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En los últimos días hubo una catarata de anuncios que hicieron recrudecer la guerra entre los dos gigantes que se disputan el liderazgo de la economía global, que en realidad es la pelea de fondo. El viernes pasado Donald Trump anunció más aranceles y al lunes siguiente las autoridades de China anunciaron que aumentarían los tributos que se cobran al ingreso de mercaderías estadounidenses, como vegetales congelados y el gas natural licuado, entre otros.

La escalada en la disputa comercial volvió a impactar en los precios de los granos, lo que provocó un malhumor muy grande entre los farmers. Esto obligó al gobierno norteamericano a anunciar medidas para aliviar la situación de los productores de ese país.

“Vamos a tomar el año más alto, la compra más grande que China haya hecho a nuestros granjeros, que es de aproximadamente 15.000 millones de dólares, y hacer algo recíproco para que nuestros granjeros puedan hacerlo bien”, dijo Trump a los reporteros que estaban en la Casa Blanca, de acuerdo a un cable de la agencia Reuters. De todos modos, no dio precisiones respecto de cómo se implementará el nuevo paquete de ayuda.

Históricamente Washington cuenta con diferentes programas de apoyo al sector agropecuario, que dan previsibilidad al negocio y a la inversión que hacen los productores. Los 15 mil millones de dólares adicionales que se anticipan ahora significarían un incremento de 25% respecto del monto destinado a tal fin el año pasado, cuando las ayudas sumaron 12.000 millones de dólares. 

Ver Trump no achica ante China y otorga multimillonarios subsidios a sus productores

Con respecto a esta ayuda multimillonaria (equivale casi al valor actual de la cosecha argentina de soja), la analista de la Fundación INAI, Sofía Perini, añadió que “además se anunció que se podrían incorporar compras públicas del Estados para después colocarlas en países en desarrollo, pero algunos países como Canadá se expresaron respecto de las distorsiones que podrían generar en los mercados y el comercio mundial”.

Desde que arrancó la guerra comercial los precios de los granos y en especial los de la soja se ven afectados por la disputa en cuestión, pero también por otros factores como la alta producción y los stock mundiales abundantes. Se agregó en las últimas semanas la crisis sanitaria del rodeo porcino chino (por la Fiebre Porcina Africana) que llevó a la matanza de varias decenas de millones de animales, por lo que necesitará menos soja para su alimentación.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) estima una caída en la demanda China del poroto de soja en 9 millones de toneladas para el ciclo 2019/20, respecto de la campaña anterior.

Esa menor demanda golpea las cuentas de los agricultores estadounidenses, ya que las exportaciones de soja de ese país a China destino cayeron a los registros más bajos en muchos años, y también se vieron afectadas las cotizaciones internacionales del grano que cayeron por debajo de los 300 dólares.

“De los miles de millones de dólares que estamos cobrando (en los aranceles a las importaciones chinas), una pequeña parte de eso se destinará a nuestros agricultores, porque China tomará represalias, probablemente en cierta medida, contra nuestros agricultores”, reconoció Trump.

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¿Epa? La EPA no es otra cosa que la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Se ocupa de verificar que las diferentes sustancias que se utilizan en la vida moderna no afectan ni la salud ni el medio ambiente en ese país.

Podés descargar el documento de la EPA desde aquí.

A raíz de la polémica en la que se vio envuelto el herbicida glifosato, y que en Estados Unidos incluye un capítulo judicial multimillonario, la EPA decidió hace algún tiempo volver a revisar la aprobación de ese agroquímico, muy utilizado a nivel global sobre todo a partir de la aprobación de la primera soja transgénica, resistente justamente a ese principio activo, a mitad de los ’90.

Bayer, empresa que compró en 2017 a Monsanto, la creadora de aquel paquete tecnológico (la patente sobre el glifosato la perdió en 1999), saludó la decisión de la agencia estadoundiense. “Aunque todavía estamos revisando la decisión provisional completa, es significativo que la EPA de los EE.UU. y otros reguladores expertos que han evaluado el extenso cuerpo científico sobre los herbicidas a base de glifosato durante más de 40 años, reafirmen que estos productos son seguros cuando se utilizan responsablemente”, indicó la compañía líder en materia de insumos agrícolas.

“Bayer cree firmemente que la ciencia respalda la seguridad de los herbicidas a base de glifosato, que son algunos de los productos más estudiados de su tipo, y se complace de que los reguladores encargados de realizar esta evaluación este sigue llegando a conclusiones favorables”, añadió la empresa, que últimamente viene perdiendo valor en el mercado bursátil justamente por la controversia en que se ve envuelto el glifosato.

En su comunicado, Bayer destacó el pronunciamiento a favor de la inocuidad del glifosato (siempre, claro, que sea bien utilizado) de parte de Alezandra Dunn, que es la asistente administradora de la Oficina de Seguridad Química y Prevención de la Contaminación de la EPA. La mujer enfatizó: “No existe ningún riesgo para la salud pública por la aplicación de glifosato”.

“Nuestros datos científicos disponibles no respaldan una relación de causa y efecto entre la exposición al glifosato y la enfermedad de Parkinson o el linfoma no Hodgkin”, añadió la funcionaria.

