“Este informe nos muestra que luego del esfuerzo de producir alimentos en Argentina, después de pagar todos los costos y lograr vender los granos, los impuestos se llevan el 63,2% de lo que le queda a quien produce en el campo”, explicó David Miazzo, economista jefe FADA.

Si se analizan los principales cultivos por separado, se observa que la participación del Estado en la soja (el cultivo con mayor alícuota de retenciones) es del 67,9%, en el maíz es del 53,4%, en trigo del 62,0% y girasol del 49,3%.

Teniendo en cuenta los informes previamente publicados por la fundación, el porcentaje de renta perdido por los productores parece haberse mantenido igual desde 2018, aunque teniendo en cuenta las devaluaciones y la inflación la pérdida en términos reales ha aumentado. Vale recordar que el ciclo de crisis económica actual que vive la Argentina arrancó en ese entonces: durante el gobierno de Mauricio Macri se produjo una gran crisis de las cuentas fiscales que obligó a la Argentina a retomar la senda de endeudamiento con el FMI.

En diciembre de 2018, por cada 100 pesos obtenidos por el productor, 60,50 pesos fueron para el Estado. La participación del Estado en los cultivos aquel año fue en soja del 66%, en maíz del 51,1%, en trigo del 51,3% y en girasol del 68,4%.

En diciembre de 2019 la participación en la renta agrícola cayó diez centavos, llegando a los 60,40 pesos. En cuanto a los cultivos, en soja el Estado se llevó el 64,5%, en maíz el 53,9%, en trigo el 53,5% y en girasol el 62%.

En diciembre de 2020, por otro lado, por cada 100 pesos el valor impositivo fue de 59,2 pesos. La participación del Estado en la soja fue del 64,6%, en maíz del 49,7%, en trigo del 55,2% y en girasol del 49,0%.

Volviendo al 2021, ¿cómo se repartieron esos impuestos? Los nacionales no coparticipables representaron el 68,1% del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola en Argentina, el mayor nivel desde junio de 2019. Se trata principalmente de los derechos de exportación, a los que se le suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios.

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Los impuestos nacionales coparticipables entre el Estado nacional y los Estados provinciales, representaron el 26,9% de los impuestos medidos, mayormente dado por el impuesto a las ganancias (neto del impuesto a los créditos y débitos) y los saldos técnicos de IVA.

Las provincias recibieron parte del 26,9% como coparticipación, y también recaudaron diversos impuestos. Los impuestos provinciales explican el 4,5% de los impuestos totales.

Los impuestos municipales representaron, por otro lado, el 0,5% de los impuestos. El componente central fueron las tasas viales o las guías cerealeras, de acuerdo a la provincia.

“Como la mayor parte de las tasas municipales y el inmobiliario rural son impuestos fijos que se actualizan a comienzos de cada año, con la devaluación suelen ir disminuyendo su participación en el total de impuestos entre la medición de marzo y la de diciembre”, indicó Nicolle Pisani Claro, economista de FADA.

A nivel provincial, el Índice FADA discriminó el porcentaje de participación estatal en las distintas localidades. En Córdoba la renta registra una participación estatal del 62,9%, en Buenos Aires y Santa Fe registran un 61,3%, en La Pampa un 62,5%, en Entre Ríos un 66,1% y en San Luis un 61,5%.

Para ese cálculo se conjugaron los rindes, los impuestos provinciales y locales, los fletes -que generan efectos diferenciados sobre cada uno de los cultivos- y la participación de cada cultivo en el área sembrada de cada provincia.

En todas las localidades analizadas se paga el impuesto inmobiliario rural y el impuesto a los sellos para la compraventa de granos. En Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis se paga además Ingresos Brutos. La alícuota es del 1% en los casos de Buenos Aires y San Luis, 0,75% en Entre Ríos y 0,5% en La Pampa. En Córdoba y Santa Fe la actividad está exenta.

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Otra de las variables analizadas fue el tipo de cambio y la variación los costos, ya que el precio del dólar se atrasó respecto a la inflación, lo que produjo un aumento de los insumos para la producción.

Si se analiza la estructura de costos de los cultivos de acuerdo a la moneda en la que están expresados, se puede identificar que un 57% de los costos de una hectárea de soja están estrictamente dolarizados mientras que el restante 43% están pesificados. Si se considera el costo de la tierra pasa a ser el 68% la parte dolarizada.

En el caso del maíz, como los fertilizantes y semillas tienen más peso que en el caso de la soja, los costos dolarizados ascienden al 61% de la estructura, mientras que los pesificados alcanzan el 38%. Si se considera el costo de la tierra, los costos dolarizados ascienden al 67%.

Desde FADA alertaron que los principales aumentos se dieron en el precio de los fertilizantes, que llegó a ser de hasta 129% en dólares; en el precio de los fitosanitarios que alcanzó el 190% en dólares para el glifosato y el 60% para el 2.4.D. Los costos laborales, por otro lado, se incrementaron 10 puntos por encima de la inflación.

La entrada La crisis que arrancó en 2018 se nota en la presión impositiva sobre el agro: La Fundación FADA calculó que de cada 100 pesos de renta agrícola, 63,2 pesos van a parar al fisco se publicó primero en Bichos de Campo.

Sus integrantes son en su mayoría descendientes de productores italianos de las quintas ubicadas en el sur de La Plata, que buscaron que la tradición de este cultivo no se pierda. Si bien ya lograron obtener su indicación geográfica, todavía creen que hay mucho camino por recorrer para aumentar el consumo de esa hortaliza, que sigue siendo extraña para muchos consumidores.

“Hoy no falta producción. Tenemos mucho más de lo que sale al mercado, pero hay que trabajar para que se conozca el producto. Se consume cerca de las capitales y en el interior a veces no llega. Es importante estar en todo el país”, dijo Adriana Ricceti, integrante del grupo Alcachofas Platenses, a Bichos de Campo.

Gracias a sus inmigrantes primero y luego a la acción de este grupo, la zona hortícola de La Plata se constituyó como la cuna del alcaucil en el país. Sus condiciones climáticas favorables, con altos índices de humedad, hicieron que la producción se arraigara, mientras que la tecnificación del cultivó provocó que aumentaran considerablemente los rendimientos por hectárea. Pero el consumo –que se da por completo en el mercado interno- no acompañó ese crecimiento.

Mirá la nota completa acá:

Para los productores locales, el mayor problema es que existe una falta de información por parte de la población general, que en muchos casos desconoce cómo se consume el alcaucil o incluso lo desconoce. Por eso el grupo elaboró dos estrategias que buscan revertir esta situación. Adriana fue una pieza clave en ese proceso.

En primer lugar se trabajó durante seis años en el armado de un protocolo de producción, que fijara las condiciones básicas de manejo. Eso les permitió conseguir luego la primera indicación geográfica vegetal de parte del Ministerio de Agricultura en 2016.

