El plan oficial tiene el objetivo de facilitar la incorporación de emprendedores locales a las góndolas de las cadenas presentes en la provincia cuyana. En rigor, va en línea con el requisito de la Ley de Góndolas que exige que el 25% de los productos comercializados deben ser de pymes, cooperativas o mutuales y el 5% de productores de la denominada agricultura familiar, campesina, indígena o de la economía popular.

Para ponerlo en marcha, desde el Ministerio liderado por Enrique Vaquié se brinda asesoramiento constante sobre cómo entrar a este programa, que además tiene el beneficio de otorgar el 50% de descuento en el costo de código de barras para los alimentos que se integren a Raíces Mendoza. El costo del código de barras es un requisito que imponen los grandes comercios a los proveedores y que suele dificultar el ingreso de productores pequeños a estos establecimientos.

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Antes de comprar, buscá lo productos identificados con la marca #RaícesMendoza, no sólo llevarás calidad garantizada a tu mesa sino que estarás apoyando a productores locales
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— Economía y Energía Mendoza (@EconomiaMza) October 21, 2021

Un punto importante del programa es que permite a los pequeños emprendedores posicionarse en las grandes cadenas con un producto local y ganar competitividad con la oferta tradicional. Además, el cliente mendocino podrá acceder a estos productos sin el costo que implicaría el traslado hasta el centro de distribución de Buenos Aires.

Por ahora, los comercios que se unieron a este acuerdo son Walmart, con las cinco sucursales que tiene la firma en la provincia, Carrefour y, hace unos días también lo hizo el hipermercado local Libertad. Allí los productos que vienen del programa, podrán ser identificados por el logo obligatorio de Raíces Mendoza.

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“El Comité Técnico abocado a este severo problema ha determinado que una campaña de control de dimensiones necesarias para evitar pérdidas significativas a causa de la plaga y avanzar hacia su erradicación, requiere un presupuesto de 1.382.000 pesos”, afirma la carta que con fecha del 22 de junio el ministro de Economía de Mendoza, Enrique Vaquié, le envió a Luis Basterra.

La Lobesia botrana es una plaga cuarentenaria que produce pérdidas en los volúmenes de producción, menor rendimiento por planta y afecta además la calidad de la fruta. Asimismo, favorece el ataque de diversos hongos patógenos que provocan la podredumbre del racimo.

En 2010,  el Programa Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia botrana del Senasa declaró la Emergencia Fitosanitaria y estableció una red de monitoreo en todas las zonas de producción vitivinícola del país.

Como pasaban los días y la cartera agropecuaria nacional no emitió respuesta al pedido de Mendoza, que suele repetirse todos los años, Vaquié comenzó a utilizar las redes sociales para vehiculizar su mensaje.

“La inversión y el trabajo para hacer retroceder la plaga de la Polilla de la Vid no puede quedar inconcluso. Por eso le solicitamos a Basterra asegurar los fondos para darle la continuidad necesaria al programa de erradicación”, escribió el funcionario en su cuenta de Twitter.

#GestiónAgropecuaria

La inversión y el trabajo para hacer retroceder la plaga de la Polilla de la Vid no puede quedar inconcluso. Por eso le solicitamos a @LEBasterra asegurar los fondos para darle la continuidad necesaria al programa de erradicación @rodysuarez pic.twitter.com/tpjJxHtfFY

— Enrique Vaquié (@evaquie) July 13, 2021

En otra publicación agregó además que “junto a la nota oficial, le enviamos los avales al Ministerio de Agricultura de la Nación de las principales entidades vitivinícolas de la provincia. Creemos que a la par de la recuperación de los precios es imprescindible sostener el volumen que producen las fincas de Mendoza”.

¿A qué se destinará ese dinero? Principalmente a la compra de difusores de feromonas que se utilizan en la Técnica de Confusión Sexual (TCS). Esta consiste en difundir permanentemente, durante el vuelo de adultos, la feromona sintetizada por las hembras en las cepas para “confundir” al macho y dificultarle su localización y  acoplamiento, para evitar que la hembra sea fecundada.

Ahora bien, ¿debe el Estado Nacional sostener esta campaña sanitaria? Para responder eso hay que recordar que en noviembre de 2015 se aprobó la ley nacional 27.227, que obligaba al gobierno a destinar un aporte progresivo durante cuatro años, para financiar la campaña. Si bien ese plazo ya fue superado y en teoría no hay un marco normativo vigente que avale este pedido, lo cierto es que la legislación no se cumplió como corresponde. De hecho en 2018 la misma todavía no había sido reglamentada y este gasto no se incluía en el presupuesto nacional.

