“Resulta necesario modificar el actual sistema único de trazabilidad, estableciendo un sistema específico para los productos fitosanitarios, que sea administrado por la unidad organizativa competente”, es el argumento del Senasa para dictar la Resolución 369/2021, publicada este lunes en el Boletín Oficial y destinada a complementar desde el sector público la Ley 27.279, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios, en virtud de la toxicidad del producto que contuvieron. Esta ley obliga a los fabricantes y distribuidores de agroquímicos a recuperar los envases vacíos, pero no definía nada acerca de la trazabilidad de los mismos.

“A los efectos de una adecuada gestión de los envases vacíos de fitosanitarios, resulta necesaria la integración de los sistemas para realizar un seguimiento completo de los envases en el circuito comercial, incorporándose a los usuarios finales e integrándolos con los sistemas de gestión y trazabilidad de envases vacíos de las autoridades ambientales provinciales y nacionales”, añade el Senasa, que ahora -con esta trazabilidad obligatoria- comenzará a marcar de cerca a las empresas.

El Sistema Nacional de Trazabilidad de Productos Fitosanitarios funcionará en el ámbito de la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Senasa y comenzará a regir cerca del inicio de la primavera, el 21 de septiembre, ya que la resolución establece un plazo de 70 días corridos para su puesta en vigencia.

La trazabilidad de los envases de agroquímicos será “de aplicación obligatoria en todo el territorio” nacional, y deberán lelvarla a cabo “”todas las personas humanas o jurídicas que importen, exporten, sinteticen, formulen, fraccionen, distribuyan, comercialicen, depositen y/o ejerzan la tenencia, con cualquier fin, de productos fitosanitarios”.

Curiosamente el artículo 3° de la resolución excluye expresamente a los productos fitosanitarios definidos como “Línea jardín”, como si fueran menor tóxicos que los que se utilizan campo adentro.

En este sistema de trazabilidad, define el artículo 4°, se comenzará a identificar los productos fitosanitarios mediante un código numérico otorgado por el Senasa. A la vez se apunta a conocer a los actores del Sistema mediante su Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) y a “georreferenciar cada uno de los depósitos”.

A la par el nuevo sistema apunta a “geolocalizar los productos fitosanitarios trazables a través de la declaración que realicen los actores en el Sistema, con respecto a los movimientos que efectúen los productos a través de toda la cadena de distribución, hasta el usuario final”.

Definidos que todos los actores deberán hacer su parte en el sistema de trazabilidad, el Senasa precisó que en principio las empresas tendrán que darse de alta en el Sistema Nacional de Trazabilidad de Productos Fitosanitarios.

El productor, considerados aquí como “Usuario final” podrá optar por inscribirse en el sistema. “Su participación en el mismo es optativa. En caso de optar por incorporarse al Sistema, podrá operar según lo establecido en el Manual Técnico del Usuario”, explicó la resolución.

Este es el listado de productos que deben ser trazados, según su principio activo:

A partir de participar del nuevo sistema, los operadores del mercado de agroquímicos deberán declarar “los lugares físicos donde depositan los productos fitosanitarios trazables, manteniendo actualizado los datos de ubicación de los depósitos”.

Habrá además una declaración de “las operaciones de importación, síntesis, formulación y fraccionamiento” que deberá concretarse en un plazo no mayor a las 72 horas de ocurrido cada hecho.

Como si fuera poco, las operaciones de comercialización, distribución y exportación de productos fitosanitarios trazables “deben ser declaradas en el Sistema, en tiempo real, por el actor que realice la operación”. Esto alcanza a los “movimientos entre depósitos”.

“En caso de que un actor reciba físicamente los productos fitosanitarios y quien los envió no informe el movimiento en el Sistema, el receptor debe generar el reclamo correspondiente en el mismo Sistema”, se definió.

De este modo, si todos cumplen con su obligación, “cada producto fitosanitario trazable entregado a un usuario final, ya sea a título gratuito u oneroso, debe ser declarado en el Sistema en tiempo real. El usuario final será identificado por su CUIT”.