“En los cultivos hortícolas es muy difícil diferenciar el producto, por eso trabajamos con empaques diferenciados. El protocolo no sólo tiene en cuenta las etapas de la producción sino que hace mucho hincapié en la tipificación para que el consumidor identifique el producto final que va a recibir”, comentó Ricceti.

El segundo hito fue la recuperación de la vieja fiesta del alcaucil, que los inmigrantes realizaban en esa zona, y que todavía se continúa realizando en otras partes del mundo. La misma supone una instancia de acercamiento al consumidor, para que conozca no sólo el manejo del cultivo, sino la forma consumirlo. Del evento participan muchos referentes de la gastronomía que dan cuestas de las múltiples recetas de las que puede participar el alcaucil.

“Antes se consumía con la hojita y la vinagreta, o los típicos escabeches. Con el acercamiento de la gastronomía su preparación ha variado. Hay postres dulces con alcaucil, dulce de alcaucil, flanes, se lo incorpora a pizzas, empanas, sándwiches de miga, etc.”, aseguró la productora y agregó que esto también ayuda a reforzar el conocimiento de sus bondades nutricionales.

“Es sano comerlo. Es alto en fibra, hepatoprotector, tiene muchas propiedades para personas con diabetes. Necesitamos que se consuman más kilos por habitante por año”, sostuvo. Pero en este camino también es necesario el apoyo de las autoridades.

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-¿Qué haría falta desde el Estado?- le preguntamos a Ricceti.

-Del Estado nos falta todo. No tenemos caminos, tenemos mala comunicación y en la parte de agregado de valor necesitamos créditos a tasa cero para poder arriesgarnos a una inversión, que mínimo es un proyecto de diez años en adelante. Con los financiamientos propios no se llega.

Para la productora, el agregado de valor sería una forma de estabilizar el consumo durante el año, ya que en aquellos momentos en donde el alcaucil no se pudiera consumir en fresco, existirían otras opciones industrializadas como las conservas o los procesados que utilicen esta hortaliza.

“Ahí sí podemos trabajar sobre que la gente lo incorpore a una dieta cotidiana. Si lo consumís dos veces al año no llegas a que se vuelva un hábito. También nos ayudaría a salir a los mercados externos. El alcaucil en fresco es poco competitivo y tenemos  mercados cerca como el brasilero. La logística del fresco es costosa y no tiene una larga vida post cosecha”, indicó Ricceti.

La entrada Con valor agregado, el alcaucil podría estar presente todo el año: Adriana Ricceti busca aumentar el consumo de esta hortaliza y hasta exportarla se publicó primero en Bichos de Campo.

El primero en subir al estrado fue José Luis Espert, cabeza del espacio Avanza Libertad, junto a su compañera de fórmula Carolina Píparo. Con la acidez que lo caracteriza y sin rodeos, el candidato sintetizo los tres cambios que considera que Argentina debe hacer, para resolver “lo que se viene haciendo mal hace medio siglo”.

“En primer lugar, Argentina utiliza de manera inadecuada el mundo. En lugar de usarlo como oportunidad para comerciar, lo usa como prestamista para financiar deuda. No hay países que prosperen sin comercio libre. Yo creo que la manea de comerciar es con retenciones cero a la exportación y con aranceles a la importación bajos, para pagar sólo los gastos de la aduana, a tasas uniformes”, afirmó el economista.

El segundo punto giró en torno a la figura del Estado Nacional, que “es lo más grande posible independientemente de las necesidades de la sociedad”. En este sentido consideró que hay que repensar la superestructura del Estado, a las direcciones y a las secretarias, y plantear otro “más chico”.

“Probablemente tengamos que repensar por completo el país. A lo mejor este país no da para 24 provincias y 2200 municipios. Cada provincia requiere de gastos y esta es una sociedad que esta atosigada de pagar impuestos. No sólo hay que echar del Estado de forma programada y con indemnizaciones, a muchos ñoquis, transas y chantas de la política -el Kirchnerismo incorporó por lo menos un millón de militantes que no tienen ninguna función en el estado- sino plantear otra manera de realizar las funciones del Estado”, dijo.

A continuación deslizó una crítica al proyecto presentado recientemente por Sergio Massa en el Congreso, que busca cambiar los planes sociales por empleo genuino.

“¿Cómo capacitás a quienes se han quedado fuera del sistema? ¿Quién paga esas capacitaciones? ¿Qué incentivo le damos al empresario para que tome a una persona beneficiara de un plan luego de haberla capacitado? Yo creo que hay que darle la posibilidad de que no pague contribuciones patronales como mínimo. Pero para eso hay que cambiar la legislación laboral”.

En línea con este punto, el tercer ítem de su presentación hizo referencia a las leyes laborales y a las cargas patronales que pagan los empresarios por sus trabajadores.

“Si algún día se tiene un problema con ese trabajador, y no estamos exentos de tener un problema, no puede ser que una empresa termine volteada por los fallos judiciales”, indicó.

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Hacia el final, el candidato enumeró los cambios económicos que su espacio buscará imponer en la agenda legislativa: la quita de las retenciones, del impuesto al cheque, la reducción del IVA, de ganancias, de los aranceles, la eliminación del Ingreso Bruto Provincial y su reemplazo por un IVA diferencial pagado por las provincias, la eliminación de la tasa de seguridad e higiene, entre otros puntos.

“Me parece un disparate que haya retenciones a las exportaciones porque los países se matan en el mundo por venderle a otros. Nosotros somos los únicos ridículos que penalizamos la venta al exterior. Es una aberración”, concluyó Espert su presentación.

La entrada Los candidatos le hablan al campo: Jose Luis Espert consideró que es necesario aplicar el libre comercio, cambiar leyes laborales, achicar el Estado y hasta recortar provincias se publicó primero en Bichos de Campo.

Las organizaciones empresarias, entre las que figura la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la Unión Industrial Argentina (UIA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), expresaron su preocupación por esta incógnita sobre el futuro de la Hidrovía.

Las tareas de dragado y balizamiento está hace 25 años a cargo de una empresa llamada Hidrovía SA, integrada por la belga Jan de Nul y la argentina Emepa, pero su concesión vence a finales de abril y nadie sabe cómo seguirá esta película.

Las entidades reiteraron su compromiso con el funcionamiento eficiente del Sistema de Navegación Troncal de los Ríos Paraná y de la Plata (SNT) pero al mismo tiempo le pidieron al ministro Meoni “información pública respecto de cómo se garantizará la navegabilidad durante la transición que ocurra entre el vencimiento de la actual concesión y la adjudicación de la nueva”.

Los firmantes recordaron a Meoni una presentación previa realizada el pasado 4 de marzo, en la cual manifestaron la importancia de garantizar la continuidad del servicio de dragado y señalización, y sostuvieron que la transición debería ser lo más breve posible.

“A pocos días del vencimiento de la concesión vigente y sin información oficial respecto de lo que sucederá a partir del 1 de mayo, reiteramos aún con más énfasis dichos conceptos y destacamos los efectos negativos que la incertidumbre existente genera entre quienes participan de la actividad”, declararon.

