Argüelles, hay que decirlo de entrada, está en el pequeño grupo de hombres de negocios que más se jugaron para desarrollar biotecnología en el país y no depender solamente de las multinacionales. El proyecto para crear esta papa resistente al temible virus PVY (Potato Virus Y) arrancó en 1999, hace veinte años, cuando aquí de este tipo de desarrollos no se sabía casi nada porque recién había desembarcado la primera soja RR. La historia del Grupo Sidus es muy rica también en animales modificados genéticamente, incluso mediante la clonación, para lograr alimentos funcionales.

“Tenemos todos los elementos necesarios para desarrollar tecnologías propias para el agro”, dijo Argüelles, que se esforzó por remarcar también que en el país “existe tecnología más allá de la informática. No todo es lo digital. Deberíamos apostar más a las tecnologías biológicas”. El titular de Sidus presentó la papa transgénica flanqueado por dos integrantes del Gabinete de Mauricio Macri, los secretarios de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao; y de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere.

Tuvo que esperar mucho tiempo Argüelles para sacarse la calentura de hacer esta presentación social de este cultivo, al que se decidió llamar “Papa Spunta Ticar”. De todos modos, en los hechos resultó ser el primer transgéncio argentino que llegará a manos de los productores. Fuentes de Tecnoplant, la empresa del Grupo Sidus que hizo este desarrollo junto a científicos del Conicet, contaron a Bichos de Campo que esperan comenzar las ventas de semillas, en cantidades pequeñas al principio, desde la siembra de octubre de 2019.

“En estos largos años hemos visto pasar varios funcionarios”,  ironizó en algún momento el empresario, recordando las peripecias que debió afrontar su grupo para lograr la aprobación del sistema regulatorio argentino. Es que antes de dejar el poder, en octubre de 2015, Cristina Kirchner quiso apurar la aprobación de tres transgénicos argentinos, pero todo -como cada vez que se hace política de modo berreta- salió muy mal. La caña de azúcar transgénica fue bajada del acto a último momento a pedido del propio sector. La soja HB4 resistente a sequía de Bioceres se lanzó condicionada a que fuera aceptada por China, cosa que todavía no sucedió. Y esta papa de Tecnoplant también tuvo lo suyo, pues el Senasa no se había pronunciado todavía de modo formal, y eso obligó a revisar todo el proceso tiempo después. 

Bichos de Campo contó la historia con lujo de detalles: la Papa Spunta TICAR recién tuvo permiso hace un par de meses. 

Ver Ahora sí tiene vía libre la papa de Tecnoplant, el primer transgénico para consumo humano directo en el país

Durante la presentación se destacó que esta papa, que fue modificada para resistir los ataques del virus PVY, podría redundar en un beneficio económico de entre 45 y 50 millones de dólares para el país, por el hecho de que se reduciría hasta un 30% la necesidad de los productores de comprar semilla de papa todos los años. Es que la variedad TICAR, al ser resistente al virus, permitiría a los productores conservar papa para utilizar como semilla al año siguiente, ya que el evento asegura la ausencia de ese patógeno. El PVY por si solo o en combinación con otro virus, puede producir pérdidas de rendimiento superiores al 40%.

La papa transgénica de Sidus, ahora que fue finalmente aprobada, deberá enfrentar desafíos mayores a los que les imponen las regulaciones argentinas. Es que no solo es el primer OGM nacional que sale al mercado sino que se trata del primer cultivo modificado destinado al consumo humano directo, pues hasta aquí la Argentina había aprobado sojas, maíces y algodones que tenían un destino industrial o forrajero. 

Esta situación permitió que en el acto de lanzamiento resurgiera con intensidad el lobby de quienes exigen a la Secretaría de Agroindustria la aprobación del trigo transgénico HB$, desarrollado por otra firma local, Bioceres. A cada lado de Argüelles se ubicaban las dos posiciones en pugna.

