La entrada Dos ganaderos chaqueños denuncian haber sido estafados por más de cuatro millones de pesos con un DTE falsificado: Senasa decomisó la hacienda se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Luego de comprar dos jaulas de animales por cuatro millones y medio de pesos al contado, los ganaderos recibieron documentación falsa de traslado que fue detectada por agentes de Senasa, quienes activaron un protocolo sanitario y procedieron con el decomiso la hacienda. Los empresarios ganaderos denuncian haberse quedado sin el dinero y sin las cabezas de ganado. Y responsabilizan tanto al vendedor como al organismo oficial.
“Vine al campo del señor Guillermo Scarafia a comprar hacienda por medio de un comisionista que me trajo. Yo soy de General San Martín, Chaco, e iba a comprar en un campo entre Metán y Rosario de la Frontera, en Salta. Compré 130 animales y me entró documentación que resultó estar adulterada”, contó a Bichos de Campo Cristian Samite.
El ganadero había adquirido 130 vacunos entre los que había 48 vacas, 32 terneros al pie, un toro, tres novillos y 42 terneros grandes, que registraron un peso total de 26.000 kilos. La suma abonada fue de 4.537.350 pesos, que Samite decidió pagar en efectivo en el campo de Scarafia, con los peones y camioneros presentes como testigos del negocio.
Este es el video grabado por el productor el día de la venta:
Una vez pesada, toda la hacienda fue cargada y el martes 8 de diciembre, por la tarde, comenzó su viaje rumbo a Chaco. Los problemas llegaron el miércoles 9 por la mañana, cuando los camiones fueron detenidos para ser controlados en un puesto fijo que Senasa y Gendarmería mantienen en el cruce de las rutas 34 y 81 (norte de Salta). Tras constatar el documento de tránsito electrónico (DTE) que los conductores tenían en su poder (aquel que había sido entregada por Scarafia luego de la transacción), el personal constató que era falso.
El papel había sido emitido con vencimiento en 2020, e indicaba que los animales venían de Nueva Esperanza, en Santiago del Estero, y que se dirigían hacia un frigorífico en Palpalá, Jujuy. Pero el dato llamativo es que si bien el productor afirmó que los animales se dirigían a Chaco, el camión estaba, según las autoridades, a más de 350 kilómetros de la ruta correcta. Por otro lado, junto con la información apócrifa, en el documento sí figuraban los datos correctos de la empresa de los Samite.
“Senasa hace un acta de infracción y luego una de decomiso, para que se faene la hacienda de forma urgente por una cuestión de sanidad animal. Los animales podrían estar enfermos porque no se sabe de dónde salieron. Ellos no reconocieron propietarios de la hacienda, aún cuando yo figuraba como comprador. Tenía caravana y marca, podrían haber constatado quién es el dueño real”, dijo el productor.
Acta de constatación:
Y mientras la hacienda fue trasladada por Senasa al frigorífico Bermejo en Salta, para su faena, Samite intentó localizar a Scarafia, pero no obtuvo respuesta. “Yo tengo todos los llamados que hice con él, tengo su ubicación y la de su hijo por los camiones”, explicó.
“Los camiones tienen ubicación satelital para saber su recorrido y tienen la ubicación de ese día cuando se cargó la hacienda. Eso lo puedo probar, pero todo es muy lento, nadie nos da pelota”, afirmó Samite.
Pero lo cierto es que , aún con esa información, será difícil para la justicia determinar el paradero del dinero, ya que ninguna de las partes firmó un remito que dé cuenta de la cifra acusada.
Acta de barrera:
Tras preguntarle la razón de esa falta de documentación en una venta de esta magnitud, Samite respondió a este medio que este tipo de operaciones “se hacen normalmente en el medio del campo, donde no hay señal” por lo que “las facturaciones se hacen después”.
En paralelo, Bichos de Campo consultó a las autoridades del Centro Regional NOA Norte de Senasa, que comprende a las provincias de Salta y de Jujuy, para conocer el protocolo que se debe llevar adelante en situaciones como las ocurridas.
