La entrada La lechuga sale a dar batalla contra la soja: El oficialismo apuesta todo a mostrar que existen dos tipos de productor se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La soja contra la lechuga. Un absurdo que solo puede suceder en este país y de la mano de una política que se niega a resolver sus conflictos con equilibrio y sobre todo con seriedad. Una política que abusa de los golpes bajos y parece andar de joda. Como si los problemas que enfrentaran los productores de soja no fueran parecidos a los que enfrentan los horticultores de los conurbanos: el acceso imposible al crédito, la falta de planificación territorial, los altos costos de los arrendamientos, la presión ambientalista, la falta de mercados que retribuyan adecuadamente los productos del campo y, sobre todo, la altísima presión fiscal, que es algo que sufrimos todos los argentinos de a pie.
Pero en fin, era de manual. Existen sectores del agro que suelen estar más ideologizados (más a la izquierda) que el de los agricultores pampeanos (más a la derecha) y que tienen una serie de intereses que a veces los ubican más cerca o más lejos del gobierno de turno.
No hay que olvidar que Alberto cedió todo el área de Agricultura Familiar a un frente de organizaciones campesinas, que ahora espera la reglamentación de una ley específica que, entre otras cosas, ordenó crear un “fondo de reparación” de 1.500 millones de pesos anuales. Es la reedición de una política que ya aplicó Cristina Kirchner con el nombramiento allí de Emilio Pérsico, quien por cierto no tuvo ni el talento, ni el tiempo ni las ganas de resolver la grave situación de los productores de lechuga. Pero bueno…
Desde parte de ese bloque, que agrupa desde el MTE Rural de Juan Grabois al Movimiento Nacional Campesino Indígena-Vía Campesina, la Federación Nacional Campesina (FNC), el Frente Agrario Evita, y la Agrupación Grito de Alcorta (disidente de la Federación Agraria), se emitió un comunicado que desde el vamos convoca a establecer diferencias entre dos campos que estarían en pugna: “No al paro de los Reyes de la Soja”, dice sobre la protesta que lanzaron las entidades de la Mesa de Enlace y que comienza esta medianoche. De allí a llamar a los productores de granos como los “reyes de la droga” hay un palmo.
La soja versus la lechuga. El hambre y las ganas de comer.
“Desde la UTEP agraria y junto a otras organizaciones donde confluimos miles de pequeños productores y productoras, comunidades campesinas e indígenas de todo el territorio argentino, queremos respaldar las políticas agro-alimentarias llevadas adelante por el gobierno nacional”, dijeron allí. Siempre se recomienda poner “miles” en este tipo de comunicados, para dar idea de una amplia representatividad, y más allá de que los productores de soja y los de lechuga hayan caído como moscas en estos últimas dos décadas, según consta en el último censo agropecuario.
“El nuevo régimen de retenciones, además de estar aprobado por ley, beneficia impositivamente a más del 70% de los productores sojeros además de impulsar y apoyar las economías regionales”, resume este comunicado, que adrede limita las razones de la protesta chacarera a la última suba de retenciones, olvidando la que ya se decidió en diciembre pasado.
Y enfatizaron los guerreros de la lechuga: “Rechazamos enfáticamente el intento de extorsión y desestabilización que algunos sectores concentrados y corporativos del agro han planteado en estas horas. Quienes hoy llaman al paro por aumento de 3 puntos porcentuales, solo aplicable a los 2.600 más concentrados empresarios de la soja, no tienen ningún interés ni compromiso con la situación de los medianos y pequeños productores y productoras. Entendemos que allí está expresada la voz de ellos, quienes fueran partícipes y beneficiarios por las políticas de devaluaciones y liberalización comercial del gobierno anterior, las cuales tanto han lastimado a nuestro pueblo”.
Desde esta lógica binaria, donde lo más importante es culpar al otro, la soja vendría a pertenecer a las huestes de Mauricio Macri, mientras que la modesta lechuga simboliza el frente nacional y popular encabezado por Alberto y por Cristina. No se confundan.
