquema de retenciones contempla una baja en la alícuota de 22 productos:

Girasol                                  7% (-5 p.p.)
Aceite de Girasol                  7% (-5 p.p.)
Harina de trigo                      7% (-2 p.p.)
Maní                                     7% (-5 p.p.)
Lana sucia                            7% (-2 p.p.)
Pescado congelado              7% (-2 p.p.)
Arroz con cáscara                6% (-6 p.p.)                
Harina de maíz                     5% (-4 p.p.)
Arroz pulido                          5% (-4 p.p.)
Carne porcina                       5% (-4 p.p.)
Embutidos                            5% (-4 p.p.)
Carne ovina                          5% (-4 p.p.)
Lana limpia                           5% (-4 p.p.)
Girasol confitero                   5% (-7 p.p.)
Maíz pisingallo                      5% (-4 p.p.)
Maíz flint envasado               5% (-7 p.p.)
Arvejas                                  5% (-4 p.p.)
Porotos                                 5% (-4 p.p.)
Garbanzos                            5% (-4 p.p.)
Lentejas                                5% (-4 p.p.)
Pescado fresco                    5% (-4 p.p.)
Pescado en filet         5% (-4 p.p.) 

Por esta decisión, varias entidades vinculadas a productores de estas ramas beneficiadas mostraron señales de agredecimiento por la menor presion fiscal que recaerá sobre ellas.

Ver ¿Cómo quedan las retenciones que pagará el agro a partir de la “falsa negociación” con la Mesa de Enlace?

Muchas de esas economías regionales están agurpadas desde hace un tiempo bajo el paraguas de la CAME (Confederación de la Mediana Empresa). Desde esa entidad se recordó que enviaron 130 notas dirigidas al ministro de Agricultura, Luis Basterra, a fin de que los derechos de exportación de los productos de las economías regionales no superen el 5%, como definía la Ley 27.541. La entidad elogió que “lo solicitado se concretó mediante la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 230/20, que modifica las alícuotas de los derechos de exportación”.

“Dentro de las 606 posiciones arancelarias detalladas en el anexo de la norma, hay una cantidad de productos agroindustriales que fueron finalmente considerados como economías regionales y cuya alícuota se estableció en un 5%. Nuestro reclamo no solo fue escuchado, sino también parcialmente atendido”, aseguró Eduardo Rodríguez, presidente del área de Economías Regionales de CAME.

De todos modos, el sector de Economías Regionales de CAME reafirmó que considera las retenciones como “un impuesto distorsivo que impacta negativamente en el precio pagado al productor pyme”, aclarando que el deseo de todos los productores es no tener que pagar un tributo sobre la exportación de sus mercaderías.

Desde el sector arrocero también llegaron reconocimientos para el gobierno. El titular de la Federación de Entidades Arroceras de Entre Rios, Jorge Paolini, recordó que la baja de retenciones a ese cultivo regional de Entre Ríos y Corrientes había sido reclamada junto a las aurtoridades provinciales. “No tenemos que decir nada, porque es lo que pedimos. Pocas veces vas con el ministro de la Provincia y le planteas al gobierno nacional lo que necesita, y se termina consiguiendo”, sostuvo Paolini.

Ver Más de 120 economías regionales enviaron cartas al ministro Basterra para saber cuáles tendrán retenciones de solo 5%

La Cámara de Procesadores y Exportadores de Maíz Pisingallo (CAMPI), en tanto, emitió un comunicado en el que “celebra la decisión del gobierno nacional de establecer una alícuota al maíz pisingallo del 5% reconociendo el agregado de valor, la generación de empleo industrial de empresas Pymes argentinas y el carácter de economía regional del sector”.

En ese sentido, la entidad indicó que la que representa “es una industria consolidada que exporta a más de 100 países, da empleo directo a 1.250 personas y 2.500 de manera indirecta y cuenta con 51 plantas industriales radicadas en cinco provincias con fuerte impacto regional”.