“Quién detiene es el área de barrera y frontera; cuando se detecta en sistema el vencimiento del DTE, automáticamente se inician las constataciones y se comunica al área de sanidad animal, y se determina que, al no conocerse el origen de los animales, sanitariamente representan un riesgo. Se aplican normas de Senasa que refieren a la sanidad animal y también a la salud pública”, explicó Jorge Cabral, veterinario y sirector del Centro Regional NOA Norte.
A partir de ese momento todos los animales son trasladados al frigorífico más cercano, que esté atendido por personal de tránsito federal de Senasa, y se determina la faena de los mismos. “Esa carne se puede rematar al mejor postor. Al remate entran generalmente los que están cerca, incluso a veces entra el mismo frigorífico que faena. Lo recaudado va al tesoro nacional para las finanzas del Estado. La otra cosa que se hace, dependiendo del momento y la situación, es una donación. La decisión se toma una vez faenados los animales”, indicó Cabral.
Cabe aclarar que por más que el ente sanitario declare una “situación sanitaria de riesgo”, eso no implica que la faena se realizará de forma inmediata ya que, según aseguró el director, una vez que la hacienda entra al frigorífico no sale de él y no hay riesgo, por lo tanto, de circulación de alguna enfermedad por fuera de las instalaciones.
“Nosotros buscamos el lugar más cercano, donde tenemos profesionales nuestros para evitar suspicacias. En este caso, el frigorífico al que se mandó la hacienda era uno que estaba trabajando casi a tope con su faena y sus cámaras. A medida que hay espacio, se faenan nuevos animales”, aclaró Cabral.
¿Y cómo sigue el caso? Respecto a la documentación falsificada, desde Senasa indicaron que se iniciará una investigación para saber cómo se creó ese documento y cómo llegó a estar en circulación, además de la razón por la que los datos verdaderos de Samite figuraban en él.
Además, se pondrá en marcha el expediente que cuenta con las fotos de las caravanas de los 130 animales, junto a sus marcas, para determinar de qué provincia provienen, y conocer a su dueño original.
En cuanto a la estafa comercial, Samite aseguró que ya se ha puesto en contacto con abogados y que permanecerá en la localidad de Metán hasta tener nueva información del desarrollo de la causa.
Imagen de portada: El Tribuno
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]]>La entrada Mientras sigue el concurso de acreedores, la fiscalía de Rosario avanza con las imputaciones penales a los ejecutivos de Vicentin: “El momento en el que llegan es inoportuno”, señalaron desde la empresa se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“La investigación está a cargo del fiscal (Miguel Salvador) Moreno y se desarrolla sin la participación de los presuntos delitos investigados, por lo cual al día de hoy nosotros no sabemos de qué se nos va a imputar mañana en la audiencia”, explicó Alberto Macua, ex vicepresidente de Vicentin e integrante del directorio de la empresa al momento en que la misma se presentó en concurso, en una reunión con distintos medios de prensa de la que participó Bichos de Campo. En el encuentro estuvieron también presentes Omar Scarel, actual presidente del Directorio de Vicentin, y Máximo Padoán, otro director al momento de la entrada en concurso en febrero de 2020.
Según indicaron los ejecutivos, la convocatoria para la audiencia fue recibida hace apenas una semana. “Paralelamente, nosotros estamos en una etapa del concurso muy decisiva. Desde el 25 de septiembre estamos discutiendo con los distintos acreedores, bancos internacionales, productores, acreedores granarios, acreedores comerciales y bancos locales la propuesta, que todavía no fue presentada formalmente al expediente. Los bancos internacionales pidieron detalles acerca de los términos legales de la propuesta y la semana pasada se les presentó un resumen ejecutivo. Por eso es que esta audiencia imputativa, que sabíamos que en algún momento iba a ocurrir, nos agarra en pleno trabajo y avance del proceso concursal”, señaló Macua.
