Hasta ahora. En los Estados Unidos a partir del 1° de enero de 2022 será obligatorio (hasta ahora era voluntario) etiquetar los alimentos  que contengan ingredientes genéticamente modificados. Sucede que en 2016, el Congreso de ese país aprobó la Ley Nacional de Divulgación de Alimentos de Bioingeniería , que ordenó al USDA (Departamento de Agricultura) que estableciera un estándar nacional para identificar ese tipo de productos en los empaques. La ley permite hasta un 5% de ingredientes modificados genéticamente y se aplica a la mayoría de los productores e importadores de alimentos en ese país.

Incluso el USDA elaboró un listado de los OGM presentes en dicho país.

Fue el ex secretario de Agricultura de los Estados Unidos de Donald Trump, Sonny Perdue, quien anunció el Estándar Nacional de Divulgación de Alimentos Modificados por Bioingeniería el 20 de diciembre de 2018. La fecha de implementación de la norma era el 1° de enero de 2020, excepto para los pequeños productores de alimentos, cuya fecha de implementación es el 1 de enero de 2021. De todos modos, hubo un plazo de gracia y recién a partir de la semana que viene la normativa será de cumplimiento obligatorio.

Hasta ahora, según cuenta una ilustrativa crónica de la revista digital Moderm Farmer, se etiquetaba a la inversa, los alimentos que no contenían transgénicos. El Proyecto No OGM permitía poner en los envases un logo que “presenta una pequeña mariposa anaranjada que está posada sobre una hierba verde”. Esa etiqueta fue creada en 2010 por dos cadenas que querían brindarles a sus clientes información sobre los OGM. Para obtener la certificación, un producto debe contener menos del 1% de ingredientes transgénicos y eso debe ser certificado por un asesor externo.

Pero a partir del 1 de enero, el sello del USDA será de uso obligatorio. ¿Tendrá efecto en los consumidores de ese país? Es lo que se preguntó un equipo de investigadores  de la Universidad de Cornell, cuyos estudios sugieren que estas nuevas etiquetas podrían pasar desapercibidas fácilmente.

“¿Necesitamos etiquetas obligatorias? ¿Si no tienen ningún efecto en el comportamiento del consumidor o en las compras de los consumidores? ¿Realmente tienen un propósito, cuando ya tenemos esta etiqueta realmente eficiente, voluntaria y sin OGM?” se pregunta Aaron Adalja, profesor asistente de gestión de alimentos y bebidas en la Escuela de Administración Hotelera de Cornell y coautor del estudio.

“En la comunidad científica, no hay evidencia comprobada que demuestre que los alimentos transgénicos tengan algún problema de seguridad o salud”, añade Adalja. “Pero dicho esto, ciertamente hay un gran segmento de consumidores que encuentran que esta tecnología es sospechosa”, aclara.

Como sea, el equipo de Cornell concluyó en que las nuevas etiquetas de divulgación obligatoria pueden no tener mucho efecto en las compras de los consumidores. Uno de los casos que estudiaron estos investigadores fue el del estado de Vermont, que en 2016 implementó una ley propia de etiquetado obligatorio, apenas treinta antes de que el Congreso aprobara el Estándar Nacional de Divulgación de Alimentos de Bioingeniería.

Por un corto tiempo, en Vermont convivieron la etiqueta voluntaria de no OGM con la etiqueta obligatoria de OGM. Eso les dio a los investigadores un excelente conjunto de datos. Aquí había un grupo definido de personas y un período de tiempo distinto: comportamiento de compra antes y después de julio de 2016. 

“No encontramos diferencias, ni cambios en el consumo de productos transgénicos o no transgénicos en Vermont”, aseguró Adalja al medio estadounidense.

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¿Qué ocurrió? Desde la Secretaria de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional de la Nación se presentó un proyecto para regular el etiquetado de los productos considerados veganos, y la UVA denunció que esa iniciativa es una maniobra para “prohibir el veganismo en Argentina” (sic).