Ver Intenso lobby de Bioceres para que el gobierno apruebe su trigo transgénico

Barañao, por caso, declaró a la agencia de noticias Télam que estaba “totalmente a favor de la aprobación del trigo HB4”, ya que “la Argentina no puede perder la oportunidad de ser líder” en materia de biotecnología. Además destacó el titular de Ciencia y Técnica que en el caso del trigo HB4 “los resultados a campo muestran rendimientos notables en condiciones de aumento de la sequía”.

Pero del otro lado estaba Etchevehere, quien frena la aprobación comercial  de este trigo transgénico porque teme que la Argentina vaya a perder mercados para el cereal, en especial el de Brasil, si los consumidores se enteran que se trata de un OGM. En este caso, el titular de Agroindustria cuenta con el apoyo cerrado de la industria molinera, de los exportadores de cereales y de dirigentes rurales. 

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Etchevehere se ríe con cierta resignación. Debe sentirse en  la posición más incómoda del mundo. Pero es parte de un equipo de gobierno que este lunes debió tragar saliva, dejar de lado los orgullos y hasta las apetencias políticas personales. A todos ellos, los funcionarios de Macri, casi como que se les va la vida -o su lugar en la historia, cuando ésta sea escrita- en esta jugada. Si les sale bien, quizás puedan ocupar un sitio decoroso en los libros. Poco debería importarles si son ministros, secretarios o lustrabotas. 

-Muchos productores consideraron esta reimplantación de retenciones como una suerte de “capitulación”…

-No, para nada, en el sentido primero de que una de las principales cuestiones que se hablaba en otros momentos era la discriminación que se le hacía al campo. Pero en este caso, por un  lado, un año antes de lo prometido, el presidente le bajó las retenciones a la soja en siete puntos y medio (del 27,5% al 28% prometido para diciembre de 2019), cumpliendo por adelantado lo que debería haberse dado en diciembre dekl año que viene. Por otro lado, lo que se llama retenciones clásicas, como las conocemos, sigue todo igual, en maíz, trigo, etcétera. Lo que se pone es un impuesto que sabemos que es malo, pero con la crisis que esta viviendo  hoy la  Argentina, al ser esto para todos los sectores que exportan, va a ser esto algo equitativo. Por más que sabemos que es un mal impuesto, será equitativo. Si pudieramos elegir no hacerlo, obviamente lo hubiéramos preferido. 

-Pero la soja, sumando las retenciones convencionales con ese nuevo impuesto en pesos por dólar exportado, queda con retenciones más altas y en un esquema que ya no va bajando sino que queda congelado de aquí hasta el fin del gobierno…

-La reducción al 18% era lo prometido para el fin del mandato. Pero por otro lado, lo novedoso de esto es que el aporte que absolutamente todos los sectores van a pagar, a veces 4 pesos y a veces 3 pesos, es que es un monto fijo en pesos. Lo que vos decís es muy bien es una fotografía de hoy. Pero eso todos los días se va a ir modificando a partir de que dólar libre valdrá lo que tenga que valer y también los precios van a modificar ese monto. Incluso en la medida que siga habiendo inflación, ese monto fijo en pesos va a ir modificándose en la medida que transcurra el tiempo.

-¿No van a mover ese monto fijo en pesos  en dos meses, si por ejemplo ven que lo que esperaban recaudar por esa vía es menos de lo previsto?

-No es la idea. La idea es al revés, que de la mano de conseguir financiamiento y seguir bajando el déficit, para el año que viene tener las cuentas equilibradas. También partiendo de la base de tener un dólar muy competitivo que haga que todos los productos,  especialmente los de las economías regionales, puedan llegar a la mayor cantidad de mercados posibles. Vender y generar inversión y empleo en los lugares donde se produce. Ese es plan.

-Evidentemente la devaluación ayudó mucho a los exportadores. ¿Ustedes hicieron el cálculo que las actividades productivas queden bien compensadas, que lo que ganaron por un lado lo aportan por el otro?

-En su absoluta mayoría sí. De cualquier manera vamos a seguir con las treinta mesas de competitividad que estamos llevando adelante porque hay que seguir buscando la competitividad estructural: tasas, logística, burocracia y apertura de mercados. En busca de todo eso va a seguir el trabajo. De eso depende que podamos acceder y comercializar nuestros productor. Pero toda crisis trae una oportunidad y creemos que ahora se le va a abrir la puerta que mucha gente que por el tipo de cambio no podría acceder a determinados mercados.