También señaló Dunn que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) fue “la única agencia a nivel mundial que ha conectado el glifosato con el cáncer”. En realidad, ese organismo internacional incluyó hace algunos años a esa sustancia en un listado de productos “potencialmente cancerígenos” y eso desató una ofensiva global de muchas organizaciones ambientalistas contra el glifosato.

Según un comunicado de Bayer, esta validación interina de la EPA es “más sólida” y “más transparente” que la revisión de la IARC. Las bibliotecas, obviamente, se dividen.

La corporación alemana recordó que el glifosato ha sido aprobado en más de 160 países. Desde aquel pronunciamiento de IARC en 2015, se han manifestado siempre validando al glifosato la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA), el BfR alemán y Autoridades reguladoras de Australia, Canadá, Corea, Nueva Zelanda y Japón, así como la Reunión Conjunta FAO/OMS sobre Residuos de Plaguicidas (JMPR).

En enero de 2019, subrayó Bayer, Health Canada concluyó que “después de una revisión científica exhaustiva” las preocupaciones sobre la seguridad del glifosato “no pudieron respaldarse científicamente al considerar todo el conjunto de datos relevantes”.

Luego del anuncio de la EPA, el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Sonny Perdue, manifestó: “Si vamos a alimentar a 10 mil millones de personas en 2050, necesitaremos todas las herramientas a nuestra disposición, que incluyen el uso del glifosato”. Y agregó: “el USDA aplaude la decisión de registro propuesta por la EPA, ya que se basa en la ciencia y es consistente con los hallazgos de otras autoridades reguladoras en que el glifosato no representa un riesgo carcinogénico para los humanos”.

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En ese sentido, el ejecutivo del grupo que más hacienda faena y más carne exporta en el país, y que pertenece al coloso brasileño Minerva, alertó por la alta participación de China entre los clientes de los cortes vacunos locales. “No me parece una buena idea que un país sea chino-dependiente”, afirmó. En el primer bimestre del año, cerca del 70% de los volúmenes tuvieron como destino el país asiático.

En declaraciones a la agencia de noticias Télam, De Achaval explicó que “Estados Unidos es líder. Abriendo ese mercado, es muy posible que atrás también se abra Japón, México y demás países importantes. Si como cliente tenés a Estados Unidos, el mundo ya te mira bien”, añadió.

El mercado estadounidense para la carne argentina tuvo su reapertura a finales de noviembre del 2018, luego de haber estado cerrado por más de 17 años. Swift fue la primera empresa que exportó, con un envío en diciembre de 500 kilos de ojo de bife a Miami y otro posterior de 12,3 toneladas a Filadelfia.

Para fortalecer ese regreso, esta semana viajarán a EE.UU. Ulises Forte y Mario Ravettino, las dos principales autoridades del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA) junto a representantes de varios frigoríficos habilitados para exportar a ese mercado. Son el Rioplatense, Swift, Quickfood y Marfrig. Tres de cuatro son de capitales brasileños.

“El potencial del mercado estadounidense radica en su variedad étnica, su buen poder adquisitivo y, en un punto que es muy importante, que es que Estados Unidos importa y exporta la misma cantidad de carne”, indicó De Achaval, ilusionado con la cuota arancelaria de 20.000 toneladas anuales que la Argentina podrá colocar en ese mercado.

El presidente de Swift indicó que, “como el 50% de la dieta de un estadounidense de carne bovina es en hamburguesas, para que las mismas no sean tan grasosas necesita materia prima magra. A Estados Unidos le ayuda mucho la complementación de nuestra carne, que en su mayoría es magra, y vamos a competir por ese mercado con Australia y Nueva Zelanda. Eso levanta nuestro nivel”, aseguró.

Respecto al mercado chino, el cual absorbió el año pasado el 56% de las más de 550.000 toneladas exportadas de carne vacuna en total por Argentina, pero en el primer bimestre subió a 70% de participación, De Achaval indicó que esa plaza “no es infinita, y no me parece buena idea que un país sea chino-dependiente”.

“En primera instancia, no es un país extremadamente democrático y segundo, no estoy cómodo porque si por equis causa pasa algo y China dice que no le compra carne a Argentina por 60 días, te explota todo en la cara”, explicó el titular de Swift.

Ver Alta dependencia: En enero casi el 70% de la carne exportada fue para China

Según De Achaval, las exportaciones a China tuvieron un incremento exponencial en los últimos tiempo, porque el país asiático “encontró un nicho en Argentina, donde había una alta cantidad de animales para exportación”. 

Al respecto, indicó que “aquí el porcentaje de progenia es bajo: de 100 vacas que andan pastando, el 65% te dan un ternero, mientras que en otros lados esa relación es de 75 u 80%. Lo que tenemos es materia prima que sobra, por lo que se pueden sacar vacas del sistema y no estoy sacándole capacidad productiva al país, sino haciéndolo mas eficiente”, razonó el industrial.

En el mismo sentido, agregó que “no se necesitan más vacas, sino producir más carne, generando mas kilos por animal”. 

Swift Argentina cuenta con cinco plantas, de las cuales tres se encuentran operativas, con 1.900 empleados y exporta carne a China, Europa, Chile, Brasil y Estados Unidos, entre otros destinos.