En ese sentido, Scarel indicó que “estamos pensando en dolarizar a los pesificados. Para ello necesitamos la aprobación de los bancos, y mientras tanto estamos trabajando ‘a full’. No se ha despedido gente, no hay deudas post concursales. Vamos a llegar a una caja de 70 millones de dólares para hacer frente a los gastos concursales y a este pago inicial que hacíamos (según la propuesta en elaboración) a los acreedores pequeños. El momento en el que llega es inoportuno, pero estamos dispuestos a cursarlo, estamos a derecho”.
Agregó a continuación que hasta el momento se realizó una auditoría forense ordenada por el juez del concurso, que implicó más de 11.000 horas de trabajo, la cual, según dijeron, fue abonada por la empresa. “No podría decirse que podríamos entorpecer la investigación”, consideró Scarel.
“La particularidad del derecho argentino es que el querellante no tiene ninguna obligación de probar nada: simplemente hace la acusación. Nosotros vamos a recibir mañana las imputaciones y vamos a empezar el proceso de defensa. Eso no debería influir en el concurso, porque esperamos para ese momento estar totalmente afuera, pero no se nos escapa que puede haber medidas cautelares normales o agravadas”, afirmó Macua.
La audiencia se realizará en Rosario, y los ejecutivos de la aceitera estarán representados por los abogados Jorge Larrecondo y Daniel Cuenca. Todavía se desconoce si la causa ampliará su carátula de estafa a otros cargos como falsificación de balances o asociación ilícita, según se sugirió en algunos trascendidos de los últimos días.
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]]>La entrada ¿El pez gordo? El ex dueño de la empresa GAEC SRL, que estafó a productores ganaderos con cheques sin fondo, fue detenido en La Pampa se publicó primero en Bichos de Campo.
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Mandrini es un abogado de 73 años, oriundo de la localidad pampeana de General Pico. Se había vuelto conocido allí durante la década de 1980, en donde participó de un mediático juicio por el asesinato del ex piloto automovilístico, Florentino “Tino” Troiani. Hace varias semanas fue imputado por el fiscal Armando Agüero, encargado de llevar la causa en esa provincia, junto a otros dos miembros de la supuesta banda: Ezequiel Maidana, dueño del campo “La Criolla” al que llevaban los animales, y Alejandro Habakon, encargado de ese establecimiento.
Una semana atrás se firmó una orden de detención para Mandrini y Maidana, que fue seguida por un allanamiento en los domicilios de estas personas en la zona de Nordelta, en la provincia de Buenos Aires.
Dicho procedimiento arrojó resultados negativos, y en cambio el ex propietario de la firma –recordemos que se la había cedido en noviembre del año pasado a Ezequiel Ponce, encargado de firmar los cheques sin fondos- se presentó por cuenta propia en los tribunales de General Pico. Aunque fue detenido de inmediato, el juez de control Alejandro Gilardenghi le otorgó prisión domiciliaria dada su edad, y actualmente se encuentra en una casa que pertenece a su hija. Su arresto está dispuesto hasta el próximo 12 de diciembre.
Según la información oficial de la fiscalía, en La Pampa, Mandrini se encuentra acusado de estafa por una suma de 24 millones de pesos. Contando las demás jurisdicciones esa cifra se eleva a 200 millones de pesos.
Hasta el momento los detenidos son cuatro: Ezequiel Ponce (la cara visible de GAEC), Damián Dadá (encargado de la logística), Ismael Dadá (hermano de Damián y contador de la empresa) y Eduardo Mandrini (supuesto ex propietario). La policía, en tanto, continúa con la búsqueda de Maidana y Habakon.
Pero mientras esto ocurre en La Pampa, los afectados en las demás provincias no ven aún avances en sus denuncias. Bichos de Campo contactó a Francisco Cecchini, el fiscal a cargo de la causa en Santa Fe, para conocer el estado de situación, sin embargo el funcionario no dio demasiadas precisiones.