La Cámara Argentina del Maní (CAM), por su parte, expresó su satisfacción de los productores pertenecientes a esta economía regional con raíces en Córdoba lograron una rebaja de retenciones que las coloca en un 7% para el maní blancheado y en 5% para el maní confitería. Esa organización remarcó las gestiones realizadas a través del Ministerio de Producción de Córdoba y los Ministerios de Desarrollo Productivo y Agricultura de la Nación. “Creemos que es un primer paso positivo hacia la agenda de trabajo para los próximos años a ser desarrollada en conjunto con la provincia de Córdoba y el gobierno nacional”, afirmó.

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La normativa, firmada por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, y los ministros Luis Basterra y Martín Guzmán, incluyo un largo anexo con las posiciones arancelarias del Mercosur que sufrieron modificaciones en sus alícuotas de derechos de exportación (DEX). Desde aquí puede consultar ese anexo:

En sus consideraciones, el gobierno recordó de entrada que “el apartado 1 del artículo 755 de la Ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, faculta al Poder Ejecutivo Nacional a gravar con derechos de exportación” determinadas mercaderías.

Luego, raramente, alude a que “resulta fundamental establecer políticas inclusivas de la actividad exportadora de las economías regionales que mejoren su desempeño y que incrementen la competitividad de la exportación de bienes y servicios a medida que mayor sea su valor agregado”, refiriéndose a las bajas establecidas para algunos cultivos como el maní, el arroz, el maíz pisingallo y las legumbres, que habían sido ubicadas con tasas del 9 o 12% en diciembre y ahora bajarán a alícuotas de entre el 5 y el 7%.

Ver ¿Cómo quedan las retenciones que pagará el agro a partir de la “falsa negociación” con la Mesa de Enlace?

Distinta es la explicación para el aumento de la soja y sus derivados, incluyendo el biodiésel que tributará 30% y los balanceados que contengan soja en su formulación, que tendrán alícuotas de entre 27 y 33%, según el caso. “Resulta imprescindible mejorar los ingresos fiscales en un contexto económico de endeudamiento, alta inflación, recesión creciente, desempleo generalizado y emergencia alimentaria”, indicó al respecto el gobierno.

Con el complejo sojero tributando al máximo, un 33%, la recaudación del estado por la cosecha 2019/20, que se estima entre 53 y 54 millones de toneladas, se acercaría a los 6.000 millones de dólares. Como parte de esa cosecha ya se vendió antes de esta suba, con esta medida habría una transferencia de recursos desde los productores al fisco cercana a los 400 millones.

Según el ministro Basterra, que hace 48 horas presentó este nuevo esquema a los dirigentes de la Mesa de Enlace, esa mayor presión fiscal no implicará mayores ingresos para las arcas públicas, pues la rebaja de retenciones a los cultivos regionales y algunas productos animales (el cerdo, el ovino, la lana y los productos de la pesca) implicará resignar unos 170 millones de pesos a favor de dichas economías, de menor escala que la soja.

Un monto semejante, aunque hay muchas dudas al respecto, prometió asignar el gobierno en las compensaciones a los productores de hasta 1.000 toneladas de soja, mediante una suerte de devolución de retenciones. En realidad, los chacareros de entre 500 y 1.000 toneladas -en este esquema- seguirán tributando 30%, como hasta ahora, pues se le reintegrarían 3 puntos. Y solo los de hasta 200 toneladas (30 hectáreas) tendrán una mejoría real respecto de la situación que tenían en diciembre pasado, cuando Alberto asumió el gobierno y comenzaron los retoques de las retenciones.

Ver El gobierno ganó dos a cero: Subió a 33% las retenciones a la soja y dejó a la Mesa de Enlace más cerca de la división que de la protesta

Pero habrá que esperar para ver el alcance de estas políticas, porque las resoluciones respectivas no fueron publicadas todavía en el Boletín Oficial y todavía no pasan de ser una promesa.

Como en muchos otros casos, el gobierno aplicó al agro primero una cachetada. Y luego vendría la caricia.