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Corea compraría el año próximo según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) unas 560 mil toneladas, mientras que Japón importaría cerca de 850 mil toneladas. En conjunto suman el 14% del mercado mundial de carne vacuna que sería en 2019 de poco más de 10 millones de toneladas. Pero además se trata de dos mercados cuya demanda de carne está creciendo.

Si se cumple la proyección del USDA para 2019 el salto respecto de las importaciones registradas por Japón en 2014, sólo 5 años atrás, sería de 15%. En tanto Corea tuvo un crecimiento mucho mayor, en sus compras se incrementarían 45% de llegar a las 560 mil toneladas en 2019.

Del crecimiento de la demanda de ambos países da cuenta la Federación de Exportadores de Carne de los Estados Unidos (USMEF, por sus siglas en inglés), que en un reciente informe señala que “aun cuando falta computar un trimestre los valores se están afirmando” y luego agrega que “en septiembre las exportaciones a Corea aumentaron 22% en comparación con el año anterior en volumen sumando 19.116 toneladas y un 29% en valor acumulando 143 millones de dólares”.

En tanto, las ventas de enero a septiembre a ese país alcanzaron las 181 mil toneladas es decir 37% más que en igual período del 2017 mientras que en valor el crecimiento fue mayor y llegó al 51% para acumular 1.300 millones de dólares superando el récord del año pasado. Eso significa que el valor promedio de la tonelada es de 7.300 dólares.

El informe de la USMEF dice además que la participación de Estados Unidos en Corea llega al 49% del total de sus importaciones.

En el caso de Japón el documento en cuestión indica que en los primeros tres trimestres de 2018, las exportaciones a ese país aumentaron un 7% en comparación con el año anterior en volumen (252.900 toneladas), mientras que el valor aumentó un 10% a u$S1.600 millones. El precio promedio de venta fue de 6.300 dólares por tonelada. No parece un precio alto teniendo en cuenta que los valores Hilton rondan los 10.000/11.000 dólares, pero hay que tener en cuenta que tanto en el caso de Corea como en el de Japón el promedio es por cortes de muy variada calidad y en consecuencia precio.

“En términos de valor EE. UU. es el principal proveedor de Japón con 46,8% de las importaciones, un poco más que los tres primeros trimestres de 2017. Sin embargo, en términos de volumen representó poco menos del 42% de las importaciones totales, frente a 43% en el mismo período del año pasado y por detrás de la participación del 48,6% de Australia”.

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“Autorízase la comercialización del grano de soja y de los productos y subproductos derivados de éste, proveniente de los eventos MON-877Ø8-9 x MON-89788-1 y su parental MON-877Ø8-9, con el objetivo exclusivo de ser utilizados como materia prima para su procesamiento agroindustrial y con fines de uso alimentario humano y animal”, dispuso la Resolución 30/2018, de la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía, que fue publicada en el Boletín Oficial.

¿Cuáles son los riesgos de que parte de esa soja importada, y que posiblemente contenga el evento Xtend, sea derivada a la siembra dentro del país? Parece ser una cuestión que no preocupa demasiado a nadie en este momento en el que se necesita con urgencia -a pedido de la industria aceitera- importar una gran cantidad de soja desde los países vecinos pero también de los estados Unidos. La resolución indica además que esta soja ya tenía el visto bueno para su aprobación comercial tanto de la Conabia, como del Senasa, como del propio Ministerio.

Con este recurso, en rigor, el gobierno nacional sorteó el mayor impedimento que existía para autorizar el ingreso de la soja de los Estados Unidos, ya que ese evento transgénico ha sido autorizado y sembrado en el país del Norte desde la campaña pasada pero aquí no lo estaba.

Allá se vende bajo la marca comercial “Xtend”, perteneciente a la empresa Monsanto. Los mencionados eventos MON87708 y MON89788 son los que confieren a las plantas de soja una mayor tolerancia a las aplicaciones con herbicidas glifosato y Dicamba. La Xtend nació como alternativa a la gran cantidad de malezas resistentes que aparecieron luego de tantos años de aplicaciones con glifosato. Aquí son cerca de treinta biotipos y en los EE.UU. ese número se duplica.

Curiosamente en la Argentina esa tecnología todavía no había sido aprobada por la autoridades regulatoras debido a que la propia Monsanto decidió retirarla del mercado, como modo de reclamar al gobierno local que se diseñe un sistema que permita cobrar regalías a los obtentores de nuevas variedades de semillas. La compañía -que esta semana pasará a manos de la alemana Bayer- incluso ordenó destruir los ensayos locales con Xtend en todos sus campos experimentales.

Ver: Por ahora, la soja resistente a Dicamba seguirá lejos de Argentina …

Según la resolución de Agroindustria, firmada por el secretario Andrés Murchison, la “excepción” para que esta soja transgénica pueda ser utilizada en la industria aceitera local fue solicitada por la propia Monsanto el 22 de mayo pasado. Ese trámite se produjo pocos días después de que el propio Murchison estableciera un procedimiento especial para posibilitar el ingreso de soja de los Estados Unidos solo para su procesamiento industrial, sorteando el inconveniente de que aquí no se habían aprobado todas las variedades transgénicas que allí se utilizan.