El proyecto en cuestión indica que el término “vegano” queda reservado para los productos que “no contengan ingredientes de origen animal y/o sus derivados (incluidos los aditivos y coadyuvantes)”. Hasta aquí, nada raro.

Pero la iniciativa también determina que “será incompatible” la declaración de producto vegano “cuando la empresa declare ante la Autoridad Sanitaria que, aun habiendo aplicado las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), existe la posibilidad de contaminación accidental durante el proceso de elaboración de alguno de los alérgenos de origen animal”.

Desde UVA sostienen que ese párrafo es controversial porque el veganismo, como posición ética y filosófica que rige un estilo de vida, nada tiene que ver con cuestiones sanitarias, bromatológicas o médicas, y le hecho de establecer como obligación la declaración de una posible “contaminación cruzada” con derivados de origen animal podría desincentivar a la industria elaboradora de alimentos veganos.

“Están pidiendo algo que es impracticable porque si esto fuera posible, tanto las certificaciones a nivel mundial como la norma ISO lo tendrían como algo usual y no es así. Los empresarios deben cuidar las buenas prácticas de manufactura. La CONAL se metió en algo que no le corresponde porque la autoridad sanitaria no aplica con el veganismo, que es una posición ética, y no tiene nada que ver con riesgos sanitarios”, dijo a Bichos de Campo Manuel Martí, presidente de la Unión Vegana Argentina.

Contrario a lo que podría llegar a pensarse sobre el intento de la CONAL de lograr una mayor transparencia en los ingredientes de los productos, y asegurar de esa forma que ninguna persona vegana consuma algo con derivados de origen animal, desde el veganismo el proyecto fue interpretado como la implementación de un requerimiento que ninguna empresa del rubro alimenticio podrá cumplir, lo que derivará en una traba para la producción de productos veganos.

“Ni siquiera los que tengan plantas de producción exclusivas para productos veganos podrían asegurar que la materia prima que ingrese a su planta no tenga trazas”, señaló la UVA en un comunicado. Por eso elevaron un pedido para que estos productos sean rotulados bajo “estándares internacionales como los de la Norma ISO V 23.662 de Francia, los Criterios de V-Label de Suiza  o los Criterios de la Vegan Society de Reino Unido, entre otros”.

“¿Cómo se va a involucrar el Estado sino controla los agrotóxicos que hay en las frutas y verduras? Cada vez que va al Mercado Central todas superan los límites permitidos y eso sí que es peligroso, la gente se muere, es un veneno. Acá no estamos hablando de ningún veneno, simplemente se está hablando de que puede haber trazas que son involuntarias, que no hacen falta para producir. Si ahora la CONAL es vegana y se pone la camiseta de que no tiene que haber ninguna traza de origen animal, bueno, bienvenido sea, pero que dejen trabajar a la gente”, afirmó Martí.

El proyecto en cuestión tiene otro párrafo que también fue cuestionado: “En los rótulos de estos productos no se podrá hacer referencia a alimentos de origen animal con identidad definida establecida en el presente Código (Alimentario Argentino), ni tampoco utilizar términos o nombres de fantasía que hagan alusión a los mismos”

La intención, según lo mencionado por Martí, es que productos como las “leches y carnes vegetales” no puedan llevar esos nombres en tanto que no son realmente productos a base de leche y carne.

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Si bien desde la UVA se indicó que eso no representa un peligro, ya que se podrían sustituir esos nombres, se tomaron el trabajo de refutar el argumento por medio del uso de las definiciones del diccionario de la Real Academia Española.

“El término carne, además de las de origen animal, dice lo siguiente: ‘parte de un fruto o de un tubérculo, generalmente blanca, que está bajo la cáscara o la piel’. Y del término leche, además de las de origen animal, dice ‘jugo blanco obtenido de algunas plantas, frutos o semillas’”.