Es decir que Senasa conocerá qué producto llegó a manos de cada productor, que como usuario final “puede optar por informar en el Sistema, la recepción de los productos fitosanitarios recibidos o adquiridos”.

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La nueva normativa contempla que en caso de una “contingencia”, como el hurto de un cargamento de agroquímicos o cualquier otra circunstancia no prevista, habrá que hacer una declaración especial en un plazo de 7 días.

También deja lugar a declarar el “uso propio” de productos fitosanitarios, que deberá declararse en tiempo real.

Los envases de agroquímicos, a partir de este sistema, serán identificados por sus fabricantes o importadores con “un código unívoco de respuesta rápida (Quick Response code -Código QR-) y a través de información escrita en los envases de los mismos”.

“Se debe colocar en cada envase primario de los productos trazables un soporte o dispositivo con capacidad para almacenar un Código QR, según se establece en el Manual Técnico del Sistema, debiendo garantizarse que no pueda ser removido sin dejar una marca evidente que permita advertir que ha sido violado o que sin haber sucedido esto, impida su lectura”, estableció el Senasa.

Además, “la leyenda con la información del producto debe encontrarse escrita en el envase, junto con el Código QR, en un lenguaje legible a simple vista, que permita la lectura y carga manual de los mismos, por parte de los usuarios del Sistema”.

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¿Y qué deberá decir esta leyenda escrita?

En al artículo 10° se dispone que “los principios activos deben identificarse obligatoriamente con una leyenda escrita en sus envases primarios. La utilización de un Código QR no es obligatoria para la identificación de estos productos, pero puede utilizarse en forma optativa, siempre junto con la información escrita”.

Pero además deberá figurar el Código de producto otorgado por el Senasa, el número de Lote, la fecha de elaboración y la de vencimiento, una URL establecida por Senasa para la vinculación de la información contenida en el Código QR con el sistema de trazabilidad. Esta misma información deberá poder leerse además en el Código QR.

La falta de declaración de datos o la inexactitud de los mismos -que revisten el caracter de declaración jurada- será considerada falta grave, a los fines de la aplicación de las sanciones que correspondan.

“El sistema de trazabilidad establecido en la presente resolución tiene como finalidad promover un control más eficiente y eficaz de la cadena comercial de productos fitosanitarios para evitar la comercialización de productos ilegales y, asimismo, funcionar como base de datos de los sistemas de gestión de envases vacíos de productos fitosanitarios”, explicó el Senasa en los considerandos.

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El director ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Juan Brardinelli, confirmó que se aplicaron multas por 780 millones de pesos  impuesta a 26 empresas de agroquímicos busca ser un “punto de inflexión” para que las compañías del sector comiencen a cumplir con la ley que las obliga a recuperar los envases vacíos de fitosanitarios.

En ese sentido, Brardinelli advirtió que alrededor de 12 millones de envases vacíos que no fueron recuperados por las compañías agroquímicas y que “no se sabe dónde están”, pues tampoco se ha montado el sistema de trazabilidad de dichos envases, considerados ambientalmente peligrosos por los residuos de sustancias que quedan en ellos después de su utiliziación.

Estas leyes se aplican en muchos países del mundo y las empresas las cumplen. Son empresas con alto desarrollo tecnológico y en este caso solo deben agregar a sus procesos la recolección total de los envases vacíos. pic.twitter.com/vWc9oz2kpf

— Juan Brardinelli (@jibrardi) May 8, 2021

Días atrás el OPDS sancionó a 26 empresas productoras e importadoras de fitosanitarios con una multa de más de 780 millones de pesos por incumplimiento de la Ley 27.279 que establece la recuperación y tratamiento de los envases vacíos de agroquímicos por ellas comercializadas, además de que apercibió a otras 100.

Según el organismo, estas compañías solo recogieron el 8% de los 13 millones de envases que fueron declarados en 2019, lo cual fue considerado como un incumplimiento a la norma vigente.