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¿Y como quedan las retenciones? Entre los principales cultivos la soja y sus derivados pasan a tributar el 33%, el maíz y el trigo se mantienen en el 12%, pero la harina de trigo baja 2 puntos, de 9 a 7%, y la harina de maíz (polenta y otros derivados) baja 4 puntos hasta el 5%. La gran novedad es el girasol, que años atrás era castigado con alícuotas semejantes a las de la soja. Ahora pasará a tributar solo 7% como si fuera una economía regional. La presión fiscal se redujo en este caso 5 puntos.

Otro cultivo regional beneficado es el arroz, que tributará 6% en el caso del arroz con cáscara y 5% en el caso del arroz pulido.

En el caso del complejo animal, finalmente se archivó un proyecto para establecer retenciones diferenciales sobre la carne vacuna, según sea con o sin hueso: las retenciones permanecerán en el 9% como desde diciembre pasado. Lo mismo sucede con el sector avícola, que permanece en 9%.

Sí habrá reducciones para la carne porcina (baja de 9 a 5%), y la carne ovina (baja de 9 a 5%). En el caso de la lana, las retenciones nuevas serán de 5 o 7%, según se trate del producto sucio o lavado. Antes eran del 9%. No habrá en cambio modificaciones para el complejo lácteo.

El complejo pesquero también gozará de una fuerte rebaja del impuesto a la exportación, que pasará del 9 al 5% en el caso del pescado fresco o en filete y del 9 al 7% en al caso del pescado congelado.

En otras economías regionales no hubo tantas modificaciones, aunque se adecuaron a 5 o 7% las alícuotas de una serie de cultivos que erroneamente en diciembtre habían quedado en 9 puntos. Es el caso de las legum bres (arvejas, porotos, garbanzos, lentejas), y del maní cordobés. A este cultivo se la bajaron 5 puntos de retenciones, del 12 al 7%, aunque el maní confitería tributará 5%.

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“Hemos hecho una propuesta generosa que solo incrementa (las retenciones) de 1 sobre un total de 25 cultivos hoy afectados por esos derechos. Además respeta en un todo las condiciones que nos fueron impuestas por la Ley de Solidaridad. Ello resulta absolutamente favorable para el desarrollo de las economías regionales”, dijo el presidente en los tramos de su discurso dedicados al agro.

Alberto no habló de porcentajes ni brindó precisiones. Pero para todos quedó claro que el gobierno ratificó que planea subir un 10% las retenciones a la soja y sus derivados (del 30 al 33%, de 5.500 millones de dólares a unos 6.000 millones solo en ese cultivo), a la vez de reducir algunos derechos que pagan los cultivos regionales, como el arroz, el girasol, el algodón, el maní y el maíz pisingallo. Esos cultivos tributaban menos del 7% hasta el cambio de gobierno, pero la actual gestión elevó las alícuotas a 12% o 9%, según el caso. Ahora bajaría algunos rubros al 5%.

La Mesa de Enlace y el ministro de Agricultura, Luis Basterra, quedaron en verse las caras el próximo martes a las 10, para ver si se logra algún consenso en torno a esta propuesta.

Alberto, quien en las últimas horas también tildó a lso productores autoconvocados de ser “opositores”, dejó en claro que espera que las entidades agropecuarias acepten este esquema de alícuotas (que también contendría retoques a la carne vacuna y la leche en polvo), y que desistan de realizar medidas de protesta que reclaman muchos grupos de productores, que dicen que con el nivel actual de retenciones muchos cultivos han dejado de ser rentables.

“Yo aspiro a que esta vez, a través del diálogo, encontremos el camino que nos permita apuntar al desarrollo y a mantener el equilibrio de las cuentas públicas”, dijo el presidente, estableciendo distancia con el conflicto de 2008, que tuvo como protagonista al gobierno de Cristina Kirchner, sentada a su lado.

Para suavizar las cosas, lanzó otro par de mimos, al menos dialécticos. Dijo: “Que el campo crezca es uno de los objetivos” de su gestión y remarcó una serie de medidas supuestamente benéficas para los productores. “Nos hemos ocupado para mejorar las condiciones de acceso al crédito, hemos cuidado que el precio de los combustibles no los afecte tampoco” y hasta habló que que el esquema cambiario actual “los ayuda mucho” para la compra de insumos.