El proyecto aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial, por lo que está vigente , y desde la UVA realizaron un llamamiento público para lograr una versión alternativa de la iniciativa.

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El 29 de octubre del año pasado el Senado dio media sanción a esta iniciativa, que luego vio demorado su recorrido en la Cámara de Diputados, en parte por las presiones de un sector de la industria alimenticia.

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¿Qué dice el proyecto en cuestión? El propósito principal es “concientizar a la sociedad” sobre la calidad de los alimentos, para lo cual se incorporará un sistema de etiquetas octogonales negras con letras blancas, en el frente de los paquetes, que advertirán sobre la presencia excesiva de ciertos nutrientes críticos como el azúcar, el socio, las grasas saturadas y las grasas totales.

También se incluirían leyendas de advertencia sobre los edulcorantes y la cafeína, indicando que son productos no recomendables y que se deben evitar en niños y niñas. Los alimentos exceptuados del sello de advertencia serán el azúcar común, los aceites vegetales y los frutos secos.

Los niveles máximos de azúcares, grasas y sodio establecidos deben cumplir con los límites del Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), sistema que ya se aplica en países como Chile.

Podés ver el proyecto completo acá:

Las etiquetas se extienden también a cajas, cajones y cualquier otro tipo de empaquetado que contenga los productos en cuestión.

En cuanto a la publicidad, quedará prohibido publicitar productos dirigidos a niños, niñas y adolescentes que tengan más de dos “sellos” de advertencia. Tampoco podrán incluir dibujos animados, personajes, figuras públicas, regalos ni elementos que llamen la atención de este público.

La iniciativa también menciona la regulación de la comercialización de alimentos ultra procesados y con más de dos sellos de advertencia en entornos escolares, así como la obligación de que el Estado priorice la compra de alimentos sin sellos de advertencia.

Es importante aclarar que todas estas disposiciones afectarán a los productos que se comercialicen en el territorio nacional y no a aquellos que se exporten.

Respecto al tiempo que tendrán las empresas para acoplarse a la nueva normativa, se determinó que las grandes industrias tendrán un plazo de seis meses desde la publicación de la misma en el Boletín Oficial, pudiendo extenderse otros seis meses si el Poder Ejecutivo lo considera necesario. Las Pymes, por su lado, tendrán un plazo de 18 meses, también prorrogable.

Ahora bien, ¿cómo viene el debate en el Congreso? Esta semana en un plenario de varias comisiones de la Cámara baja (Legislación General; Acción Social y Salud Pública; Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia; e Industria) se avanzó con el dictamen del proyecto, por lo que ya quedó listo para ser tratado –y seguramente sancionado- en el recinto.

Sin embargo, hay que decir que la iniciativa generó divisiones en el interior de los bloques del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, ya que, si bien el dictamen mayoritario cosechó 91 firmas, se presentaron dictámenes de minoría alternativos.

Uno de ellos salió del propio Frente de Todos, dado que el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, consideró que eran necesarias algunas modificaciones, como la elección de otro perfil de nutrientes y la armonización con normas del Mercosur.

Por su parte, desde Juntos por el Cambio, la vicepresidenta de Salud Pública, Carmen Polledo, presentó otra disidencia y criticó el sistema de octógonos negros por ser “agresiva y estigmatizante”.

“Nuestros alimentos generan trabajo y producción, no son basura ni veneno, legislemos con responsabilidad, para educar al pueblo y mejorar nuestros hábitos alimenticios”, dijo Polledo en defensa de la industria alimentaria nacional.

Otra disidencia llegó también desde el interior de Juntos por el Cambio, de la mano esta vez de Alejandro García, presidente de la Comisión de Industria. “Hubiera sido mejor la posibilidad de buscar una real discusión y un real acercamiento al sector de la industria alimenticia”, sostuvo, para luego agregar que “a los fines de lograr una mejor alimentación, no es válido como herramienta, porque este formato termina siendo también engañoso”.