“Como principales usuarios del sistema y a modo de aporte, la transición debería ser por un plazo prudencial que no obstaculice la operatoria y dote de previsibilidad al sistema mientras se trabaja en el proceso licitatorio, estimando también que no debería ser inferior a seis meses ni superior a un año”, indicaron las entidades.

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Destacaron la importancia de que el Estado haya decidido llevar adelante “una licitación transparente y competitiva para las tareas de dragado y balizamiento de la vía navegable troncal, a riesgo empresario y sin aval del Estado” y se mostraron conformes con que todas las obras y mejoras deban ser sustentables desde el punto de vista medioambiental y económico.

Por último manifestaron “la necesidad urgente de constituir Órgano de Control independiente, altamente profesional y autónomo, con participación del Estado Nacional, las provincias y representantes del sector privado”.

La carta dirigida al ministro Meoni lleva un total de 13 firmas: Adrián Milisenda, presidente de la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas; Daniel Nasini, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR); Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales; Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA); Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA – CEC); Martín Berardi, presidente de la Cámara Argentina del Acero; Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentina (CRA); Carlos Castagnani, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE); Tomás Layus, presidente de la Sociedad Rural de Rosario (SRR); Julio José Delfino, presidente del Centro de Navegación; Carlos Cristini, presidente del Foro Regional Rosario; Carlos Hoyle, presidente del Centro Marítimo Rosario; y Enrique Mantilla, presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina.

La vía navegable troncal “Hidrovía” es una ruta fluvial de 1.635 km que permite la salida hacia el océano a distintos tipos de embarcaciones de carga. Su traza se encuentra expresada parcialmente en los ríos Paraná, Paraná de las Palmas, y Río de la Plata, constituyendo un cauce de salida de aproximadamente el 80% de la exportación nacional.

La entrada ¿Qué hacemos con la Hidrovía? A días de que venza la concesión del dragado, empresarios le pidieron a Meoni que explique “cómo se garantizará la navegabilidad” se publicó primero en Bichos de Campo.

“Quiero un Estado que controle. No quiero un Estado lelo como el que construyeron desde Menem para acá. El periodo de Néstor y Cristina fue el único repunte que hubo. Y si. Soy peronista y soy kirchnerista desde toda la vida, y tengo argumentos para defender esto”, afirmó el escritor.

Mirá la entrevista completa realizada a Mempo Giardinelli:

“Los abajo firmantes celebramos la histórica decisión del presidente Alberto Fernández de intervenir la empresa Vicentin y de enviar al Congreso un proyecto de expropiación de la misma. Una disposición irreprochable desde todo punto de vista y a nuestro criterio la más trascedente tomada por un gobierno democrático en política agraria desde 1983”, aseguraron los firmantes en la carta, apoyando la expropiación de Vicentin.

Giardinelli explicó que “con Pedro Peretti (ex directivo de la FAA) venimos trabajando el tema agropecuario desde hace tiempo, sobre todo Pedro, que es un experto y ya veníamos con esta preocupación, porque nos dimos cuenta de que Vicentin tenía un mal destino por la deuda. Se sumó Claudio Lozano, que tiene una información privilegiada al respecto. Nos dimos cuenta de que podíamos proponer un documento que llegara al presidente, el cual  se difundió rápidamente”.

Ver: Sin hablar de Vicentin, Alberto le hizo un mimo a la cooperativa ACA y a las nuevas ideas que atraviesan el agro

-Entiendo la necesidad de discutir algunas cosas, pero ¿no están exagerando la sospecha del manejo de comercio de granos como para expropiar Vicentin?

-Yo creo que sobran argumentos. Por lo menos la expropiación tiene que partir de una intervención que fue frenada. No quiero convertir esto en una cuestión de fe, pero yo estuve viendo los números, y hay un daño tan grande para productores y cooperativas; hay una falta de transparencia que es evidente. De todos modos, a mi como ciudadano argentino, me parece muy importante que el Estado tenga control sobre el río, control impositivo y de las exportaciones. Cualquier kiosquero de Reconquista o de Rosario paga impuestos provinciales e ingresos brutos como cualquiera. Las agroexportadoras que están sobre el río Paraná, no pagan ingresos brutos en la provincia, y nosotros queremos que paguen. Me parece que tiene que haber un sistema en el cual el Estado argentino tenga control sobre eso. Si se declara que es la principal fuente de ingresos, ¿No es lógico y natural que el Estado tenga conocimiento, control y fiscalización sobre eso?

-¿Por qué si queremos que paguen y que sean controladas no revisamos las leyes impositivas? ¿Y qué nos garantiza la expropiación de una empresa que sólo maneja el 10% del negocio?

-Porque hace falta que el Estado tenga intervención en el negocio agroexportador. Es indispensable que esto sea así. Una empresa de origen nacional que es deudora del Estado argentino, que tiene tantos empleados que ahora están en el aire, y me parece que es el modo casi ideal para que el Estado tome intervención y empiece a ser, como se dice, una empresa testigo, es decir, un testigo que ayude a fijar precios, a tener controles y a conocer qué es lo que está pasando. El río Paraná tiene entre 10 o 20 puertos exportadores que no son territorio argentino, y no es una cuestión de patriotismo; esos puertos tienen policía propia, tienen frontera propia, tienen acceso al exterior por vías absolutamente sin control y lo único que hacemos los argentinos es dragar el río. Pagamos el dragado para que ellos utilicen nuestro río en función de un comercio exterior del cual no tenemos la menor idea.

Ver: Claudio Lozano aporta los argumentos para intervenir Vicentin: “Desde 2014 hay una estrategia explícita” para fugar dinero al exterior, denuncia

-Me preocupa mucho eso, porque la información es que en cada uno de esos puertos hay una oficina de Aduana. El dragado es pagado por los usuarios. Me llama la atención la distancia entre datos objetivos. Los exportadores dicen que tienen un control aduanero en el puerto y usted me dice que no existe control

-Datos objetivos hay muchísimos. Yo no los tengo de memoria, pero puede pedirlos al Banco Nación, a cualquiera de las organizaciones sindicales o cooperativas. Y le digo más: con Pedro Peretti, hace un año escribimos un libro que se llama “La Argentina agropecuaria”. Ahí hay montones de datos objetivos. No es que son cosas que estamos inventando con Lozano y Peretti.

-Yo entiendo que usted tenga un ideal. Me asusta la pelea de extremos, y que cada uno tenga su propia biblioteca y tironeando de Vicentin, y quizás la empresa termina fundida y las multinacionales terminan avanzando en el negocio. ¿Cómo hacemos de esta discusión una cosa sensata en términos de negocios?

