Con ese artículo, el segundo del Decreto 427/2021, el gobierno cumplió con su amenaza de una estatización parcial de la concesión de las tareas de dragado y balizamiento de la Hidrovía, la principal vía de salida de las exportaciones del sector agropecuario argentino hacia el mundo, el ducto por el cual pasan el 75% de las exportaciones nacionales y también buena parte de las importaciones.

El primero artículo del decreto es casi una admisión de lo mal que está planeada esta aventura estatista de una gestión que cada vez es menos de Alberto Fernández y más de Cristina Fernández de Kirchner, quien desde el Instituto Patria y otras usinas de pensamiento político, vino dando forma a este tipo de audacias administrativas.

En ese artículo se le concede a la AGP una función para la que no fue creada y que no tenía: el organismo encargado de manejar las concesiones del puerto de Buenos Aires de golpe y porrazo ahora podrá “asumir la concesión de obras y/o la administración, prestación de todo tipo de servicios de mantenimiento y operación de las vías navegables que se le otorguen y/o se le encomienden, realizando los actos que le corresponda ejecutar en tal carácter, por sí o a través de terceros”.

Nada en este gobierno es permanente ni duradero, ya se percibe. Como todo el mundo sabe que la AGP no está en condiciones operativas de dragar el río Paraná para asegurar la navegabilidad de los grandes buques que ingresan allí para buscar los granos y subproductos de la Argentina, pues ni siquiera tiene una miserable draga, el decreto firmado por Fernández, su jefe de Gabinete Santiago Cafiero, y el ministro de Transporte que reemplazó al fallecido Mario Meoni, llamado Alexis Guerrera, pone plazos a esta aventura estatista: 12 meses en principio. Posiblemente en ese periodo se convoque a una nueva licitación internacional, como debería haberse hecho desde un principio. +

Pero posiblemente no. “La AGP en calidad de concesionario deberá celebrar, siguiendo los principios y lineamientos de su propio régimen, las contrataciones necesarias para garantizar la navegabilidad de la Vía Navegable Troncal, manteniendo el actual nivel de prestación del servicio”, se instruyó a ese organismo. Señal clara de que también podría imponerse un sistema donde el Estado recauda pero subcontrata las tareas con otros, posiblemente el mismo concesionario que ahora.

El contrato de concesión a celebrar con la Administración General de Puertos, un ámbito donde tallan fuerte sindicalistas como los del SOMU, los de Dragado y Balizamiento o el propio camionero Hugo Moyano, tendrá en principio una duración de doce meses a partir del plazo de 90 días establecido por la Resolución N° 129/21, que prorrogó de facto la concesión del dragado a la empresa Hidrovía SA, formada por la empresa belga Jan de Nul y la local EMEPA.

En los hechos, la AGP ahora debería salir a subcontratar el servicio de dragado y balizamiento de ese canal navegable, y muy probablemente tome los servicios de la propia Jan de Nul hasta resolver la cuestión de fondo: ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno con la hidrovía?

En los hechos, la diferencia con lo que sucede ahora es que será el Estado, a través de la AGP, el que comience a cobrar el peaje a cada uno de los buques que ingresan al río Paraná para cargar o descargar mercaderías en territorio argentino.

Ese cobro estaba en manos de la concesionaria Hidrovías desde 1995, cuando Carlos Menem decidió privatizar el dragado del lecho del río y su balizamiento para que los barcos nos e salgan del cauce. Muchos años después, en su segundo mandato, la ahora vicepresidenta Cristina Kichner decidió renegociar el contrato y estiró su vida útil hasta 2021, incluso autorizando una suba en dólares de los peajes a cobrar. Ahora es la propia Cristina la que mas a impulsado, a través de su acólitos, una estatización parcial. En el medio, Gabriel Romero, el empresario que ancabeza EMEPA, reconoció haber pagado millonarias coimas para esa renegociación.

Bichos de Campo ya había anticipado que esta sería la estrategia oficial el 4 de junio.

Alerta Hidrovía: El gobierno borró todo lo escrito hasta ahora y planea una estatización parcial de la principal vía exportadora del país

Hay dos cosas novedosas que establece el nuevo decreto. Por un  lado habilita la posibilidad de “delimitación de los ríos, canales, zonas, tramos, trazas y/o secciones en las que se conformará o segmentará la Vía Navegable Troncal, para que dichos tramos en cualquier momento se puedan afectar o desafectar respecto del alcance y el objeto del contrato, total o parcialmente, con relación a los distintos servicios que se prestan en los mismos”.

Por otro lado, promete un proceso “para la eventual revisión de tarifas y/o peajes, contemplando la participación u opinión de los usuarios, entidades representativas de los sectores afines y obligados al pago”.

Es decir que respecto de la situación actual, además del Estado cobrando podrían aparecen nuevas cabinas de peaje (metafóricamente, porque no existen tales en el río y lo que se envía es una factura a los buques que lo recorrieron) y el valor de ese recorrido. Usualmente, el costo final de dicho peaje es descargado por las empresas navieras y las exportadoras en los productores y otros dadores de carga.

Un guiño a los trabajadores  vinculados a las tareas de dragado y balizamiento es que el gobierno instruyó a la AGP para que “mediante los contratos que celebre como concesionario de la concesión otorgada por el artículo 2° del presente decreto, incluya como condición la incorporación del personal que, a la fecha de finalización de la actual concesión, se desempeñare en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo  1366/14, prestando servicios para la misma.

“El presente decreto entrará en vigencia en el día de su publicación”, define en su quinto artículo el decreto de marras.

Así las cosas, ahora mismo, mientras usted lee esta crónica, ya pasó a manos estatales la autopista fluvial por la que sale el grueso de la mercadería que luego genera las divisas que tanto necesita la Argentina para sobrevivir en medio de una economía desquiciada.

Ahora habrá que ver qué hace el Estado con ella.

La entrada Finalmente se estatizó la Hidrovía y 75% de las cargas agrícolas que salen por allí dependen de que el gobierno haga bien las cosas. O encallarán se publicó primero en Bichos de Campo.