También de manual, ese frente de organizaciones “campesinas” atribuyó a los productores de soja (y otros granos, porque suele suceder que la soja suele rotarse con otros cultivos como el trigo o el maíz) ser la causa de todos los males de la economía, mientras que ellos -pobres víctimas del modelo de exclusión- claramente son parte de la solución.
La lechuga es justiciera, sin duda.
“Tal como nos hemos expresado anteriormente, entendemos que la implementación de una política de retenciones segmentadas y de compensaciones sectoriales y regionales es, además de absolutamente justa y consensuada, un paso esencial para una mayor justicia fiscal y distributiva, con miras en garantizar recursos para asegurarnos que nuestro pueblo coma y mejore la calidad y condiciones de vida de las familias de pequeños productores agropecuarios”.
Sacarle a la soja para subsidiar a la lechuga. Eso sí que está bien visto, aunque también haya miles de pequeños productores de soja a los cuales las retenciones le pegan en la nuca, así como enormes corporaciones que producen verduras de hoja y amasan fortunas.
Pero, en fin, así están planteadas las cosas en este Argentina donde los granos son malos y las verduras de hoja son el nuevo símbolo de las reivindicaciones de los pequeños productores minifundistas, que por cierto existen, son reclamos justos y en Bichos de Campo tratamos de mostrar todo lo que podemos.
Otra importante organización de pequeños productores especialmente hortícolas, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), se cortó del resto para trasladar a las calles esta pelea entre el poroto aceitoso y miserable que ostenta el agronegocio como estandarte y la simpática y justiciera lechuga. Por eso el martes, en pleno paro de sus colegas productores de granos, reeditará el “verdurazo” en Plaza de Mayo.
“Mientras la SRA y la CRA en la Mesa de Enlace convocan a un lockout patronal para paralizar la comercialización de cereales, los trabajadores y trabajadoras de la tierra realizarán un verdurazo para acercar alimentos al pueblo en Plaza de Mayo y en todo el país”, aseguró la UTT en un comunicado.
Hasta ahora, los verdurazos se habían realizado en tiempos políticos dominados por el gobierno macrista, como síntoma del malestar de este tipo de productores hortícolas hacia una política que -decían- los excluía. Bueno, ahora parece que la lechuga se ha vuelto maravillosamente oficialista.
La UTT explicó que su verdurazo intenta “dejar en evidencia que se están disputando dos modelos de país: uno corporativo y concentrado, que acapara tierras y recursos naturales, y otro solidario e inclusivo, que apunta a la soberanía alimentaria y a la garantía de derechos”.
Blanco o negro. negro o blanco. Soja o lechuga. El nuevo dilema argentino.
¿Qué dirán frente a esta grieta los hippies con Osde veganos de Palermo, que suelen cenar tofú con verduritas?
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]]>“Los agricultores familiares somos una mayoría que el gobierno hoy se niega a reconocer, cuando sienta a un puñado de CEOS a una mesa a definir sus políticas”, se quejó desde afuera del Ministerio el actual presidente de la FAA, Omar Príncipe. Dentro de Agroindustria, mientras tanto, convive con esos “CEOS” un ex vicepresidente de la entidad, Julio Currás, quien junto a Guillermo Giannasi (otro histórico dirigente de la Federación Agraria) coordinan la política oficial hacia los pequeños productores, bajo la órbita de Santiago Hardie, el secretario de Coordinación y Agricultura Familiar.
Guste o no la comparación, hoy buena parte de la dirigencia de Federación Agraria está dividida entre esas dos caras: una que todavía mantiene un apoyo crítico al Gobierno de Cambiemos y otra que toma distancia de esta gestión y no duda incluso en marchar con otras organizaciones de pequeños productores claramente ligadas a la gestión kirchnerista, como el Movimiento Evita del ex secretario del área, Emilio Pérsico.