-Si esto no le parece una discusión sensata Longoni, no sé para qué me llama. Yo creo que todos somos gente sensata, tratando de defender intereses nacionales, públicos, y que con los años se deterioraron. No voy a ser yo el que levante el dedo acusador ni me parece que el centro sea si hay un buen fiscalizador en nombre del Estado en tal o cual puerto. Esa no es la discusión.

Ver: Según Nicolás Bossio, con Vicentin se están repitiendo errores del conflicto de 2008: “Llevamos todo a los extremos”, lamentó

-¿Y cuál es la discusión? ¿Usted cree que el Estado tiene que tener presencia activa ahí?

-Absolutamente. Tiene que tener presencia y control. Pero el Estado ha sido expulsado de ese negocio. Es un desfalco gigantesco y no puede ser permitido por el Estado. Esa intervención, que está siendo frenada por un juez, cosa que espero que se corrija, tiene que dar paso para que el Estado pueda tener esa presencia y ser esa empresa testigo. Ahí seguro que van a cambiar las cosas. Nosotros no pedimos que sea la expropiación. Pedimos que se convierta en una empresa estatal, de interés publico y con control social. En nuestra propuesta, y esperamos que funcione, pensamos que todas las universidades nacionales que tienen facultad de agronomía o agroindustra, deben tener participación en el manejo de la empresa. Las cooperativas, que son las que entregan sus producciones y que son sus principales acreedores, también deben tener participación. El directorio que se forme de la nueva Vicentin debe tener reglas muy claras, no designar familiares, tener periodos cortos de funcionarios, tener declaraciones juradas fehacientes. Sabemos los riesgos de toda intervención estatal en un país que tiene la historia que tiene.

-Hemos tenido muy malos ejemplos..

-Muy malos ejemplos. Prácticamente desde la época de Bernardino Rivadavia para acá. El descontrol del Estado argentino es histórico. Hubo presidentes que cayeron, y no lo digo por De la Rúa, sino por Juárez Celman, o por cuando Pellegrini crea el Banco Central como una manera de control. Pero eso es otra conversación. A mi me parece que es indefendible el modelo estatal argentino, que viene siendo destrozado desde hace 70 años.

Ver: Vilma Ripoll bancó a los chacareros en 2008, pero ahora toma distancia por Vicentin: “No puede ser que 5 o 6 cerealeras manejen todo”, afirma

-¿Y por qué no revisar entonces la liquidación de la Junta Nacional de Granos o la extranjerización? ¿Por qué no pensar en otra cosa además de la expropiación de Vicentin? ¿Por ejemplo en expropiar Cargill o Cofco?

-Me consta que hay gente que piensa otras opciones. En lo personal, creo que una Junta Nacional de Granos o de Carnes me parece muy adecuado. Argentina es un exportador de productos agrarios. Llámese como se llame. Algunos se ponen molestos como si fuera un regreso del peronismo, pero al peronismo lo destruyeron en su mejor momento de prosperidad, a partir de 1953, por odio, por gorilismo, por la razón que sea. La historia argentina de los últimos 70 años es una destrucción permanente del rol del Estado. Y el gobierno de Perón en el ´55 no era una dictadura como dicen muchos. Y lo destrozaron, bombardeando y matando gente. Esta es nuestra historia; es la historia de mi vida y la de muchos de nosotros.

-En que el Estado no sea lelo, estamos de acuerdo. Pero yo dudo que la herramienta para reconstruir el Estado sea eso. En todo caso, antes que controlar Vicentin, me gustaría reconstruir la Aduana. Antes de meter preso al empresario que no controlé, metería preso al funcionario que dejó que sucediera esto.

-Yo creo que metería presos a los dos.

-Pero el riesgo es que la señal sea negativa para los actores económicos, y que después tengamos una cáscara vacía como Vicentin, y que no funcione y que no sea útil ni para el Estado ni para los privados.

-Si a usted le parece bien que no se expropie ni se intervenga Vicentin, lo respeto. Pero no estamos de acuerdo. No es una discusión que tenga ganas de tener con usted. Lo atiendo con toda amabilidad y respeto, pero no para discutir esto.

Ver: Gonzalo Aziz analiza el caso Vicentin: “Alberto vuelve a usar herramientas de 2008 para construir un discurso en función de amigos y enemigos”

-Yo le estoy preguntando si usted no ve riesgos en esto.

-Pero Longoni, riesgos hay en todo. Estamos viviendo una pandemia. Por supuesto que hay riesgos, pero nosotros no estamos proponiendo discutir los riesgos en este momento. Frente a eso, y si usted lee bien nuestra declaración, hablamos del control social y del carácter público de la compañía como pensamos que debe ser. Lo otro ya se verá. Incluso yo espero ser un controlador público. Pero no es el tema ahora. El tema es ver qué se hace con Vicentin, con la millonada de dólares que se fugaron u que hay que devolver al Banco Nación.

-¿Usted no cree que un juez que es parte del poder de un Estado sea capaz de resolver eso?

-¿Usted saber que ese juez, antes de ser juez fue empleado del Banco Nación?

-Si claro. Lo conté yo por primera vez…

-Bueno. Yo no puedo acusarlo de nada a ese juez, pero no es el juez que me gusta más. Es un hombre del que, según dicen todos en Reconquista y Avellaneda, donde yo tengo muchos parientes, bueno la opinión que se tiene en general no es de la ecuanimidad del juez a quien sus vinculos con la empresa parece ser que eran históricos. Es todo muy argentino Longoni. Frente a esa cosa argentina que ni a usted ni a mi nos gusta yo quiero control. Ahí vamos a coincidir. Quiero que sean controles públicos. Quiero que las universidades controlen, que las personas más decentes controlen, que no haya nepotismo en ninguna empresa pública, y que haya sanciones más duras. Pero primero hay que resolver el tema Vicentin, el cual no tiene ninguna otra resolución que una intervención estatal. No me preocupa cuál es el nombre y la vía, si será vía congreso o por DNU. Hay que hacerlo y es urgente.

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Años después, quisimos saber qué pensaba Ripoll sobre el intento de expropiación de Vicentin que tanto molesta a los productores.

“En aquel momento de movilizaciones salían hasta los docentes a los cortes, porque era algo que tenía que ver con la vida cotidiana de todos. Ahora todos los productores fueron cooptados por los pooles de siembra, que no tienen preocupación sobre las necesidades de alimentación de la población, sino solo de sus ganancias. Debe haber una reconversión de lo que se produce, con un criterio de las necesidades”, dijo Vila Ripoll a Bichos de Campo.

Acerca de lo que sucede con Vicentin, Ripoll expresó sin medias tintas que hay que ir todavía más allá y propuso la estatización de todo el comercio de granos. “No puede ser que 5 o 6 cerealeras manejen todo. Hay que nacionalizar el comercio exterior y que el Estado defina qué se exporta y a qué precio. No puede ser que paguemos el pan a los precios que pagamos en el país del trigo”, aseguró.

Ripoll asegura que lleva el mismo hilo político desde que entró a militar antes de la dictadura. “Nunca cambié. Soy un ejemplo de coherencia política para el que le guste y para el que no le guste”, declaró.