-¿Se va a llevar bien con Dante Sica, que es un industrialista nato?

-Ya me llevo bien. La mejor respuesta a esa pregunta es lo que acaba de pasar. En este impuesto, en este aporte, están colaborando todos. El campo, la industria y los servicios. Entonces la mejor respuesta son los hechos. Esto salió de una manera coordinada con todas las áreas del gobierno para hacer un aporte equitativo entre todos los sectores. 

-¿Cuál es su mensaje para los productores que se sienten desilusionados?

-Este tipo de medidas son injusta, cuando sobre todo se le carga a un solo sector, cuando algo que no es equitativo. También es injustificado, en el caso que pongan todos, que un sector quede afuera. Era absolutamente injustificable que toda la carga sea para un sector y el campo con razón se sentía discriminado. Pero ahora no.

-¿Y la política hará su propio ajuste?

-La política tiene que hacer su reducción de gastos sin duda. Tiene que seguir haciéndola en el aspecto de adecuar el Estado a la realidad económica del país. Tenemos que adaptar los gastos a los ingresos de la Argentina. Y ya lo dijo el ministro Dujovne, la mitad es más ingresos pero la otra mitad es reducción del gasto. 

-¿Modificará su equipo en Agroindustria?

-No hay nada previsto, todo el mundo está confirmado. Para nosotros todo será igual salvo algún caso que haya una demasiada superposición de tareas con otras áreas del Ministerio de Producción. Lo estudiaremos.

-Gracias. Hasta luego señor secretario. 

-Hasta luego Matías.

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El ministro envió una esquela contando que este jueves hizo la transferencia, desde su cuenta personal y a la de la entidad ruralista, de los 500 mil pesos que tantos dolores de cabeza le provocaron en las última semanas.

 “Cumplo mi deseo de ratificar mi firme e incólume vocación con la ética, legalidad y transparencia, priorizando la defensa de lo actuado”, explicó Etchevehere. El caso se conoció a fin de 2017, unas semanas después de que asumiera Etchevehere como ministro, a raíz de una exclusiva de La Política On Line. Ese medio reveló que como compensación a su labor como dirigente agropecuario, y tras una reñida votación en el seno de la Comisión Directiva que él mismo había presidido hasta días antes, le entidad decidió otorgarle a Etchevehere un bono especial por medio millón de pesos.

Ante las primeras consultas periodísticas, la SRA explicó que el monto había sido calculado frente a las contingencias impositivas que surgieran de la liquidación de haberes de su ex presidente. Pero en esta esquela el propio Etchevehere reconoció que se trató de “un reconocimiento extraordinario” por su actividad gremial.

Vale aclarar que el pago de este bono siempre estuvo en conocimiento de la Oficina Anticorrupción, la que no habría puesto reparos hasta que el tema escaló y ganó reproches de la opinión pública. En los últimos íais trascendió que el organismo a cargo de Laura Alonso había decidido recomendarle a Etchevehere la devolución a la Rural de los 500 mil pesos que desataron la polémica.

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La Justicia entrerriana ordenó este viernes una serie de medidas de prueba en el marco de la investigación penal que indaga la supuesta administración fraudulenta en las empresas de las que es socio el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, su madre y dos de sus hermanos. Muchos medios presentaron esta situación como un “allanamiento” al domicilio particular del funcionario. El fiscal Alejandro Cánepa aclaró que en realidad lo que hubo fue una requisitoria de documentación contable ligada a esas empresas, que fue contestada satisfactoriamente.

En un amplio escrito judicial al que accedió Bichos de Campo el fiscal también reclama un embargo sobre los bienes del funcionario y su citación a indagatoria.

La orden de “allanar” fue firmada por la jueza de Transición Susana María Paola Firpo, a pedido de los fiscales que llevan adelante la causa iniciada a partir de una denuncia de la hermana de Etchevehere, Dolores, contra sus tres hermanos y su propia madre, por presunto vaciamiento del grupo empresario para perjudicarla. No es un expediente nuevo, ya que se inició hace varios años, durante la gestión del kirchnerismo.