De todos modos, no hubo anuncios proactivos para el sector primario que es sostén de la actividad económica y el gran generador de divisas que tiene la Argentina. Y esto contrastó con anuncios y menciones que Alberto sí realizó referidos a otros sectores:

• El presidente habló de que “el gas y los hidrocarburos serán la palanca para el desarrollo de nuestro país”, dando aviso del envío de una ley de promoción a ese sector, especialmente al yacimiento de vaca Muerta.
• En materia de minería, el presidente indicó que “tenemos grandes responsabilidades pendientes”, y consideró que la minería metalífera y la del litio son dos grandes oportunidades para hacer crecer las exportaciones.
• Para la industria, anticipó que se impulsarán “proyectos estratégicos”, en especial con el apoyo a parques industriales y a determinadas ramas de actividad, con mucha “presencia de la universidad” apuntalando esos emprendimientos.
• También anticipó que se enviará un proyecto para modificar la llamada Ley del Conocimiento, que promueve a las industria del software la bioeconomía y la robótica.
• Avisó que “necesitamos potenciar la ciencia y la tecnología, y ya comenzamos ampliando los ingresos al Conicet” e incrementando las becas a los jóvenes becarios. “Somos un gobierno de científicos, no de Ceos”, ensalzó.
• También las provincias tuvieron un proyecto del que agarrarse. Alberto recalcó el proyecto que declara los 24 distritos como capitales alternas a Buenos Aires. “Nuestro objetivo es descentralizar la administración publica nacional”, indicó, prometiendo obras de infraestructura en las provincias.

En este escenario, ¿de qué podrían agarrarse los productores para no sentirse las hijo de la pavota en esta etapa de la Argentina? Solo parecen ser contemplados a la hora de pagar más impuestos y ser solidarios con los más obres, ya que disfrutarían de supuestas rentabilidades que en muchos casos no existen o pueden ser discutidas.

Sin embargo Alberto insistió: “En este proyecto de desarrollo económico, el campo debe ser un protagonista importante” e indicó que se convocó a los productores “para que colaboren en la lucha contra el hambre, porque tienen mucho que dar a los que más lo necesitan”. No mucho más.

Serán protagonistas centrales de un país devastado, que además se dirige a una renegociación de su deuda externa, la batalla más importante de todas las que mencionó el presidente entre las que tiene por delante.

Quizás como consuelo, al agro le pueda quedar el anuncio final que hizo el presidente en el capítulo de su discurso dedicado a la economía. Prometió enviar al Congreso un proyecto de ley para crear un Consejo Económico y Social que trace las políticas de largo plazo que necesita el país para desarrollarse.

Alberto mencionó ese consejo como “una plataforma de sueños que puedan hacerse realidad”. En el campo las cosas quedaron claras: “Hay que seguir poniendo, muchachos, aunque al menos ahora nos permitan soñar en que alguna vez las cosas cambien”.

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¿Y qué dicen estas cartas? Vernengo contó que “le estamos pidiendo al Ejecutivo que informe sobre cuáles serán las economías regionales que deberán pagar el Derecho de Exportación que exige la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva , y que a su vez diferencie el porcentaje para cada una de ellas”. En uno de sus artículos, esa ley aprobada en diciembre obligó al gobierno a que defina los productos de las economías regionales que serán alcanzados por una alícuota máxima del 5%.

Era de esperarse que a partir de los rumores que aseguraban que el Gobierno volvería a aumentar los Derechos de Exportación de los productos agropecuarios, se moviera el avispero de las economías regionales que aún no saben la calificación que el Poder Ejecutivo les dará en el marco del cumplimiento de la tan cuestionada Ley 27.541, que es la misma que habilita mover tres puntos para arriba las retenciones a la soja..

Sucede que en el artículo 52, dice que las economías regionales, aquellas que defina el Poder Ejecutivo, la alícuota no debe superar el 5%. “Lo que pedimos es que estos productos típicos de las economías regionales se encuadren en esta norma”, reclamó el funcionario de CAME.  

“Desde Agricultura nos respondieron que están analizando las Posiciones Arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur que son cerca de 7.700, porque cada economía regional puede tener distintas características”, agregó.

