La entrada Con una visible demora, el Gobierno extendió la emergencia económica para la actividad citrícola se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Es lo que sucedió el día de hoy, con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 296/2021, que además incorporó a tres provincias productoras de cítricos (Buenos Aires, Tucumán y Catamarca) al listado original que incluía a las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta.
La normativa, como en el caso anterior, implica una prórroga del pago de las obligaciones impositivas y de la seguridad social por parte de las administraciones Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Nacional de la Seguridad Social (Anses) mientras dure la emergencia. Por el alivio que implica sobre todo en materia de aportes patronales, la prórroga era muy esperada por las empresas del sector, que justamente por estos días están arrancando con la tarea de cosecha.
De todos modos, la nueva reglamentación dejó algunas dudas, pues no define a ciencia cierta a partir de qué momento rigen los 365 días establecidos por el Congreso en esta prórroga: si se toman a partir de esta reglamentación, la emergencia debería durar hasta mayo de 2022. Pero si es a partir de la legislación original, el beneficio expirará muy pronto. En octubre del año pasado, la ley 27.569 prorrogó la emergencia por otros 365 días más.
El decreto actual estableció que para alcanzar los beneficios previstos, se requerirá que la actividad desarrollada en la cadena de producción de cítricos constituya la principal en cada empresa, y haya generado más del 50% de los ingresos brutos desde el 1 de junio de 2019 hasta el 31 de mayo de 2020.
En el caso de inicio de las actividades, cuando el período a considerar fuera posterior a las fechas indicadas, se mantendrán las mismas condiciones.
El cumplimiento de dicho requisito se acreditará mediante un certificado expedido por la autoridad provincial competente, del cual surja que el solicitante desarrolla efectivamente dicha actividad en la jurisdicción.
Además, habrá que presentar un informe emitido por contador público independiente respecto de los ingresos obtenidos por la actividad comprendida en los beneficios durante el período referido.
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]]>La entrada Cada vez menos plata para la devolución de retenciones: En tres semanas la cifra prometida se achicó en 5.000 millones de pesos se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La plata todavía no apareció en el CBU de ninguno de los beneficiarios, pero queda una semana para que finalice este mes y deba cumplimentarse el desembolso de la primera cuota. De todos modos, por una entrevista que el propio Basterra concedió este domingo al diario Página/12, ya sabemos que el gobierno finalmente destinará mucho menos dinero del que había proyectado inicialmente. Ahora el ministro dice que los pequeños productores de hasta 400 hectáreas de soja “recibirán devoluciones por 6.754 millones de pesos en total”. Esto es casi 5.000 millones de pesos menos de los mencionados hace apenas tres semanas.
El 4 de noviembre, entre los ministerios de Economía y de Agricultura publicaron la Resolución 1/2020, que en su primer artículo creaba este “Programa de Compensación y Estímulo” a los productores de soja más chicos, basado en la devolución de algunos puntos de las retenciones adicionales que les cobraron cuando aumentaron ese tributo a las exportaciones del 30 al 33%, en marzo pasado.
“El Programa implementado por el artículo 1º de la presente medida podrá destinar hasta la suma de 11.550.000.000 pesos a las compensaciones detalladas en el artículo precedente, imputable a los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 52 (el Ministerio de Agricultura), sujeta a disponibilidad presupuestaria del ejercicio correspondiente a su ejecución”, decía el siguiente artículo.
En la promoción de esta norma el gobierno habló todo el tiempo de esa cifra: 11.550 millones de dólares. Pero no era casual que se incluyera en la resolución la palabra “hasta”, que establecía un límite hacia arriba de los fondos asignados a cumplir con esta promesa, pero no representaba un límite para abajo. Así, ahora Basterra da a conocer la cifra real que estaría en juego, luego de los cálculos realizados por la AFIP.
Serán 6.754 millones de pesos los que se devolverán al sector y no los 11.550 millones que se proyectaron a principios de noviembre. Son cerca de 5.000 millones de menos.
“Estamos cumpliendo con lo que prometió el Presidente Alberto Fernández desde el primer momento”, se ufanó Basterra en el reportaje con Página/12. Luego explicó que “se asumió un compromiso inédito, al menos nunca se había hecho por ley: la devolución y compensación de retenciones a pequeños y medianos productores. Que es lo que ahora estamos haciendo efectivo”.
En realidad, este procedimiento que alguna vez debería llegar a los bolsillos de unos 40 mil productores pequeños de soja, no fue -como dijo Basterra- un “compromiso inédito” del gobierno sino una orden del Poder Legislativo al Ejecutivo. En efecto, cuando asumió Fernández y se discutió en el Congreso una nueva Ley de Emergencia Económica, uno de los capítulos fue habilitar al gobierno a subir las retenciones a la soja del 30% vigente en ese momento al 33%, mientras que las de trigo y maíz podrían pasar del actual 12% al 15% si las autoridades lo consideraban necesario. Esa fue la Ley 27.541.