Fuentes del mercado y del propio Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) estiman que la Argentina podría importar este año cerca de 1,2 millones de toneladas de soja desde ese país, para alimentar las fábricas aceiteras que este año trabajarán con una gran capacidad ociosa debido a la caída del 30% en la cosecha local de soja.

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Será por falta de mercadería para procesar por la sequía que castigó a muchos productores argentinos que perdieron gran parte de la cosecha de soja. Será porque para algunos la “triangulación” de operaciones, ante el conflicto por los aranceles entre EE.UU. y China puede ser un negocio alternativo interesante. Será por los diferenciales de “primas” que conforman los precios y permiten un negocio adicional para algunos. O será por las razones que cada uno considere mas oportunas. La cuestión de la importación de soja volvió a surgir en los grandes medios y otra vez hay opiniones de todo tipo, muchas de ellas interesadas en función de los sectores a los que pertenecen los “opinologos”.

Sin embargo, más allá de las opiniones hay una realidad que sólo puede demostrarse con hechos y que permitirá a cada uno sacar sus propias conclusiones en base al análisis de tales hechos. En este sentido, llama la atención el silencio del gobierno nacional, tan proclive a mostrar supuestos éxitos de su política de integración al mundo, como el de las entidades que dicen representar los intereses de los productores. Excepto la FAA en un comunicado no demasiado expresivo, nadie se refirió al tema.

Un poco de historia reciente. Ni bien asumió ele gobierno, en diciembre de 2015, Mauricio Macri dio cumplimiento a las promesas más importantes que le había hecho a los productores. Devalúo, unificó el mercado cambiario, abrió las exportaciones y eliminó los derechos de exportación, excepto para el principal producto castigado por este tributo a la producción (más allá de su nombre técnico) y que por otra parte fuera el origen del mayor conflicto del “campo” con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (CFK), la soja.

Pocos días después, el mismo gobierno también cumplió con unos de los reclamos que le hicieran los representantes del Centro de Exportadores de Cereales y de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CEC-CIARA). Este sector durante los años kirchneristas hizo importantes diferencias en los negocios de trigo y maíz, fomentados por las políticas oficiales del gobierno nacional que favorecieron la concentración y cartelización en perjuicio de los productores.

A tal punto (ese beneficio) que en un acto recordado -por ser la única vez que ocurrió en la historia argentina-, el presidente de entonces de esa entidad empresarial, Raúl Padilla, agradeció en la Casa Rosada a la entonces presidenta CFK las políticas aplicadas para el sector. Con ese acto se estaba avalando los ROES, cupos y cuotas de exportación y retenciones con que el kirchnerismo lograba una transferencia de recursos de los productores, no sólo al propio Estado, sino también a exportadores e industriales.

Antecedentes – La prehistoria reciente: También vale recordar que luego de varios años de gestiones, el gobierno de Néstor Kirchner firmó el decreto 1.330 en 2004, que permitió a las aceiteras importar soja bajo el régimen de importación temporaria. Sus alcances fueron ampliados en 2006.

En ese momento, CARBAP, entidad representativa de los productores de Buenos Aires y La Pampa, emitió un duro y concreto comunicado cuestionando la medida.

Hasta el momento de redactar este informe, por una medida similar nada ha dicho al respecto. Podría hacer un “copiar y pegar”, ya que la realidad es la misma, agravada por la falta de ayuda oficial frente a la emergencia que hoy soportan miles de productores sojeros, quienes recibirán como competencia la soja producida no solo en los países limítrofes sino también en un país que subsidia a sus productores, como es el caso de Estados Unidos, provocando una baja en los precios del mercado interno. Ocurre, que en algunas entidades de productores varían su opinión en función del gobierno o funcionario de turno. Tal vez ahí está la razón de su cada vez menor representatividad y de la desconfianza que con sus actos generan en sus supuestos representados.

Pero volvamos a la historia. Luego del conflicto entre el “campo y el gobierno K” no todo era color de rosa en la relación entre los empresarios que manejan el comercio internacional de nuestros productos y las autoridades.

En 2009,el gobierno de CFK emitió la resolución 109 por la cual se excluyó a la soja del régimen de importación temporaria. Los argumentos citados en esa norma son indicativos de la puja que acompañó los sucesivos cambios del régimen. Según el texto de esa disposición, el cambio fue para “proteger los ingresos de los productores al privilegiar la utilización de materia prima nacional”.

No obstante, y más allá de la verdad de este argumento, el gobierno estaba imponiendo una represalia sobre un sector que mediante diferentes métodos, aunque tratando de pasar lo mas desapercibido posible como ocurre casi siempre con sus acciones, había apoyado la “rebelión del campo”: los exportadores y los industriales aceiteros.

Por otra parte, a partir de las desastrosas medidas tomadas por la administración K, en materia impositiva y por su “sorprendente” desprolijidad, en particular desde el aumento a los derechos de exportación de la soja en noviembre de 2007, el sector exportador-industrial pudo hacer grandes diferencias entre los descuentos de precios que pudo hacer a los productores en sus compras y lo que efectivamente trasladaron al fisco. Utilizaron para ello un artilugio que les permitía el régimen legal vigente y sobre el cual el kirchnerismo “sorprendentemente” no advirtió. Esto generó una nueva y vergonzosa transferencia de recursos de los productores al sector comercializador externo y a la industria.

