El análisis efectuado, que se realizó durante los últimos tres meses de 2021, tomó en cuenta el recorrido de la naranja desde su producción en la localidad enterriana de Chajarí –provincia que concentra el mayor porcentaje productores-, hasta su comercialización en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De los 69,8 pesos en los que se vendió el kilo de cítrico dulce en CABA –precio promedio de noviembre 2021-, el 21,1% corresponde a ganancias ($14,7); el 36.8% a costos ($25,7) y el 42,1% restante a impuestos y otras tasas ($29,4).

Ahora bien, respecto a las ganancias netas, sólo tres de los cuatro eslabones que conforman la cadena lograron alguna. El galpón de empaque obtuvo 1 peso, el mayorista 5,7 pesos y el minorista 8,1 pesos. El productor fue el único que no registró ganancias, a diferencia del 2020 en donde obtuvo el 3,9% de ganancia neta respecto al precio de venta final.

Así, el estudio evidenció que los eslabones que generan valor agregado (producción y empaque) sólo explican el 13% del precio final del cítrico dulce.

“Un productor que no tiene ganancias, pese a haber invertido y arriesgado a cielo abierto, no está en condiciones de aumentar su productividad ni reconvertir. Al no ser sustentable en el tiempo, a mediano o largo plazo, es un productor que tiende a desaparecer”, afirmó Eduardo Rodríguez, director del sector de Economías Regionales de CAME.

Por otro lado, la presión tributaria del Estado, en todos sus niveles, creció en casi cuatro puntos respecto al 2020, pasando de 38,3% a 42,1%.

Según indicó CAME, por año el sector citrícola destina al menos 500.000 toneladas anuales de fruta al mercado interno. En el caso particular de las naranjas, el país cuenta aproximadamente con 46.000 hectáreas productivas, distribuidas entre las provincias de Entre Ríos (con más de 1.780 productores), Corrientes (con más de 980 productores) y Misiones (con más de 220).

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Según este trabajo, las ventas de las empresas que conforman a esta cámara provienen en un 72% de producción surgió de la formulación de agroquímicos en plantas nacionales y un 28% corresponde a la importación. El 80% de estas empresas tiene al menos una planta propia en el país.

Un dato saliente del informe surgió hablando sobre la investigación realizada dentro del sector. En los últimos cinco años, según el documento, se lanzaron al mercado nacional al menos 167 nuevos productos. En este sendero, el 74% de las compañías desarrolló algún producto de origen biológico (una tendencia creciente entre los socios de Casafe), y 4 de cada 5 realizaron proyectos de I+D en Argentina, es decir, 300 experiencias científicas totales.

Las mejoras trabajadas se centraron en las formulaciones, los perfiles toxicológicos, compatibilidad, resultados técnicos y activos con menos impacto ambiental (lo que incluyó una baja en la volatilidad y en la dosificación).

El 93% de las empresas nucleadas en Casafe (hay otra cámara nacional, con menos socios) exportaron fitosanitarios entre 2015 y 2019 principalmente a países de la región, como Uruguay, Bolivia, Paraguay y Chile. El volumen exportado llegó a 23 mil toneladas.

Bichos de Campo consultó específicamente por lo facturado durante ese período y según Casafe, entre 2015 y 2019 se obtuvo en promedio anual por la venta de agroquímicos de 1.980.018 dólares.

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El trabajo publicado en la revista de divulgación científica Sobre la Tierra fue realizado por Daniel Blum, a partir de su tesis de grado de la Licenciatura en Ciencias Ambientales de la FAUBA, dirigida por Matías Mastrangelo, investigador del Conicet, y bajo la tutoría de Sebastián Aguiar, docente de las cátedras de Ecología y Dasonomía de esa Facultad.

Aunque en 2007 se sancionó la Ley de Bosques, entre 2009 y 2016 se deforestaron en forma ilegal 750.000 hectáreas en Santiago del Estero, Salta y Chaco. Esa cifra equivale a 36 veces la superficie de Capital Federal.