En el medio, no existe ninguna prueba y mucho menos una denuncia de organismos de control. Pero que el contrabando multimillonario de soja por la Hidrovía existe. De eso, para muchos, no quedan dudas…

Todo comenzó con una nota de Página/12 de los últimos días, que denunciaba desde el título que la Argentina sufría de una “sangría de divisas que escapan por el Paraná” y se basaba en “un informe de Proyecto Económico y el IADE, que estima que entre 2011 y 2020 el Estado perdió de recaudar 10 mil millones de dólares por maniobras en la hidrovía”.

Dice la nota del diario oficialista que ese informe “calcula que alrededor del 20% de las ventas argentinas de semillas y frutos oleaginosos al resto del mundo no se declaran en el país”. Y apunta que “esta aproximación fue calculada por el informe Corredor del Litoral, elaborado por Proyecto Económico, bajo la dirección de la diputada Fernanda Vallejos, y el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE), presidido por Marisa Duarte”.

Vamos entonces en busca de tan jugoso informe:

En efecto, el documento suscripto por la diputada Vallejos y el IADE transcribe textualmente, en sus páginas 18 y 19, como único aporte concreto sobre el turbio negocio de contrabandear soja a través de la Hidrovía del Río Paraná, parte del libro escrito por Alberto Samid intitulado “La madre de todas las batallas. Somos ricos pero nos quieren hacer creer que somos pobres”.

En realidad esta obra de Samid se terminó de escribir en enero de 2021 y no en 2018, como erróneamente consignó el equipo de Vallejos. Es un libro muy rápido de leer, de solo 59 páginas y tipografía generosa, dentro del cual solo 4 o 5 se refieren al tema de la soja.

Bichos de Campo publicó ese mismo capítulo en marzo pasado, a pedido del matarife, que envió su libro a esta redacción para que le diéramos difusión. Lo hicimos aclarando que no creíamos ni una coma sobre esta versión. Y escribimos, casi premonitoriamente: “Para muchos será la base de un nuevo relato, justo ahora cuando vencen los contratos de la hidrovía”.

No nos equivocamos. Lo que jamás pensamos es que sería nada menos que la diputada Vallejos, uno de los cuadros mejor preparados del kirchnerismo, la que se creería tan fácilmente todo lo escrito por el popular matarife, que cumple con una condena a 4 años de cárcel debido a una causa probada por evasión.

La hipótesis que escribe allí Samid es bastante desopilante, pero en ella se basan buena parte de los militantes kirchneristas que reclaman ahora a gritos a favor de una estatización de la Hidrovía.

Sin mencionar siquiera la existencia de un régimen de admisión temporaria por el cual desde hace añares que la soja paraguaya (y la boliviana y también la brasileña) sale hacia el océano Atlántico por el Río Päraná y muchas veces es procesada en las fábricas aceiteras ubicadas en Argentina, el rey de la carne escribió desde su prisión domiciliaria que “miles de toneladas de soja argentina llegan al mundo como soja paraguaya. Esta maniobra de contrabando hace que Paraguay se haya convertido en el 6º productor mundial de soja y el 4º en el ranking de países exportadores. Tal como lo manifiesta el Centro de Estudios Nelson Mandela, la mayoría de la soja argentina contrabandeada sale por tierra y atraviesa el límite fronterizo norte sin ningún tipo de control, el acopio y la carga en los buques se hacen en el puerto de Asunción. La operación se completa mediante el uso de chatas o barcazas que parten del puerto de Asunción con la soja supuestamente paraguaya que se entrega en el puerto de San Lorenzo, en la proximidad de Rosario, donde los buques de gran calado la sacan al mundo. De este modo ¡el Paraguay llega a exportar más soja de la que cosecha!”

Se descubre muy fácil, comparando textos y palabras claves con cualquier buscador, que Samid no investigó a fondo el asunto ni se basó en ningún documento oficial ni nada por el estilo. Queda más que claro que  prácticamente plagió esa denuncia de ciertas notas que se publicaron en 2016, luego de la difusión de un informe difundido por el programa de televisión Periodismo Para Todos (PPT), que conducía Jorge Lanata.

En rigor, es el propio Lanata el que locuta ese informe, que tampoco aporta ninguna pruebas concreta de la existencia del contrabando denunciado y se basa en la única fuente que también luego citaría Samid: un directivo del Centro de Estudios Nelson Mandela.

Varios medios tomaron en aquel año 2016 algunos de los argumentos difundidos por el informe de PPT, que aseguraba -como Samid, como Vallejos- que las barcazas con soja paraguaya salían semivacías del puerto de Asunción y eran completadas en las costas argentinas del Río Parana, en Chaco o Formosa. Por cierto, vale aclarar que si esto fuera cierto, esa zona no está dentro de la zona concesionada a Hidrovía SA, la empresa que se ocupa de dragar y balizar solamente el primer tramo del río, que va desde su desembocadura en el Río de la Plata hasta unos kilómetros al norte de Rosario. Es esa tarea del maejo del río la que se busca ahora estatizar.

El plagio de Lanata por Samid y luego por Vallejos es más que evidente:

Dice por ejemplo una nota de 2016 publicada por el sitio Agritotal: “Los puertos clandestinos están ubicados estratégicamente en los terrenos bajos de la hidrovía. En Chaco, en los rincones ocultos del Río Paraná, las pruebas están a la vista. PPT mostró que hay barcazas paraguayas extrañamente amarradas en la costa y puertos truchos. También, se ven boyas que marcan los amarraderos clandestinos donde quedan amarradas las barcazas: cada una carga 900 toneladas”.

Y escribe Samid, cinco años después y con muchísima más imaginación creativa: “Las barcazas o chatas cargueras se detienen en puertos clandestinos ubicados en los terrenos bajos de la hidrovía. En esos lugares, desde la culata de los camiones y mediante un impulsor para la carga, se completan las chatas que siguen viaje hasta otro puerto clandestino, haciendo varias paradas durante el trayecto (…) Cada barcaza transporta 900 Toneladas de soja, lo que equivale a más de 40 camiones. Se estima que cada convoy de 20 chatas lleva unas 10.000 Toneladas de contrabando argentino. A esta soja la llaman Maradona, porque sale de la Mano de Dios”.

Ciertamente, Dios es argentino. Y puede llegar a permitir que el gobierno justifique una decisión clave para el futuro del país basándose en argumentos que la diputada Vallejos copió de Alberto Samid, quien estando preso por evasión escribió sobre contrabando plagiando un informe del programa de Jorge Lanata.