“No me contacté con el fiscal Agüero. En Santa Fe la causa cuenta con una denuncia, y he tenido contacto con una de las víctimas que hizo la denuncia. Hemos hablado sobre las medidas que se pueden tomar. En función de lo que ellos aportaron y de lo que pudimos ver, se están tomando algunas medidas investigativas pero no mucho más que eso. Está en investigación”, señaló Cecchini.
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]]>La entrada Desbaratan una banda que compró ganado por $200 millones con cheques sin fondos: Hay detenidos en La Pampa, pero los damnificados son de varias provincias se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“Ezequiel Ponce, persona con la cual se identificaban al hacer las llamadas y era el socio simulado de GAEC SRL, está detenido y lleva una prisión preventiva hasta el 12 de diciembre, en principio. También se dictó la prisión preventiva hasta la misma fecha para Damián Dadá, encargado de hacer la logística. Eduardo Mandrini, Ezequiel Maidana y Alejandro Habakon están imputados y formalizados”, dijo a Bichos de Campo Armando Agüero, fiscal a cargo de la causa en General Pico, La Pampa.
Pero retrocedamos unos casilleros. ¿Cómo fue la estafa y qué rol cumplía cada una de estas personas?
El modus operandi repetido con cada uno de los ganaderos de las distintas provincias fue la compra de animales a través de cheques sin fondos, con fecha de cobro a por lo menos 30 días de la transacción, lo que le otorgaba a la empresa el tiempo suficiente para desaparecer con los animales.
La firma GAEC SRL figuraba hasta noviembre del año pasado a nombre de Eduardo Alberto Mandrini, un abogado de General Pico, y Norma Susana Mauad, su esposa. Según los registros sus propietarios cedieron la empresa a Osvaldo Ezequiel Ponce, un hombre con residencia fiscal en la localidad bonaerense de Ciudadela, dado de alta como contribuyente en 2020; y Yessica Carolina Baez Suárez, una mujer paraguaya nacionalizada con residencia fiscal en la ciudad misionera de Posadas, que también fue dada de alta como contribuyente en 2020.
El nombre de Ezequiel Ponce fue el que cobró mayor relevancia ya que todos los cheques que recibieron los productores llevaban su firma y sus datos. Sin embargo allí entran otros dos nombres en juego: Damián e Ismael Dadá. El primero, un hombre de Ituzaingó que ya tiene prisión preventiva, se encargaba de realizar los llamados y la logística a nombre de Ponce, y el segundo, sobre el cual recae un pedido de captura, oficiaba de contador y llevaba adelante la parte administrativa de la empresa.
Una vez que los animales eran comprados, los mismos eran destinados a dos campos de la firma para su supuesto engorde: “La criolla” en Pichi Huinca, La Pampa, y “Villa Luján” en Arizona, San Luis. Según informó la fiscalía a Bichos de Campo, “La Criolla” pertenecía a Ezequiel Maidana y tenía un encargado de nombre Alejandro Habakon. Ambos se encuentran hoy imputados.
¿Y qué pasó con los animales? Luego de que ambos campos fueran allanados, a través del trabajo en conjunto de las fiscalías de las distintas provincias, las investigaciones del fiscal Agüero determinaron que las cabezas sustraídas entre noviembre, diciembre y enero tuvieron como destino la faena.
“Todos los animales llegaban con una guía a esos campos –“La Criolla” y “Villa Luján”- y así como llegaban inmediatamente salían con otra guía a frigoríficos. En el seguimiento de la trazabilidad de los animales, dimos con los frigoríficos donde eran procesados. Los dos eran del conurbano: Faenadores Runfo y Faenadores Argentinos”, declaró Agüero a este medio.
Ahora bien, la estafa llevada adelante por GAEC SRL, que superó los 200 millones de pesos si se tienen en cuenta todos los cheques erogados, no implicó únicamente a productores ganaderos sino que en La Pampa se vieron afectados, además, otros comerciantes vinculados al sector agrícola.
