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]]>Pero al parecer un decreto no alcanza para modificar comportamientos sociales ni pautas culturales, y mucho menos en un país en el cual cerca de la mitad de la población es pobre y percibe esos beneficios sociales desde hace años. La población más vulnerable sigue temiendo perder esos ingresos por aceptar un trabajo formal.
Jorge Pazos, del área economías regionales de la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), dijo que este tipo de producciones zafreras demandan anualmente de 600 mil trabajadores y que -bien entrada la primavera- está faltando nuevamente la mano de obra en actividades que ingresaron en época de cosecha.
“No conseguimos personal para las cosechas de cítricos, de té, de arándanos y pronto arranca la de cerezas. Lo cierto es que la medida (de la complementariedad de ingresos) no llega a los trabajadores por temor a perder los beneficios y eso hace que estemos en serias dificultades para conseguir mano de obra”, indicó el directivo.
El dirigente de CAME aclaró no están en contra de la continuidad de los planes sociales ni nada parecido. Consideró que el problema actual está en la comunicación y en la falta de confianza de los trabajadores.
“Antes del decreto hubo casos de trabajadores que se desacoplaron de los planes para formalizarse y luego cuando quisieron volver a cobrar el plan tardaron mucho tiempo en ser incluidos. Eso no alienta la formalización y terminan percibiendo que a los planes como beneficios mayores al de trabajar”, explicó Pazos.
Por otro lado, consideró que “desde hace tres generaciones se viene perdiendo la cultura del trabajo. Es un tema cultural que llevará tiempo revertir”.
Pero las cosechas no entienden de los tiempos políticos ni sociales y así se estima que mucha fruta podría volver a quedar tiradas en las chacras por la falta del personal necesario para su recolección. Este año ya quedaron, por ejemplo, naranjas en el suelo en muchos campos citrícolas, al tiempo que la gente se quedaba sin trabajo.
En tal sentido, el productor entrerriano Víctor Hugo Pezzellato confirmó que están quedando cítricos sin levantar del campo: “Sucede porque no se consigue personal, no se completan las cuadrillas. Además estamos en la temporada del arándanos así que la poca gente que hay se reparte entre las dos actividades”, indicó desde el Noreste de Entre Ríos.
Al respecto, confirmó Pazos: “Hoy no conseguimos gente para trabajar. Evidentemente el instrumento pensado para la gente más necesitada atenta contra la actividad privada, que requiere del recurso humano para llevar adelante su trabajo y el funcionamiento de las empresas. Necesitamos que el Estado recree la cultura productiva porque estas actividades dan trabajo y generan fuentes de divisas, ya que en su mayoría están vinculadas a la exportación”.
El dirigente señaló que es necesario difundir que los planes sociales son compatibles con el empleo formal y “defender el trabajo como forma de vida y que no sea a través de los planes”.
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]]>“Al momento, la falta de trabajadores rurales ocasionó que producciones como la cereza, las frutas de carozo, el ajo, el tabaco, la vid, los cítricos, las pomáceas, el té y el olivo, entre otras, hayan sufrido una baja en la productividad, una elevación de costos e, inevitablemente, una disminución de rentabilidad”, señaló un comunicado del sector de Economías Regionales de la CAME, que agrupa a entidades de base de toda las geografía nacional.
CAME recordó que ya había advertido de esta situación a principios de enero pasado, antes del inicio de la cosecha estival, pero nadie en el Gobierno le llevó el apunte. Este es un tema crónico que los políticos kirchneristas suelen negarse a debatir, porque la proporción de la población con planes sociales ha crecido geométricamente durante las sucesivas gestiones de Néstor y Cristina Kirchner y en muchos casos se han eternizado como único recurso estatal para enfrentar el crecimiento de los niveles de pobreza.
Pero la CAME, en base a los daños que esta problemática está provocando entre sus economías regionales asociadas, decidió no esconder la basura bajo la alfombra y expuso el problema con toda crudeza.
“Los pequeños y medianos empresarios agropecuarios aseguran que los planes y programas de asistencia social desincentivan a los beneficiarios a aceptar un empleo registrado, ya que el ‘blanqueo’ implica la baja automática de los beneficios”, indicó el comunicado. Por eso falta mano de obra o solo se consigue personal contratado en negro. Pero hay muchas empresas, en especial las que trabajan con mercados de exportación, que no pueden permitirse contratan mano de obra de modo irregular.