Los procedimientos abarcaron además la administración de El Diario, en cuya firma editora, Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), el ministro Etchevehere y su familia tienen el 40% del paquete accionario. El trámite se cumplió durante la siesta en la administración, ubicada en Urquiza y Buenos Aires. También en el domicilio de la empresa Construcciones del Paraná SA, en la que participa como socio Etchevehere, que coincide con su domicilio particular, en calle Los Vascos 811.

El expediente de referencia es el 6418 F° 110, caratulado “Estafa, denuncia de Dolores Etchevehere”.

En su pedido a la jueza para realizar el operativo, Cánepa, Fiscal de Coordinación Nº 3 de Paraná, y Viviana Ferreyra, Agente Fiscal de Paraná, exponen diveros argumetos útiles para entender el estado de esa investigación.

En la descripción de los hechos, dicen los fiscales que “se le atribuye a Leonor María Magdalena Marcial de Etchevere, Luis Miguel Etchevere, Luis Miguel Etchevere y Juan Diego Etchevere, a la primera en su carácter de Presidente, y a los demás en su carácter de Directores de la sociedad Las Margaritas S.A., haber solicitado préstamos al Banco Itaú por U$S 250.000 (dólares doscientos cincuenta mil), los que le fueron otorgados en fechas 29/07/2011 (U$S 200.000) y 12/08/2011 (U$S 50.000), bajo los términos de la Comunicación A4851 pto. 2.1.2 del Banco Central de la República Argentina, a tasa subsidiada y con el fin preciso de ser destinados a actividades productivas”.

Pero que “en lugar de ello fueron distribuidos entre los miembros del Directorio de la firma referida, para fines personales y distintos del solicitado al Banco. Todo ello surge de la certificación contable de fs. 112/113, donde constan los montos registrados en el Libro Diario General del Ejercicio Nº 34 de Las Margaritas S.A., cerrado al 31/12/2011, en las cuentas “Préstamos Banco Itaú” y “Cuentas Particulares Directores”, por un monto de $1.066.000 (pesos un millón sesenta y seis mil)”.

La maniobra, al parecer, consistió en que “la devolución de tales créditos, por parte de la sociedad al Banco, fue pactada en dólares americanos, a una tasa del 8% anual, mientras que – paralelamente – los nombrados devolvían a la sociedad el dinero distribuido, mediante valores a cobrar -cheques de pago diferido-, en pesos argentinos y a una tasa fija anual más beneficiosa, por lo que mientras el valor del dólar subía, al igual que – consecuentemente – el valor de las cuotas a pagar al Banco Itaú, las que debían devolver los Directores y la Presidenta de la sociedad se mantenían incólumes e incluso perdían valor frente a aquella moneda, al punto tal que la sociedad debió destinar parte de otro crédito tomado por la misma con el Banco de la Nación Argentina por un monto total de $900.000 (pesos novecientos mil) – otorgado mediente Resolución del Banco de la Nación Argentina del 07/09/2016, y también a tasa subsidiada para afrontar una situación de emergencia agropecuaria para pequños productores – para saldar las cuotas pendientes de los créditos del Itaú, conforme fuera decidido mediante Acta de Directorio de fecha 01/11/2016”.

“De esta forma, en violación a sus deberes, los nombrados obligaron abusivamente a la firma Las Margaritas S.A., que dirigen y administran, ya que ni los créditos del Banco Itaú, ni tampoco el del Banco Nación – antes referidos – fueron destinados a sus fines y destinos específicos y que hacen al objeto social de la misma, sino que fueron desviados hacia otros objetivos, obteniendo de los primeros un lucro personal indebido”, infiere el fiscal a cargo de la causa.