“Fuera de la provincia la mayoría de las causas son de productores ganaderos. Acá son sólo dos. El resto son vendedores de combustibles, aceites, cubiertas, cereales, silobolsa, entre otros”, afirmó el fiscal de General Pico.
En relación a los productores ganaderos, uno perdió 19 vaquillonas Aberdeen Angus, de 400 kilos cada una, y 10 toros Aberdeen Angus puros controlados, de 650 kilos; y otro 26 toros Braford de 630 kilos.
En lo que respecta a insumos agropecuarios, se presentó una denuncia por la compra con cheques sin fondos de más de doce neumáticos por 370.000 pesos; ocho tambores de 200 litros de lubricante por 282.000 pesos; 20.000 litros de combustible por 1.119.800 pesos; compra de maíz y productos de pulverización por 4 millones de pesos, y un carro de carga de animales y cargador de hacienda valuados en 466.000 pesos, entre otras.
Esta sumatoria de denuncias da cuenta no sólo de la magnitud de la maniobra, sino de la cantidad de frentes abiertos que tiene la Justicia. En ese sentido Armando Agüero señaló: “Esta es una estafa que en su logística requiere muchas más personas de los seis que nosotros tenemos”.
Es por esta misma razón que, a pesar de estos importantes avances en la investigación, los productores damnificados de las demás provincias aún no ven los mismos resultados.
Tal es el caso de Emanuel Blesio, un productor santafecino que a fines de 2020 le vendió a GAEC SRL 30 novillos de exportación, 33 vacas Brangus y 20 toros Brangus y Angus, y terminó siendo estafado por más de 10 millones de pesos.
“El fiscal Francisco Cecchini, donde yo denuncié, no está haciendo nada. La Justicia de La Pampa está avanzando y es lamentable la de nuestra provincia”, dijo a Bichos de Campo.
Del mismo modo los damnificados de Córdoba, Horacio Valdez y Martín Loustalot, indicaron que no tienen novedades de la fiscalía de Dean Funes, a cargo de Fabiana Pochettino, quien debe llevar adelante esas causas en la provincia. El número de animales vendidos a esta empresa por parte de estos dos productores ganaderos fue de 185 en total.
“La causa no ha tenido grandes movimientos. Sí sé que la Justicia ha hecho pedidos de informes pero no mucho más”, señaló Loustalot.
Según pudo saber Bichos de Campo, al momento hay causas en movimiento en otras localidades de Córdoba, en la provincia de San Luis y hasta en el conurbano bonaerense, que aún no se han tramitado.
“El ritmo de estas investigaciones depende del interés del fiscal”, sostuvo Agüero.
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]]>La entrada Proponen tipificar e incorporar al Código Penal la “estafa granaria”, que tendría una pena de entre 2 y 7 años de prisión se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“El mercado granario es uno donde la confianza y la palabra tienen un valor muy significativo. Es una actividad tan estratégica y tan importante, no solo para la cuestión económica, sino para la entretela social, que a mí me parece que es lógico”, dijo a Bichos de Campo Feldman.
La propuesta del abogado es sumar un apartado al artículo 172 bis al Código Penal y fijar una pena específica para este tipo de delito. “La estafa tiene dos características siempre: el ardid o engaño y el perjuicio. Lo que yo propongo es que cuando el esquema estafatorio se produce en el marco de un negocio o contrato de comercialización de granos, tenga una pena de 2 a 7 años, mientras que la estafa común es de 6 meses a 6 años”, explicó.
Además, se incorporaría una multa obligatoria correspondiente al triple del perjuicio causado y se crearía un “Registro de Estafadores Granarios”.
“Este tipo de estafa consiste en simular una determinada condición económica, un poderío económico y estabilidad financiera, apropiarse el grano ajeno, comercializarlo, usarlo y no pagarlo. Es lo que se llama el negocio criminalizado”, indicó Feldman.