Bajo este panorama, Brardinelli explicó a la agencia Télam que “no sabemos dónde están los 12 millones de envases que faltan. Lo que necesitamos y a lo que apuntamos con estas multas es a que sea un punto de inflexión para que esto empiece a recuperarse (los envases) de manera real hoy”.

En las últimas horas, la propia OPDS difundió un operativo en el que se hallaron aproximadamente 10.000 envases vacíos de fitosanitarios acopiados dentro de dos predios de la localidad de Pasteur, municipio de Lincoln. “Los envases eran recolectados de manera informal y se desconoce hasta el momento su posterior destino”, se informó.

“El gobernador Axel Kicillof nos pide que cuidemos la salud y el ambiente de los bonaerenses, y este tipo de contaminación no reconoce fronteras provinciales o municipales. El plástico que se recicla de manera no formal va para cualquier provincia”, agregó el virtual ministro de ambiente de la provincia.

En este sentido, el funcionario bonaerense explicó que el tema de la gestión de los envases vacíos de agroquímicos “es un problema ambiental serio. De hecho, es la primera ley ambiental de responsabilidad extendida del productor porque es un problema serio y los daños no son menores, pero si difusos. Lo que queremos con esto es que no se siga propagando esta mancha de contaminación difusa”, remarcó.

Según dicta la Ley 27.279 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios, que fue reglamentada recién en 2018, la empresas que venden productos fitosanitarios están obligadas a organizar, operar, mantener y financiar un sistema de gestión integral de envases, el cual debe ser aprobado por la autoridad competente de cada provincia.

Ese sistema se denomina en el caso bonaerense Campo Limpio, y se puso en marcha recién en 2019, año de gestión sobre el cual se aplicaron estas multas, que serán apeladas por el sector.

“Queremos que las empresas paren con este daño ambiental, el cual es fácilmente evitable, porque hay un objeto material que hay que sacar de circulación y no es difícil de hacerlo. A lo que nosotros apuntamos y esperamos es a que las empresas tomen conciencia de eso”, concluyó Brardinelli.

Según explicó el director provincial de Residuos Especiales y Patogénicos de la OPDS, Federico Walhberg, a partir de la reglamentación de la Ley en 2018 las empresas de agroquímicos, que en su gran mayoría actuaron conjuntas al asociarse en Campo Limpio, tenían para presentar un plan de acción de gestión de los envases un plazo de 270 días que venció en junio de 2019. Esos planes fueron revisados por la OPDS y observados para que se hagan las adecuaciones “para que puedan funcionar”.

“Tuvieron varias oportunidades para adecuarse y varias devoluciones con observaciones del OPDS para que mejoren su plan. Hubo un trabajo que hicimos con las empresas para que eso sucediera. Inclusive se les mandó más de mil cartas documento alertando a las empresas de que no estaban cumpliendo, que no se estaban adecuando. Hubo muchos avisos previos antes de llegar a esta situación”, marcó Walhberg.

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“Desde septiembre de 2020 hay 10 Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) que se encuentran aguardando la habilitación del OPDS para poder iniciar sus operaciones”, denunció la Fundación Campo Limpio, que fue creada por todas las empresas de esa industria para cumplir con la Ley 27.279, que desde su sanción en 2016 obliga al propio sector privado a ocuparse de retirar del medio rural esos envases vacíos de agroquímicos, por el riesgo ambiental que suponen.

Horas antes, la OPDS había anunciado su decisión de multar a unas 70 empresas por haber retirado en 2020 solamente el 8% de los envases de agroquímicos que vendieron en la provincia de Buenos Aires. La cifra involucrada en esas multas sería millonarias: 783 millones de pesos. “Es la multa ambiental más grande que hay en Argentina”, sostuvo el director ejecutivo del OPDS, Juan Brardinelli.

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La respuesta de Campo Limpio no tardó en llegar. Aunque nadie discute que el trabajo de recuperar los bidones no esté hecho al 100%, se remarcó que “los avances han sido contundentes”.