Ver Julio Currás: “En el RENAF hemos encontrado personas que ni siquiera eran productores”
Como sea, la conducción orgánica de Federación Agraria decidió marchar este jueves junto a más de veinte organizaciones de la agricultura familiar hasta las puertas del Ministerio de Agroindustria. Reclamó allí “medidas urgentes, como la continuidad del Monotributo Social Agropecuario, la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar, tarifas y financiamiento diferenciado” para los más chicos del campo.
¡No nos para nadie, ni la lluvia! AHORA en el Ministerio de Agroindustria reclamamos derechos, salud y jubilación para todos los #TrabajadoresDeLaTierra. ¡Monotributo Social Agropecuario YA! pic.twitter.com/m18vSdgsY3
— UTT (@uttnacional) July 26, 2018
La marcha comenzó en Parque Lezama y, bajo la lluvia, terminó frente a la sede de la cartera que conduce Luis Miguel Etchevehere, un ex presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Este es un segundo quiebre interno dentro de la agrupación que nació con el Grito de Alcorta de 1912: mientras unos apuestan a profundizar lazos con las entidades de la Mesa de Enlace, los dirigidos por Príncipe prefieren moverse con autonomía y se muestran críticos ante la pasividad de los reclamos de las gremiales agropecuarias.
El documento consensuado por las organizaciones que convocaron al acto pide, entre muchos otros puntos, respetar el ancestral derecho al uso propio de las semillas. También en este aspecto la Federación Agraria ha tomado distancia del resto del arco gremial agropecuario, al presentar su propio proyecto para reformar la Ley de Semillas que promueve el gobierno.
Ver Santiago Hardie: “Agroindustria gastaba $ 30 millones al mes en el Monotributo Social Agropecuario”
Sobre las escalinatas del Ministerio, el propio Príncipe cerró un acto de notable colorido opositor al macrismo. “Venimos a pedir que el Ministerio de Agroindustria atienda a las organizaciones del sector en un ámbito de diálogo, pero que tiene que dar resultados”, indicó el dirigente, que reclamó porque “a los productores de cerdo, los tamberos, los de las economías regionales, que se están fundiendo y ya no pueden poner en marcha una bomba para regar o un tractor, el gobierno nacional nos dice que somos ineficientes y nos tenemos que reconvertir”.
“Mientras otros gobiernos protegen la mano de obra y el valor agregado en sus países, nosotros aquí tenemos las recetas del libre mercado, como si fuese la ley de la selva en la que el más grande se come al más chico, y nosotros somos los más chicos”, describió Príncipe, quien también indicó que “si el Estado está ausente los pequeños y medianos productores, campesinos e indígenas, nos vemos perjudicados por la concentración económica y la importación de alimentos que nos saca de la cancha”.
“Hay que promover la exportación, pero también apostar a tener un mercado interno fuerte, que es para que producimos alimentos la mayoría de los productores”, añadió el directivo actual de FAA, “No es cuestión solamente de agrandar la torta, sino de distribuir de un modo más equitativo”, agregó, replicando recientes declaraciones de Daniel Pelegrina, su par de Sociedad Rural.
#AgriculturaFamiliar #TierraTechoTrabajo
Ahora con las organizaciones de los pequeños productores de la agricultura familiar, campesina e indígena frente al Ministerio de Agroindustria para exigir el cese del vaciamiento al sector. pic.twitter.com/PImOntVXab
— CTEP (@prensactep) July 26, 2018
Además de esta cara de la Federación Agrariam convocaron a la protesta la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino; la Agrupación Grito de Alcorta; la Asociación de Mujeres Rurales Argentinas Federales; ATE Junta Interna Agroindustria; la Asociación de Medieros y Afines; la Federación Nacional Campesina; el Frente Agrario Evita; el Frente Agropecuario Regional Campesino; la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz; el Instituto de Cultura Popular; el Movimiento Nacional Campesino Indígena-Vía Campesina; el Movimiento Campesino de Santiago del Estero; el Movimiento de Pequeños Productores de Santa Fe; el Movimiento de Trabajadores Excluidos Rama Rural; la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina; la Red Agroforestal Chaco Argentino; la Red Entrerriana de Permacultura; la Unión Campesina de Varela; la Unión de Familias Organizadas- Cuña Boscosa y Bajos Meridionales; y la Unión Trabajadores de la Tierra.
