El proyecto faculta al Poder Ejecutivo nacional a instrumentar regímenes especiales de prórroga y moratorias para el pago de las obligaciones impositivas y de la seguridad social por parte de la AFIP y la ANSES.

Además, durante la vigencia de la emergencia quedará suspendida la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y medidas preventivas para el cobro de los impuestos y obligaciones de la seguridad social adeudados por los productores.

En paralelo, la Cámara alta aprobó otro proyecto para declarar también la emergencia citrícola en las provincias de Buenos Aires y Catamarca.

El sector citrícola viene atravesando una crisis continua y los productores vienen protestando con ‘frutazos’ en la ruta y hasta en la Plaza de Mayo. “La intención es paliar la situación de crisis prácticamente terminal que está viviendo esta cadena productiva”, explicó el senador entrerriano Pedro Guastavino, del bloque Justicialista.

La rentabilidad prácticamente nula se da por el precio desmedido dolarizado de los insumos, el bajo precio recibido por la fruta, la imposibilidad de acceder al financiamiento y la exorbitante presión impositiva; un combo letal para el productor de cualquier tamaño.

Hablamos de una actividad de importancia porque brinda casi 100 mil puestos de trabajo en el país. Argentina es el octavo productor de cítricos a nivel mundial y exporta 767 millones de dólares al año.

El senador del Pro, Alfredo De Angeli, apuntó que “no es el mejor momento para la citricultura, como así tampoco para otras economías regionales, pero sí hay que valorar positivamente que hay un gobierno que escucha y que trata de resolver los problemas, y que se están abriendo muchos mercados en el mundo”, defendió.

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