El fiscal añade que se está investigando, a instancias de la hermana menor del ministro, “el presunto delito de administración fraudulenta (art. 173 inc. 7 del Código Penal), el que se verificaría a partir del vaciamiento patrimonial denunciado por la venta simulada de numerosos inmuebles de su propiedad, en perjuicio tanto de la denunciante como de terceros vinculados laboral y/o comercialmente con las empresas de la firma en cuestión”. En este punto es que aparece involucrado El Diario de Paraná, fundado por el bisabuelo de Etchevehere y cuya mayoría se vendió hace unos años.

“Debo agregar que atento a que resulta de público y notorio conocimiento – ya que ha sido objeto de numerosas versiones periodísticas – que tanto el Directorio como los accionistas de SAER han variado en los últimos años, es posible que oportunamente varíe también el requerimiento de instrucción formulado, en la medida en que alguno de los referidos no lo haya integrado (al Directorio) al momento de las operaciones cuya investigación se requiere, o  sean otras las personas quienes – por su calidad funcional – se vean involucrados en las mismas”, indica el escrito judicial.

Según el fiscal, la venta del diario se relaciona con el presunto “vaciamiento” relatado en el punto anterior, ya que luego de la venta de esa empresa, “los miembros del Directorio de Las Margaritas S.A. se repartieran para sí mismos el dinero proveniente del crédito del Banco Itaú, también conformaron la sociedad Construcciones del Paraná S.A., de la cual la denunciante no es socia, y a la que fueron transferidos – mediante contratos de compraventa que en realidad simulaban otras operaciones financieras – numerosos inmuebles de propiedad de SAER, con el objetivo de desapoderarla o, como comúnmente se dice, vaciarla”.

“La operación de vaciamiento significaba no solo la asunción de un mayor endeudamiento de SAER, sino también la venta a precios muy inferiores a los de mercado de sus bienes, entre ellos, inmuebles de un valor histórico y patrimonial trascendente”, señaló el oficio.

Según este razonamiento, “dado que los denunciados no podían adquirir por sí mismos tales propiedades, ni tampoco a través de aquellas sociedades en las cuales la denunciante es socia (SAER y Los Vascos S.A.), crearon la firma Construcciones del Paraná S.A. – cuyo paquete accionario recae en las mismas personas denunciadas – con el fin de transferirle tales inmuebles; pero como – a la vez – esa sociedad no contaba con fondos para abonar el exiguo precio pactado por los inmuebles, tuvieron que elaborar una singular ingeniería financiera con distintas mutuales (Asociación Mutual Solidaria – AMUS – y Mutual 10 de Abril, entre otras) por las cuales estas le entregaban préstamos a la insolvente CONSTRUCCIONES DEL PARANA S.A. por el importe que ésta debía entregar como precio por las propiedades”.

“Entonces, más concretamente, la maniobra habría sido perpetrada de la siguiente manera: por cada escritura se confeccionó un mutuo, emitido por  una mutual que hacía de prestamista, y un cheque a nombre de Construcciones del Paraná; esta sociedad endosaba dichos cheques en favor de SAER por la escritura de cada inmueble; luego SAER derivaba los cheques a los acreedores en cancelación de cada uno de los mutuos. Es decir, que el dinero volvía a su ‘dueño’ – u original prestamista – mientras que los inmuebles cambiaban de titular (de sociedad), que a la postre terminaban siendo las mismas personas físicas que integraban su Directorio”, se añadió.

En total Cánepa individualizó 7 inmuebles ubicados en la ciudad de Paraná que habrían sido transferidos hacia la firma Construcciones del Paraná S.A. en estas circunstancias.

“Otro ejemplo de una maniobra similar se observa claramente también de los testimonios de los autos Asociación Mutual 10 de Abril de Paraná c/Sociedad Anónima de Entre Ríos – Monitorio Ordinario – Escrituración, que remitiera el Juez en lo Civil y Comercial Nº 7 de Paraná a este Ministerio Fiscal, donde se solicita la escrituración de un inmueble sito en la esquina de calles Urquiza y Buenos Aires de Paraná, que fuera de propiedad de SAER y que fue vendido a la Mutual 10 de Abril, por la suma de $2.000.000 (pesos dos millones), con pacto de retroventa”, agrega Cánepa en la presentación que dio origen el procedimiento.