A partir del estudio de 89 casos de desmonte ilegal, Blum señaló: “Aquellos con niveles intermedios o altos de poder tenderán a desmontar áreas boscosas más grandes.”

Si bien en muchos casos se apunta a la producción agropecuaria como uno de los principales factores que impulsan los desmontes, el estudio demostró que en muchos casos se deforestan suelos muy pobres y con condiciones climáticas de poca lluvia para especular en el mercado inmobiliario. En este sentido Mastrangelo indicó que para ese sector “una hectárea desmontada vale más del doble que una con bosque.”

El análisis indicó también que las provincias que recategorizaron a los bosques mediante un decreto, luego de la sanción de la ley (nos referimos a las categorías de conservación: verde, amarillo y rojo) continuaron con estas actividades ilícitas.

“En 2010, en Salta se habilitó la recategorización. Los que estaban ‘pintados’ de color rojo o amarillo —es decir, considerados de mediano o alto valor de conservación— se los pasó a color verde, con lo cual se pueden desmontar luego de una audiencia pública. Aunque la Ley de Bosques no permite reducir la categoría de protección, en las tres provincias, el 61,6% de los desmontes ilegales sucedieron tras recategorizaciones”, dijo Blum.

Otra de las conclusiones del estudio fue que la legitimidad es un factor clave para que la ley se cumpla. En aquellos territorios en los que los actores sociales no participaron, el interés en cumplir la norma fue muy bajo.

Para concluir Aguiar afirmó: “Si el Estado no dirige y regula el manejo de los territorios, se corre el riesgo de que lo definan los grupos concentrados del sector rural. Cuando esto ocurre, hay más chances de que se apropien de una gran parte de los beneficios del cambio en el uso de la tierra.”

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El relevamiento se realizó en agosto, a través de un panel online sobre 1.100 casos de personas de 18 años o más, con acceso a internet, pertenecientes a distintas zonas geográficas y niveles socioeconómicos. El propósito del estudio fue evaluar la imagen que tiene la sociedad del campo, particularmente en relación a la actividad desplegada por la cadena de ganados y carne vacuna.

El informe, que buscaba mensurar el impacto de las denuncias de grupos ambientalistas que ubican a la ganadería vacuna como la principal fuente de emisiones de gases del efecto invernadero (cuando en realidad ese demérito corresponde a la quema de combustibles fósiles), precisó que en lo que va de la pandemia, la valoración positiva se debe “seguramente a que se ha podido garantizar el funcionamiento de las distintas cadenas agroalimentarias y la sociedad no ha sufrido desabastecimiento de ninguna clase de productos”.

De esta forma, un 62% de los encuestados vinculó a la producción ganadera con una actividad sustentable, un 14% afirmó lo opuesto y un 24% demostró no tener conocimientos sobre el tema. Desde un punto de vista etario, el segmento que más se mostró en desacuerdo con la actividad fueron los centennials, de entre 18 y 25 años.

En cuanto al consumo de carne, el estudio del IPCVA reveló que el 61% de la población no siente culpa por destinar animales a la faena, contra un 39% que presentó remordimiento. En materia de bienestar animal, un 34% de las respuestas demostraron que no conocen de qué se trata ni pudieron explicar el concepto.

En relación al comportamiento de los consumidores, el estudio concluyó: “Si bien la cadena de carnes tiene en estos momentos una buena imagen y la “cultura carnívora de los argentos” no está en riesgo por posibles cuestionamientos ambientales, éticos o morales ligados a la faena de animales, es cierto que aquellos que adhieren a las conductas alimentarias que abandonan o disminuyen el consumo de carne poseen hoy en día una mayor militancia y activismo en las redes sociales. Lo que se ve o se escucha en las redes pareciera encaminarse a un mayor cuestionamiento de la carne”.

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