Vernengo no es nuevo en esto, ya que desde el 2008 está al frente de la rama de economías regionales en la Confederación, y sabe que no es la primera vez que tienen que alzar la voz para que los escuchen: “La posición de CAME sobre las retenciones es clara y fue escuchada. Somos respetuosos del acto democrático frente a una Ley, pero entendemos  que son impuestos distorsivos”, sostuvo.

También comentó que “solicitamos una reunión al ministro Luis Basterra y nos confirmaron que será pronto”, aseguró Vernengo, quien de todos modos consideró que en materia de retenciones Agricultura no tiene poder de resolución. “Lo tiene el Ministerio de Economía”, observó.

Ver Si aumenta de nuevo las retenciones, el gobierno debería cumplir también con una serie de mandatos del Congreso

El representante de las Economías Regionales también criticó lo hecho por el gobierno de Mauricio Macri, el que “a pocos días antes de terminar su mandato para sostener el dólar gastó 1.300 millones de dólares”. Según sus cuentas, esa cifra equivale a “dos años de retenciones -del 10%- que tributarían las economías regionales, porque el 2019 se exportó por 7.500 millones de dólares”, dejando ver que “lo que aportan las economías regionales en materia de retenciones es poco”.

Las actividades agropecuarias del interior representan el 63% de los 250.000 explotaciones agropecuarias de todo el país, según el último Censo Nacional Agropecuario. CAME evaluó que además dan trabajo a cerca de un millón de trabajadores en forma directa, cifra que puede ampliarse a 1,9 millones si se toman en cuenta los puestos indirectos.

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“Tras consultar a los productores viñateros nucleados en el sector de Economías Regionales de CAME, quienes reclaman políticas diferenciales según ubicación y tamaño de la empresa, surge la necesidad de contar con una Agencia Nacional de Vitivinicultura que tenga la capacidad y responsabilidad de laudar un precio justo de referencia y en la que estén representados, equitativamente, los intereses de todos los eslabones de la cadena de valor, lo que posibilitaría el diseño de políticas públicas en beneficio de todos, dejando de lado los intereses particulares que, tarde o temprano, llevan a la conformación de oligopolios”, enfatizó la CAME en un comunicado en el que advirtió que “desde hace años, el sector vitivinícola sufre un proceso de concentración que atenta contra la producción primaria”.

“El mercado se reparte en pocas manos y los pequeños y medianos productores no sólo no tienen rentabilidad, sino que además no llegan a cubrir sus costos con lo que perciben por la venta de sus uvas”, describió el comunicado.

Ver Sabores y saberes: Maxi Molina, el hijo del “viñatero cantor”, también es un gran músico cuyano que dice ‘el agua no se toca’

La CAME reúne dirigentes viñateros de las provincias de Salta, La Rioja, Mendoza y San Juan, quienes denuncian una situación de “quebranto generalizado”, sufriendo abusos en la formación de precios y hasta en la forma de pago. Muchos productores, incluso, no han llegado a cobrar las uvas del año pasado, cuando están por comenzar con la nueva cosecha.

“En la actualidad, frente a una cadena de comercialización en la que falta transparencia, el productor trabaja a pérdida. Si bien los gobiernos de Mendoza, San Juan y La Rioja han anunciado y realizan aportes para el sector, los cuales son valorados, la dura situación macroeconómica repercute directamente en la actividad”, remarcó CAME.

El documento destaca:

• En Salta la uva no tiene precio de referencia y, de venderla, lo hacen muy por debajo de los costos.
• En La Rioja, los precios también son irrisorios para el productor, el que percibe entre 3 y 3,50 pesos por kilogramo.
• San Juan, por su parte, sí posee un precio mínimo fijado por el gobierno provincial de 6,50 pesos por kilo y, si bien el importe no llega a cubrir los costos, esperan que este vaya aumentando.
• En Mendoza están pagando precios iguales o más bajos que en 2017, a pesar de la creciente inflación, percibiendo entre 7 y 8 pesos por kilogramo.

