“Naturalmente, las razones de la emergencia en aquellas provincias (en referencia a las del noroeste del país) difieren de las de la cuenca del Paraná. La escasez de precipitaciones, de nieve y de formación de hielos en las zonas andinas ha producido en los últimos años una drástica reducción de caudales en ríos de todas las provincias desde Chubut hacia el norte del país”, indicaron los legisladores en los fundamentos del proyecto.

A continuación agregaron: “Algunos de los ríos más emblemáticos y que nacen en la Cordillera se encuentran o encontraron recientemente con mínimos históricos. Tal es el caso del Río San Juan, pilar del bienestar social y productivo de la provincia. A su vez,  se cuenta con diques y embalses que aseguran provisiones, pero solo por el momento”.

Mirá el proyecto completo acá:

En este sentido, la iniciativa busca impulsar la adopción de medidas que aseguren la sustentabilidad social, económica y productiva en las provincias afectadas.

Para eso, se propone facultar al Poder Ejecutivo para delimitar las áreas sujetas a la declaración de la emergencia hídrica; a adoptar medidas que preserven la continuidad de la actividad productiva; a arbitrar respuestas a través del Sistema Nacional de Alerta Temprana y Monitoreo de Emergencias (SINAME), a realizar tareas de coordinación entre provincias y a efectuar las reestructuraciones presupuestarias necesarias.

Además, se establece que el Ejecutivo podrá, junto con las jurisdicciones implicadas, “determinar la autorización de habilitación de nuevos pozos y la extracción de pozos acuíferos públicos y/o privados, en la medida que sea conducente para garantizar el bienestar de la población y la continuidad de actividades productivas”.

“El uso de pozos privados se realizará por razones de solidaridad, siempre que su titular hubiere satisfecho sus necesidades y contra el pago de los gastos de explotación que correspondan”, afirmaron los legisladores.

Ante la crisis hídrica, en San Juan quieren modificar las tarifas a regantes y comenzar a cobrar el agua de pozo

Por otro lado, se indica que el Banco Central podrá adoptar medidas en función de que continúen desarrollándose las distintas actividades productivas, y que la AFIP “deberá instrumentar regímenes especiales para el pago de las obligaciones impositivas, y de la seguridad social de sujetos comprendidos en áreas afectadas por la emergencia hídrica, que se encontraran vencidas al momento de entrada en vigencia de la ley”.

Los convenios de facilidades de pago que se instrumenten comprenderán una tasa de interés de hasta tres por ciento (3%) mensual durante las seis (6) primeras cuotas.

Finalmente, se prevé la suspensión de juicios de ejecución fiscal y medidas preventivas para el cobro de los impuestos y obligaciones de la seguridad social, de quienes se vean afectados por esta emergencia.

“Tanto lo que ocurre en la cuenca del Paraná como en la Cordillera de los Andes obedece al cambio climático y a mayor necesidad de consumo de agua. Si bien cada emergencia hídrica tiene sus particularidades, ambas están vigentes en este momento y constituyen por sus implicancias una emergencia hídrica nacional que debe ser abordada por este Congreso y por el Poder Ejecutivo de la Nación”, concluyeron.

El proyecto cuenta con la firma de José Luis Gioja (FDT- San Juan), Lía Verónica Caliva (FDT- Salta), Rosana Andrea Bertone (FDT- Tierra del Fuego), Susana Landriscini (FDT- Río Negro), Hilda Clelia Aguirre (FDT- La Rioja), Blanca Inés Osuna (FDT- Entre Ríos), Mabel Luisa Caparrós (FDT- Tierra del Fuego), Danilo Adrián Flores (FDT- La Rioja) y Esteban Mateo Bogdanich (FDT- Santa Fe).

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La medida abarca las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Buenos Aires, y dispone de múltiples ayudas, pero insólitamente o incluye ningún capítulo específico vinculado a la producción agropecuaria y, peor todavía, asigna tareas a múltiples áreas de gobierno, pero ni siquiera tiene en cuenta al Ministerio de Agricultura. Tan baja parece ser la estima que tiene esa gestión sobre ese sector del gobierno conducido por Luis Basterra que ni siquiera se convoca al INTA o al Senasa a adaptar sus políticas a esta emergencia.

La declaración de la Emergencia Hídrica fue instrumentada a través del decreto 482/21, publicado en el Boletín Oficial, y se originó a raíz del “impacto y las consecuencias que está generando la bajante histórica más importante de los últimos 77 años en la cuenta hídrica de los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú”.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en su carácter de presidente del Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, deberá ahora delimitar con mayor exactitud “las áreas afectadas por la emergencia”.

En función de esa delimitación, para dichas áreas se harán efectivas determinadas decisiones para “mitigar las consecuencias de la grave situación que genera la bajante”. Curiosamente el Ministerio de Agricultura no ha sido siquiera nombrado en el decreto, con lo cual en principio no se activará la Ley de Emergencia Agropecuaria en los casos de productores, por ejemplo algunos arroceros, que padecen directamente las consecuencias de esta bajante.

Las medidas que apoyarán a los afectados, en principio, serían:

• Los ministerios de Desarrollo Productivo y de Trabajo deben adoptar “las medidas necesarias con el objeto de preservar la continuidad de la actividad productiva y la conservación de los puestos de trabajo en los sectores afectados”.
• El Banco Nación y la AFIP también deberán pensar medidas en función de la continuidad de la actividad productiva y la conservación de los puestos de trabajo de los sectores afectados.
• El Ministerio de Obras Públicas deberá arbitrar “los medios que estime pertinentes a los efectos de que se realicen las obras de infraestructura necesarias para mitigar los efectos de la emergencia”.
• El Instituto Nacional del Agua deberá “brindar asesoramiento y prestar colaboración a los servicios técnicos necesarios para llevar adelante las medidas que se adopten”.
• El Ministerio de Seguridad también deberá “dar adecuada respuesta a las demandas específicas vinculadas a la emergencia”, por ejemplo generando “mapas dinámicos de riesgo que permitan planificar con mayor eficiencia las acciones de apoyo y mitigación federales y la toma de decisiones. También se ordena a esa cartera tomar “acciones de respuesta para asistir a las poblaciones ribereñas con afectaciones complejas en el río Paraná y su sistema de afluentes”.
• El Ministerio de Transporte deber arbitrar los medios necesarios “para posibilitar la navegación y los accesos a los puertos mientras dure la emergencia”.
• La cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible debe ocuparse de controlar los incendios en las zonas de islas y márgenes.
• El Ministerio de Economía, y en particular la Secretaría de Energía, deberá trabajar para “asegurar el normal abastecimiento de la demanda de energía eléctrica”, ocupándose sobre todo del impacto de la bajante sobre las represas y la oferta de energía. También, en conjunto con Transporte, deberá “dar prioridad a la navegabilidad del transporte de los combustibles”.
• También el Ministerio del Interior tiene tarea. Deberá realizar “tareas de coordinación con las provincias afectadas, con el fin de coadyuvar en la implementación de las medidas necesarias entre los distintos niveles de gobierno mientras dure la emergencia”.
• El decreto también decidió que el gobierno nacional suspenderá “aquellos trámites administrativos vinculados con las áreas alcanzadas por la presente declaración de emergencia”, es decir por los mencionados 180 días.
• La Jefatura de Gabinete podrá efectuar “las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias a los efectos de asignar los créditos, cargos y cualquier otra adecuación que se requiera para el financiamiento de las medidas” dispuestas.
• Finalmente se invita a las Provincias afectadas “a adoptar medidas similares a las previstas en el presente”.

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