El documento se firmó este lunes en una reunión realizada en la ciudad de Buenos Aires en la que participaron el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, el ministro de Trabajo Claudio Moroni, el presidente del Banco Nación Eduardo Hecker, el secretario General del gremio Atilra Héctor Ponce, José Urtubey de Celulosa Argentina, Marcelo Figueiras del laboratorio Richmond, el abogado Leandro Salvatierra, el consultor lácteo Jorge Estévez y, por supuesto, el presidente de SanCor CUL José Pablo Gastaldi.

La cuestión es que el texto del compromiso –cuya propuesta final debe ser aprobada por la asamblea de socios de SanCor– deja más dudas que certezas.

¿En dónde quedó parada la cooperativa SanCor luego de la crisis que casi la borró del mapa?

El documento indica que “es voluntad de los presentes crear un patrimonio de afectación, el cual sería administrado por personas físicas y jurídicas designadas por el grupo empresario, constituyéndose un fideicomiso, cuya finalidad será facilitar el desarrollo de la actividad industrial y comercial del conjunto y que tenga entre sus objetivos principales generar un negocio empresarial sustentable”.

Y luego se expresa que se propone “destinar partidas específicas implementadas por el Estado nacional, consistentes en fondos con destino exclusivo a la adquisición de materia prima y los respectivos insumos para su elaboración y transformación industrial, con el objeto de lograr un equilibrio operativo que permita una transición hasta el arribo de las líneas de crédito que por intermedio del Ministerio de Desarrollo Productivo y los bancos de la Nación y/o BICE permitan que el grupo empresario inicie su actividad”.

Además se señala que “SanCor transferirá al fideicomiso del grupo empresario, una vez que se haya concretado la recepción por parte de dicho grupo de los fondos provenientes de las líneas bancarias oficiales ya mencionadas, aquellos bienes que este último indique como necesarios para cumplir con los objetivos industriales y comerciales del proyecto de puesta en valor de la empresa, consistiendo los mismos, conceptualmente, en aquellos bienes e instalaciones que estén al servicio de la elaboración de la totalidad de los productos que SanCor tiene la posibilidad actual o futura de producir y comercializar”.

Por si faltaba algo más para completar tan exótica ensalada, el compromiso además establece que “Atilra tendrá participación dentro del Fideicomiso, la que se determinará oportunamente y ejercerá el contralor del destino de los fondos provenientes de las herramientas financieras provistas por el Estado nacional a fin de asegurar que los mismos no sufran desvíos de los objetivos trazados”.

Además el acuerdo indica que el gremio verificará que el “producido de la venta por parte de SanCor de los activos accionarios que posee de otra u otras empresas” se destine “a colocar a la empresa en un nivel de equilibrio operativo, el que se encuentra en los aproximadamente 1.000.000 de litros diarios promedio, nivel que deberá alcanzarse en el menor plazo posible”. Por supuesto, mientras todo eso sucede, SanCor no deberá despedir a ni uno solo de los 1450 trabajadores afiliados a Atilra.

Repasemos. Para salvar la situación de SanCor, se creará un fideicomiso que recibirá fondos estatales –no se indica de dónde ni en qué condición– y que será administrado por un grupo de “empresarios” y auditado por los sindicalistas de Atilra.

Luego SanCor recibiría créditos oficiales (aparentemente los “empresarios”, más bien “empresaurios”, no pondrían un solo peso de la suya en la cooperativa láctea). Y en el siguiente acto –¡chan!– SanCor tendría que vender activos para capitalizar el fideicomiso que, recordemos, sería gestionado por los “empresaurios” y los dirigentes de Atilra.

¿Y los socios de SanCor? Obviamente, deberían seguir entregando leche a la cooperativa calladitos y sin decir ni “mu”.

La cooperativa, luego del proceso de reestructuración encarado entre 2017 y 2019, que incluyó la venta de buena parte de sus activos y un Acuerdo Preventivo Extrajudicial para abonar una porción de una enorme deuda comercial, actualmente dispone de seis plantas industriales que procesan diariamente 650.000 litros de leche, que son empleados para elaborar leche fresca y en polvo, manteca, crema, dulce de leche y quesos. Cuenta con unos 1700 empleados que vienen cobrando sus salarios con importantes atrasos.