Ni el mejor malbec de la Argentina se salva de esta crisis. “A modo de ejemplo, en el Valle de Uco los productores requieren 300 mil pesos para trabajar una hectárea, de la que obtienen 100 quintales. Es decir, alcanzan los 80 mil pesos por hectárea (si venden a 8 pesos), faltándole aún 220 mil pesos sólo para cubrir los costos”, describió el informe.

A fin de 2019, Bichos de Campo habló con la dirigente vitiviníciola mendocina Gabriela Lizana, enrolada en la CAME:

Mientras tanto, un estudio reciente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) estimó los costos para la producción de vid en el Oasis Este de Mendoza, para una finca de 10 hectáreas con un empleado permanente, cuya actividad principal es la venta de uva. Según ese trabajo, los costos totales de producción son de 18,87 pesos para varietales en espaldero y de 10,79 pesos para básicas en parral.

Ver Los viñateros encaran otra vendimia sin precios justos a la vista: Reclaman 1 dólar por kilo de uva Malbec

“Si el precio por kilo de uva está por debajo del valor del costo operativo más gastos de estructura (que para el caso analizado sería de 12,60 y 7,44 pesos, respectivamente), implicaría una pérdida de dinero para el productor, lo que pone en riesgo la continuidad de la actividad y empeora y acelera el proceso de abandono de las fincas”, destacó.

“El desplazamiento del productor, primer eslabón de la cadena, viene en ascenso. La ecuación es sencilla: sin productores no hay uva, sin uva no hay industria, y sin industria no hay Bebida Nacional”, advirtió la CAME, reclamando la creación de un organismo que tenga la capacidad de laudar un precio justo para el productor.

CAME recordó que la cadena mueve más de 100 mil trabajadores en forma directa (dato de 2016) y desmintió aquello de que la devaluación ayude al sector a obtener mayor rentabilidad. “El 80% de la producción se vende en el mercado interno, donde el consumo cayó 15 litros per cápita en los últimos 15 años”, recordó. El 20% restante, destinado al mercado externo, tampoco levanta. Hubo una caída interanual del 5,4% de las exportaciones en 2019.

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Mientras estudia para contadora, Fabiola ayuda a su padre y a otros productores de cebolla de la zona a organizar una cooperativa agrícola, que les permitirá comercializar de mejor modo su producción. La idea nació hace un par de años, luego de una jornada de protesta sucedida en julio de 2017 y conocida como “el Cebollazo”. Allí comenzó a tallar en la zona el MTE Rural, la organización social que comanda ese referente político.

“Muchos hijos de productores colaboramos con esto del MTE. Ahora estamos haciéndonos visibilizar más, a raíz de una crisis que tuvimos. La producción de cebolla hubo varios años que no tenía buenos precios. Los productores estaban en crisis y fue ahí que Grabois y Lautaro (por Leveratto, el referente rural del MTE) nos dieron una mano para tratar de organizarnos”, relató Fabiola a Bichos de Campo.

Mirá la entrevista completa a Fabiola Ortega:

La joven militante del MTE Rural recuerda que conoció a Grabois en el primer aniversario de aquella protesta, cuando visitó la región. Ella considera que haberse organizado en torno al movimiento social ha sido muy positivo para ellos, porque “uno individualmente no tiene la misma fuerza que un conjunto de personas”.

“El gobierno nos tenía muy olvidados. Quizas se acordaba a la hora de venir a inspeccionar y recaudar multas. Eso es lo que nos pasaba acá. Venían y pedían requisitos que no podíamos cumplir en el campo. Por ejemplo, venía a decir que en el campo teníamos que tener para trabajar unos galpones para comedores para la gente”, relató la hija de productores.

Ver ¿Por qué hace llorar la cebolla? Un productor alineado con Juan Grabois nos cuenta las desdichas de los pequeños cebolleros

Este es uno de los ejes de trabajo del MTE Rural en la región cebollera. Nos contó fabiola que “estamos tratando de luchar para que sean más flexibles con nosotros, porque hay cosas que no se pueden hacer”.

“Mediante esta idea de la cooperativa estamos trabando de legalizar mucho. Antes se quejaban y decían que trabajábamos todos en negro. Ahora estamos tratando de legalizar todo pero también pedimos que tengan en cuenta que somos pequeños productores”, explicó la joven del MTE, que puso en la lsita de reclamos el Monostributo Social Agropecuario.