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]]>Entrevistado por Bichos de Campo, Hardie recordó la génesis del MSA en tiempos de la gestión de Cristina Kirchner, y luego del conflicto por la Resolución 125. “En 2009 se firmó un convenio (vencido hace tiempo y que veníamos revisando) entre el Ministerio de Agroindustria (en aquel momento Secretaría de Agricultura) y el Ministerio de Desarrollo Social, sobre los ‘efectores sociales’, que es una determinación del Ministerio de Desarrollo Social y para los cuales hay una herramienta que es el Monotributo Social, y se generó el monotributo social agropecuario”.
“¿Qué lo que hace? El monotributo social paga el 75% del monotributo (de cada beneficiario) y cada efector social debe pagar el 25% restante (que es el 50% del componente de la obra social). Pero no lo hacía sino que se lo pagaba el Ministerio y la Secretaría. O sea que terminaba siendo gratis”, explicó el secretario.
Escuchá la entrevista completa a Santiago Hardie:
La cuestión es que a partir de fin de 2018, según se dispuso en una resolución, el MSA dejará de existir y las competencias volverán al sector de Desarrollo Social. Hardie aclaró que, de todos modos, en Agroindustria “estamos realizando un reempadronamiento para aquellos que realmente lo utilizan. Ellos pueden dirigirse a cualquier oficina de la Secretaría de Agricultura Familiar, que están en todas las provincias para hacer la actualización de datos, presentando el DNI y algún comprobante de que hayan facturado en el último año (algún talonario de factura o lo que sea para que podamos ver que utilizan la herramienta). En este caso, seguirán con el MSA sin pagar nada hasta fin de año y a partir de 2019 pasan a ser monotibutistas sociales y solamente pagan el 50% del componente obra social. El otro 50% más todo el componente impositivo sigue a cargo del Estado”, explicó.
Ver: “Monotributo no, monotributo sí… que ese pobre no se acerque a mi”
“Creemos que el productor que realmente lo necesita, algo puede pagar. El que lo tiene gratis ni lo usa ni le importa. Lo que estamos haciendo es emprolijar, haciendo un uso más eficiente de los recursos”, enfatizó el funcionario.
Todos estos cambios apuntan al plan de austeridad al que se comprometieron los Ministerios. “Para Agroindustria implicaba (un gasto) 30 millones de pesos por mes y para Desarrollo Social lo mismo”, precisó Hardie.
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Monotributo no, monotributo sí. Lo que se está discutiendo aquí en realidad es si es responsabilidad del Ministerio de Agroindustria tener políticas específicas para los pequeños productores y la agricultura familiar, o si en cambio eso corresponde al Ministerio de Desarrollo Social, que atiende naturalmente las situaciones de pobreza y vulnerabilidad.
Está más que claro que la decisión de la cartera que dirige Luis Miguel Etchevehere es concentrarse en trabajar con los que algunos funcionarios denominan”agricultores capitalizados” y que sea Carolina Stanley, en Desarrollo Social, la que se tenga que hacer cargo de las gran cantidad de desposeídos que vive en y gracias al campo. Que son muchos pero poco visibles.
Con el anuncio de la desaparición del MSA, quedó claro que la decisión del gobierno macrista es reducir al máximo la injerencia de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, que en su momento el kirchnerismo había llevado a su máxima expresión unos años atrás, cuando convirtió ese área en Secretaría y la puso al mando del dirigente del Movimiento Evita Emilio Pérsico. La definición es que los pequeños productores sean atendido por las áreas sociales, porque la responsabilidad primaria de Agroindustria debe ser dedicarse a las políticas productivas.
Monotributo no, monotributo sí… que ese pobre no se acerque a mi.