“En 2019 terminamos el año con 7 Centros de Almacenamiento (CAT) habilitados y que funcionan dentro del Sistema en la Provincia de Buenos Aires y actualmente incorporamos 9 CAT más, lo que implica un total de 16 CAT en toda la provincia”, explicó la pata privada de este sistema. Los CAT son centros donde el productor debe entregar los envases vacíos de fitosanitarios para que Campo Limpio puede proceder luego a su reciclado o disposición final.

Pero lo jugoso llegó después: “Desde septiembre de 2020 hay 10 CAT que se encuentran aguardando la habilitación del OPDS para poder iniciar sus operaciones, alcanzando un total de 26 CAT”.

En rigor, un mapa de los centros manejados por Campo Limpio muestra que la provincia de Buenos Aires muestra los mayores grados de avance. Si se aprobaran los que quedan pendientes, consideró la Fundación Campo Limpio, se habría superado “el despliegue territorial comprometido, lo que se refleja en el aumento progresivo de la recolección de envases, pero sin estas habilitaciones es imposible incrementarla aún más”.

Además de obligar a los privados al reciclado, la Ley de 2016 y su decreto reglamentario (que se demoró hasta 2018) estableció además la creación de un Sistema Único de Trazabilidad para permitir el seguimiento de los envases vacíos. También en este punto hubo una reprimenda de Campo Limpio hacia las autoridades. “El mismo no se encuentra implementado a la fecha por el Gobierno”.

Este detalle, según la visión de las empresas de agroquímicos, permite desmentir con fácilidad las cifras lanzadas por el titula del OPDS para multar al sector. Según un informe del organismo para justificar las elevadas multas, en 2019 se comercializaron un poco más de 13 millones de envases de plástico en el agro bonaerense. “De este volumen total, la cantidad de envases recuperados en 2020 fue del 8%”, denunció la OPDS.

Según la mirada de Campo Limpio, de todos modos, “hasta tanto se implemente (el sistema de trazabilidad) no habrá herramientas certeras que permitan determinar con exactitud la cantidad de envases que han sido puestos en el mercado provincial por las empresas que comercializan fitosanitarios.  Por este motivo, la cifra de envases volcados al mercado sostenida por OPDS carece de sustento técnico”.

“Por todas estas razones, las sanciones impuestas carecen de fundamento y estarán siendo apeladas”, avisaron desde la Fundación integrada por 99 empresas de agroquímicos, entre ellas las principales multinacionales.

Luego llegó el pedido de restaurar un marco razonable para seguir avanzando. “Campo Limpio y las empresas adherentes creen profundamente en el diálogo y construcción conjunta para implementar este Sistema y es nuestro compromiso seguir trabajando con las autoridades provinciales y nacionales para avanzar en la consolidación del mismo”.

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“Es la multa ambiental más grande que hay en Argentina”, manifestó el director ejecutivo del OPDS, Juan Brardinelli, en diálogo con el programa radial Pasaron Cosas.

“Las multas se notificaron la semana pasada y el valor lo establece la Ley Nacional que equivalen a 1.000 sueldos básicos”, remarcó el funcionario respecto al monto que las empresas -entre ellas las grandes multinacionales del sector agrícola- deberán pagar por incumplir los procedimientos estipulados en la Ley Nacional 27.279. Es la que sancionada en 2016 obligó a los fabricantes de agroquímicos a hacerse cargo de montar un sistema para retirar de los campos los envases usados de agroquímicos, de modo de minimizar el impacto ambiental.

Frente a esa exigencia, lo que hizo la industria en estos años fue asignar esa tarea a una fundación integrada por las propias empresas, llamada Campo Limpio, que comenzó a inaugurar centros de acopio transitorio (CAT) de esos bidones plásticos, muchos de ellos de forma consensuada con la propia OPDS que ahora multa a sus empresas asociadas. Otra curiosidad: la inmensa mayoría de esos CAT están ubicados en la provincia de Buenos Aires.