Para el fiscal “tal valor resulta, cuando menos, llamativo por lo bajo – y sin dudas encubre un tipo de operaciones financieras como las descriptas – en función del indudable valor comercial, patrimonial e histórico del inmueble en cuestión, en donde funciona nada menos que la sede administrativa de El Diario de Paraná – empresa ícono de la firma SAER -, lo que no deja de dar verosimilitud no solo a la denuncia en sí misma, sino también a las medidas que a continuación se solicitarán”.

“Lo que quedaría claro, a partir de los ejemplos citados, es que los denunciados han realizado actos por los cuales descapitalizan la firma SAER y la endeudan, desprendiéndose de gran parte de su patrimonio, e insolventándose a sabiendas de que tal resultado que podría llevarlos – por lo menos – a la imposibilidad de asumir compromisos comerciales y/o laborales con terceros, o incluso con los propios socios, o con la querellante – existen no menos de 10 causas civiles, que fueron solicitadas ad effectum videndi a lo largo de la presente investigación, en donde se tramitan reclamos de carácter patrimonial de Dolores Etchevere hacia el grupo familiar sindicado-“, añader el escrito.

Las “allanamientos” a “requerimientos”, según cada versión de la historia, no fueron la única medida solicitada por el fiscal en esta causa. Pidió además que se libren oficios exigiendo documentación a diversos organismos sobre todas las empresas involucradas, y  también “se libre oficio al Banco Central de la República Argentina, y por su intermedio a todas las entidades bancarias y financieras que operen en el país, a los efectos que informen sobre todos los activos y servicios de cualquier naturaleza existentes a nombre de la firma Construcciones del Paraná S.A.”.

La AFIP, además, debería levantar el secreto fiscal y remitir a la justicia “copias fieles de las declaraciones juradas correspondientes a los períodos 2011/2015 de las firmas SAER y Construcciones del Paraná S.A.”

Cánepa también pidió que se cite a prestar declaración testimonial al Cdor. Guillermo Budassof y que “oportunamente se fije fecha de indagatoria por el hecho descripto, sin perjuicio de su posterior ampliación y/o modificación, a Luis Miguel Etchevere, Arturo Sebastián Etchevere, Juan Diego Etchevere, Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevere, y Luis Alberto Guevara”.

“Por otro lado, y atento a los fundamentos del requerimiento anterior, también solicito se disponga la INHIBICIÓN GENERAL DE BIENES de la firma Construcciones del Paraná” , así como “solicito a V.S. se trabe EMBARGO sobre los bienes de los Sres. Luis Miguel Etchevere” y el resto de las personas imvolucradas en la investigación.

Estos embargos reclamados por el fiscal deberían llegar “hasta cubrir la suma de U$S 250.000 y $900.000, tal los montos involucrados en los créditos tomados de los Bancos Itaú y Nación”.

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¿Le correspondía esa indemnización? ¿No lo condiciona cómo funcionario? ¿Por qué provocó tanta discusión al interior de la entidad? Todas estas preguntas quedan abiertas. Por ahora, luego de que fuentes de la propia Sociedad Rural Argentina (SRA) confirmarán a Bichos de Campo la veracidad de esta información, reproducimos el artículo de Lanari.

Antes brindamos la explicación obtenida desde adentro de la entidad: asegura esta fuente que el pago surgió porque “la Comisión Directiva de la SRA consideró la contingencia impositiva que se le generaba a Luis MIguel Etchevehere el haber renunciado anticipadamente a su cargo y dispuso una liquidación final al desvincularse definitivamente de la entidad, antes de asumir como ministro. Fue un tema administrativo y el pago se hizo efectivo a la semana de su renuncia, antes de su asunción”.

Ahora la crónica de LPO:

“Los pasillos de la Sociedad Rural (SRA) están que arden. Y no se debe a las altas temperaturas propias del mes de diciembre, sino a un pedido del ex presidente de la entidad y actual ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere.

Resulta que, según pudo averiguar LPO, en las últimas semanas el ahora funcionario solicitó a la Comisión Directiva de la SRA que aprueben un bono tendiente a compensar la pérdida de ingresos que sufrirá por aceptar el cargo en el Gabinete.