“Tuvimos que pelear para que vuelva a surgir como un importe fijo y chico, porque un pequeño productor no puede pagar los mil pesos que está hoy un monotributo de categoría”, remarcó.

También piden un régimen laboral mucho más flexible con las actividades zafreras como la de la cebolla. Explicó Ortega que “representamos a personas. Pero esto de venir y darte muchos requisitos que hay que cumplir con la AFIP, lleva a que muchos digan ‘mejor me contrato una máquina que andar contratando gente’, que es un costo muy grande”

Pero la gran reivindicación es que haya políticas para favorecer el arraigo y permitir que los pequeños productores cebolleros accedan a su propia tierra, ya que casi todos ellos son arrendatarios. “Por ahí no tenemos ideas en concreto, pero supongo que un crédito o algo para acceder a algunas tierras”, indicó.

-Muchos se espantan cuando Juan Grabois habla de reforma agraria ¿A vos qué te pasa con eso?- le preguntamos.

-La verdad es que no me asusta. Viendo la vida sacrificada que llevan muchos productores, para ellos sería una gran oportunidad, porque ya no tenes que estar alquilando, poder tener tu tierra y trabajarla. No es apropiarse de la tierra sin ningún costo. Hay patrones que quizás no la utilizan y esto sería ayudarnos a ver la manera de acceder a esta tierra, comprándosela o viendo otra manera.

Fabiola cita ejemplos exitosos y recientes. El de Bolivia, donde “en lo que fue la reforma agraria se vieron buenos frutos y mucha gente accedió a tierras”. O el de una Universidad de Misiones, que cedió parcelas a gente originaria.

“Quizás haya este tipo de situaciones acá y no las conocemos. Pero el gobierno debería estar al tanto de tierras que no se utilizan y a las que se podría acceder”, evaluó la joven.

-Vos estás estudiando contabilidad y quizás te surja la chance de ir a trabajar a Buenos Aires. ¿Te irías?

-El deseo siempre es no abandonar las raíces de uno, no abandonar la familia, buscar la manera de quedarte y seguir colaborando, no solo con la familia sino con el resto e la sociedad. Por ejemplo, a través del MTE.

La entrada La reforma agraria de Grabois explicada por una chica de 25 años: “No es apropiarse de la tierra sin ningún costo, pero sí ayudarnos para que podamos acceder a ella” se publicó primero en Bichos de Campo.

“Basterra es un tipo macanudísimo, que escucha, que es atento y que tiene capacidad de diálogo, pero creo que lo están usando. Este Gobierno no hace más que entretenernos, poniéndonos alguien delante con capacidad política y de diálogo. De esa manera mantienen los ánimos calmados del productor, pero al seguir sin una respuesta concreta tenemos que tomar otras medidas”, se quejó a Bichos de Campo Roberto Palomo, vicepresidente de la Asociación de Productores del Norte (Apronor).

“Es casi seguro que este viernes hagamos una nueva asamblea para definir un plan de lucha con todas las provincias del norte, porque esta situación no da para más”, aseguró Palomo, que conforma la Mesa de Enlace NOA NEA, la cual empezó a operar por separado de la Mesa Nacional, porque veían que no tomaban las riendas de los problemas reales de los productores.

Para Palomo, “el diálogo con Basterra está agotado. El 30 de enero le mandé un whatsapp explicándole que tenemos atrasada un mes la fecha de siembra, y que los rendimientos de la cosecha- que inicia entre abril y mayo próximos- ya no serían los óptimos, por lo que la rentabilidad estaría incluso más comprometida de lo que nosotros le planteamos en su momento. Pero nunca me contestó”.

Eso sí, el vicepresidente de Apronor aclaró que, si bien con esta nueva asamblea “buscamos que los productores nos transmitan su verdadero estado de ánimo”, también queremos llevar adelante “una medida de fuerza que a su vez no confronte con la sociedad, que sea amigable, porque no queremos enemistarnos. Sólo que vean lo que nos pasa”.