Mirá el reportaje completo realizado a Vilma Ripoll:

Para la dirigente izquierdista, los pequeños productores fueron víctimas de los dos hechos, tanto en 2008 con la 125 como ahora en 2020 con Vicentin. Antes, porque había un Gobierno que no segmentaba y que quería aumentar las retenciones a destajo, y ahora porque hay una empresa que, según Ripoll, los estafó.

Ver: Juanchi Capozzolo es productor de Reconquista: “El campo está enojado, agobiado y cansado de ser el hijo de la pavota”, advierte

“La 125 tenía un sólo problema, y era que las retenciones no eran segmentadas. Entonces, de repente tenías a alguien de la Sociedad Rural con mil hectáreas, que pagaba lo mismo de retenciones que todos los demás productores, que no sólo producían soja, sino algodón o frutas por ejemplo. Esto fue un conflicto gremial y en ese momento nosotros apoyamos la posición de la Federación Agraria, porque son los sectores medios del campo, mucha gente que tenía de 100 a 150 hectáreas”, manifestó la dirigente del MST.

Pero frente a la intervención de la aceitera que dispuso el Gobierno, Ripoll tomó distancia. “Tiene que ser sin pago. Por eso retroceden en Vicentin, porque no es una cosa ni la otra. Ahora apareció la propuesta de Omar Perotti, que tampoco es la expropiación que propone el Gobierno y tampoco le viene bien a Vicentin. (los empresarios) Son unos crápulas, quieren volver a manejar todo después del desastre que hicieron con la plata del Estado. Me parece que no es así”.

Para Ripoll, Vicentin no es una empresa pujante y familiar que se hizo desde abajo como muchos sostienen. “Lo primero que hay que hacer es blanquear quién es Vicentin. Y no me vengan a decir que es una empresa familiar. Conozco la mentalidad del pueblo que quiere defender a su empresa porque a mi me pasó con Vassalli, la empresa de cosechadoras.¿Quién se va a ocupar de los 28 mil trabajadores que tiene Vicentin entre directos e indirectos? Es una situación muy complicada y en el medio está la oferta del Gobierno y la excusa de soberanía alimentaria que puso y que me parece ridícula”, declaró.

Ver: Un Luis D´Elía moderado no quiere repetir la pelea de 2008 y pide un punto medio para Vicentin: “Ni la nacionalización del comercio exterior ni el Estado ausente”

Según la dirigente, “Vicentin hizo siempre negocios al amparo del Estado, hizo fraude financiero del color que quieras, tiene las cuentas off shore que quieras; tiene empresas fantasmas en Paraguay y Uruguay, se asoció a La Alumbrera (explotación minera que maneja la multinacional Glencore), que saca todo por la terminal 6 de San Martín, y que es otro chanta saqueador que no solo contamina, sino que saca de modo clandestino todo el cobre y otros minerales, y después no pagan un peso a la provincia de Santa Fe”.

“La dictadura de Onganía le dio las tierras, la de Videla le dio el manejo de los puertos, Cavallo le estatizó la deuda, y luego, desde 2001 en adelante empezó a prestarle el Banco Nación y empezó a fugar. El escándalo más grande es el de noviembre del año pasado cuando se va Macri, y le dan 84 millones de dólares”, concluyó.

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“Me parece que lo que se está buscando con Vicentin es primero salvar a la empresa, a los acreedores, a los productores rurales, y es más (se propone) que la empresa ni siquiera sea estatal en el sentido más puro. Podría ser mixta, pero a la vez ser una empresa testigo de una actividad central como lo es la exportación de granos”, explicó el titular de la Federación de Tierra y Viviendas (FTV) y presidente del Partido Miles.

Mirá la entrevista completa realizada a Luis D´Elia:

D´Elía consideró que “está bueno que el Estado salga al rescate de Vicentin, que haga una empresa mixta y que sea testigo. De ahí a la nacionalización del comercio exterior hay mucho trecho”.

Remarcó que “el sector privado no puede caer en la avaricia de no dejar que el Estado mire y vigile como corresponde. Todos sabemos que hay una evasión muy fuerte en la exportación. Todos sabemos lo que pasa con el flujo de dólares en un mercado que después opera contra el precio de los alimentos, contra el precio del tipo de cambio. Hay que lograr construir una sociedad donde tengamos todas las realidades”.

D´Elía recordó en medio de la entrevista una frase que su abuelo solía repetir: “Ni tan calvo ni con siete pelucas”.

“Me parece que cuando discutimos entre nosotros nos cuesta encontrar cuál es la medida justa. Yo estoy a favor de la nacionalización del comercio exterior, es decir, el peronismo del ´49. Ahora… ¿es posible eso? Y no. No es bueno. Ahora me voy al otro extremo. ¿Es bueno que de todos los puertos del país no haya una empresa testigo del Estado que pueda husmear lo que entra, lo que sale, lo que se evade, que pueda ver todo el movimiento del sector y que cumpla con el sector agropecuario, más o menos el papel que YPF cumple con el sector petrólero? Y la verdad es que no me parece una mala aspiración”, explicó el dirigente que cumple desde principios de abril una “prisión domiciliaria transitoria” luegod e haber sido condenado en 2019 por la toma de una comisaría en el barrio porteño de La Boca, en 2004.

Según D´Elía, esta intención del Gobierno de tomar la empresa que hoy está en boca de todos, “no es debido a una convicción ideológica, sino porque a Vicentin la quebraron de la manera más miserable”.

“El otro día me llegó un documento de 61 páginas con los acreedores de Vicentin

n. ¿Cuánta gente está perjudicada, sobre todo productores agropecuarios? Es inexplicable que a una empresa quebrada le hayan prestado 18 mil millones” desde el Banco Nación, sostuvo.

Bichos de Campo le preguntó a D’Elía si esta discusión le recordaba el conflicto por la resolución 125 en 2008. “No sé si Lousteau acertó con esa resolución. Yo abogué para que haya retenciones móviles y segmentadas, y hubo muchos en nuestro Gobierno que no escucharon. Creo que si hubiesen sido móviles y segmentadas, Federación Agraria se hubiera despegado de aquel conflicto”, analizó.

Ese año, Luis ocupaba la plana de todos los diarios por haberle propinado una trompada (“cachetazo”, dijo él) al productor entrerriano Alejandro Gahan, durante una manifestación en Plaza de Mayo. De hecho hasta fue condenado en 2011 a cuatro días de prisión por ese altercado.

Hoy D´Elía asegura que de aquella pelea nació una fraternal amistad entre ambos. “Tuvimos un desafortunado desencuentro con Alejandro. Él me gritó ´mercenario, negro de mierda´, yo me di vuelta y le pegué un sopapo. Fuimos a juicio oral y me condenaron a cuatro días de prisión en suspenso. Pero un día cayó en mi casa y me pidió tomar unos mates. Lo hice pasar y conversamos un rato largo”, describió.