Las repercusiones de esta situación en diversos medios especializados motivo que el tema llegará al Congreso de la mano del entonces diputado Martinez Raymonda, asesorado por el conocido abogado Ricardo Monner Sanz. Ello permitió la salida de una engorrosa ley, muy mal redactada e implementada, pero que de alguna manera ponía a la AFIP en condiciones de reclamar a los compradores esas diferencias no liquidadas. En los hechos se generó una deuda de los compradores con la AFIP.

Algunos llegaron a algún tipo de acuerdo, otros prefirieron litigar. Siempre es bueno recordar que se trataba de una disputa por dinero extraído a los productores.

Otro aspecto a recordar de la política de entonces, era la permanente falta de “dólares” que sufría el gobierno K en sus últimos años. Esto era siempre “solucionado” por el sector exportador que actuaba como rueda de auxilio permanente del gobierno en este tema.

Tal vez por eso en 2012, se volvió a abrir el régimen de importación temporaria, aunque condicionado a la inscripción de los operadores en un Registro de Operadores de Soja Autorizados (ROSA), para lo cual había que estar al día con la AFIP.

Modificación y posibles trampas, con otros beneficiarios: La Bolsa de Comercio de Rosario, zona clave en el desarrollo de la industria sojera, recordó que el régimen de admisión temporaria de soja se reestableció a pleno durante los primeros días del gobierno de Cambiemos.

“Dos resoluciones de los ministerios de Producción y Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación resolvieron a comienzos de esta semana eliminar el requerimiento de estar inscripto y habilitado en el ROSA (Registro de Operadores de Soja Autorizados) para poder participar del régimen de importación temporaria para procesamiento industrial. Dicha exigencia se había creado en el año 2012 cuando se restableció el sistema derogado en 2009. Pero desde el 2012 y al existir diferendos entre las empresas del sector con la AFIP (en su mayoría derivados de la denominada Ley Martinez Raymonda; relativa al tema derechos de exportación) su vigencia no tuvo ningún impacto en la actividad de las plantas argentinas durante los últimos años. No hubo prácticamente operaciones de importación de soja desde Paraguay o Bolivia en los últimos tiempos (hasta 2015).  La normativa publicada el lunes en el Boletín Oficial dispuso que ‘cuando el producto resultante a exportar sea aceite de soja, harina o pellets de soja, no se requerirá la inscripción en el ROSA’, y encarga a AFIP la fijación de los valores de importación a deducir para la determinación de la base imponible de los tributos a pagar al momento de exportar”.

Sigue al análisis efectuado por la BCR a comienzos de 2016: “El sistema de importación temporaria habilita a la industria a deducir el costo de la importación de la base imponible de los derechos de exportación, calculada a partir de la cantidad declarada para embarque multiplicada por el valor FOB oficial informado por el Ministerio de Agroindustria. De este modo, el exportador solo paga al fisco por el valor agregado local, y no por el valor total de la harina o el aceite que está exportando. De alguna manera, concede un tratamiento diferencial al industrial que tuvo que originar la materia prima a precios internacionales”.

Volvemos a nuestro análisis. En muchos casos esa ecuación hasta puede resultar “negativa” no solo evitando el pago de los derechos de exportación sino también reduciendo el pago de un eventual impuesto a las ganancias. Ello es posible porque en muchos casos el “calculo efectuado por las empresas y su documentación” determina que se puede haber gastado mas en la compra de la materia prima a precio internacional lleno que lo obtenido por la venta del producto derivado (valuado como grano considerando sus costos de transformación). No siempre es así, pero es una posibilidad.

El argumento que utiliza el gobierno macrista, asesorado por los empresarios del sector, y tal como lo menciona en las resoluciones citadas, es el siguiente: “Conforme a la experiencia recogida y al actual contexto económico corresponde tomar las medidas que permitan impulsar la actividad agroindustrial y la generación de valor agregado en el territorio nacional, así como la plena ocupación de la capacidad industrial instalada, con la consecuente generación de empleo, sin que ello implique atentar contra la producción nacional de soja”.

El impacto en el precio interno es ineludible. Sencillo, a más oferta menor precio:  En la nota ya mencionada, la Bolsa de Comercio de Rosario, que se mostró muy satisfecha por la medida, incluía el siguiente párrafo:

“Uno de los temores que se abre con esta medida es que la oferta doméstica pueda sufrir una mayor competencia con el ingreso de producción extranjera, lo que podría deprimir los precios y restar rentabilidad al cultivo. Esta preocupación se sustenta en el hecho de que -por la vigencia de los derechos de exportación- los productores argentinos sufren descuentos del 30% en los valores que reciben de los compradores. Los productores paraguayos o bolivianos, por caso, recibirán el ‘precio lleno’ cuando su soja se destine a procesamiento industrial en Argentina. Si bien es un argumento atendible, creemos que no corresponde justificar la inconveniencia de la medida por la vigencia de otra (las retenciones) que se encuentra en un plan gradual de disminución de acuerdo a lo planteado por las autoridades”.