En marzo, el Ejecutivo hizo uso de esa opción para la soja: subió la retención al 33% y con eso se aseguró una recaudación por retenciones adicional de unos 400 millones de dólares.
En su artículo 52, la Ley de Emergencia se dedicaba a establecer el nuevo esquema de derechos de exportación. Entre otras cosas definía que “se prohíbe que la alícuota supere el33% del valor imponible o del precio oficial FOB para las habas (porotos) de soja” y que tampoco podían superar el 15% “aquellas mercancías que no estaban sujetas a derechos de exportación al 2 de septiembre de 2018”, es decir los cereales.
Pero inmediatamente, en el artículo 53, el Congreso ordenó al gobierno de Alberto una serie de cosas que jamás se cumplieron, o se cumplirían a medias como es el caso de la devolución parcial de retenciones. ¿Cuáles eran esos mandatos?
- “El Poder Ejecutivo Nacional deberá establecer mecanismos de segmentación y estímulo tendientes a mejorar la rentabilidad y competitividad de los pequeños productores y cooperativas cuyas actividades se encuentren alcanzadas por el eventual aumento de la alícuota de los derechos de exportación y establecerá criterios que estimulen la competitividad de la producción federal en función de las distancias entre los centros de producción y los de efectiva comercialización.
- La modificación de las alícuotas en el marco de las facultades acordadas en el presente artículo, deberá ser informada por el Poder Ejecutivo nacional ante una comisión integrada por miembros del Poder Legislativo, del Consejo Federal Agropecuario y representantes de las entidades y organizaciones representativas del sector agropecuario para que se expidan al respecto.
- Las alícuotas que sean aumentadas en el marco de las facultades acordadas en el presente artículo no serán aplicadas en los distritos que sean declarados en emergencia agropecuaria de conformidad con la ley 26.509 -Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios”.
Claramente los puntos 2 y 3 de este artículo de la ley fueron desobedecidos por el gobierno: ni se formó una comisión para discutir o informar el aumento de las retenciones sucedido en marzo y mucho menos se excluyeron de esa suba a los productores declarados en Emergencia Agropecuaria, algo que es prácticamente imposible de aplicar.
Respecto del primer punto, la devolución de las retenciones, el cumplimiento será parcial y se ajustará a estos 6.754 millones anunciados ahora por el ministro Basterra y pendientes de ejecución. ¿Por qué parcial? En el mejor de los casos, esa cifra equivale ahora a 84 millones de dólares (tomando un dólar oficial de 80 pesos), que es apenas la quinta parte de lo que el Estado recaudó por al suba adicional de 3 puntos en las retenciones a la soja definida en marzo.
A principios de noviembre, cuando el Gobierno oficializó este esquema de devolución, en Bichos de Campo escribimos este párrafo para aclarar bien las cosas: “Para empezar conviene poner las cosas en su dimensión justa. Se produjeron en la campaña 2019/20 unas 50 millones de toneladas de soja que se vendieron a un valor (FOB) promedio de 350 dólares. Esto da un valor bruto de 17.500 millones de dólares sobre los cuales se aplicó una retención del 33% a todos los productores, sin excepción. Esto implicó una recaudación por retenciones de 5.775 millones de dólares. Al tipo de cambio oficial, serían algo así como 460 mil millones de pesos. De esa suma, se devolverán “hasta” 11.500 millones de peso. Esto es solo el 2,5% de los recaudado”.
A fin de noviembre, ahora deberemos reescribir ese párrafo del siguiente modo: “Para empezar conviene poner las cosas en su dimensión justa. Se produjeron en la campaña 2019/20 unas 50 millones de toneladas de soja que se vendieron a un valor (FOB) promedio de 350 dólares. Esto da un valor bruto de 17.500 millones de dólares sobre los cuales se aplicó una retención del 33% a todos los productores, sin excepción. Esto implicó una recaudación por retenciones de 5.775 millones de dólares. Al tipo de cambio oficial, serían algo así como 460 mil millones de pesos. De esa suma, se devolverán “solo” 6.754 millones de pesos”.
Esto es solo el 1,4% de los recaudado.
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]]>La entrada Ariel Panozzo Galmarello: “En los últimos 12 años perdimos más de 15.000 hectáreas de cítricos” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Los beneficios, según contó a Bichos de Campo Ariel Panozzo Galmarello, presidente de la Federación del Citrus en Entre Ríos (Fecier), “implican la prórroga por un año de los vencimientos impositivos y la idea es que los intereses no sumen más de 1% anual, porque no se trata de sumar más peso a nuestras deudas”.