Aún con este panorama, lo cierto es que el proyecto tiene muchas posibilidades de ser aprobado tal cual está redactado. Las posibles modificaciones que puedan realizarse dependerán de la capacidad de los legisladores de realizar acuerdos políticos en medio de un clima electoral.

Fotos. El Parlamentario

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Esta iniciativa despertó una vez más señales de alarma en las empresas alimenticias, por considerar que no contempla una unificación de la normativa para el bloque del Mercosur. Además, el sector fabricante critica la base del cálculo con el se estipulan las advertencias para los consumidores.

A modo de ejemplo, la Copal elaboró una guía que explica que los productos lácteos que están dentro de los grupos recomendados para la población, igualmente quedarían etiquetados con dos o tres sellos de advertencia según lo establecido por el proyecto de ley. Básicamente dicen que no se considera el contenido intrínseco de cada uno de los nutrientes del producto, como lo son la lactosa o la grasa de la leche.

En cambio, una gaseosa tendría solo un sello porque mostraría exceso de azúcar.

Aquí se abre el debate sobre si este tipo de etiquetado, sin ningún tipo de explicación para los consumidores, solo terminaría siendo “demonizador” de muchos alimentos de consumo básico.

En este marco, el Centro de la Industria Lechera (CIL) indicó que la norma que se tratará la próxima semana en Diputados “hará que en el Mercosur los productos lácteos argentinos estén en inferioridad de condiciones respecto de los de otros países, y que un mismo producto lácteo en Argentina lleve dos sellos y en Brasil ninguno”, afectando así las exportaciones.

Siguiendo con las alimenticias, esta semana Arcor celebró su 70 aniversario y, en este contexto, su CEO Luis Pagani adelantó los planes y estrategias comerciales del Grupo. En primer lugar, la apuesta continúa firme en la internalización, es decir, la empresa que nació en Arroyito, Córdoba, quiere crecer en los mercados internacionales pero no solo con exportaciones sino también con plantas industriales fuera de la Argentina.

Por lo pronto, antes de fin de año se espera la inauguración de su primera fábrica en Angola donde fabricará su tradicional golosina Bon o Bon, además de chocolates y galletitas, entre otros productos.

Según Pagani, gracias a su desembarco con una planta propia en África el grupo conseguirá una mayor presencia en este continente además de poder exportar a nuevos destinos desde esta unidad industrial. En tanto, su asignatura pendiente continúa siendo un desembarco similar en Asia, en donde está buscando un socio local.

Actualmente, el 30% de los ingresos de Arcor corresponden a las exportaciones y su presencia en mercados externos. Justamente esta división de negocios fue clave para no caer cuando el consumo en la Argentina no termina de repuntar.

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La iniciativa, que ahora deberá ser discutida en el Congreso, plantea un punto de riesgo de colisión con actividades agropecuarias convencionales, que sí utilizan biotecnologías o insumos químicos, al plantear en su artículo 8° que “queda prohibido el ejercicio de actividades por parte de terceros que vulneren o restrinjan el derecho a ejercer libremente el desarrollo de la producción agroecológica”.

El proyecto de ley, que aquí reproducimos completo, tiene como objetivo general “el fomento, promoción y fortalecimiento de políticas, programas, proyectos y acciones para el desarrollo de la agroecología como sistema integral de producción, comercialización, agroindustrialización y consumo de alimentos, con centralidad en su carácter sustentable en lo social, económico, cultural y ambiental”, según aclara el primer artículo del texto.

“Asimismo –agrega- busca promover la integración a los planes de ordenamiento territorial, en sus diversas escalas, de acciones tendientes a la protección de los desarrollos agroecológicos existentes, así como de la promoción y acompañamiento de nuevas producciones agroecológicas”.