Campo Limpio informa que en los últimos tres años recolectó un total de 1,95 millones de kilos de plásticos y en su estadística muestra un rápido crecimiento de esta tarea, pero se ve que para el gobierno de Axel Kicillof este ritmo no es suficiente. “El cuerpo encargado de investigar por parte del organismo está recorriendo toda la Provincia y labrando actas. Hay casos donde estos envases fueron abandonados al costado de una escuela rural”, denunció el titular de la OPDS, metiendo el dedo en la llaga.

En un informe, el organismo ambiental explicó que “los restos de producto que contienen estos recipientes los hacen peligrosos para la salud humana y el ambiente. Cuando no se gestionan adecuadamente, estos envases son enterrados, quemados a cielo abierto, arrojados en basurales destinados a residuos urbanos o en cualquier sitio. En otros casos son vendidos ilegalmente a acopiadores no habilitados y terminan así en circuitos de reciclado de plásticos comunes, lo que genera presencia de agroquímicos en productos elaborados con plástico reciclado como vasos, cubiertos descartables o juguetes”.

Esta es la foto que ilustra el comunicado oficial:

Según los datos que se manejan oficialmente, en 2019 fueron más de 70 las empresas de agroquímicos que comercializaron un poco más de 13 millones de envases de plástico en el agro bonaerense. “De este volumen total, la cantidad de envases recuperados en 2020 fue del 8%”, denunció la OPDS. Ciertamente, en 2019 comenzaba la tarea de campo Limpio y esas cifras pueden haberse modificado en la actualidad.

Además el organismo señaló que “más de 30 empresas se encuentran en falta por no haber presentado su declaración jurada anual indicando la cantidad de envases de agroquímicos puestos en el mercado provincial en 2019”.

En su informe OPDS establece un punto flojo en la estrategia del sector por cumplir con la Ley de Envases Vacíos. Reveló que a las empresas conocidas y agrupadas bajo el paraguas de Campo Limpio se suman “otras más de 200 pequeñas y medianas empresas fabricantes e importadoras de productos agroquímicos que no acreditan sistema de gestión alguno, lo que impide a las autoridades tener el registro total de envases comercializados”.

Como sea, la información dura es que el organismo ya envío cartas documento a 107 empresas. Y luego del descargo que realizaron ante el organismo, se definió el tipo de sanción y el monto de las multas correspondientes según cada caso.

“El organismo provincial continuará con el procedimiento para notificar a las más de 200 empresas que no acreditan sistema de gestión. Es la primera vez que se notifica y sanciona a empresas fabricantes e importadoras de fitosanitarios en el territorio nacional”, destacó la comunicación oficial.

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La Ley 27.279, por medio de la cual se definió el esquema de devolución y reciclado de envases vacíos de fitosanitarios, solamente puede comenzar a implementarse una vez que sea validada por las autoridades de las diferentes provincias argentinas.

Si bien la norma está vigente desde fines de 2016 y hace dos años que se instrumentó la metodología para recuperar envases vacíos, las provincias de Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero y San Luis –las cuatro con una importante actividad agrícola– siguen aún sin reglamentar la normativa nacional para que la Fundación Campo Limpio, integrada por empresas que conforman Casafe y Ciafa, pueda posteriormente presentar en esas jurisdicciones un plan de trabajo.

El drama es que en las provincias en las cuales no está reglamentada la Ley 27.279 no solamente no se pueden instalar Centros de Almacenamiento Transitorios (CAT) de envases, sino que tampoco se pueden llevar a cabo “campañas itinerantes” con camiones que pasen a buscar los bidones.

El problema no es menor porque la propia Ley 27.279 obliga a los empresarios agrícolas a disponer de sitios de almacenamiento temporales de envases vacíos en sus establecimientos, pero el hecho es que si no cuentan con manera alguna de derivar los mismos hacia CATs, entonces la acumulación de envases en el campo se transforma en un problema grave.