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De inmediato, muchos fantasmas comenzaron a sobrevolar sobre el futuro de la principal vía de salida de exportación del sistema agroalimentario: por el Río Paraná salen 75% de los granos y subproductos producidos por la Argentina. Para muchos actores del sector privado se trata de una remake de cuando hace pocas semanas el Estado pretendió avanzar sobre Vicentin, aunque mucho más grave porque ahora se ven comprometidas todas las empresas cerealeras que tienen  puertos sobre el Río Paraná.

Pero otros también alumbraron una ilusión: aunque desde su concesión en los años 90, las obras de dragado de la Hidrovía constituyeron la mayor obra de infraestructura para el desarrollo agroindustrial argentino, el esfuerzo se concentró en el tramo inicial de esa vía navegable, que llega de Buenos Aires hasta los puertos de la zona de Timbúes, unos 400 kilómetros más arriba de la desembocadura. Pero nunca se avanzó en una planificación y profundización del calado más allá, hacia el norte. El proyecto original de la Hidrovía quedó trunco, postergando a muchas provincias norteñas.

Al presentar el acuerdo, Alberto trató de incorporar ese tono de reivindicación federal a la decisión tomada ahora. “Quiero que la Argentina, que dice ser un país federal, pero que es profundamente unitario, empiece a funcionar como un país federal”, afirmó.

No podemos decir de antemano cómo terminará esta aventura. Nadie podría saberlo. Lo cierto es que la firma del Acuerdo Federal de la Hidrovía Paraguay-Paraná, contó con mucho respaldo político de las provincias. Junto al presidente estuvieron los gobiernos de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe. No parece haber en esta decisión el grado de improvisación y agrietamiento que precedió a la intentona por estatizar la aceitera Vicentin.

“Ha llegado la hora de que la Argentina crezca con otro equilibrio, que el desarrollo no sólo esté concentrado en el puerto de Buenos Aires, sino que se distribuya en cada lugar del país”, enfatizó el Presidente, que en concreto estampó su firma en el flamante acuerdo federal para administrar junto a las provincias la Hidrovía, como si hasta ahora no lo hubieran hecho. En rigor, el Paraná es un territorio en el que el gobierno central regula sobre la navegación y disponer la seguridad mediante la Prefectura, una fuerza federal. Las provincias, a su vez, tienen autoridad sobre cuestiones ambientales (por ejemplo el control de los incendios),  de producción y de control de los recursos naturales.

Lo único que está en manos privadas hasta aquí son más de 30 puertos, algunos privatizados en los años 90, con la liquidación de la Junta Nacional de Granos (JNG) y muchos otros construidos luego de aquella medida, de la mano sobre todo del fenómeno de la soja y el crecimiento de las cosechas. Y lo que se concesionó en aquella época fueron las tareas de dragado para mantener las condiciones de navegabilidad de la Hidrovía en 36 pies entre la desembocadura (en el Río de la Plata) y los puertos del Gran Rosario. Son unos 400 kilómetros que permiten el acceso de los grandes buques graneleros hasta terminales ubicadas en el corazón de la zona agrícola. Es un lujo que solo se da en la Argentina, y que se paga con un peaje que cotiza en dólares. O en soja, que es lo mismo.

La decisión oficial de “comenzar a administrar” algo que ya es público suena muy linda, pero nadie sabe todavía bien que alcance tendrá. Lo cierto es que se produce meses antes de que venza, en abril de 2021, la concesión de los trabajos en el tramos sur de toda la cuenca a la empresa Hidrovía SA, que integran la belga Jan De Nul (una empresa con experiencia efectiva en puertos) y Emepa (el socio local que se imponía en los noventa en cada privatización). En su primer vencimiento, esa concesión había sido renovada por Néstor y Cristina Kirchner, en el apogeo de su poder.

Mitos y verdades sobre Vicentin y las barcazas de soja que bajan por la hidrovía del Río Paraná

¿Seguirá esa concesión o se creará una empresa nacional que se ocupará de hacer el trabajo con las dragas? ¿O solo se definirán nuevas concesiones para avanzar con el calado de Rosario hacia el Norte? Jan De Nul ya manifestó su voluntad de seguir haciendo el tramo más redituable del negocio, de Rosario al sur. Pero también hay capitalistas chinos rondando que prometen a los gobernadores el oro y el moro.

Por ahora, como parte del acuerdo y mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, se creará la Administradora Federal Hidrovía Sociedad del Estado, que estará integrada por el Estado Nacional (con una participación del 51% del capital social) y las siete provincias (que contarán con un 49%). No se sabe a ciencia cierta cuál será su función.

Descargá aquí el decreto sobre ACUERDO FEDERAL HIDROVÍA 

Mario Meoni, el ministro de Transporte y principal impulsor político de la creación de este Consejo Federal que tendrá sede en Rosario (Omar Perotti, el santafesino que acompañó a Alberto en la frustrada aventura estatizadora de Vicentin fue el único gobernador que habló en el acto), aclaró que todo esto será analizado en las próximas semanas en el marco del nuevo Consejo, al que se invitará a opinar a los representantes del sector privado involucrado en la Hidrovía. Por si acaso, a través de algunas declaraciones en off, los representantes de las agroexportadoras ya anticiparon su rechazo previo a una eventual estatización total de los trabajos.

Según el ministro de Transporte, el acuerdo firmado “tiene el primer objetivo de incorporar a las provincias a la discusión, entendiendo claramente que el río Paraná, que cada uno de sus afluentes es parte de la Nación y que todos somos integrantes de eso”.

Meoni también aclaró que el gobierno concibe la hidrovía “como un canal esencial de desarrollo de todo el norte argentino”. Y enfatizó: “Esperamos que crezca el volumen de carga y el valor agregado de esa carga”.

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Años después, quisimos saber qué pensaba Ripoll sobre el intento de expropiación de Vicentin que tanto molesta a los productores.

“En aquel momento de movilizaciones salían hasta los docentes a los cortes, porque era algo que tenía que ver con la vida cotidiana de todos. Ahora todos los productores fueron cooptados por los pooles de siembra, que no tienen preocupación sobre las necesidades de alimentación de la población, sino solo de sus ganancias. Debe haber una reconversión de lo que se produce, con un criterio de las necesidades”, dijo Vila Ripoll a Bichos de Campo.