De alguna manera se está reconociendo en ese párrafo que la existencia de los derechos de exportación para los productores argentinos los pone en una clara competencia desigual frente a sus competidores de otros países. A la fecha los derechos de exportación de la soja siguen existiendo y están en el 28%.

Una medida de esta naturaleza como es la apertura sin aranceles de importación de soja, debió haber contemplado esta situación.

Sin embargo, también es una realidad que no puede desconocerse que la industria aceitera argentina es la mas desarrollada y moderna del mundo y tiene una capacidad de procesamiento mas allá de la producción argentina de soja. Pero acá también valen algunas consideraciones.

Una industria eficiente construida en gran parte al esfuerzo de los productores y sus recursos:  En primer lugar, gran parte del crecimiento de dicha industria fue construido en base a una transferencia de recursos del sector productor a través del diferencial de retenciones entre las exportaciones de poroto y la de producto con elaboración como los aceites y las harinas.

Al productor se le descuenta el porcentaje de retenciones lleno del poroto y el procesador paga menos por el diferencial existente. Se aclara que no es un subsidio (reintegro) que sale de las arcas del Estado sino que sale del bolsillo de los productores. Esta normativa con diferentes niveles de diferenciales esta vigente desde la década del 70.

También durante gran parte de los últimos 40 años, las inestables políticas económicas argentinas le permitieron a este sector obtener recursos adicionales de los regímenes de prefinanciación de exportaciones vigentes en cada momento.

Asimismo hay que reconocer que sin este desarrollo de la industria aceitera, a lo mejor, no tendríamos la producción de soja actual y que ayudo a muchísimos productores a “sobrevivir” a las nefastas políticas aplicadas al sector por diferentes gobiernos.

¿Pero, y si no hubiesen existido las retenciones? ¿De cuanto sería hoy la producción de soja? Miremos a Brasil, que en 10 años paso de 50 a 115 millones de toneladas, mientras la Argentina se quedo en los 50 millones, con un máximo de 58 millones.

¿A dónde vamos?: Llegado a este punto es necesario mencionar que comparto absolutamente la idea del agregado de valor. Comparto absolutamente la idea de abrirse al mundo siempre y cuando la apertura sea de ida y vuelta. Comparto absolutamente la idea de competir con el mundo siempre y cuando sea en igualdad de condiciones para los productores locales con aquellos de los países de los cuales se están importando esos productos.

Comparto absolutamente la idea proclamada por el Presidente Macri de convertir a la Argentina en supermercado del mundo (solo le falta definir si eso significa que la Argentina va ser a ser un proveedor de alimentos a ese mundo o las góndolas de los supermercados argentinos van a estar llenas de productos importados). Por ahora su política va por la segunda alternativa.

Comparto absolutamente la idea de siempre recordar de donde venimos, pero me gustaría que quienes tienen la responsabilidad, por el voto popular, de conducir el país me dijeran claramente a dónde vamos.

Si creemos que todas estas condiciones ya están dadas en la Argentina, bienvenida la importación de soja de países limítrofes como Brasil, Paraguay o Bolivia, y mucho mas de Estados Unidos, cuyos productores reciben -vía su política agrícola- importantes niveles de subsidios. Ahora, si mal no recuerdo al productor argentino le cobran 28% por producir soja, adicional a todos los demás impuestos que pagan las actividades económicas. Repito la pregunta, ¿si eso no fuera así y más allá de la situación climática faltaría soja en la Argentina?

Más realidades que suman argumentos y muchos interrogantes: Quedan algunas cuestiones más, algunas de de fondo y otras de forma.

De fondo. En momentos en que las mismas empresas reclaman por la falta de mercadería para alimentar sus fábricas, todos los años destinas alrededor del 20% de la cosecha a exportar grano sin procesar. Eso lo hacen porque en determinado momento del año esto resulta mejor negocio. Las empresas están en todo su derecho de privilegiar su beneficio, eso es el fin de toda actividad empresaria, pèro el gobierno, debiera impedir con sus políticas que eso se haga perjudicando a los productores y no a la inversa, como en este caso de la apertura de la importación temporaria de soja.

De forma, pero no menor. Lamentablemente las estadísticas oficiales están empezando a sufrir el mal “Echegaray-Moreno”. En la actualidad no sabemos la magnitud de las perdidas por la sequía ya que el Ministerio de Agroindustria sigue sin informarlas y además, desde hace dos meses ha dejado de publicar el nivel de existencias, con lo cual es muy difícil de determinar la realidad de la situación de oferta y demanda del principal complejo de las exportaciones argentinas.

Y hablando de balanza comercial, el resultado de la importación de soja, por la razones ya explicitadas hasta puede profundizar el déficit comercial (se exporta por menor valor al que se importe). Es posible que esto ocurra por la forma en que se liquiden las operaciones según se explicara previamente) y, por supuesto el gobierno dispondrá de menos recursos por derechos de exportación y no por habérselos reducidos a los castigados productores argentinos sino por transferírselos a los productores de los países competidores: Brasil, Paraguay, Bolivia y ESTADOS UNIDOS.