Otro déficit presente en el sistema es que a fines del año pasado el Estado nacional se había comprometido a instrumentar un sistema de trazabilidad que permitiese rastrear los envases vendidos para por detectar aquellos que –como lo solicita la normativa– no eran devueltos en un plazo de hasta un año.

Las reglamentaciones de la normativa están aprobadas en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Salta, Tucumán, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Neuquén. Y en Salta, Corrientes, Tucumán, La Pampa y Buenos Aires ya están funcionando CATs.

Las últimas inauguraciones de CATs, realizadas el mes pasado, se realizaron en Bella Vista (Corrientes), Alberdi (Tucumán) y Arroyos y Tandil (Buenos Aires).

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Los CAT deberían emplazarse en Colonia Barón, Alta Italia y Macachín. Lo que destrabó el conflicto fue que la provincia avaló la obra civil del primero de ellos, que quedó en condiciones de comenzar a recibir bidones.

En las últimas horas, una resolución de la Subsecretaría pidió dejar sin efecto “la operatividad del articulo 10 de la Ley N° 27279“, el cual marcaba un plazo de 90 días corridos para la formulación y presentación del Sistema, y luego, desde la aprobación del Sistema, indicaba que “los registrantes tendrán 270 días corridos para adecuar su gestión a los lineamientos del mismo. Vencido este plazo no podrán comercializar sus productos hasta tanto no se ajusten a lo establecido”.

Luego de reuniones mantenidas entre directivos de Campo Limpio, que es integrada por todas las empresas que producen y distribuyen agroquímicos en el país, y funcionarios del gobierno provincial, se exhortó a la fundación a que “mantenga la campaña itinerante y el plan de contingencia, hasta tanto la totalidad de los residuos generados hasta la fecha sean almacenados dispuesto el sistema”.

Por su parte, Campo Limpio informó que “ha finalizado la construcción de dos de los tres CAT comprometidos con el gobierno provincial en las localidades de Colonia Barón y Alta Italia”. Restaría la puesta en marcha del local de acopio de Macachín.

La fundación indicó que este avance, de todos modos, “permite la implementación del Sistema de Gestión Integral de Envases Vacíos de Fitosanitarios en la provincia de La Pampa”. Además informó que puso en marcha un Plan de Contingencia: un operativo para el retiro de los envases que se encuentran abandonados en rellenos sanitarios en varias localidades de la provincia.

El destino de los envases recolectados en dicho operativo será la planta de tratamiento de residuos peligrosos del Grupo Pelco, ubicada en Puerto Gral. San Martin, Santa Fe.

Campo Limpio recordó que lleva habilitados 7 CAT en la Provincia de Buenos Aires, y que tiene previsto habilitar 2 CAT más en la provincia de Corrientes y 5 CAT en Salta. “Nuestro desafío es sumar a toda la comunidad agropecuaria a estas acciones para impulsar un cambio de hábito en las personas para el cuidado del medio ambiente y desarrollar un sistema integral de recuperación de envases vacíos de fitosanitarios que cubra todo el país”, afirmó.

La entrada Fin de una prohibición a los agroquímicos: La Pampa tiene el ombú y dos centros de acopio de bidones se publicó primero en Bichos de Campo.

En una asamblea que duró más de tres horas, se decidió realizar una marcha pacífica hasta la Subsecretaría de Ambiente para entregar un petitorio a Fabián Tittarelli, el subsecretario de Ambiente de La Pampa y uno de los arietes del gobierno local contra los agroquímicos. En ese manifiesto se le reclama “el levantamiento de la prohibición de comercializar productos fitosanitarios en nuestra provincia”.

“Estamos atravesando meses críticos para los diversos cultivos por la gran proliferación de malezas, plagas y enfermedades propio de esta época del año. Por ello, en esta época urge intensificar los controles a fin de evitar pérdidas en la producción de grano y forraje. A modo de ejemplo, es imperioso contar con diversos productos para combatir las plagas que perjudican la sanidad de los cultivos (principalmente isoca en girasoles y chinche e isoca en sojas). Ya se han registrado pérdidas de cereales, oleaginosas y forraje; y de no actuarse de modo urgente las mismas representarán un porcentaje sumamente considerable acarreando el consecuente perjuicio económico”, le explicaron al funcionario.