Acerca de lo que sucede con Vicentin, Ripoll expresó sin medias tintas que hay que ir todavía más allá y propuso la estatización de todo el comercio de granos. “No puede ser que 5 o 6 cerealeras manejen todo. Hay que nacionalizar el comercio exterior y que el Estado defina qué se exporta y a qué precio. No puede ser que paguemos el pan a los precios que pagamos en el país del trigo”, aseguró.

Ripoll asegura que lleva el mismo hilo político desde que entró a militar antes de la dictadura. “Nunca cambié. Soy un ejemplo de coherencia política para el que le guste y para el que no le guste”, declaró.

Mirá el reportaje completo realizado a Vilma Ripoll:

Para la dirigente izquierdista, los pequeños productores fueron víctimas de los dos hechos, tanto en 2008 con la 125 como ahora en 2020 con Vicentin. Antes, porque había un Gobierno que no segmentaba y que quería aumentar las retenciones a destajo, y ahora porque hay una empresa que, según Ripoll, los estafó.

Ver: Juanchi Capozzolo es productor de Reconquista: “El campo está enojado, agobiado y cansado de ser el hijo de la pavota”, advierte

“La 125 tenía un sólo problema, y era que las retenciones no eran segmentadas. Entonces, de repente tenías a alguien de la Sociedad Rural con mil hectáreas, que pagaba lo mismo de retenciones que todos los demás productores, que no sólo producían soja, sino algodón o frutas por ejemplo. Esto fue un conflicto gremial y en ese momento nosotros apoyamos la posición de la Federación Agraria, porque son los sectores medios del campo, mucha gente que tenía de 100 a 150 hectáreas”, manifestó la dirigente del MST.

Pero frente a la intervención de la aceitera que dispuso el Gobierno, Ripoll tomó distancia. “Tiene que ser sin pago. Por eso retroceden en Vicentin, porque no es una cosa ni la otra. Ahora apareció la propuesta de Omar Perotti, que tampoco es la expropiación que propone el Gobierno y tampoco le viene bien a Vicentin. (los empresarios) Son unos crápulas, quieren volver a manejar todo después del desastre que hicieron con la plata del Estado. Me parece que no es así”.

Para Ripoll, Vicentin no es una empresa pujante y familiar que se hizo desde abajo como muchos sostienen. “Lo primero que hay que hacer es blanquear quién es Vicentin. Y no me vengan a decir que es una empresa familiar. Conozco la mentalidad del pueblo que quiere defender a su empresa porque a mi me pasó con Vassalli, la empresa de cosechadoras.¿Quién se va a ocupar de los 28 mil trabajadores que tiene Vicentin entre directos e indirectos? Es una situación muy complicada y en el medio está la oferta del Gobierno y la excusa de soberanía alimentaria que puso y que me parece ridícula”, declaró.

Ver: Un Luis D´Elía moderado no quiere repetir la pelea de 2008 y pide un punto medio para Vicentin: “Ni la nacionalización del comercio exterior ni el Estado ausente”

Según la dirigente, “Vicentin hizo siempre negocios al amparo del Estado, hizo fraude financiero del color que quieras, tiene las cuentas off shore que quieras; tiene empresas fantasmas en Paraguay y Uruguay, se asoció a La Alumbrera (explotación minera que maneja la multinacional Glencore), que saca todo por la terminal 6 de San Martín, y que es otro chanta saqueador que no solo contamina, sino que saca de modo clandestino todo el cobre y otros minerales, y después no pagan un peso a la provincia de Santa Fe”.

“La dictadura de Onganía le dio las tierras, la de Videla le dio el manejo de los puertos, Cavallo le estatizó la deuda, y luego, desde 2001 en adelante empezó a prestarle el Banco Nación y empezó a fugar. El escándalo más grande es el de noviembre del año pasado cuando se va Macri, y le dan 84 millones de dólares”, concluyó.

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“El presidente está dispuesto a  escuchar alternativas superadoras”, dijo el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, actuando como vocero de una reunión en la que Alberto se vio cara a cara con el CEO de Vicentín, Sergio Nardelli. Se trató de un eufemismo para ocultar la decisión de desactivar la amenaza de expropiación que desató una ola de movilizaciones y cacerolazos, especialmente en Reconquista y Avellaneda, en el norte de Santa Fe, donde nació la aceitera hace 90 años. También el repudio de todo el arco empresario del país y del extranjero.

Las “alternativas superadoras” suponen volver al plan original, que la intromisión del kirchnerismo más duro frustró el lunes. Ese día, Alberto se dejó convencer y anunció dos cosas: la intervención inmediata de la empresa y el envío al Congreso de un proyecto de ley para expropiar no solo los bienes de Vicentín SAIC, la aceitera que había ingresado en convocatoria de acreedores, sino todo el resto de empresas del grupo, incluso las que seguían funcionando y no tenían ningún problema económico.

“Van por todo”, fue lo primero que pensó mucha gente. Detrás de la movida estaba clara la mano de Cristina Kirchner, la vicepresidenta. Una de sus senadores preferidas, Anabel Fernández Sagasti, fue presentada por Alberto como la autora intelectual de la idea. Y La Cámpora salió a bancar la expropiación en un comunicado. Muchos, como el propio Perotti, se enteraron por los medios. Y esto le costó una crisis política en su provincia.

“El gobierno no dará marcha atrás con el rescate de Vicentín”, decían los medios y periodistas oficialistas, tratando de instalar en las últimas horas la sensación de que no habría un recule. Pero lo hubo: no solo se dejó de hablar de la expropiación de todas las empresas del grupo sino que directamente se cajoneó la idea de enviar el proyecto al Congreso, donde el oficialismo no tenía asegurados los votos y se exponía a un debate semejante al de la recordada Resolución 125.

Todos tratan de no decir la palabra maldita: “expropiación”. Rescate suena mucho más lindo, aunque se trata de otra cosa completamente distinta.

Perotti, el vocero de la reunión, comenzó a insinuar como será el regreso al plan original en el que él mismo había estado trabajando antes de este grotesco de la política, que dice y se desdice en pocas horas porque improvisa mucho y no mide posibles reacciones.