En el caso Vicentin, agregó el abogado, los representantes legales de Vicentin plantearon que la cesación de pagos se debió a una “concatenación de eventos desafortunados, cuando no hay ninguna cuestión desafortunada, porque acá hubo toda una maniobra para apropiarse del grano ajeno, así como hubo otra maniobra para simular otro estado de cosas y poder conseguir los créditos de los bancos extranjeros”.
El abogado confirmó a este medio que ya han mantenido algunas conversaciones con legisladores en torno a la propuesta y espera que la misma pueda transformarse en un proyecto en un futuro cercano. Antes de Vicentin, hubo otros resonantes casos que podrían encuadrarse en esa figura penal, sobre todo con empresas acopiadoras y los denominados “correacopios”.
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]]>Tal como sucedió en otros casos similares, Martín Loustalot, productor ganadero de la localidad de Dean Funes, recibió a fines de 2020 el llamado de un comisionista de la zona que le informó que GAEC SRL estaba interesado en comprar animales para aumentar su rodeo.
Luego de controlar que la empresa no estuviera en la lista de deudores del Banco Central (BCRA), Loustalot realizó dos operaciones. La primera fue a mediados de noviembre, donde envió a la firma una jaula con 50 animales, por la que recibió cuatro cheques a pagarse en 30 y 60 días. A los pocos días realizó una segunda venta por una jaula doble de 80 animales, por la que también recibió cheques como forma de pago.
“El primer cheque vino rechazado y me contacté con el dueño de GAEC, Osvaldo Ezequiel Ponce, porque nuestro comisionista no me daba muchas respuestas. Me dijo que lo iban a ver porque tenían problemas con la AFIP. Al final nadie se hizo responsable”, dijo el productor a Bichos de Campo.
Toda la operación se realizó por un valor de seis millones de pesos y, según había indicado GAEC SRL, el destino de los animales sería un campo de recría en La Pampa. A partir de las investigaciones realizadas por los fiscales que llevan diferentes casos de la estafa en otras provincias, se sabe que ese predio declarado por la firma se encuentra vacío.
“Para nosotros fue un golpe muy grande porque somos productores chicos. Esa cantidad de hacienda es la que uno vende para cubrir todas las deudas que tiene y nos ha hecho mucho daño”, aseguró Loustalot.
Unos días después, a tan solo 20 kilómetros de Dean Funes, Horacio Valdez fue víctima de una treta similar. Realizó una venta de aproximadamente 25 animales gordos para consumo y luego una segunda de una jaula de 25 hembras y 5 toros reproductores. A diferencia del caso anterior, Valdez recibió un pago en efectivo por la primera tanda de animales y recién en la segunda operación obtuvo los cheques sin fondos.
“Antes de la operatoria me mandaron un cheque en blanco a través del comisionista con los datos para controlar. El gerente de (la sucursal local del) Banco Santander hizo las averiguaciones del caso y me dijo que la cuenta era buena y que estaba operando hacía 15 años. Es el viejo truco: te enganchan con una y con la otra te dan los cheques”, contó Valdez a Bichos de Campo. En el caso de este productor de la localidad de Avellaneda, el saldo que quedó pendiente es de 1,70 millones de pesos.
Ambos ganaderos acercaron a este medio el mensaje que GAEC SRL envió por la plataforma WhatsApp luego de que se hicieran los reclamos correspondientes:
GAEC S.R.L. comunica a proveedores tenedores de cheques de la empresa que se abstengan se depositar al cobro los mismos ya que por problemas comerciales se ha generado una iliquidez financiera y se encuentra en un virtual estado de cesación de pagos, por lo cual solicito un plazo no menor a treinta (30) días para cumplir con las obligaciones contraídas. A tal efecto solicito se comunique con el estudio jurídico, Dr. Marco Batista De Simone, al 1139085129, a partir del 22 del corriente, en el horario de 9 a 14 y de 16 a 19 hs., con el objeto de formalizar los acuerdos preventivos extrajudiciales, (art. 69 y ssgs. de la ley 24.522), a quienes deberán acompañar la documentación respaldatoria de las operaciones comerciales.-
Saluda atentamente.-
Actualmente las denuncias están siendo llevadas adelante por la Fiscalía de Dean Funes, a cargo de Fabiana Pochettino, quien se encuentra trabajando en conjunto con las demás fiscalías provinciales que investigan los casos ocurridos en otras localidades.