En este cambio de lógica dentro del gobierno, incluso se desconoce que el Congreso sancionó en 2014 la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, que entre otras cosas establecía la obligación al Ejecutivo de asignar un presupuesto de 1.500 millones de pesos anuales para promover a los minifundistas del agro. En tiempos de ajuste, eso nunca se cumplió, claro.
La excusa oficial para desmantelar este tipo de programas, como en muchos otros casos, es que el kirchnerismo se pasó de la raya y de modo muy poco transparente utilizó este sector de la política pública para hacer política partidaria. Es decir, que de la mano de Pérsico se convirtió a la Secretaría de Agricultura Familiar en una unidad básica kirchnerista.
Las denuncias oficiales tienen mucho sustento, las irregularidades existen y se han detectado los casos de muchos militantes que se hacían pasar por pequeños productores y entonces accedían a los beneficios del Monotributo Social. Pero como casi siempre, en vez de corregir, transparentar y sancionar estos casos, el Gobierno eligió el atajo más directo: cerrar el programa.
Ver: Carlos González: “Había 350 taxistas de Formosa en el monotributo social agropecuario”
En concreto, Agroindustria informó que los productores de la agricultura familiar deberán reinscribirse entre el 2 de julio y el 10 de agosto. Este trámite, según el propio Ministerio, “habilita al beneficiario del MSA a continuar con el subsidio del 50% del costo de la obra social hasta diciembre del 2018″.
Pero de inmediato se aclara que “a partir del 1 de enero de 2019, los productores familiares mantendrán su inclusión en el Registro de Efectores Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y serán beneficiarios del actual Monotributo Social, manteniéndose así el aporte del setenta y cinco por ciento (75%) del beneficio a cargo del Estado Nacional o podrán optar por darse de baja del régimen”.
Es decir, el MSA desaparecería y continúa solo el programa de “Monotributo Social” de la cartera de Stanley, sin hacer distingos a que el sujeto a beneficiar pertenece a comunidades rurales y se sustenta de una actividad productiva.
Frente a esta decisión, un extenso frente de organizaciones vinculadas a la agricultura familiar (por cierto, a veces esa denominación es demasiado generosa y acoge cosas muy diversas), recordaron que “el MSA es una herramienta fundamental para regularizar las condiciones mínimas y dignas de nuestro trabajo”.
“Desde el año 2009 tenemos el derecho de acceder a la salud a través de la obra social, aporte jubilatorio y la posibilidad de facturar. Esto da un marco regulatorio y tiende a la formalización de la Agricultura Familiar”, recordaron las organizaciones, que se apoyaron en diversos estudios oficiales para recordar que este segmento de productores es “responsable de más de la mitad de los alimentos que se consumen localmente”. Por cierto, en algunos rubros -como la horticultura- lo es sin dudar.
Las firmas detrás del comunicado son decenas, pero hay algunas que -como lamentablemente sucede muchas veces- no representan a más que un pequeño grupo de personas. Sí hay que destacar las de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), ASOMA (Asociación de Medieros y Afines), FAA (Federación Agraria Argentina), FNC (Federación Nacional Campesina),
FNC (Frente Nacional Campesino), FAE (Frente Agrario Evita), FUNDAPAZ (Fundacion para el Desarrollo en Justicia y Paz), MNCI (Movimiento Nacional Campesino Indígena Vía Campesina), MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), y UTT (Unión Trabajadores de la Tierra).
Todas ellas, a coro, insinúan que el origen del conflicto tiene que ver con el título irónico de esta nota: “Que esos pobres no se acerquen a mi…”
Denuncia el comunicado de las organizaciones campesinas: “Las autoridades del Ministerio de Agroindustria demuestran una vez más el carácter de clase y el sesgo anti-popular de sus políticas”.