Se trata de una forma muy particular de promover la producción interna. Salvo que como tal se entienda favorecer a los de siempre que han sido “amigos” de todos y cada uno de los gobiernos de las ultimas décadas.

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La comisión nacional de biodiésel de EE.UU. adelantó -en un comunicado- que el Departamento de Comercio impondría aranceles compensatorios que irían desde un 50,29% a un 64,17% al biodiésel de Argentina y de entre un 41,06% a un 68,28% en el caso de los envíos de Indonesia.

En el caso de la Argentina, el mayor argumento al que apelaron los fabricantes estadounidenses de biodiésel fue que ese derivado de la soja no tributaba tantas retenciones como su materia prima (la soja y el aceite de soja, que pagan 30% y 27% de retenciones, respectivamente). De ese modo, las fábricas se beneficiarían de tal modo que podrían vender por debajo del valor a que operan las plantas del país del Norte.

Habrá que esperar para ver el impacto que tiene esta decisión sobre los negocios de ese sector agroexportador, ya que  Estados Unidos era prácticamente el único mercado que le quedaba al biodiésel argentino tras problemas semejantes con los clientes de la Unión Europea, donde ya se aplican restricciones.

La medida también impactará negativamente en la imagen del gobierno de Mauricio Macri, que la semana pasada habilitó el ingreso al país de carne de cerdo de origen estadounidense sin pedir demasiado a cambio. Tan solo la ratificación de que EE.UU. compraría limones tucumanos y, acaso, la secreta esperanza de que no hubiera sanciones al biodiésel.

A lo largo de 2016, las importaciones de biodiésel provenientes de Argentina e Indonesia significaron gastos de 1.200 millones de dólares y 268 millones de dólares, respectivamente, según un informe del Departamento de Comercio de EEUU citado por la agencia Reuters.

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El 17 de agosto de 2017 no será recordado porque se cumplía un nuevo aniversario de la muerte del gran José de San Martín. Será recordado por el atentado terrorista que dejó ahora 14 muertos en Barcelona, España, y si queda lugar también porque ese día el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se aprovechó de la ingenuidad de los argentinos. Literalmente, nos la puso.

Ese jueves por la tarde, a través de la página oficial de la Casa Blanca, Trump emitió un comunicado en el que informaba que la Argentina había aceptado el ingreso de carne de cerdo desde EEUU. “El presidente Donald Trump anuncia que Estados Unidos cerró el trato para exportar porcino a la Argentina”, era el título de ese comunicado. Trump en persona hacía el anuncio, como corolario de la visita de su vicepresidente, Mike Pence, a la Argentina.

Pence, en efecto, había estado unos días antes en la Argentina y mantuvo reuniones con el presidente Mauricio Macri. Los observadores recordarán que en la conferencia de prensa que brindaron ambos, entre elogios al cambio de rumbo político en el país y definiciones de tono grave sobre la crisis en Venezuela, no se anunció ningún acuerdo concreto en materia comercial. La Argentina los esperaba, porque tenía una larga lista de reclamos pendientes de resolución con los EEUU. Pero no sucedió nada.

Pence se limitó a decir que había ánimo para “profundizar” los intercambios. Habló de la importación a la Argentina de cerdo producido en Estados Unidos y de un mayor flujo de compra y venta recíproca de carne vacuna.

¿Por qué no se hicieron anuncios ese día si estaba todo tan avanzado? No había mejor escenario que ese, con las dos partes presentes, un presidente y un vicepresidente, comunicando la decisión de ampliar el comercio, en rubros concretos, entre los dos países. ¿Por qué debió ser Trump el que concretara el anuncio tres días más tarde y a través de un frío comunicado?

La respuesta es que ni Macri ni Pence pudieron anunciar nada ese día porque hasta ese momento no había nada arreglado. En materia de carne porcina, la pretensión de EEUU era conocida hace rato, pero como nunca antes se había sentido tanta presión.

Acostumbrado a decir que “para vender al mundo también hay que comprarle”, Macri le dio su media palabra al enviado de Washington: el tema se iba a encaminar. Pero el presidente tropezó con la resistencia, más que razonable, de los técnicos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que antes de definir esa apertura esperaban que Estados Unidos diera garantías en materia de control de la enfermedad SRRP (Síndrome Respiratorio Reproductivo de los Porcinos). El virus apareció hace un par de meses en Uruguay y EEUU también sufrió casos. En la Argentina no hay antecedentes.

Por eso lo que en realidad se acordó es que una misión del Senasa visitaría en las próximas semanas algunas plantas porcinas de Estados Unidos antes de dar su visto bueno. No se les pide nada extraño sino las mismas garantías que ese país otorga a otros compradores de su carne porcina, como Sudáfrica.

Pero Trump se apresuró y nos la puso: no esperó el resultado de esa misión veterinaria. ¿Quién se animaría a dar ahora marcha atrás en la decisión de habilitar el mercado argentino luego de un comunicado de la mismísima Casa Blanca?

No solo logró el presidente estadounidense hacer para los suyos el anuncio que vino a buscar su vice. Sino que se lo llevó absolutamente gratis, sin ofrecerle a la Argentina nada a cambio. Nos la puso.