" Hoy vino de visita a la carcel de Ezeiza el dirigente ruralista Alejandro Gahan, con quien alguna vez intercambiamos golpes e insultos,de esta manera respondemos a las propuestas de @CFKArgentina y Peron: "para un argentino no hay nada mejor que otro argentino" pic.twitter.com/b7d9z5thLY

— Luis D'Elia (@Luis_Delia) July 9, 2019

La cosa no terminó ahí. Ahora que está preso, D’Elía asegura que no pasa un mes en que Gahan no pase a visitarlo. “Hablamos del pasado, del presente y del futuro. Nos hicimos muy amigos. Es un gran tipo Alejandro, y ha sido muy solidario conmigo. Hoy forma parte de lo que yo llamaría mis afectos”.

Quisimos saber si en esas charlas, en donde tanto el militante social como el productor agropecuario se reconocieron como seres humanos, con errores y aciertos, pudieron además zanjar diferencias politicas y discutir sobre aquel conflicto de 2008. D´Elía comentó que “con Alejandro nos entendemos en muchas cosas y en otras opinamos completamente diferente. Creo que hay mucho para hablar en Argentina. Este debate viene desde muy lejos; de cuando el general Roca y Sarmiento discutían en 1857 si había que hacer latifundios o granjas. Hay mucho para opinar y no hay dogmas, es decir, todo lo que se diga es opinión probable, y cada uno defiende intereses y situaciones muy concretas”.

Revisando aquel conflicto de 2008, el líder piquetero reveló: “Pocos lo saben, pero en ese tiempo yo estuve reunido de manera privada con los principales actores de Gualeguaychú (el piquete que comandaba el hoy senador  Alfredo De Angeli). Necesitábamos que las retenciones fueran móviles. Si los precios subían en Chicago, se subían las retenciones, y si bajaban los precios, también bajaban las retenciones”.

“Me parecía razonable lo que planteaban Eduardo Buzzi y Pedro Peretti cuando estaban juntos en Federación Agraria, y creo que era lo lógico que debía hacerse. Creo que 32,5% era un nivel alto de retenciones, y subirlas a 52,5% ya era hablar de un número muy alto”, reflexionó.

Pero añadió: “Creo que hay que discutir otras cuestiones. Por ejemplo, ¿está bien que alguien sea propietario de un millón de hectáreas, sobre todo sabiendo cómo fue la historia de distribución de los grandes latifundios en Argentina?”.

Un D’Elía inusualmente moderado y reflexivo se mostró molesto por el clima social enrarecido que se vive entre la pandemia y las quejas de quienes realizaron el “banderazo” el sábado pasado en defensa de la propiedad privada.

“Cuando se maximizan las posiciones desde ambos lados, y se levantan banderas, caemos en enfrentamientos estériles que nos terminan haciendo daño a todos. Expropiar Vicentin no quiere decir que seamos Venezuela. El problema venezolano es otro, es el de una economía bloqueda por Estados Unidos, que no puede comprar insumos químicos ni materia prima, ni medicamentos. Es una situación dramática, y ya la pasó Cuba. Esa es una situación que nadie quiere”, dijo el militante político.

La entrada Un Luis D´Elía moderado no quiere repetir la pelea de 2008 y pide un punto medio para Vicentin: “Ni la nacionalización del comercio exterior ni el Estado ausente” se publicó primero en Bichos de Campo.

Para el referente del MST, “la reforma agraria sólo es posible si hay dos elementos: la fuerza del campesinado y un gobierno popular. No necesita ser violenta, pero sí tiene que haber una alteración de la estructura de la tierra. Se pueden hacer acuerdos nacionales, por ejemplo, de poder tener hasta 1500 hectáreas, y por arriba de ese volumen ya no se podría tener tierras. Acá en Argentina sería bastante escandaloso, pero podría acabar con la tenencia de tierras en manos extranjeras”.

Las luchas campesinas obedecen, según Stedile, a que “Brasil es una sociedad muy desigual. Acuérdense que, al contrario de Argentina, en nuestro pasado colonial tuvimos 400 años de esclavitud, y eso generó desigualdades, sobre todo, en la tenencia de la tierra”.

“Al salir de la esclavitud se creó una Ley de Tierras que sólo garantizaba el acceso de estas a quien tenía dinero. De ahí surgió el latifundio, la gran propiedad de la tierra. Eso ocurrió durante todo el siglo XX y hoy, 1% de los propietarios son dueños del 58% de la tierra, o bien 15 mil familias de latifundistas son dueñas del 30% de todas las tierras Hay latifundistas que tienen hasta 250 mil hectáreas”.

Stedile ejemplificó lo que ocurrió en países como Haití o Estados Unidos, donde se dieron procesos diferentes a los ocurridos en Brasil. “En Haití hicieron una revolución agraria, y en Estados Unidos, después de la Guerra Civil, Abraham Lincoln impuso una suerte de ley que garantizaba el acceso a la tierra de 66 hectáreas a cada familia que quisiera trabajar en la tierra; por eso se dice que Estados Unidos tuvo una reforma agraria aunque no lo dijeran así, porque distribuyó de forma democrática las tierras que antes eran de las plantation de la esclavitud o lo que podemos llamar, ´el cementerio indígena´, porque el ejército mataba a los indios y luego traía a los colonos para repartir sus tierras. Pero en Brasil no pasó nada de eso”, relató.

Mirá la entrevista completa a João Pedro Stédile:

Después de 50 años de historia, Stedile confesó que en Brasil pudieron apenas morigerar la concentración de tierras. “La reproducción del campesinado aumentó la presión social. Hoy tenemos cerca de 4 millones de familias de campesinos”, describió.

“En eso también somos diferentes de Argentina, porque aquí se formó un campesinado de mestizos que no podían ser esclavizados, y cuando terminó la esclavitud, en vez de repartir las tierras a los trabajadores esclavos, el gobierno brasileño trajo a nuestros abuelos campesinos pobres de Europa. Llegaron aproximadamente 3 millones de campesinos de Europa. A lo largo del siglo XX estos se multiplicaron, y eso generó mayor presión sobre la tierra”, explicó.

​Por la presión de los Sin Tierra, en Brasil crearon un ministerio de Reforma Agraria que pudiera contener los reclamos. Pero apenas asumió Bolsonaro, Stedile comentó que “se cerró y ahora solo queda uno de Agricultura, en donde mandan los agronegocios. Había surgido a raíz de la re democratización de la política brasileña. Pero ahora, en este gobierno neo fascista, Bolsonaro hizo una reorganización ministerial”.

“En  tiempos de Lula y Dilma había una interpretación política de los gobernantes, quienes trabajaban la idea de conciliación de clases entre el latifundio, el agronegocio y la agricultura familiar campesina, que son los tres modelos de producción que tenemos en Brasil”, manifestó.