¿Qué se entiende por agroecología? En este punto el proyecto omite dar una definición clara y apunta a que se trata de un “paradigma que incluye elementos técnicos, ecológicos, científicos y de organización social para la producción de alimentos y otros bienes primarios o rurales desde un enfoque holístico e integral”.

La ley caracteriza a los sistemas de producción que estarán incluidos en este programa de fomento y especifica, en su artículo tercero, que no serán parte aquellos que usen “productos químicos de síntesis (plaguicidas, fertilizantes, hormonas, etc.) y organismos genéticamente modificados”.

Por el contrario, serán considerados aquellos sistemas que se caractericen por “preservar los sistemas productivos ambientalmente sustentables y energéticamente sostenibles con reducida dependencia de insumos externos, promoviendo la utilización y circulación de materiales locales”, además de aquellos que “promuevan una producción sustentable y sostenida de alimentos sanos y el acceso a los derechos de alimentación variada, sana y nutritiva”.

La autoridad de aplicación será en primera instancia el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesa de la Nación y los beneficiarios serán “los productores y productoras rurales, perirubanos y urbanos que realizan sus actividades de forma individual, familiar, colectiva, comunitaria o asociativa, incluyendo trabajadores y trabajadoras rurales”. Se priorizarán además los agricultores, campesinos e indígenas y a sus organizaciones “en reconocimiento de su rol histórico en la preservación de los bienes naturales y culturales”.

Los puntos centrales del proyecto radican en la creación de un registro nacional de productores -copiando una idea semejante de la Provincia de Buenos Aires-, en el que se pondrán anotar y quedarán identificados los productores agroecológicos.

Posteriormente a ello, el Ministerio de Agricultura generará los mecanismos necesarios para la correcta identificación o etiquetado de los productos agroecológicos, que es la gran materia pendiente de este sector, que siempre ha renegado de los sistemas de certificación que tiene la agricultura orgánica, también fijados por otra ley en los años 90.

Por otro lado, se creará el Sistema Participativo de Garantía para la Producción Agroecológica (SPGPA) en el ámbito del Ministerio, para “garantizar un proceso participativo, con arraigo territorial y colectivo para el desarrollo de la normativa, la puesta en práctica y verificación de los sistemas de producción y elaboración, de manera integral y periódica de la producción agroecológica, buscando promover así la organización social de productores/as y consumidores/as y la gobernanza local”.

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Será cada vez más difícil exportarle a Europa. De aprobarse este tipo de normas, Argentina -al igual que otros tantos países extracomunitarios- deberá ponerse a tono de los nuevos requisitos.

El interés por elevar las exigencias de sostenibilidad surge de una preocupación del sector comercial español, que considera que hay falta de reciprocidad y desigualdad entre sus competidores. En ese marco, representantes de la Comisión Europea (CE) y del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (Mincotur) se reunieron para analizar los acuerdos comerciales con terceros países.

El director de Relaciones Internacionales de la Dirección General de Agricultura de la CE, John Clarke, sostuvo que en el futuro “todos los acuerdos comerciales deberán tener capítulos de sostenibilidad, no los renegociaremos. La UE tiene poder para elevar los estándares ambientales”.

Por su parte Juan Francisco Martínez, director general de Política Comercial del Miinisterio de Comercio español, expuso el apoyo del gobierno de ese país por una “ecologización de la política comercial” y respaldó introducir en los acuerdos bilaterales “un requisito de producción sostenible en el sector agrario”.

Un ejemplo señalado fue el de Bélgica, que cuenta con el programa “De la granja a la mesa”, que elevó las exigencias para agricultores de la UE sobre los restos de pesticidas en la importación.

Aún así ambos funcionarios advirtieron que restricciones muy duras podrían tener efectos negativos en países como España que requiere “suministros” de otras naciones. Afirmaron que es peligrosa la tendencia de fomentar “solo la producción local”, puesto que un comercio competitivo agroalimentario debe combinar “lo local, lo internacional y lo regional”.