La drástica decisión provincial de porhibir toda venta de agroquímicos fue tomada la semana pasada, debido a que la Fundación Campo Limpio (integrada por las empresas de agroquímicos) no finalizó en el plazo estipulado de 270 días los CATs (Centro de Acopio de bidones usados) previstos para Colonia Barón, Alta Italia y Macachín. Pero los productores consideraron la reacción oficial como “una medida extrema e irrazonable”.

“Esta medida compromete seriamente la producción de nuestra provincia y perjudica sustancialmente a pequeños y medianos productores agropecuarios, agronomías que comercializan estos insumos, contratistas rurales y demás actores de la cadena productiva. Pero no afecta a Campo Limpio, cuya negligencia, desidia e irresponsabilidad nos colocó en esta situación”, se defendieron los productores en su manifiesto. Según el diario local La Arena, la medida podría ser levantada el lunes próximo por las autoridades.

Si este fin de semana quedan listos los centros de Colonia Barón y Alta Italia, el lunes se podría levantar la prohibición de comercialización de fitosanitarios. Es lo que les dijo Tittarelli a los ruralistas.

Martín Navarro, presidente de la Comisión de Enlace de las Sociedades Rurales adheridas a Carbap, declaró a ese medio que “el petitorio que le estamos presentando a Tittarelli tiene un hilo conductor que es el levantamiento de la prohibición por todos los contratiempos que trae, y el compromiso de los productores de seguir haciendo lo que nos compete venimos haciendo con respecto al medio ambiente”.

Esto será clave para el nuevo capítulo que se abre, que es el debate de un nuevo proyecto de ley para regular las aplicaciones de agroquímicos en la Provincia, con distancias de veda que son mucho más elevadas que las dispuestas en otras provincias y otros países.

Ver El gobierno de La Pampa quiere imponer vedas de 500 metros para la aplicación terrestre de agroquímicos

Respecto de ese proyecto oficial, presentado esta semana en la legislatura provincial, Navarro dijo que “se va a debatir, hay que analizarla. Tiene muchos aspectos para que nos sentemos a ver que forma le damos, para implementar la que mejor sea para la provincia, porque hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo”, avisó el rurallista. Y agregó que “como esta redactada ahora (esa ley) es mas recaudatoria que de cuidado del ambiente. Pretenden agregar tazas por todo, más que regular los buenos usos”.

Victor Tapié, presidente de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, le dijo a La Arena que esperaran hasta el lunes por la tarde. “Si no tenemos respuestas en ese momento, el martes nos volveremos a juntar y vamos a analizar los pasos a seguir”, avisó. En la reunión se hablo de camionetazos, cortes de ruta y de traer las maquinarias a la ciudad.

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“Con esta actividad vamos hacia una agricultura más sustentable. La ley, que ya está promulgada con su decreto reglamentario, exige la devolución de los envases vacíos de fitosanitarios, y con esto buscamos implementar sistemas de gestión en todas las provincias, capacitando al productor para lograr una logística eficiente y una conciencia en torno a las Buenas Prácticas Agrícolas”, dijo Ambrosetti a Bichos de Campo.

Escuchá el reportaje completo:

El ex economista de la Sociedad Rural y más recientemente responsable de la coordinación del Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria (Fondagro), explicó que lo que se busca es “que el productor cumpla con el triple lavado y lavado a presión y la perforación del envase para que el mismo quede inutilizado y así pueda ser llevado a los centros de acopio cercanos, y desde allí ver cuáles pueden ser reciclados”.

“En esto tendrán que participar todos los eslabones de la cadena, desde cooperativas, pasando por acopios, distribuidores e industrias”, advirtió.