Según esta descarnada descripción realizada pro CAME, el “Plan Empalme” jamás funcionó. Se trata de un mecanismo ideado por la ANSES para dar de baja los beneficios sociales en caso de que la persona consiga un empleo temporal en alguna actividad zafrera. Los tiempos burocráticos del Estado conspiran contra su buen funcionamiento. “Tras finalizar la relación de dependencia, pueden pasar dos o tres meses hasta que vuelven a cobrar la asistencia social”, explicó la CAME.
Además, muchas veces los trabajadores se niegan a trabajar en blanco para o perder otros planes sociales, muchas veces provinciales. Uno de los casos más frecuentes son los subsidios por “invalidez”, que también se han generalizado en muchas regiones.
“Los trabajadores nos transmiten su miedo a perder la ayuda estatal si los registramos y prefieren no asumir el riesgo, ya que es la única fuente de ingresos que tienen. Nosotros necesitamos mano de obra y por eso solicitamos compatibilizar los planes y programas sociales con el empleo registrado, de forma tal que puedan seguir cobrándolos pese a estar en blanco”, aseguró Eduardo Rodríguez, presidente del sector de Economías Regionales de la CAME. Rodríguez proviene de Salta, donde la actividad tabacalera es una de las más afectadas por esta situación.
Es la primera vez que una entidad del agro propone concretamente que se acepte la superposición del beneficio social con un empleo formal. En esta lógica, los productores podrían conseguir personal suficiente y bien registrado que no correría el riesgo de perder sus subsidios.
Desde la situación actual, en cambio, el Estado igual asume el costo de pagar los planes sociales, aún cuando hay trabajo disponible que muy pocos deciden tomar.
“Las economías regionales de CAME no cuestionan la ayuda que el Estado brinda a los más necesitados, pero sí coinciden en que no debería ser un escollo para el normal desempeño de la actividad, responsable de garantizar la mesa diaria de los argentinos”, señaló el comunicado, drástico en este punto.
Para exponer esta y otras necesidades, CAME ya reclamó en enero una audiencia “con carácter urgente” con el ministro de Agricultura, Luis Basterra. “Pero aún no fue atendida pese a la gravedad del problema, que atenta contra el normal desempeño de la actividad productiva”, se remarcó.
“Es paradójico que, por un lado, el Gobierno quiera combatir la evasión y la informalidad; y por el otro nos coloque en esta encrucijada”, recalcó Rodríguez, que admitió sin dilaciones que “actualmente los productores deben decidir entre perder parte de la cosecha o bien contratar trabajadores en negro, fomentando la industria del juicio y arriesgándose a recibir una sanción por empleo no registrado”.
CAME recordó que la mano de obra tiene una alta incidencia en los costos de producción del sector, ya que representa entre 45% y 75% de lso costos, según la actividad.
Desde la militancia política que se niega a abordar esta discusión, suele replicarse que los productores podrían conseguir mano de obra fácilmente si aumentan los salarios pagados. De todos modos, es un argumento falaz, porque el precio de la fruta u otros productos del agro no siempre permiten pagar salarios mucho mayores. De hecho, el Estado suele intervenir en el asunto y convalida las escalas salariales actuales. Las remuneraciones mínimas son fijadas por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), donde intervienen las entidades rurales, el gremio de trabajadores rurales y el propio Ministerio de Trabajo.
Con respecto al nivel salarial, a modo de ejemplo, CAME mostró que en el oasis este de la provincia de Mendoza, los viñateros pagan hasta 100 pesos el tacho de uva cuando lo acordado eran 50 pesos. Esto debido a la escasez de mano de obra para la vendimia. De ese modo, “un cosechero puede cobrar un jornal de entre 5.000 y 6.000 pesos”, muy por arriba de los mínimos fijados.
“Las producciones regionales emplean a alrededor del 70% de la mano de obra rural, dando trabajo a aproximadamente 625.000 trabajadores temporarios en época de cosecha”, remarcó la entidad.