Dijo el gobernador que este mismo viernes los directivos de Vicentín se reunirán con funcionarios de YPF SA, una sociedad mixta que podría asociarse a la aceitera y tomar parte de su paquete accionario, a partir de la capitalización de los pasivos que el Estado tiene en concurso de acreedores. En especial, los 300 millones de dólares que la compañía le debe al Banco Nación y a otros bancos oficiales. La idea, entonces, es convertir a Vicentín en una empresa con fuerte participación estatal pero con gestión privada. Si suma fuerza con YPF Agro, el brazo de la petrolera enfocado en el sectror rural, quedaría sin duda conformada una empresa potente, que en 2019 llegó a exportar el 11% del total de granos y subproductos de la Argentina.

El rescate podría incorporar a las cooperativas, en especial ACA pero también AFA, ambas con fuerte presencia en Santa Fe. La Asociación de Cooperativas Argentinas entregó muchos granos a la aceitera que jamás cobró: se le deben 90 millones de dólares, nada menos. Se podría analizar si también se transforma en accionista de la nueva compañía, que necesitará recuperar la confianza de los productores que le vendían granos. En total, Vicentín dejó un muerto de 400 millones de dólares entre sus proveedores de granos, unos 2.000 productores de Santa Fe. Según dijo el presidente, la prioridad será cancelar ese pasivo primero.

“No dará marcha atrás”, pero el gobierno puso reversa con la expropiación.

El gobierno anunció la expropiación de Vicentín: Gestionada por YPF, será una empresa testigo para muchos mercados agropecuarios

La intervención dispuesta por DNU el martes pasado se mantendrá por los 60 días en que estaba establecida: tras ese lapso, la nueva propuesta deberá estar lista y convencer a Alberto. Gabriel Delgado, el interventor designado, tendrá una dura tarea de acercar posiciones ventajosas para todos. Como Perotti, aparece en el flanco más conciliador entre los representantes del gobierno. Lo mismo sucede con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, que el lunes había sido excluido de los anuncios pero ahora se sumó a esta reunión que ordenó revisarlo todo. El gran derrotado, además del kirchnerismo más duro, parece ser por ahora el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que sí había trabajado en la confección del proyecto de expropiación.

Habrá que esperar ahora la reacción de Cristina. La lectura política tras este ensayo expropiador del gobierno es inevitable, pero la verdad nos importa poco. Lo importante en materia agropecuaria es que se evitó dar una señal violenta y muy poco consensuada, que había generado el rechazo de toda la comunidad agropecuaria, porque provocaba espanto y parecía autoritaria.

La amenaza de una escalada expropiatoria, aunque desmentida varias veces por el propio presidente, era lo que menos necesitan los productores para seguir adelante en esta etapa crítica de la Argentina. Hubiera sido muy duro sumarle a la pandemia y la crisis económica una dosis tan grande de imbecilidad política.

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Estoy convencido que una de las situaciones que hay que superar en el país es una ecuación que representa un gran fracaso: neoliberalismo y estatismo bobo y poco transparente. Esto no significa desconocer que un Estado inteligente, eficaz y probo deba hacer prevalecer el interés público en áreas fundamentales como la seguridad social, salud, educación, energía, hidrocarburos, transporte, conocimiento, recursos naturales etcétera. Razones estratégicas definen a un Estado Nación.

En el Desarrollo de un país,  materia pendiente de la Argentina, la ecuación citada representa el atraso y una de las causas de nuestra fractura social, pobreza e indigencia, junto a nuestra incapacidad de acordar políticas públicas en temas comunes.

Para que una Nación logré su desarrollo, debemos avanzar en una gran concertación con la capacidad de articular en forma pública-privada los factores de producción. Debemos ir hacia una economía social de producción con transición verde, apostando a la innovación, a las cadenas de valor, al desarrollo territorial, a la integración vertical y horizontal, al cooperativismo como modelo que empodere a cientos de miles de productores agropecuarios, a la generación de redes sociales entre el estado y el individuo, a las nuevas economías solidarias. Creo en una economía CON mercado y no De mercado.

Observar por estas horas como se discute desde el blanco y negro, el prejuicio, el dogma, el maniqueísmo, es una muestra del estado de nuestra patria.

El gobierno anunció la expropiación de Vicentín: Gestionada por YPF, será una empresa testigo para muchos mercados agropecuarios

Santa Fe es una tierra de pioneros, de inmigrantes esforzados que inventaron de todo y mucho más en el campo de la agroindustria. El modelo para la Santa Fe federal y profunda es la industria, el cooperativismo, el mutualismo, los productores de todo tipo, la cultura del trabajo, las organizaciones de trabajadores.

Nadie puede estar en contra de una intervención del Estado para salvar una empresa, que siempre es una organización que tiene una dimensión social e histórica, para conservar puestos de trabajo, evitar su extranjerización y en definitiva para apuntalar un capitalismo progresista y fuerte, siempre y cuando sea una intervención legal, virtuosa y donde no le quede al estado la peor parte de la torta (dilapidación de recursos públicos), mientras los empresarios salvan sus ineficacias, desaciertos o irregularidades.

En este último punto hay que ser claros: es una extrema necesidad que los que delinquen en forma privada o pública rindan cuenta o se le haga justicia dentro de un poder judicial independiente y no desde la política. Es en el marco de la justicia dónde es necesario, dar muchas explicaciones y pruebas por parte de la empresa por hechos que revisten mucha gravedad.

Está claro por otra parte que una intervención para un salvataje o continuidad de la organización empresarial, laboral y de pequeños acreedores, no es lo mismo que una expropiación. Dos discusiones muy distintas. Una inteligente y satisfactoria intervención puede evitar la expropiación, o una situación sin salida la puede resolver una expropiación, pero bajo una verdadera justificación de necesidad mayor y muy bien fundamentada.

Los que hemos caminado el norte de Santa Fe sabemos que Vicentin con más de 90 años de historia es una empresa valorada socialmente más allá de sus empresarios y dueños. Hay generaciones de trabajadores, familias, profesionales, pymes asociadas, comercio que se vincularon culturalmente con la empresa. No todo es economía e ideología.