A la fecha GAEC libró 336 cheques sin fondos por un total de 179,1 millones de pesos, mientras que Osvaldo Ezequiel Ponce libró además otros 65 por 27,3 millones de pesos entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, según registros del BCRA, lo que implica que la estafa ya supera los 200 millones de pesos.
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]]>La entrada Alerta estafadores: la firma GAEC SRL compró hacienda con cheques sin fondos en al menos tres provincias se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“Previamente habíamos investigado a la firma. En el Banco Central (BCRA) no figuraban cheques rebotados, no tenían deudas y todo indicaba que la SRL tenía buena conducta, que se podía trabajar. Los cambios de dueño que tuvo la firma no figuraban”, contó a Bichos de Campo Emanuel Blesio, productor santafecino y una de las víctimas.
Cuando el comisionista local, Héctor Hugo Hoyo, les ofreció vender hacienda en noviembre de 2020 a la firma GAEC SRL (CUIT 30702690377), no sospechó. Había realizado varios negocios previos con Hoyo sin inconvenientes. Hoy entienden que él podría haber sido engañado de la misma forma por los estafadores.
El 27 de noviembre se realizó la primera venta de 33 vacas Brangus, por una suma de $2.508.000 más IVA. En esa oportunidad GAEC emitió cheques electrónicos a pagar en 30 y 60 días. Los animales salieron del establecimiento “La Brava” en Santa Fe, hacia la localidad de Caleufú, en la provincia de La Pampa.
“Después el comisionista se volvió a contactar con nosotros. Sabía que teníamos unas vacas más; le dije los precios y se cerró el negocio. Lo que me llamaba la atención es que nosotros queríamos cargar un miércoles y ellos insistían en cargarlos un día antes”, recordó Blesio.
El 23 de diciembre se concretó una nueva operación por 20 toros Brangus y Angus, y 12 vacas Brangus por una suma de $4.320.000 más IVA. El destino de los animales era un establecimiento en Villa Luján, provincia de San Luis. El pago fue con cheques en formato papel suscripto por el socio gerente Osvaldo Ezequiel Ponce.
La última jaula se vendió el 28 de diciembre. Fueron 30 novillos de exportación cotizados a $2.331.975 más IVA. Su destino era el frigorífico Faenadores Unidos SRL en Loma Verde, provincia de Buenos Aires.
“Cuando entró el cheque rebotado empezamos a analizar punto por punto y encontramos como sospechoso la agilidad con que se hizo el negocio. Generalmente cuando uno va a vender, la gente da más vueltas, sobre todo cuando son operaciones grandes. En ese aspecto fue un error de confianza nuestro que deberíamos haber analizado”, confesó el productor.
El siguiente paso fue hablar con Pablo Ángel Oga, el comisionista de GAEC SRL y hoy investigado como presunto integrante de la estafa, quien les indicó en primera instancia que se trataba de un error del sistema. Cuando Emanuel y su padre Juan Carlos le enviaron un informe bancario que demostraba la falta de fondos, Oga prometió enviarles una jaula de novillos y dos de invernada para compensar. Éstas, por supuesto, nunca llegaron.
“Fue una mentira para ganar tiempo. La estafa fue de once millones de pesos. En una de las facturas incluso dibujaron los números de una de las jaulas. Esto no nos cambia nada porque no tienen intención de pagarle nada a nadie”, afirmó Blesio.
La causa está siendo llevada adelante por el fiscal de San Javier, Francisco Cecchini, aunque los Blesio denuncian que al momento el funcionario no demostró mayor interés en darle curso.