Stedile describió que “el latifundio rentista sólo quiere la renta de la tierra y tomar tierras públicas, el agronegocio moderno solo produce commodities agrícolas para exportación, y la agricultura campesina produce alimentos. Lula y Dilma no querían confrontarlos, y por eso había un ministerio para cada uno de esos modelos”.

Nieto de chacareros, Juan Grabois explica su propuesta de reforma agraria: “Nuestro planteo no es contra nadie sino a favor de la gente que trabaja la tierra”

Ahora bien, ¿Pueden convivir esos tres modelos productivos? “Ahí está el debate paradigmático. El tema no pasa por el tamaño de la propiedad; no se trata de repartir latifundios en pequeñas parcelas, sino de utilizar la tierra como un bien de la naturaleza para generar vida, lo que implica producir alimentos y dar trabajo y educación a la gente en el campo. El agronegocio plantea todo lo contrario; impone una escala de monocultivo, solo soja, trigo, maíz, ganado, caña de azúcar y algodón, que es nuestro caso; pero la gente no vive sólo de esos 5 productos. Tiene que ver con una cuestión de cambiar el modelo”, respondió el referente del MST.

El problema, según Stedile, está en cómo se utiliza ese bien de la naturaleza; si es sólo por ganancia propia, para generar commodities o para generar alimentos para todos, para lo cual, remarcó, “se necesita del Estado para establecer justicia en los mercados. El Estado debe organizar mercados institucionales. Es cierto que Dilma y Lula no lograron la reforma que queríamos, pero hicieron políticas para lograrlo”.

Stedile recordó que la primera posibilidad de hacer una reforma agraria en Brasil fue en la década del ´60. “Ya en toda Latinoamérica, por influencia de la revolución cubana, había un clima pro reforma agraria, y aquí en Brasil teníamos un gobierno de izquierda, el de João Goulart, quien, bajo la influencia de Kennedy que gobernaba en Estados Unidos, acordaron en una reunión en Uruguay, que la salida de Latinoamérica para impedir la reproducción de otra revolución cubana, era si se hacía una reforma agraria”.

“Pero la respuesta de las oligarquías en todo el continente no fue el de hacer reformas agrarias, y entonces mataron a Kennedy en Estados Unidos, y se propagaron las dictaduras militares”, agregó Stedile.

Ver: Del MTE de Grabois a los Sin Tierra de Brasil: El sueño de los pequeños productores de exportar su propia cebolla

El referente del MST en Brasil manifestó que, aunque en esos años hicieron muchas tomas de tierra, eso no alcanzó para alterar la concentración de la misma. “Tenemos alrededor de un millón de familias que conquistaron tierras, y tenemos 15 millones de hectáreas tomadas de latifundios, pero no fue suficiente”, explicó.

Stedile narró que la fuerza motora para lograr las tomas de tierra es la masividad: “Hemos aprendido desde tiempos de Zapata- uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución mexicana-, que las tomas de tierra siempre deben ser masivas; ahí está nuestra fuerza. En Brasil, incluimos a toda la familia: mujeres, niños y ancianos, para garantizar esa masividad. Todos van a la toma de tierra, y ahí se arma un conflicto social. Algunas veces, si los ocupantes son pocos, el latifundista utiliza la violencia para echarlos Por eso nuestra táctica es hacer tomas de tierra con mucha gente, y así el latifundista no podrá resolver la cuestión a balazos, como era costumbre”.

Hace poco, Stédile presentó el libro “Experiencias de Reforma Agraria en el mundo”, de editorial Batalla de las Ideasñ El capítulo argentino fue  prologado por Lautaro Leveratto, coordinador nacional del MTE Rural (Movimiento Trabajadores Excluídos – Rama Rural), que nuclea a pequeños productores. El libro contiene una serie de informes sobre la reforma agraria en el mundo, relata las experiencias en los países que han vivido el proceso. Al mostrar ejemplos, Stedile señala que “es imposible querer copiar modelos, porque cada país tiene una correlación de fuerzas y luchas específicas con sus propias características”.

Acerca del caso argentino, Stedile dijo que “allá no hubo ninguna experiencia. Pero en Uruguay sí hubo procesos de reforma agraria. Hizo algo muy parecido a lo de Haití, sólo que sin revolución. Artigas, en su momento, hizo que los pobres del campo del Uruguay tuvieran acceso al derecho de la tierra. No llevaba el nombre de reforma agraria pero sí de ley agraria y se garantizó el acceso del campesino a la tierra”.

La entrada João Pedro Stédile, uno de los fundadores de los Sin Tierra: “La reforma agraria sólo es posible si hay dos elementos, la fuerza del campesinado y un gobierno popular” se publicó primero en Bichos de Campo.

“No le vemos sentido a que el Estado administre aquellas extensiones donde no hay entrenamiento militar, ya que esos inmuebles agropecuarios pueden producir más para la Argentina en manos privadas que en manos del Estado. Y también queremos abrir la discusión acerca de cuál es el mejor uso de los bienes que tiene el Estado. Reflejo de esto fue haber loteado un campo en 47 lotes en la localidad de Ordoñez en Córdoba, y haberlo vendido a gente de allí a muy buen precio, con apoyo crediticio del Banco Nación, y en fracciones chicas, apuntando a los pequeños productores”, dijo el funcionario. 

En el DNU firmado por Macri, y en el marco de una gran cantidad de destinadas a “simplificar” el sector público, establece que en caso de “falta de afectación específica, uso indebido, subutilización o estado de innecesariedad” de los terrenos del Ejército Argentino, la Agencia de Bienes del Estado (AABE) “podrá administrar o disponer de los mismos conforme a sus competencias”.

Ver En el marco de un mega-decreto, se vienen los bitrenes y podrían salir a remate las vacas del Ejército

“Esto tiene que ver con derogar una ley de 1952 que preveía el autoabastecimiento de las fuerzas del Ejército ante presencia de un conflicto bélico. Habiendo pasado 70 años de aquella sanción, las posibilidades de un conflicto bélico son realmente nulas, y no tiene sentido que el Ejército tenga que procurarse el autoabastecimiento para el caso de un conflicto; por lo cual, derogamos esta ley, lo que no implica en el corto plazo, ninguna decisión sobre el stock de 50.000 vacas ni sobre la administración de los campos del Ejército”, explicó Lanús.

Escuchá el reportaje completo a Ramón Lanús:

El presidente de la AABE ejemplificó que, “en el Valle de Uco, en Mendoza, estamos trabajando un campo con un enorme potencial hortícola y vitivinícola, el cual, de un lado del alambrado tiene Club de los Siete, una de las bodegas más importantes de la Argentina, y del otro un campo semiabandonado del Ejército. Lo grave es que hay un enorme potencial de actividad económica que podría darse en esa zona, con buenas inversiones, y que no podrá ser realizado por el Estado en medio de este contexto de restricción presupuestaria”.

