Nada cambió con el nuevo ministro, salvo el salario que cobrará el letrado ligado al Instituto Patria. Por la inflación y la renegociación de los salarios llevada a cabo por los gremios estatales, Barcesat cobrará a partir de este mes unos 277.500 pesos mensuales, pero a partir de febrero serán 312 mil pesos aproximadamente.

“Desígnase, a partir del 20 de septiembre de 2021 como personal de Gabinete del Ministerio de Agricultura al abogado Don Eduardo Salvador Barcesat, asignándosele la cantidad de 3.424 Unidades Retributivas mensuales”, dice la resolución publicada en el Boletín Oficial, que extiende el contrato a favor del abogado y lleva ahora la firma de Domínguez. Ahora la Unidad Retributiva cotiza a 81,04 pesos. Desde febrero pasará a valer 91,17 pesos.

En aquel momento, cuando su primera contratación, Bichos de Campo se comunicó con el propio Barcesat para saber cuál sería su tarea en el Ministerio de Agricultura, una estructura que ya cuenta con 3.500 empleados (entre planta permanente y contratados) y entre ellos hay muchos abogados. El veterano letrado -que en ese momento se desempeñaba como coordinador de una de las Comisiones del Instituto Patria- contestó que iba a asesorar al ministro Basterra en materia de los juicios vigentes por la ex ONCCA y en la aplicación de la Ley de Tierras.

En ninguno ni otro capítulo hubo avances visibles de un año para el otro. En el caso de la ex ONCCA, este medio presentó un pedido de acceso a la información pública que permitió saber que el Estado enfrenta todavía 138 juicios por supuestas compensaciones adeudadas de la época en que ese organismo era controlado por el ex AFIP, Ricardo Echegaray. En materia de ley de Tierras tampoco  se notó ningún avance.

Acceso a la información pública: Todavía hay 138 juicios que reclaman millones al Estado por las compensaciones de la ex ONCCA ¿Qué empresa los impulsan?

A pesar de eso, en una de sus primeras decisiones administrativas, el nuevo ministro Domínguez renovó el costoso contrato a favor de Barcesat, quien ya lo había asesorado en su paso por la cartera agropecuaria entre 2009 y 2011, durante el gobierno de Cristina. De aquel momento data la ley contra la extranjerización de tierras promulgada entonces por el kirchnerismo, que resultó ser un verdadero papelón pues pretendía frenar una invasión de capitales extranjeros y terminó poniendo límites máximos de hasta 15% de las tierras rurales para este tipo de sociedades. Luego, cuando se chequeó el catastro, resultó ser que los extranjeros eran dueños de solo 6% de las tierras rurales.

Barcesat históricamente estuvo ligado a causas que involucraron a actores ligados al kirchnerismo. Defendió a la Asociación Madres de Plaza de Mayo en el supuesto desvío de fondos en Sueños Compartidos y al empresario Gerardo Ferreyra en la causa de los cuadernos).

Cuando arrancó a trabajar en el Ministerio de Agricultura, las 3424 Unidades Retributivas mensuales que se le habían asignado cotizaban a 54,2, con lo cual su remuneración rondaba los 185.580 pesos. Ahora llega a 277 mil. Sigue siendo por lejos uno de los empleados mejor remunerados de esa cartera.

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Se reconocía de este modo que todavía quedaban empresas (aceiteras, molinos, feedlots y de otros rubros) que reclamaban al Estado cobrar parte de las “compensaciones” que distribuyó la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ex ONCCA entre 2008 y 2011). En ese tramo el organismo fue administrado por Ricardo Echegaray, Emilio Eyras y Juan Manuel Campillo. Durante esas gestiones fueron públicas múltiples denuncias por posibles casos de corrupción en la distribución de esos fondos públicos. Tantas, que incluso condujeron a la decisión de disolver la ex ONCCA en febrero de 2011.

Ocho años después, según confirmaba la Resolución 21/2019, había deudas pendientes de pago. Según versiones extraoficiales, las empresas alimenticias que no habían cobrado reclamaban del Estado una suma cercana a 3.000 millones de pesos.

La mencionada Resolución 21/2019 disponía que en el Ministerio de Agricultura, que había recibido los expedientes de pago pendientes desde la disuelta ex UCESCI de la Secretaría de Comercio Interior, se declaraban “concluidos los procedimientos administrativos originados a partir de la presentación de solicitudes de compensaciones al consumo interno”, y se suspendían “por el término de 180 días los efectos de los actos administrativos que hayan reconocido las compensaciones mencionadas en el artículo precedente”.

Ese plazo de “no innovar” fue prorrogado por 90 días en la Resolución 211/2019, de noviembre de ese año. Quedaban pocos días para el cambio de gobierno, Cambiemos ya había perdido la elección y la decisión de no pagar esas deudas sospechosas se trasladaba para febrero: la papa caliente quedaría en manos de la nueva gestión. La decisión final respecto de estos expedientes corresponderían a las nuevas autoridades del Ministerio de Agricultura, que a partir de diciembre de 2019 quedó a cargo del agrónomo Luis Basterra.

Esta nueva gestión publicó a fines de abril de 2020 la Resolución 16/2020, que amparándose en la situación de emergencia económica y pandemia, y alegando que “atento al cambio de autoridades, aún no se ha concluido con los trámites respectivos”, suspendió el cómputo del plazo previsto en la resolución del artículo anterior.

Sin plazos perentorios para resolver si correspondía o no pagar esas millonarias compensaciones, en octubre de 2020 el propio Basterra designó como asesor especial de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio al reconocido abogado Eduardo Barcesat, quien ante consultas periodísticas sobre los motivos de su nombramiento explicó que iba a dedicarse al análisis de esos ciertos expedientes de la ex ONCCA, entre otros temas. Barcesat pertenecía a la estructura del Instituto Patria, al igual que la jefa de Gabinete de Basterra llamada Diana Guillén.

Una mujer de 71 años es la que maneja los verdaderos hilos del poder en el Ministerio de Agricultura

En abril de 2021 una evidencia de que Agricultura todavía no había resuelto por la negativa o la positiva estos expedientes de pago fue que la empresa molinera Morixe admitía en sus balances públicos que a diez años de la disolución de la ex ONCCA todavía reclamaba el pago de 245 millones de pesos pendientes.

En este pedido de acceso a la información pública que Bichos de Campo presenta a las autoridades del Ministerio de Agricultura mediante los mecanismos legales vigentes se pretende que conocer estas precisiones:

1. El listado de empresas que todavía reclaman deudas por aquel régimen de compensaciones que ejecutó la ex ONCCA hasta febrero de 2011, dando a conocer la identidad de cada sociedad, su número de CUIT y el monto que reclama a las autoridades.
2. Que exponga cuál ha sido su decisión sobre esos expedientes de pago, si ya se ha tomado. Y que explicite si en el caso de que se estén reconociendo las deudas reclamadas por las empresas, como se procederá a efectuar los pagos y si se aplicará algún mecanismos de actualización de los montos.

Este medio de comunicación ya había utilizado este recurso de acceso a la información pública en el caso de los supuestos 15 exportadores de carne que habían sido suspendido, y que en realidad nunca fueron tales. Muchos de ellos incluso fueron rematriculados a los pocos días.

En esta ocasión vinculada a las compensaciones pendientes de la ex ONCCA, ya se efectuó la consulta periodística pertinente al área de comunicación del ministerio, pero han pasado 15 días y no obtuvimos respuesta. Ahora empiezan a correr los 15 días en que deben responder lo que se solicita según los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública.

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