En este sentido, cuestionaron especialmente las declaraciones que Santiago Hardie, secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorio, al diario La Nación, “A muchos, durante mucho tiempo le pagaste el cien por ciento del MSA e intuyo que productores con alto grado de necesidad y de vulnerabilidad quizás tienen un monotributo porque alguien fue se lo hizo llenar y ni lo usa; ni se acuerdan que lo tienen, y el Estado pone un montón de guita ahí”, dijo el funcionario.
“Estas declaraciones son una nueva muestra del desconocimiento del trabajo que cotidianamente realizamos a lo largo y a lo ancho del país miles de pequeños productores, campesinos y agricultores familiares. Son más de 50 mil familias que pierden el derecho de regularizar su trabajo. Son más de 100 mil personas que pierden el derecho de acceder a la salud. Y es toda la población argentina que verá perjudicada su posibilidad de acceder a alimentos producidos en suelo argentino”, concluyó el comunicado.
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]]>Los grupos convocantes son la FNC (Federación Nacional Campesina), el
Frente Agrario Evita (ligado al ex titular de la Secretaría de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico), el MTE Rural – CTEP (Corriente de Trabajadores para la Economía Popular), el Frente Agropecuario Regional Campesino y la UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra). Desde las 11 venderán unos 20 mil kilos de fruta, verdura y otros productos del campo “al mismo precio que nos pagan en las chacras”, dijeron.
¿Y por qué motivo protestan? Ellos explicaron en un comunicado que representan a “quienes producimos más del 65% de los alimentos que comemos día a día en nuestras casas”. Y expresan que “las economías regionales de nuestro país, están sufriendo desde hace años una crítica situación por las políticas dirigidas al sector, que el gobierno de Macri profundiza y agrava”.
Luego de avisar que “no somos el campo rico que produce commodities para la exportación”, y por lo tanto “no especulamos con nuestra producción, ni guardamos alimento en silos para vender cuando mejor se pague”, estos sectores indicaron que “todas las medidas políticas y económicas que se tomaron hasta la fecha favorecen al sector del campo más concentrado”.
“Desmentimos rotundamente que el campo esté bien; un sólo sector de grandes terratenientes y grandes exportadoras cerealeras son los que, como siempre, están obteniendo ganancias extraordinarias”, añadieron.
Hasta ahí parece un discurso de barricada. Pero debe tomarse nota de ciertos puntos flacos que estas organizaciones critican de la política agropecuaria de Cambiemos. Por ejemplo:
- Dicen que la apertura de las importaciones de alimentos no ayuda a bajar los precios.
- Como muchas otras entidades, incluso las de la fallida Mesa de Enlace, denuncian la distancia que existe entre las monedas que cobra el productor y los precios excesivos que pagan los ciudadanos.
- Cuentan que desde principios de 2016 “el gobierno ha dejado a la Secretaria de Agricultura Familiar, ya escasa de presupuesto, paralizada y sin políticas públicas para los campesinos, pequeños productores y la agricultura familiar”. Incluso recuerdan que este “ningunéo” se expresó en la degradación del área a Subsecretaría.
- Denuncian que “hace más de tres meses” que no funciona la inscripción al Monotributo Social Agropecuario y el RENAF (Registro de los Productores Familiares), derechos claves conquistados para el sector.
- Creen que esto implica toda una decisión de trasladarr la problemática de los pequeños productores al Ministerio de Desarrollo Social, “dejando al Ministerio de Agroindustria para el campo agroexportador”.
- Recuerdan lo que sucedió con el Programa Cambio Rural, donde se han cerrado más de 800 grupos y se prescindió de coordinadores técnicos.
- Más de fondo, recuerdan bajo el lema “tierra para quien la trabaja”, que más del 80% de los pequeños productores son arrendatarios, y que “esto los lleva a vivir una vida extremadamente precaria”.
- Aseguran, en sintonía con lo anterior, que 62 millones de hectáreas. (35% del territorio nacional) están en manos de 1.250 terratenientes.
- Denuncian la ausencia de “una política de colonización y reestructuración de la tierra# y reclaman una Ley de Acceso a la Tierra y que se reglamente la Ley de Agricultura Familiar.
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