Un tema de modalidad no menor: somos federales siempre y mucho más allá de si somos de izquierda, centro o derecha. No puede plantearse este tipo de proyectos sin el dialogo y la consulta necesaria con los Intendentes involucrados, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, representantes de los trabajadores  y algunos actores políticos.

La propuesta: CORPORACIÓN AGROINDUSTRIAL EXPORTADORA SANTAFESINA

Esta Corporación que estoy proponiendo tiene que ser configurada bajo un modelo de participación público-privada.

Sería una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria integrada por:

• Alianza Vicentín – YPF Agro SA (Participación mayoritaria de la Nación a través de tomas de activos y acciones por deuda. La nación debe recuperar hasta el último peso adeudado o prestado).
• Cooperativismo Exportador Agropecuario de Santa Fe.
• Gobierno Provincial de Santa Fe (con una parte de la deuda que la Nación le debe a Santa Fe, la provincia capitalizaría su participación público–privada en la Sociedad Anónima que crea la Corporación citada y seria clave por la posibilidad que se le abriría para el despliegue de políticas de agregado de valor).
• Representación de los trabajadores.

Debe desplegarse también diversos instrumentos asociativos y flexibles (contratos de joint venture, de colaboración, por ejemplo), que permitan preservar las autonomías de cada Entidad productiva y a la misma vez asociarse, obligarse en la constitución de la Corporación agroindustrial exportadora.

Se debe convocar a las entidades cooperativas que, por volumen, tamaño, acopio, balances, cantidad de asociados (sean de primer, segundo o tercer grado) y estén operando de manera significativa en el mercado externo.

Estaríamos creando un polo cooperativo exportador clave para darle territorialidad a Santa Fe en uno de los principales enclaves productivos y con la posibilidad de contar con un puerto propio en el centro del polo portuario agroexportador más importante del país y del mundo. Hay que tener en cuenta, que por nuestro cordón portuario del sur de Santa Fe se exportan al mundo el 85 %, el 75% el 60 %, o el 54 % de la producción nacional, dependiendo el tipo de producto que tomemos en análisis.

Esto nos permitiría trazar políticas públicas y privadas desde el puerto hacia atrás en cada cadena de valor involucrada. Nos permitirían tener precios diferenciales en productos, insumos, servicios, costos logísticos, especialmente si nos comparamos con las multinacionales exportadoras. Podríamos establecer estrategias de inversión y alianzas (aquí entran muchas pymes nacionales ligada a la producción) para la inversión y agregado de valor en pequeñas y medianas localidades.

Le permitiría al gobierno nacional y provincial tener una herramienta estratégica para desarrollar políticas de desarrollo territorial, contención en escala de productores para revertir la concentración agropecuaria, manejar el crédito y el acceso a tecnologías de manera diferente a como lo hacen las multinacionales.

Si esta historia termina solo en manos YPF Agro SA puedo decir que es un proyecto que tiene poco a nada de Santa Fe, de federalismo y de estratégico.

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En un giro inesperado de la trama Vicentín, cuyos activos eran disputados hasta ahora por varios grupos privados y cuyo concurso de acreedores, habilitado en febrero, tramita todavía en un juzgado de Reconquista, donde la firma nació hace 90 años, el presidente adoptó como propio un proyecto de la senadora Anabel Fernández Sagasti y el ministro de Producción, Matías Kulfas.

En varios tramos de una conferencia de prensa para anunciar esta medida, Alberto insistió que se trataba de un rescate “para que la empresa siga funcionandos y que sus trabajadores (unos 1.350), y fundamentalmente unos 2.600 pequeños productores puedan seguir contando con una empresa a la que venderle, además de que quedará en pie en la Argentina un operador de esta envergadura”.

Hasta su declaración de default, anunciada cinco días antes del recambio presidencial del 10 de diciembre, Vicentín era la principal empresa agrícola de capitales nacionales, junto a AGD y Molinos Río. Batallaba contra una serie de multinacionales que controlan el comercio exterior de granos y así también son determinantes en el flujo de divisas, como Cargill, Bunge, Dreyfus y la china Cofco. En 2019 había exportado 10 millones de toneladas de granos y subproductos (un 10% del total nacional), básicamente harina y aceite de soja obtenida en sus plantas del gran Rosario.

Alberto, al anunciar el avance del Estado sobre esta actividad crucial para la economía argentina, dijo que se haría en dos pasos. De inmediato el Estado ordenó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la intervención  del grupo Vicentín y en simultáneo se enviará un proyecto de ley al Congreso para expropiar los bienes de esa compañía. El presidente habló de todos los bienes y no solo los de la compañía agrícola. Esto incluye el frigorífico Friar de Reconquista (uno de los principales exportadores de carne vacuna), una desmotadora e hilandería en el norte de Santa Fe, una fábrica de jugos de uva en San Juan, la empresa láctea ARSA (que tomó los negocios más rentables de SanCor) y hasta una bodega en Mendoza. Todos estos activos están por fuera del concurso de acreedores que maneja un juzgado comercial de Reconquista. Vicentín también tiene parte de Renova, principal elaboradora de biodiésel del país, en sociedad con la multinacional Glencore.

La decisión más osada planteada en el proyecto oficial es crear un fideicomiso con esos activos y cederle la gestión de estos negocios a YPF Agro, la filial agropecuaria de la petrolera mixta YPF. Esta compañía también talla fuerte en el negocio agrícola, sobre todo por la venta de insumos a través de un centenar de centros de distribución en todo el país. Vende mucho a través de canje por granos, con lo cual también exportó en 2019 más de 1 millón de toneladas de cereales y oleaginosas. Es dueña además de parte de Profértil, la mayor compañía de fertilizantes de la Argentina.

La gestión inicial de esta nuevo grupo agropecuario estatal primero “intervenido” y luego “expropiado” se le encomendó a Gabriel Delgado, un economista del INTA que es bastante reconocido en el sector rural y fue uno de los candidatos a ministro de Agricultura hasta la sorpresiva irrupción de Lus Basterra, quien por cierto no formó parte del anuncio de esta suerte de regreso de la intervención estatal en el mercado agropecuario. Delgado tiene un discurso muy moderado que es de agrado de mucha gente en el sector rural. Incluso plantea un proyecto proactivo para hacer crecer las exportaciones de alimentos y la generación genuina de divisas. En la presentación en Casa de Gobierno celebró la fusión con YPF, un símbolo del yacimiento “Vaca Muerta”. Habló de crecer también en materia de agro a través de otro gran proyecto al que bautizó “Vaca viva”.