Ver: ¡Al fin! Se reglamentó la ley sobre la gestión de envases vacíos de fitosanitarios

Respecto de las demoras en la aplicación de la Ley de gestión de envases vacíos, Ambrosetti aclaró que “lo que estamos haciendo es el borrador del sistema para presentar a las provincias, estamos trabajando en la diagramación de los centros de acopio y avanzando en acuerdos público-privados”.

El director de Fundación Campo Limpio comparó el mpobre avance a nivel local con la experiencia en gestión de envases de Brasil. “Nuestro vecino más cercano tiene todo un sistema desarrollado con los envases vacíos de fitosanitarios. La idea es que Argentina avance del mismo modo. Para eso hay que generar sinergia”, sostuvo.

La entrada Ernesto Ambrosetti: “Con la gestión de envases vacíos vamos a una agricultura más sustentable” se publicó primero en Bichos de Campo.

“En lo que respecta a la industria, está totalmente comprometida (con el proyecto). Juntarnos con Ciafa (Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos, que agrupa a la industria local) fue algo bueno. Ahora bien, esto no significa que sólo las empresas que estén en Casafe o Ciafa podrán acceder a este sistema, ya que lo que queremos lograr es un sistema único de gestión de envases vacíos de fitosanitarios que incluya a todas las empresas”, reveló el ejecutivo.

Landgraf aclaró que el proceso llevará tiempo. “Donde mas avanzados estamos es en la provincia de Buenos Aires. Son las provincias las que tienen potestad sobre los temas ambientales; por ende, son ellas las que deben dictaminar cuáles son los organismos competentes que llevarán adelante la gestión de envases. A partir de allí, las industrias o empresas tendrán un plazo de 90 días para presentarles un sistema de gestión a cada una de esas provincias”.

Escuchá el reportaje completo a Federico Landgraf:

Landgraf explicó que “el productor tiene que hacer un cambio de paradigma respecto de lo que hacer con los envases vacíos de fitosanitarios y tiene que tomar otro comportamiento, que implica llevar los envases desde su campo a los centros de acopio. Ya no podrá venderlos, ni quemarlos, ni enterrarlos. Para eso, estos centros deben estar lo más cercanos posibles del establecimiento del productor. Para que el sistema sea funcional, deben estar incluidas todas las partes. En esta fase de recuperación es clave el rol del distribuidor”, explicó.

El director ejecutivo de Casafe comentó que “el asociativismo es una figura muy útil en el funcionamiento del sistema. Es el caso de los productores que se asocian con el municipio y con otros distribuidores. Lo importante es generar cierta equidistancia entre los centros de acopio que se coloquen en las provincias, aunque también armaremos centros de acopio secundarios donde el rol del distribuidor y de los municipios es fundamental. El secreto está en que haya la mayor cantidad de bocas posible que reciban envases vacíos, pero eso depende de aprobaciones municipales y provinciales y de organismos ambientales”, avisó.

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El Gobierno publicó en el boletín oficial la reglamentación de la ley sobre el tratamiento de envases fitosanitarios.

Cabe recordar que la normativa fue publicada en el boletín oficial a principios de octubre de 2016, y que desde entonces, no se supo mucho más, lo que generó incertidumbre entre productores y empresas proveedoras de estos insumos respecto del manejo de los envases. 

La reglamentación de la Ley N° 27.279 que establece los Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de los Envases Vacíos de Fitosanitarios, es parcial. De movida, los primeros 5 artículos quedaron en “veremos”; también los artículos 8, 11, 12 y los últimos del 26 al 30.

Por lo demás, y de acuerdo a lo que se destalla en los considerandos:

– Se establecen las condiciones para la construcción y locación de los Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT), así como de los sitios de almacenamiento de envases vacíos por parte de los usuarios, los requisitos mínimos a cumplimentar por parte de los operadores. 

– Además, se busca asegurar el correcto destino del plástico recuperado y para eso se da intervención al ministerio de Salud. 

En tanto, los ministerios de Agroindustria y Ambiente y Desarrollo deberán coordinar sus respectivas competencias como autoridades de aplicación de la norma.

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