De nuestro archivo: Lobesia: La privatización de una lucha sanitaria y una ley apolillada

Recordemos brevemente lo que ocurrió con esos fondos. Según la ley, en 2016 el Estado iba a aportar un presupuesto de 300 millones de pesos para enfrentar la plaga y permitir que los productores de menos de 25 hectáreas quedaran exentos de cualquier costo de insumos. Pero ese año los fondos se demoraron y llegaron a Mendoza solo algunos pocos recursos.

En 2017 se habló de 400 millones de pesos que nunca figuraron en el presupuesto nacional. En 2018 Alfredo Cornejo tuvo que intervenir en las negociaciones, para destrabar un aporte de 100 millones de pesos de la Nación, al cual la propia provincia sumaría otros 50 millones. Esto fue celebrado desde el gobierno pero lo cierto es que los fondos se redujeron considerablemente. Un dato no menor es que en este cálculo la provincia de San Juan, la otra importante productora de vid, no recibió un centavo.

Esta mala gestión normativa de alguna forma habilita que este sector productor reclame esta asistencia monetaria, aunque los funcionarios provinciales tampoco aclaran cuánto podrán aportar de su propio tesoro.

“Buscamos que los productores tengan previsibilidad y mejores condiciones para seguir generando empleo, mantener al vino como bebida de los argentinos y proyectar al país en el mundo con la calidad que nos identifica. Solo los esfuerzos conjuntos construyen grandes resultados”, señaló Vaquié.

“La demora en la resolución necesaria respecto a lo planteado implicaría la pérdida en la oportunidad de realizar las acciones de control en el momento en que efectivamente se precisan, y con ello, se perjudicaría sustancialmente respecto a los estándares de control que en las últimas campañas se han podido alcanzar”, concluyó.

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Muchos políticos, por estas horas, emulan decisiones de sus pares de los países centrales más afectados por esta novedosa enfermedad, sin reparar en una situación que distingue a la Argentina de países como Italia, España, China o Estados Unidos: allá es fin del invierno y se aproxima la primavera, mientras que acá, en el Hemisferio Sur, entramos al otoño y quedan muchos cultivos por cosechar. Especialmente dos que aportan la mayor cantidad de divisas a la economía local, el maíz y la soja.

Por eso, de cara a la reunión entre el presidente Alberto Fernández y los gobernadores, varias voces del agro se alzaron para advertir que sería muy dañino para el país imponer restricciones a la circulación de bienes o personas que puedan afectar las tareas de cosecha, que no se limitan a la pampa húmeda sino que alcanzan a varias economías regionales. Por ejemplo, en Mendoza, quedan al menos 15 días por delante para la recolección de las uvas para vinificar.

Jesús María Silveyra, quien fuera subsecretario de Mercados Agropecuarios del gobierno de Mauricio Macri, pidió aplicar una “doble mirada” frente al sector agropecuario a la hora de tomar medidas contra la expansión de la pandemia en el país. “Frenar el ingreso de divisas cortando las exportaciones, aumentará la crisis económica, a través del incremento del déficit, la emisión monetaria sin respaldo y la consecuente espiral inflacionaria”, advirtió.

Pero además alertó que “detener el abastecimiento de materias primas en el ámbito local atentará contra la seguridad alimentaria, con el consiguiente agravamiento de la crisis social y sus posibles consecuencias en la seguridad interior”.

Sobre el abastecimiento local de mercadería, Silveyra indicó que “frenar toda la cadena de transportes generará pérdidas de ingreso de divisas y desabastecimiento. Teniendo claro lo apuntado precedentemente habrá que pensar en medidas que a la vez cumplan con dos objetivos: frenar la propagación del virus y evitar el crack económico y el desabastecimiento alimenticio, máxime si se desconoce el tiempo de cuarentena necesario para que sea efectiva”.

“Los trabajadores rurales, transportistas, obreros de plantas de industrias alimenticias, mercados concentradores, puertos, cadenas de distribución, están involucrados en la emergencia y deben ser considerados como servidores públicos dado la situación”, reclamó el ex funcionario.

En un contexto de restricciones por el avance del coronavirus, en tanto, Mendoza aclaró que le pidió a la Nación que la próxima batería de medidas preventivas del Gobierno nacional no interrumpa las cosecha vitvinícola ni frutícola. “Cursamos una nota a los ministros Luis Basterra y Matías Kulfas anticipando que es un proceso que no debe interrumpirse por el impacto económico actual y a futuro de una decisión de esta naturaleza”, afirmó el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié.

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