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Martínez agregó que la sostenibilidad no debe implicar “el cierre de fronteras o situaciones no deseables como una espiral proteccionista”.

El otro eje del debate, relacionado a la implementación de un etiquetado sobre bienestar animal, viene de la mano del creciente interés por darle mayor competitividad a los productos europeos, frente a los de terceros países, además de mantener informados a los consumidores.

Una de las principales preocupaciones gira en torno a el transporte de ganado vivo, que muchas veces implica largos viajes para los animales. Este tema se instaló fuertemente en agenda luego de que el año pasado se hundiera el Gulf Livestock con 6.000 cabezas de ganado y 41 tripulantes a bordo.

Ese hecho impulsó incluso el anuncio de Nueza Zelanda en el cual informaron el cese de exportaciones de animales en pie para 2023, para conservar la reputación de “nación que da un trato ético a los animales”.

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Entre los países adherentes a la iniciativa del etiquetado está España, quien lo respaldó en caso de ser voluntario; Francia, que consideró que “es un factor de futuro” que permitirá a los europeos “crear valor, diferenciándose de otras forma de cría que se aplican fuera de la UE”; e Italia que opinó que el bienestar animal “tiene que ser una prioridad en la agenda” y abogó por “penalizar los comportamientos que no respeten los principios fundamentales de trato”.

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El proyecto, que obtuvo 64 votos a favor y tres en contra, fue apoyado mayoritariamente, por oficialistas y opositores. En contra solo se expresaron las legisladores tucumanas Silvia Elías de Pérez, del radicalismo; y Beatriz Mirkin, del Frente de Todos; y la riojana del interbloque Parlamentario Federal, Clara Vega.

El proyecto busca garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada a través de la promoción de una alimentación saludable, brindando información nutricional simple y comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas.

También, en el caso de los productos con edulcorantes, debe contener una leyenda precautoria, inmediatamente por debajo de los sellos de advertencia, con la leyenda: “Contiene edulcorantes, No recomendable en niños/as”.

Los valores máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas totales y sodio establecidos deben cumplir con los límites del Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud.

Además, se exceptúa de la colocación de sello en la cara principal al azúcar común, sal de mesa, aceites vegetales y frutos secos.

Asimismo, se obliga a las empresas a declarar el contenido cuantitativo de azúcares, entendiéndose como hidratos de carbono simples (disacáridos y monosacáridos), en el rotulado nutricional de los alimentos envasados para consumo humano.

Entre otros aspectos, el proyecto prohíbe que los alimentos y las bebidas analcohólicas que contengan algún sello de advertencia, incorporen información nutricional complementaria; logos o frases con el aval de sociedades científicas o asociaciones civiles; y personajes infantiles, animaciones, celebridades, deportistas, entre otros.

Una de las autoras del proyecto, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, se mostró “convencida de que mejorar la calidad de información de los alimentos que consumimos es una demanda social”.
“Quienes no vean esto están negando una realidad que existe en la Argentina”, sentenció.
La legisladora oficialista remarcó que “la información que hoy hay en los productos alimenticios son inentendibles”.

“Esta ley no es contra nadie. Es a favor de todos los argentinos que tenemos el derecho de saber qué comemos y qué queremos que coman nuestros hijos”, afirmó.

En tanto, el radical mendocino Julio Cobos, otro de los autores del proyecto, mencionó que hay un “crecimiento del 75% de factores de riesgo, principalmente de obesidad y sobrepeso” y comentó que “más de 27 millones de argentinos tienen exceso de peso”.

“Debemos atacar este problema. Y eso se hace a través de la prevención que es, en definitiva, el objetivo de este proyecto”, indicó.

Cobos agregó que “este sistema es claro, advierte al consumidor y va en beneficio del consumidor” y aclaró que “no se está demonizando ningún producto ni prohibiendo nada. Estamos advirtiendo a la población mediante un etiquetado claro y simple. Después, la población tendrá derecho a consumir lo que quiera”, sentenció.