Es peor todavía. No debía Trump ofrecernos nada a cambio de que aceptemos su carne de cerdo. Lo único que se le debería haber exigido es que aplique fallos internacionales que le ordenaron a su país rehabilitar el comercio. Que cumpla le ley, eso que nos piden tanto a nosotros.

Fallos como el que en julio de 2015 (hace más de dos años) dictó la Organización Mundial de Comercio (OMC) ordenando a EEUU desmontar su prohibición a la carne argentina. Esa veda está vigente desde 2001 con al argumento del rebrote de fiebre aftosa de aquel momento. Pero la Argentina hizo bien las cosas y el último caso de esa enfermedad data de 2006. Han pasado más de diez años y nada.

Con el fallo de la OMC a su favor, nuestro Gobierno espero primero una reapertura antes de fin de 2015, pero nada. Luego negoció con Obama para recuperar ese mercado en 2016, pero nada.  Más tarde llegó Trump y todo volvió a echarse para atrás. Tampoco en su visita a Buenos Aires Pence brindó precisiones. Ni Trump en su comunicado.

Otro tanto sucede con los limones que todavía no se exportan a EEUU a pesar de los múltiples anuncios. El gobierno de Cristina de Kirchner formalizó una denuncia ante la OMC en 2012 porque a su juicio la histórica prohibición de Washington a la fruta de Tucumán “carece de justificación científica y configura una prohibición a la importación incompatible con las normas del Acuerdo MSF y del GATT 1994”. También teníamos razón, pero nada.

La Cancillería, para maquillar los pobres resultados, sacó en las últimas horas un comunicado informando que finalmente Estados Unidos había autorizado el ingreso de limones. “Argentina regresará al mercado estadounidense de limones después de 16 años, habiendo cumplido exigentes requisitos fitosanitarios”, decía. Quedaba entonces planteado el asunto como un trueque: limones por carne porcina.

En realidad este mismo anuncio ya se había hecho en varias ocasiones. Luego de la bilateral entre Trump y Macri a fines de abril, el Ministerio de Agroindustria informó el 1 de mayo exactamente lo mismo que se dice ahora y estableció como fecha de reinicio de los negocios el 26 de mayo. Pero no sucedió nada.

A instancias de la OMC, en rigor, Estados Unidos debería haber haber aceptado los limones argentinos bastante antes, en diciembre de 2016, cuando se publicó la decisión técnica respectiva. También lo había anunciado Agroindustria en ese momento. Pero no sucedió nada.

No es la primera vez ni será la última que Estados Unidos viola las decisiones de los organismos multilaterales que ese mismo país impulsa para el resto del mundo, no para el propio. Suele desobedecer las reglas que dicta en muchas materias, también en el plano comercial. Trump lo hace a cara descubierta y hasta resulta simpático, porque te lo dice.

Pero el problema es nuestro. Somos nosotros los que nos creemos cada anuncio que nos hacen desde Washington y que después se incumple. Y fuimos nosotros los que volvimos a ceder cosas a cambio. En este caso, la carne de cerdo.

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En las últimas semanas hubo una marcada recuperación de los precios de las commodities agrícolas  en el mercado de Chicago que tuvo su reflejo parcial en la Argentina. El lunes la posición julio de trigo subió casi 6 dólares, la de maíz 4 y la de soja 9 dólares por tonelada.

Este martes, el valor de la soja julio llegaba a los 375,5 dólares, cuando hace pocos días atrás, el miércoles pasado, su valor era de 358,70 dólares. Ganó casi 20 dólares por tonelada.

¿Por qué se dan de golpe estas subas?

Los cambios obedecen al mal estado de los cultivos en Estados Unidos, como consecuencia del clima seco que se registra en los últimos días. Al respecto el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos redujo del 68 al 65% y del 64 al 62% la proporción de lotes con maíz y soja en estado “bueno o excelente”. En cuanto al trigo, redujo de 37 a 35% la proporción de los lotes con estado “buenos/excelentes”, cuando el año pasado el 70% de la superficie estaba en esa condición. En las últimas seis semanas, la condición óptima del trigo de primavera cayó 27 puntos.

“Desde hace un mes que la lluvias son inferiores a los promedios históricos y la situación se agravó en los últimos días por las elevadas temperaturas que se alcanzaron. La situación todavía no es tan grave. El problema es el pronóstico para las próximas dos semanas fundamentalmente”, explicó el climatólogo Leonardo de Benedictis.

El especialista señaló que en los próximos 15 días en los Estados Unidos “se pronostican lluvias muy escasas y elevadas temperaturas. Además se están gestando tormentas puntuales en las cuales el nivel de precipitaciones es bajo pero con mucha actividad eléctrica lo que genera incendios”.

En los mapas que se adjuntan, y que fueron elaborados por la National Oceanic and Atmospheric Administration, se describe el pronóstico para las siguientes dos semanas. El primero de ellos da cuenta de las elevadas temperaturas, las zonas en rojo indican las regiones que sufrirán registros por encima de lo normal. El segundo mapa da cuenta de las perspectivas de lluvias, el color marrón indica las zonas que recibirán menos agua de lo normal.

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