El administrados de bienes del Estado remarcó que “continuaremos con nuestra política de arrendar tierras, como ocurrió en la campaña pasada, y de hecho en estos días, lanzamos cuatro concesiones forestales, para que quienes se dediquen a la actividad, puedan bajar los pliegos y presentarse. Son 1.000 hectáreas que lanzaremos para aptitud forestal en Santo Tomé, Corrientes, con el objetivo de que eso genere empleo y producción”.

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Pero hay dos cosas importantes para el sector, que dependen de otras áreas: se habilitan los bi-trenes (convoyes que pueden trasladar hasta 75 toneladas de carga), aunque con corredores específicos en una primera etapa;  y se podrían privatizar los bienes productivos de las fuerzas armadas, incluyendo las más de 50 mil cabezas de ganado que son propiedad del Ejército. En primera instancia, dejarán de ser gestionadas por el Ejército y la Marina y pasarán a manos de otra área del estado.

“El Gobierno Nacional anunció medidas para simplificar los trámites con el Estado, eliminar trabas burocráticas, y generar empleo. Serán publicadas mañana a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia”, anticipó un comunicado del ministro de la Producción, Francisco Cabrera,  quien tomó la voz cantante en una conferencia de prensa para presentar la medida.

El DNU tendrá 170 artículos divididos en 22 capítulos y los ministerios involucrados son Modernización, Producción, Trabajo, Finanzas, Transporte, Cultura, Agroindustria y Energía, además de dos organismos descentralizados (la Administración de Bienes del Estado y la ANSES) y el Banco Central.

“Estamos en guerra contra el Estado que obstruye, somos aliados de la producción. Hacer las cosas fáciles es una obsesión de este gobierno a la hora de los trámites. Cada traba o cada demora burocrática puede ser un trabajador que no consigue empleo”, lanzó Cabrera. A su lado, el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, indicó: “El Estado no tiene que usar al ciudadano de cadete, el Estado tiene que simplificarle los trámites a la gente”.

Ahora vamos a las medidas efectivas que tienen algún tipo de vinculación con la producción agropecuaria. Los avances que son resorte del propio Ministerio de Agroindustria parecen ínfimos, al menos en relación de las quejas de los productores. Pero hay otras áreas de gobierno que ofrecerían algunos cambios más significativos. Otro dato sugestivo es que la AFIP no está involucrada en el operativo desburocratizador.

El ministerio a cargo ahora de Etchevehere, un defensor declarado de la simplificación burocrática, aportará una derogación masiva de resoluciones sanitarias que, al parecer, habrían perdido sentido.

“Un tercio de las normas sobre sanidad y calidad agroalimentaria están desactualizadas. Son más de 50 normas que se actualizan o derogan porque ya no aplican. En este DNU se eliminan normas obsoletas como tres leyes y dos decretos que ya no tienen utilidad, algunos con fechas como 1888, 1891 o 1898, sobre enfermedades exóticas en animales o la lucha contra la plaga de langostas”, dice el comunicado oficial. Ojo, decimos nosotros, que la plaga de langostas es vieja pero sigue jodiendo hasta nuestros días.

Para la vida cotidiana de los productores quizás sean mucho más relevantes otras medias. A saber:

• Se deroga la ley de abastecimiento de 1952, que promovía que las fuerzas Armadas produjeran alimentos para una hipótesis de conflicto. Los bienes del Ejército pasarán ahora a la AABE, que posiblemente luego los licitará como ya sucedió con el regimiento de Ordóñez, en Córdoba. Vale recordar que el Ejército es uno de los principales terratenientes y oligarcas ganaderos que tiene el país, pues es propietario de unas 50.000 cabezas de ganado, aproximadamente. ” De ahora en más, los campos, los inmuebles y las cabezas de ganado que le pertenecen al Ejército serán administrados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que podrá decidir cuál es la mejor manera de aprovecharlos”. Cuando se lo consultó a Cabrera sobre este punto, solo aclaró que no se subastarán los cuarteles ni el Edificio Libertador. Dijo que los bienes no están valuados pero aclaró que por ahora no está decidido venderlos. “Es una cuestión de especializadción. Me parece que que el Ejército sea un productor agropecuario no tiene mayor sentido”, explicó.
• Se habilita el aumento de la capacidad de los camiones y se permite el uso de los llamados “bitrenes”, formaciones compuestas por un camión y dos remolques. Estas formaciones permiten transportar más carga, ahorrar tiempo e incrementar la productividad del transporte.  En total, permiten reducir costos logísticos en más de 20%, destacaron desde  el Ministerio de Transporte.  Los bitrenes podrán tener hasta 30 metros de longitud y cargar hasta 75 toneladas. “La habilitación no será en todo el territorio, se definirán corredores para circular con bitrenes, de acuerdo al largo del bitren”, explicaron los funcionarios.
• Para los establecimientos ganaderos que han dejado de utilizar caballos, servirá saber que se va a regular la circulación de cuatriciclos (se los caracteriza, se le solicitan requisitos de seguridad específicos y circulación circunscripta a terrenos públicos delimitados por autoridades locales).
• En materia de puertos, se elimina la necesidad de un decreto presidencial para habilitar puertos. Actualmente, muchos puertos públicos, construidos y/o licitados por el Estado nacional, no se encuentran habilitados. De los 31 puertos públicos existentes, sólo han sido habilitados siete. Con esta medida, se agiliza el proceso de habilitación para los puertos públicos y particulares con trámite avanzado y, para el resto, pasa a depender del Ministerio de Transporte.
• Tangencialmente las empresas agropecuarias se beneficiarán porque se deroga un requerimiento del Código Civil y Comercial que establece la obligación de que las sociedades comerciales presenten de manera encuadernada sus libros contables. Se elimina esta obligación. Pueden ser reemplazados por libros digitales. Se introducen también cambios en la Ley de Sociedades para avanzar en la transparencia en línea con las recomendaciones del GAFI y la OCDE.
• También se simplifica y se hace más rápido el proceso para obtener marcas en lo que hace a los formatos de presentación. Por ejemplo, se permite presentar dibujos digitales o fotografías. Y se podrá resolver sin ir a la justicia, en 60 días, controversias que antes podían durar entre tres y cinco años.
• Se establecerá que los expedientes digitales tienen la misma validez que un expediente en papel u otro formato para todo el país, en todos los niveles administrativos. Y hace obligatorio el uso de expediente electrónico para los oficios judiciales en todo el Sector Público Nacional, entre otras medidas.
• Para quienes siguen atentos el comercio exterior, a través de una resolución de la Secretaría de Comercio que incorpora el nuevo nomenclador adoptado por el Mercosur para el Comercio Internacional y reordena más de 300 posiciones arancelarias, ahora habrá licencias de importanción más simples, según la promesa oficial. “La modificación de licencias abarca a insumos difundidos como laminados de acero, aluminio semi elaborado, polipropileno, poliestireno, pvc e hilados de algodón, entre otros”, se avisó. Los más interesados aquí son lso fabricantes de maquinaria agrícola.

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