Frente a esta media sanción, especialistas de Unicef y organizaciones médicas celebraron la aprobación por parte del Senado del proyecto de Ley sobre Etiquetado de Alimentos, al que consideraron “una herramienta clave para que las personas puedan elegir mejor”, y expresaron su expectativa de que la Cámara baja le dé sanción definitiva al texto sin modificaciones.

“Estamos muy contentos de que el proyecto que aprobó el Senado haya sido el que salió por dictamen de comisiones sin modificaciones porque se trata de una norma muy integral”, dijo a Télam Fernando Zingman, especialista en Salud de Unicef. Sostuvo que “el etiquetado que propone el proyecto es entendible por todos y todas, también por niñas y niños, y está demostrado que es una medida que defiende a los consumidores frente al automatismo de la compra”.

“Cuando estamos frente a una góndola, hay componentes como los colores, el diseño de la etiqueta, la forma en la que se presenta el producto que inciden en nuestra decisión y el etiquetado actúa en ese momento como una advertencia”, describió.

Zingman señaló que “estas acciones son particularmente importantes frente a niños y niñas que están muy indefensos ante la publicidad y terminan condicionando sus consumos”, e indicó que, “si bien esto no soluciona el problema de la obesidad o la malnutrición, es un paso enorme para la salud pública”.

“Es una muy buena noticia que el Senado haya aprobado el proyecto”, sostuvo también Leila Guarnieri, nutricionista e investigadora del área de alimentación de Fundación InterAmericana del Corazón Argentina (FIC), una de las organizaciones que durante años realizó investigaciones aportando evidencia local sobre la necesidad de mejorar el sistema de etiquetado en el país.

Tanto Unicef como FIC Argentina forman parte de la Coalición Nacional para Prevenir la Obesidad en Niños, Niñas y Adolescentes, un espacio conformado por más de 50 organizaciones de todo el país que venían impulsando este proyecto de ley.

Carmelo Gallardo, especialista en Seguridad Alimentaria a cargo de la Representación de FAO en Argentina, destacó -por su parte- que “el etiquetado frontal de alimentos resulta también una estrategia para garantizar el derecho a la alimentación, la salud y combatir la malnutrición y el sobrepeso”.

“Recordemos que este derecho no solo se entiende en términos de cantidad suficiente de alimentos sino también en términos de una alimentación adecuada, de la cual el derecho a la información también forma parte y es necesario para que las personas puedan elegir”, consideró.

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Para Tiscornia, una parte de responsabilidad de que nuestros corazones anden mal viene de las grandes industrias alimenticias. “Muchas veces los intereses de la industria son contrarios a la salud pública”, remarcó la profesional, que afirmó: “Queremos que la implementación de políticas sea transparente y que sea el Estado el que se asegure de que no haya interferencia, ya que el interés primordial es cuidar la salud”.

Dicho todo esto, Tiscornia contó que “desde FIC hicimos un estudio en donde evaluamos la coherencia política que hay entre las políticas de salud de los ministerios, con las políticas concretas de promoción del consumo de frutas y verduras; y vemos que hay mucha desarticulación entre los diferentes ministerios. Así será muy difícil llegar a las 5 porciones diarias recomendadas para el consumo de productos frescos”.

Las cifras marcan que hoy sólo el 6% de la población cumple con la recomendación de comer esas 5 porciones de frutas y verduras recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El promedio nacional de consumo por persona es de 2 porciones por día. “Estamos lejos de los ideales”, se lamentó la experta.

Mirá la entrevista completa a Victoria Tiscornia:

Según la magister en Nutrición Humana, “es el entorno obesogénico que nos rodea, el que nos condiciona a no tener un mejor tipo de alimentación, porque estamos bombardeados de manera constante por el marketing de productos ultra procesados, donde la industria nos los vende como más prácticos y fáciles de cocinar”.