Las fuentes consultadas cuentan que el pedido se originó por la demora de tres meses en cobrar el primer sueldo que existe en todo cargo político en el Estado y que, aparentemente, el ex presidente de la SRA no está dispuesto a tolerar.

La solicitud del ministro de Agroindustria llegó a la Comisión Directiva de la entidad que, a diferencia de otras oportunidades, esta vez lo dispuso a votación. Luego de varios días de discusiones y entredichos, el sí se impuso con 14 votos contra 11 del no.

Así fue como Etchevehere consiguió que la SRA le abone una suma de $ 500 mil (tres sueldos de ministro) en concepto de lo que sería, en términos legales, una especie de bono de “gratificación” o “reconocimiento” por los cinco años que presidió la entidad.

Los dirigentes que se opusieron al pago del bono están molestos porque consideran que, no solamente no corresponde, sino que de esta manera los que votaron a favor se garantizan la posibilidad de una eventual devolución de favores por parte del ministro.

La semana que viene la Comisión Directiva de la SRA se reúne para definir la situación del actual presidente, Daniel Pelegrina, quien tiene intenciones de continuar al menos hasta septiembre de 2018 que es cuando se terminaba el mandato de Etchevehere.

Pero, al parecer, Etchevehere apoya al vicepresidente primero, Nicolás Pino, para que presida la entidad. Justamente, este dirigente fue uno de los principales impulsores del pago del bono de medio millón de pesos al funcionario macrista.

“Etchevehere nos sometió a una situación sumamente incómoda porque los que votamos en contra del pago del bono ahora quedamos expuestos a eventuales represalias”, comentó a este medio un histórico dirigente de la SRA.

“En la Comisión Directiva de La Rural hay varios empresarios que no quieren tener de enemigo a un ministro; a Etchevehere le quedan operadores adentro y sabe quiénes somos los que votamos en contra”, agregó uno del grupo de los once.

Como sea, en los pasillos de la calle Florida aseguran que no es la primera vez que la Comisión Directiva le hace “favores” a Etchevehere. En septiembre del año pasado le habilitaron la re-reelección para utilizar a la entidad como plataforma política.

La jugada -que no es habitual en una entidad tradicionalista- salió bien porque, tal como estaba planeado, un año más tarde el dirigente entrerriano fue designado ministro de Agroindustria por el presidente Mauricio Macri tras la salida de Ricardo Buryaile. 

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Es el segundo cambio en el Gabinete Nacional luego del triunfo contundente de Cambiemos en las elecciones legislativas de medio término. El lunes se había anunciado la salida del ministro de Salud, Jorge Lemus.

Al parecer la decisión la tomó Mauricio Macri, quien es amigo personal de Etchevehere y le había asignado al dirigente ruralista un rol importante como interlocutor entre el gobierno y el sector rural. En rigor, el presidente de la SRA había sido una de los promotores de la Mesa de las Carnes y fue un actor relevante también para convocar una gran mesa del sector forestoindustrial.

Macri, hace un par de meses, le había ofrecido a Etchevehere la Agencia de Promoción de Inversiones, pero en la Sociedad Rural consideraron que ese era un cargo de poca envergadura para su principal dirigente, uno de los aliados más claros del macrismo en el sector privado.

En realidad, el presidente siempre pensó en Etchevehere como ministro de Agroindustria, desde el inicio de su gobierno. En diciembre de 2015 se rumoreaba que  ya tenía tomada esa decisión, pero sus socios del radicalismo, como Ernesto Sanz, y el ex ministro de Economía Alfonso Prat Gay, terciaron en esa discusión y propusieron un nombre alternativo. Así surgió la propuesta de Buryaile.

Queda claro que ahora, tras una exitosa compulsa electoral, Macri se va a sacar el gusto de poner a quien siempre tuvo en mente para ocupar la cartera de Agroindustria.

Fuentes oficiales dijeron que Buryaile no se quedará sin trabajo, sino que será designado como nuevo representante argentino ante la Unión Europea.

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