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]]>En una gacetilla, el ente creado por ley a fines de los noventa, y que comenzó a entregar la Libreta de Trabajo Rural a partir de 2002, generó algo de confusión, pues habló que con los nuevos trabajadores registrados en 2019 se había llegado “al total histórico de 1.205.734 trabajadores y de 103.800 empleadores registrados en el RENATRE”.
Bichos de Campo consultó a expertos del organismo integrado por el gremio Uatre y las cuatro entidades de la Mesa de Enlace, pues siempre se habló de una masa de trabajadores rurales cercana a 1,2 millones de personas, de la cual solamente una cuarta parte (o la tercera parte a lo sumo) estaba bien registrada por sus empleadores.
La respuesta fue que ese “total histórico” de 1.205.734 trabajadores y de 103.800 empleadores registrados en el Registro correspondía a el acumulado de CUIL a lo largo de 17 años de gestión. Es decir que a lo largo de toda la gestión del Renatre, desde 2002, pasaron por allí más de 1,2 millones de personas diferentes. Pero esto no quiere decir que todas permanecieran como beneficiarias del Registro ni estén ahora debidamente registradas.
Lo mismo sucede con los empleadores. En estos 17 años se han inscripto 103.800 productores que tienen empleados, sobre un universo de 250 mil establecimientos rurales según el último Censo Agropecuario 2018.
La cantidad de “cotizantes mensuales” que en la actualidad tiene el Registro ha ido oscilando según cada temporada, pero se mantiene en torno a los 330.000. Pero de nuevo, hay altas y bajas permanentes. Los CUIL no se repiten todos los meses. En este escenario se puede establecer que solamente poco más del 25% de los trabajadores rurales están debidamente registrados si se toma como válido un universo de 1,2 millones de personas que algunas veces -de forma temporal o permanente- trabajan en el campo.
Ese universo también está en discusión, pues la cantidad de empleo rural también se ha venido reduciendo. “Hemos hecho varios cálculos y en los últimos 6 años nos daban que había 850 mil CUIL distintos que cotizaron dentro del sistema de seguridad social”, nos dijo la fuente. En este escenario, y tomando los 330 mil cotizantes actuales, el nivel de registración crece bastante.
La misma situación rige para los productores que deciden registrar a sus trabajadores como manda la ley. En el promedio de los últimos años son unos 46 mil empleadores, mientras que desde 2002 a 2019 en el Renatre se registró un acumulado histórico de 103 mil productores.
Este es un programa especial que hizo Bichos de Campo sobre el Operativo Federal del Renatre:
El INDEC también tiene algunas mediciones al respecto. Para el primer trimestre de 2019 calculó que la Rama 1 (agropecuaria) tenía un total de 1.255.000 puestos de trabajo, de los cuales eran “asalariados” un total de 847.000 puestos de trabajo.
La “estimación de puestos de trabajo asalariados no registrados” que hacía el INDEC era del 58,1%, un año atrás.
Por lo pronto, queda claro que el esfuerzo del Renatre por registrar una mayor cantidad de trabajadores y empleadores navega sobre aguas que no son calmas, pues el universo de trabajadores rurales va mutando de modo constante. Por eso es perfectamente posible que en 2019 haya emitido, como indicó su gacetilla, un total de 119.744 Libretas de Trabajo. Sería el equivalente a 10% de la masa total de trabajadores rurales.
En su recorrida federal, el organismo mixto informó que realizó un total de 20 Operativos de Registración Móvil en distintas provincias, en los cuales entrega a los beneficiarios la vieja libreta del peón rural, pero ahora convertida en una moderna credencial que -a través de un Código QR- permite a cada trabajador acceder a todos los datos de sus relaciones laborales bien declaradas por sus empleadores.
Los operativos del Renatre se han concentrado en los trabajadores migrantes y de actividades como la hortícola, ganadería, cosecha y empaque de frutas, tabaco, entre otras.
Desde 2019, además, el Registro comenzó a gestionar trámites del Documento Nacional de Identidad (DNI) de forma gratuita a los trabajadores rurales y de su grupo familiar, gracias a un “Convenio de Colaboración e Intercambio de Información Electrónica” celebrado con el RENAPER (Registro Nacional de las Personas). En los últimos días también decidió´facilitar el acceso a la Libretar del Trabajador Rural a aquellos empleados que tengan el DNI en trámite o un certificado de residencia provisorio, en el caso de los trabajadores extranjeros.
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