Si querés conocer el pensamiento de Delgado podés mirar esta entrevista reciente con Bichos de Campo:

Alberto presentó a Delgado como un hombre que “sabe mucho sobre el sector agropecuario” e intentó enviar un gesto así de distensión con el agro, sabedor que finalmente la enorme mayoría de los productores tomará con gran resquemor cualquier intervención estatal sobre la actividad. Ese intento por llevar tranqulidad, sin embargo, se vio opacado por otras dos definiciones del Presidente, que habló de la necesidad de que el Estado cuente con una “empresa testigo” en el mercado de alimentos y que también utilizó un latiguillo muy frecuente de la militancia parra hablar mal del sector de los agronegocios: el de lograr la tan mentada “soberanía alimentaria”.

“Mañana irán los abogados a presentarse al concurso para hacerse cargo de la intervención que estamos disponiendo”, anunció el presidente. EL DNU respectivo se conoció este mismo martes.

Descargar DNU Proyecto de Decreto Intervención

Las plantas agrícolas de Vicentín están paralizadas desde que la empresa anunció que padecía de un insultante “estrés financiero” apenas 5 días antes del cambio de gobierno. Cuando se armó el concurso de acreedores, la deuda reconocida era de nada menos que 99.345.263.086,50 pesos, o el equivalente a 1.577 millones de dólares al tipo de cambio oficial de 63 pesos de ese momento.

Entre los acreedores de la empresa había 1.895 proveedores de granos (el rpesidente habló ahora de 2.600 productoresa), otras 586 empresas que le vendían bienes y servicios, y 37 bancos y financieras. Entre ellos el Banco Nación, que habilitó créditos para prefinanciar exportaciones por cerca de 19.000 millones de pesos y se convierte en el principal acreedor. La existencia de esta deuda con la banca oficial fue la razón más esgrimida por los sectores oficialistas que en los últimos días habían pedido la expropiación de la empresa.

Pero además Vicentín quedó debiéndole plata a 19 organismos fiscales o previsionales, a 98 de sus accionistas (la mayoría de ellos distintos integrantes de la familia Vicentín, que fundó la aceitera en Avellaneda, en el norte santafesino, en 1929) y a tres de sus empresas controladas por el propio grupo, que le habían hecho transferencias que nunca recuperaron.

El daño que produjo el default de la aceitera fue muy grande entre los productores de Santa Fe. Por ejemplo, la cooperativa ACA, integrada por miles de productores, figura como el segundo mayor acreedor de la aceitera, ya que en su caso quedaron impagos granos por 4.929 millones de pesos, o su equivalente a 78 millones de dólares. El actual secretario de Agricultura, Julián Echazarreta, proviene de esa empresa cooperativa.

La semana pasada, varios  dirigentes políticos, sindicales y sociales del llamado “arco progresista”, la mayoría de ellos alineados políticamente con el  gobierno, solicitaron que la agroexportadora Vicentín sea declarada “empresa pública no estatal” para evitar “una mayor concentracion y extranjerizacion del comercio exterior de granos y de la cadena de producción alimentaria”.

Entre los firmantes del documento figuran Claudio Lozano, Pedro Peretti, Mempo Giardinelli, Carlos del Frade, Fernando “Pino” Solanas, Victoria Donda, Horacio González, Alcira Argumedo, Juan Grabois, Maristella Svampa, Damaris Pacchiotti, Itai Hagman, Agustina Donnet, Juan Carlos Alderete, Caren Tepp, Jorge Bernetti, Letizia Quagliaro, Rubén Giustiniani, Ana Galmarini, Juan Monteverde, Victor de Gennaro, Leonardo Grosso, Daniel Menéndez y Omar Principe, el ex presidente de la Federación Agraria, entre otros.

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El capítulo Vicentín de la política idiota que se practica en la Argentina arranca un mes y medio después del inicio de la crisis. No el 3 de diciembre de 2019 (cuando ya se sabía quienes eran los acreedores de la empresa) sino recién cuando el peronismo gobernante se da cuenta y ordena a los medios oficialistas y alguno de sus funcionarios salir a denunciar la situación. ¿Qué situación? Que el BNA es el principal acreedor de la empresa y que eso nos perjudica a todos los argentinos, porque se trata de un banco público.

Ni el peronismo ni los medios oficialistas se preocupan, en este descubrimiento tardío, de lo que sucede con un montón de pequeños acreedores desplegados a lo largo de la cadena agrícola, y que en conjunto acumulan un pasivo mayor que el de los bancos oficiales, ya que el BAPRO (que es provincial pero también público) también había participado del festival de financiamiento a esta compañía, una de las pocas de enseña nacional que participa del comercio de granos y subproductos.

“El robo del siglo”, es el título de tapa de Página/12 jugando con el título de una película que acaba de estrenarse. El diario, veterano en investigaciones sobre corrupción, recién el 24 de enero descubre lo que todo el mundo sabía desde el 3 de diciembre: que el Banco Nación era el principal acreedor de Vicentín. Y lo mismo sucede con otros importantes medios de comunicación o periodistas ligados al peronismo gobernante. De pronto todos descubren lo que se sabía hace más de 50 días. Pero no hablan del resto de los damnificados, porque no les interesa. Solo les interesa construir un relato funcional a sus intereses.

En este relato, primero, la culpa del desfalco es de Mauricio Macri, el anterior presidente, que permitió junto a “sus amigos” en el poder, en especial el economista Javier González Fraga, el presidente del Banco Nación en ese periodo de gobierno, que esa entidad bancaria prestara más dinero que el recomendable a la aceitera de Alberto Padoán y Cia. Sucede que además se descubre que el empresario es uno de los principales aportantes a la campaña electoral de Cambiemos. Touché. El menú está servido.