Mientras tanto, Armando Agüero, titular de la Fiscalía de Delitos Económicos de la provincia de La Pampa, investiga otra denuncia a esa empresa realizada por cuatro productores locales que vendieron unos 300 animales. La suma de cheques rechazados supera los 40 millones de pesos.
Y, como si fuera poco, en las últimas semanas otro productor, en este caso de Goya, en la provincia de Corrientes, denunció una estafa similar por una venta de 110 terneros. En ese caso particular el damnificado realizó una primera venta al contado y fue en la segunda en la que recibió los mismos cheques sin fondos.
Si bien se realizó un allanamiento en la estancia “La Criolla”, una de las propiedades que figuran a nombre esta firma, no se encontraron los animales. Por el momento se desconoce el paradero de los denunciados.
En noviembre del año pasado los propietarios de GAEC SRL, Norma Susana Mauad y Eduardo Alberto Mandrini, cedieron las acciones de la empresa Osvaldo Ezequiel Ponce y Yessica Carolina Baez Suárez. La cuestión es que Ponce, con residencia fiscal en la localidad bonaerense de Ciudadela, había sido dado de alta como contribuyente en 2020 y no contaba con ningún antecedente comercial. Una situación similar se presentaba con Baez Suárez, paraguaya nacionalizada con residencia fiscal en Posadas, Misiones, que fue dada de alta como contribuyente en septiembre de 2020.
Además de los cheques rebotados de GAEC, el propio Ponce libró cheques sin fondos por otros 22,1 millones de pesos entre diciembre de 2020 y enero de 2021.
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]]>La entrada Miel amarga: los 30 apicultores estafados que piden justicia se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Por este caso -relatado por Análisis Digital- existe una causa penal se trammita en la Justicia de Nogoyá, pero con muy escasos avances. La estafa sumaría unos 10 millones de pesos y los productores están reclamando alguna soga de socorro al menos hasta tanto la justicia se expida. Buscaron la posibilidad de un subsidio o un crédito con bajo interés, pero no han logrado tampoco dar con dicha ayuda.
El caso se remonta a mayo del 2016. Se trató de la venta de alrededor de 370 tambores de miel que 30 productores a una firma privada que tiene dirección legal en Trenque Lauquen, Provincia de Buenos Aires. La miel fue entregada pero el pago de la mercadería nunca se realizó.
“Había tres formas de pago: una en contado a siete días y dos que contenían plazos más largos. Fueron pasando los días, las semanas y los meses y nunca apareció el pago”, lamentó uno de los productores afectados en diálogo con Radio Integral Maciá.
La gravedad de la situación ha afectado a los productores: “Uno de los muchachos debió dejar de mandar a su hijo a la facultad por este golpe”, lamentó el apícola.
Si bien los productores estafados han logrado reunirse con funcionarios del gobierno provincial, legisladores de Entre Ríos y nacionales, no han dado con la posibilidad de un subsidio paliativo para los afectados por ser “una cuestión entre particulares”.
“Nos reunimos con (Ricardo) Troncoso, diputado provincial por Maciá, que nos facilitó un encuentro con Alfredo De Angeli. Ellos nos escucharon pero nos dijeron que no podían hacer nada. Después hablamos con los encargados del área apícola del gobierno de la provincia y tampoco obtuvimos respuestas”, explicó el apicultor damnificado.
Al parecer, los entrerrianos no fueron los únicos damnificados por la firma Bee Witch SA, que habría sido declarada en quiebra en septiembre de 2016.
Hay quien calcula que la quiebra dejo solo entre los productores apícolas de Carlos Casares una deuda de mas de 20 millones de pesos. Se estima que en total habría unos 700 productores estafados en la provincia de Buenos Aires.
Según publica el Diario Oficial de la Provincia, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial 10, el 29 de diciembre pasado, declaró abierto el concurso de Bee Witch SA ( Cuit 30-70823714-7) y estableció que los acreedores tenían tiempo hasta abril para certificar las deudas de la empresa.
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