El productor y dirigente gremial del norte, explicó que “estamos ante un contexto internacional de precios deprimidos y fuerte caída de la rentabilidad. Esto nos deja´game over´y por eso no podemos esperar más”.

Consultado sobre si participarán de la reunión que hará en paralelo esta misma semana la Mesa de Enlace, Palomo dijo que “no es nuestra idea separarnos completamente de ella. De hecho, si surge un paro nacional, nos sumaremos. Ahora, si no pasa nada en esa reunión nosotros seguiremos adelante con y decidiremos cuál será nuestra estrategia de lucha”.

Sólo un buen encuentro. Así recuerda Palomo aquel 23 de diciembre, día en el que los recibió Basterra en su despacho. “Nos escuchó largo y tendido”, dijo, y agregó: “Le dijimos que no podíamos pagar las mismas retenciones los que estamos a 1200 kilómetros de los puertos de otros que están más cerca. Entonces nos dijo que asumía su compromiso de poder hacer una diferenciación territorial en cuanto a retenciones, pero que, para avanzar, necesitaba un trabajo en el que reflejáramos los números”.

Los productores del norte le hicieron caso y trabajaron en esa presentación, para que Basterra la pudiera elevar a Economía. “Terminamos haciendo ese trabajo entre Apronor, CREA y la Estación Experimental Agropecuaria Obispo Colombres. Se lo llevamos el 7 de enero y le mostramos a él y al secretario de Agricultura, Julián Echazarreta, no sólo la parte económica, sino también la implicancia social que esto tiene en nuestra zona. Les pareció bárbaro el trabajo a ambos y prometieron elevarlo pese a que nos recordaron que estaban recibiendo un país complicado. Pero no pasó nada”.

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Palomo agregó que “antes de todo esto, probamos incluso una especie de piloto para testear la capacidad de acción de Basterra, y le recordamos que hace tiempo que reclamamos que el girasol sea tratado como una economía regional. En ese momento estábamos prontos a iniciar la cosecha, que en el norte se da a fines de diciembre; así podíamos al menos conseguir un diferencial de retenciones, y si lográbamos esto, teníamos mas esperanzas de que todo lo demás se concretara”, pero ¿Saben qué? “Tampoco hubo respuesta concreta”, remató.

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Una gacetilla de la entidad cooperativista, en ese sentido, recordó que en 2018 presentó al Congreso un proyecto de ley destinado al desarrollo de las Economías Regionales. Y que uno de sus artículos pone énfasis en la necesidad de apuntalar el “arraigo” de la gente en las zonas rurales. “En este contexto, desde la entidad se ha propuesto crear el Procrear Rural, que busca además activar la economía y el desarrollo del campo”, indicó.  

Según Iannizzotto, “es importante que exista una política habitacional para mucha gente que se desarrolla en el campo. La dignidad del trabajo tiene que estar acompañada de una vivienda familiar acorde al esfuerzo y al compromiso. Estamos seguros de que se puede destinar crédito para la vivienda rural”.

En ese sentido, el dirigente de la Mesa de Enlace explicó que mientras “el problema de la vivienda urbana es el valor de la construcción y la limitación en ubicación y costo de los terrenos, en los sectores rurales la extensión y posibilidades de tierra se multiplican”.

En su artículo 27, la propuesta de ley sobre economías regionales que elaboró Coninagro definía el Procrear Rural como “un programa de crédito argentino destinado a cubrir el déficit habitacional fuera de los centros urbanos y con regulaciones específicas y adaptadas al empleo en la ruralidad que serán determinadas por la autoridad de aplicación, en este caso, el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda”.

Otras entidades, en esta caso las del Foro Agrario Nacional, también han mencionado la posibilidad de impulsar un Procrear Rural, pero no solo para financiar la construcción de viviendas en zonas rurales (donde existen al menos 75 mil casas abandonadas o taperas, según el último Censo Agropecuario), sino para promover que los productores más pequeños que hoy son arrendatarios (especialmente en los periurbanos hortícolas) puedan acceder primero a un pedazo de tierra, para luego afincarse allí y construir una vivienda.

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