Escuchá el reportaje completo a Ariel Panozzo Galmarello:
Panozzo Galmarello aclaró que la ley no resuelve la crisis. Y explicó: “Percibimos entre 2,80 y 3 pesos por kilo de fruta tranqueras adentro, cuando el costo por producir ese kilo de frutas está entre 6 y 6,50 pesos. Y ojo que estoy dando números que manejábamos en 2018. Hay que ver con qué precios nos llegarán los insumos cuando empecemos a preparar las plantas para el año próximo, dentro de tres meses”.
El combustible, según el presidente de Fecier , “suma mucho y sabemos que seguirá aumentando. Hoy podemos llegar a tener costos de producción que superarán los 7 pesos por kilo de fruta. Por ende los números nos siguen dando en rojo”.
Ver: El Congreso se despertó y parece que todas las frutas serán declaradas en emergencia económica
En resumen, el diferencial en contra entre lo percibido y los costos de producción de la fruta cosechada este año es de 3 pesos o más por kilo.
En este contexto, según Panozzo Galmarello, “en los últimos 12 años perdimos más de 15.000 hectáreas de cítricos sobre una superficie total de 52.000 hectáreas productivas destinadas a esa actividad, y muchos productores han cambiado la matriz productiva, ya sea por eucalipto o por ganadería. Pero esos son los menos, ya que la mayoría de las chacras están abandonadas y han pasado de dueños a empleados”.
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]]>La entrada Un Congreso muy trabado que casi no produce leyes para el agro se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“Sólo uno se convirtió en ley en lo que va de 2017: la de Emergencia Económica para el sector de manzanas y peras, el cual establece exenciones impositivas para los productores de la zona de Alto Valle. Los proyectos pendientes de reglamentación, pese a que se convirtieron en ley, son la de Envases Fitosanitarios, la ley Pymes y la del Senasa que se votó en la última etapa del kirchnerismo. El balance no es muy bueno, la Comisión de Agricultura fue convocada una sola vez y no hubo quórum”, explicó Razzetti.
Mirá toda la columna:
Proyectos que se trataron en el Congreso para el Agro, en lo que va de 2017:
Emergencia para peras y manzanas: prórroga de deudas para empresas empacadoras.
Emergencia hídrica y social: son más declamativas que otra cosa, pero hubo para 10 provincias, una suerte de superposición con lo que determina el poder Ejecutivo vía Agroindustria.
Humedales: con autoría de Pino Solanas, cuenta con media sanción en el Senado, establece límites en cuanto al uso productivo de la tierra y presenta una fuerte resistencia en el sector.
Warrants: con autoría de Alfredo de Angeli, se mantiene “en agenda” en el Senado. Su tratamiento se debate en varias comisiones, pero no hay avances concretos. El uso de warrants o certificados de depósitos son para todas las operaciones sobre bienes o productos de cualquier naturaleza, producidos tanto en el país como en el extranjero, en cuyo caso deberán someterse a disposiciones aduaneras.
Proyectos pendientes de reglamentación:
Envases fitosanitarios: se votó en septiembre de 2016 y presenta mora desde enero 2017 porque hay plazo de 2 meses para su reglamentación
Pymes: tiene artículos sin reglamentar y establece beneficios fiscales para economías de zonas de frontera.
Senasa: no se reglamenta desde 2015. Establece que el Senasa quede a cargo de todos los organismos sanitarios.
Temas trabajados, pero sin avances:
Semillas: tuvo debate en plenario de Comisión con privados, pero nunca se discutió el dictamen. Ahora los privados buscan acuerdo por el tema para proponer nuevo proyecto de ley. Y allí quedó, en agenda del Gobierno, pero sin avances.
Seguros agropecuarios: El proyecto es del diputado radical Luis Borzani, especialista en el tema, cuenta con apoyo del Ejecutivo y establece diferentes beneficios y coberturas según tamaño del productor.
Aplicaciones: hubo 3 reuniones informativas en Comisión de Recursos Naturales, pero no se movió más. Hay 5 proyectos en Diputados y 1 en Senadores.
Fertilizantes y Conservación de Suelos: son dos proyectos que van de la mano. En el Ejecutivo la de Fertilizantes es impulsada por la gente del Subsecretario de Agricultura, Luis Urriza, y contempla desgravar uso de los mismos.
Economías Regionales y Lechería: en standby y hay infinidad de proyectos presentados al respecto. Los legisladores viajan a sus provincias, pero el tema no se debate. Se discutió a nivel de asesores, pero nunca pasó nada. En el tema lechero, están los que piden un fondo anticíclico hasta aquellos que, en economías regionales, proponen normalizar la cadena comercial del olivo.
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