Según esta lectura infantil de la historia, la conspirativa, una entidad bancaria centenaria le lega a prestar una suma importante de dinero a una gran empresa nacional solo porque se lo ordena un presidente, que además es financiado en la política por uno de los directivos de esa empresa. La explicación es lineal, digna de una serie de Netflix. En la trama no hay gerentes, ni análisis de factibilidad, ni una historia común que excede a los gobiernos. Hubo corrupción, probada antes de comenzar a investigar. Y listo. No hay nada más que hablar.

Tanta es la saña que ponen los medios oficialistas en denunciar esta conspiración planetaria entre Macri y Vicentín, tanto su esmero por demoler al enemigo, que hasta la propia compañía -que hasta aquí viene comunicando poco y nada- se ve obligada a emitir un parte de empresa para aclarar los tantos.

Para contestar las acusaciones de la política idiota, la empresa explica dos cosas que habrá que ver si son ciertas, pero que parecen bastante creíbles. Dice que:

• “Nuestra deuda no fugó del país, sino que está invertida en bienes productivos, que junto con el trabajo de nuestra familia, instalada en el norte de la provincia de Santa Fe desde 1929 y el de nuestra gente, nos permitirán, con mucho esfuerzo, salir adelante”.
• “El Banco de la Nación Argentina fue siempre, desde hace más de 50 años, la Institución Financiera más importante para Vicentin y a lo largo de los distintos cambios de gobierno siempre se ha manejado de manera Institucional. Lamentamos mucho que se ponga en tela de juicio la actuación de esta Institución que manejó una realidad compleja, a nuestro entender, de la mejor manera posible”.

Sin dejar de marcar que es muy posible que el Banco Nación haya sido demasiado descuidado y generoso al prestarle tanta plata a Vicentín -cosa que muy pronto se sabrá gracias la sumario interno que iniciaron los nuevos directores-, resultaba como demasiado obvia la siguiente jugada de la política berreta: instalado el desfalco al banco público, la reacción oficial contra Vicentín debería ser ejemplificadora.

Es allí entonces que la política ‘progre’ sale inmediatamente a instalar una idea que la fascina desde hace rato: recrear una Junta Nacional de Granos (JNG) que le permita al Estado participar del comercio de los principales productos de exportación que tiene el país. Refundar una JNG. Jamás se los escucha a estos personajes proponer ideas semejantes en tiempo de bonanza y paz social. Salen ahora, que el cuerpo de Vicentín están agonizante y se presume que habrá carroña para repartir.

Pero en concreto, previsibles, ya hubo algunas espadas del peronismo que salieron a exponer la posibilidad concreta de que el BNA y el BAPRO recuperen el dinero que perdieron en Vicentín (como si ya lo hubieran perdido y no existiera el derecho comercial para recuperar al menos parte de esos pasivos) mediante una “estatización” de los activos en poder de esa compañía.

Leer también: Estatizar Vicentín, la propuesta del Frente de Todos para recompensar al Banco Nación

Era de manual. Uno de los que habló es Francisco Paco Durañona, ex intendente de San Antonio de Areco y ahora senador provincial por el Frente de Todos. Pero son muchas las voces infantiles de quienes reclaman que es el momento oportuno para dar el zarpazo. La jugada parece haber sido un tanto premeditada:

Pero estos políticos que construyen sus imperios desde los bares de la política, siguen igual: nada dicen estos promotores de la estatización de que la aceitera del norte de Avellaneda acumula un pasivo calculado extraoficialmente en más de 1.000 millones de dólares, de los cuales solo 250 millones corresponden al Banco Nación. ¿Y con el resto qué hacemos? ¿Permitimos que los pequeños chacareros que entregaron su soja a Vicentín o a acopios que actuaban de intermediarios reciban acciones y manejen una participación mayoritaria de la nueva Junta de Granos? Ah no, cierto que lo que suceda con ellos no era tan importante. Lo importante era solo pegarle a Macri y aprovechar la situación para hacer la revolución.

Mientras la política idiota avanza con sus disparates, en esta novela de aldea subdesarrollada que bien podría ser retratada en una novela de Gabriel García Márquez, la empresa Vicentín aseguró estar abocada “las 24 horas, 7 días a la semana, a explorar distintos caminos de salida de su situación, priorizando la puesta en funcionamiento nuevamente de sus activos, que permitirá mantener las fuentes de trabajo y refinanciar los pasivos de manera razonable”.

Y frente a la evidente embestida de los revoltosos que propalan sus ideas desde los medios oficialistas, también ha recibido la aceitera señales de apoyo desde la economía real.

Por ejemplo, también se conoció un comunicado del Centro Industrial y Comercial de Reconquista. Y hubo otro pronunciamiento de pequeñas y medianas empresas vinculadas al norte de Santa Fe. “Nos preocupa que habiendo tomado el tema tan amplia difusión, seguramente por la magnitud del problema, la opinión pública se lleve una versión tergiversada de la realidad”, dijeron esos empresarios sobre el caso Vicentín, expresando su confianza en “una solución razonable” a la crisis empresaria.

Ver Sumando Cabezas: Los damnificados por Vicentín comenzaron a reunirse para armar una causa común

Una solución razonable, a esta altura de la declaración de “estrés financiero” de la agroexportadora y cuando faltan pocos días para que puedan comenzar a llover pedidos de concurso de acreedores (con el final de la feria judicial), sería tratar de evitar un final de catástrofe para muchas Pymes y productores rurales de todo el territorio santafesino. Trabajar ordenadamente para que cada uno recupere, incluyendo el Banco Nación, la mayor parte del dinero que le corresponde. Tanto ruido político sin duda que no ayuda a que suceda eso.

También la política madura debería tratar de evitar el impacto social de este mega default. Es decir ocuparse de que la empresa aceitera pueda continuar trabajando, porque de eso también depende mucha gente, muchas fuentes de trabajo.

En ese sentido, trascendió un borrador de la que será la propuesta de Vicentín a sus acreedores: Al parecer la aceitera apunta sus cañones a seguir en operaciones. Y en manos de sus dueños originales.

La prioridad es esa. Ver cómo seguimos trabajando. Todos, incluido el Banco Nación. Recién después de que hayamos podido llevar algo de tranquilidad a las verdaderas víctimas de la situación de Vicentín podremos comenzar a hablar de que la culpa fue de Macri o de la necesidad de volver a recrear una Junta Nacional de Granos. No habrá nada más interesante que hacerlo. Pero después.

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