La cuestión es que, debido a sus antecedentes, SanCor no cuenta con financiamiento bancario y comercial, lo que le impide capturar un mayor volumen de leche, algo necesario para licuar los elevados costos fijos que tiene y tornarse en una unidad industrial competitiva. De hecho, los directivos de SanCor apuntan a procesar al menos 1,2 millones de litros diarios de leche, casi el doble que en la actualidad.

Los directivos de SanCor estuvieron buscando socios y financiamiento sin mayor éxito, hasta dar con la propuesta diseñada por el gobierno nacional, que implicaría perder por completo el manejo de la cooperativa láctea.

La última vez que SanCor hizo negocios con el Estado nacional no le fue nada bien. La cooperativa cuenta con una importante deuda dolarizada generada por operaciones impagas que se realizaron en el marco de un acuerdo firmado a fines de 2006 con la entidad estatal venezolana Bandes, por medio del cual, además del envío de partidas de leche en polvo a modo de pago de un crédito de 80 millones de dólares concedido por esa entidad bolivariana, SanCor se comprometía a abastecer con ese producto al gobierno venezolano.

La cuestión es que el cobro de esas exportaciones no se efectuaba de manera directa, sino a través del fideicomiso “Néstor Kirchner”, el cual era gestionado discrecionalmente, en el marco del programa “petróleo por alimentos”, por funcionarios kirchneristas y bolivarianos. Buena parte de las exportaciones de leche en polvo destinadas a Venezuela se hacían además con sobreprecios superiores al 50%.

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Hoy, con el anuncio oficial del concurso preventivo por parte de Molinos Cañuelas, empresa que compite con Morixe en varios rubros alimenticios, Noel usó una red social para dedicarle unas palabras a la familia Navilli –propietaria de la concursada– y, de paso, expresar su opinión sobre los “empresaurios” que, en lugar de ofrecer un servicio a la sociedad, se sirven de ella para beneficio propio. Aquí van las “dedicatorias” textuales de Noel:

“Lamentamos el perjuicio causado a bancos oficiales e internacionales y proveedores que con 1500 millones de dólares confiaron en una empresa argentina que les ‘defaulteó’ al igual que Vicentin; esto afecta a las demás empresas alimenticias argentinas”.

“Lamentamos también el perjuicio e incertidumbre que sufren los trabajadores de la empresa en un caso típico de ‘empresario rico, empresa pobre’. Un sistema económico que distribuye las perdidas empresarias a la sociedad y pero no las ganancias es inviable”.

“Lamentamos que los bancos oficiales deban perder más de 300 millones de dólares, mientras los empresaurios se hicieron hasta una cancha de golf y habrían comprado (a título personal, no para la empresa) miles de hectáreas de campo”.

“También lamentamos que la empresa diga que quiere ‘proteger a sus trabajadores y acreedores’, pero sus accionistas no hagan el más mínimo aporte de capital. Los accionistas de Morixe hemos hecho dos aportes de capital en los últimos tres años para financiar nuestro crecimiento”.

“Lamento la hipocresía generalizada en que vivimos por la que ninguna entidad empresaria va a salir a hablar de la seguridad jurídica o del derecho de propiedad de los que financiaron a Molinos Cañuelas; esto le hace mucho mal al país y a la imagen de los empresarios”.

“Ni tampoco dirán nada sobre la competencia desleal que implica tener que competir cumpliendo todas tus obligaciones frente a empresas que reciben 1500 millones de dólares y no los devuelven, ni sus dueños aportan capital. Cuando compres harina, ¡comprale a empresas decentes!”.

Hoy casualmente se celebra en la Argentina el Día de la Industria en conmemoración al barco que el 2 de septiembre de 1587 zarpó del fondeadero del Riachuelo, con destino a Brasil, para exportar tejidos y bolsas de harina producidos en la por entonces próspera Santiago del Estero. Lo notable es que dentro de las inocentes bolsas de harina, viajaban camuflados varios kilos de barras de plata provenientes del Potosí, cuya exportación estaba prohibida por el Reino de España.

Diez años después de la liquidación de la Oncca, Morixe sigue buscando que le paguen compensaciones por 245 millones de pesos

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