Ese tipo de alimentos, según Tiscornia, “están al alcance de todos, son muy baratos, y además, están disponibles en todos los entornos escolares. Hablo de galletitas, alfajores y snacks. Son una competencia muy grande frente a las frutas y verduras”.

La especialista se mostró preocupada por los índices de exceso de peso de la población en Argentina, y lo relacionó de modo directo con el cambio de patrones de consumo en la población, a nivel global.

“Hoy la tendencia en el consumo de productos ultra procesados es muy alta; son alimentos altos en nutrientes críticos, que son los que causan estas enfermedades cardiovasculares; son sodio, azúcar y grasas, además de aditivos. Y estos aumentan en detrimento del consumo de alimentos naturales sin procesar, como son las frutas y verduras”, explicó.

En Argentina, la tendencia de exceso de peso es clara en todos los grupos etarios, según Tiscornia, y “es una causa primordial en enfermedades crónicas no transmisibles y cardiovasculares: 7 de cada 10 adultos tienen exceso de peso, según muestra la última encuesta de factores de riesgo, y el consumo de sodio y azúcar duplica el consumo máximo recomendado. Por ejemplo, el consumo de bebidas azucaradas es de los más altos del mundo. Esto preocupa sobre todo en los grupos socialmente desfavorables”.

Y entonces, ¿Cómo lograr un mayor consumo de frescos en la población?

Tiscornia resaltó que tanto la OMS como la Organización Panamericana de la Salud, recomiendan un paquete de políticas para transformar el entorno obesogénico en el que estamos, en un entorno más saludable.

Ver Informe de la FIC que analiza la cadena de suministro de frutas y verduras en la Argentina

“Estas políticas se centran en promover un etiquetado frontal que desmotive el consumo de productos ultra procesados, promover entornos educativos saludables, restringir el marketing de alimentos ultra procesados en medios de comunicación, y promover políticas fiscales, como se hizo en México, donde ya se demostró una disminución en el consumo de bebidas azucaradas, y poner políticas de subsidios para consumo de frutas y verduras”, enfatizó.

Acerca de qué tipo de receptividad muestra el Estado argentino para discutir este tema, Tiscornia reconoció que “es una ardua tarea y un desafío, porque el lobby de la industria es muy fuerte. Algunas de las políticas que quisiéramos son las de promover entornos escolares saludables, regular el marketing de alimentos ultra procesados y ponerles un etiquetado claro que identifique a estos productos”.

En referencia a la política de etiquetado correcto de los alimentos ultraprocesados, la investigadora explicó que “los mismos constan de octógonos negros que van al frente del envase, y que indican claramente cuándo un producto tiene exceso de sodio, azúcar o grasas. De este modo, te informa que ese producto no es saludable, y así la persona puede elegir libremente si desea consumirlo o no”.

Ver: La nutricionista Carolina Ramos advierte que “la equidad nutricional en el país es bajísima”

En Brasil, por ejemplo, Tiscornia comentó que “se implementó que el 30% de los fondos de compras de alimentos sea destinado a productores locales y a la agricultura familiar”, aludiendo a que se puedan comprar frutas y verduras en la zona, de modo más directo, sin mecanismos de licitación de empresas. “Eso sería lo ideal, pero una vez más, se requieren de políticas más articuladas del Estado”, indicó.

“Lo que pasa es que hoy la información es confusa, y además, no es obligatorio para la industria declarar el contenido de azúcar; entonces la población consume este tipo de alimentos pensando que es saludable, porque lo que en realidad predomina en el envase es el marketing del alimento; este tipo de mensajes del tipo ´fuente de vitaminas y minerales´o ´bajo en azúcar´y no hay ninguna advertencia que marque que es un producto nocivo para la salud”, concluyó.

La entrada Metele corazón: Los médicos advierten que el Estado no aplica políticas concretas a favor de una alimentación saludable se publicó primero en Bichos de Campo.

“Resulta adecuado realizar el reordenamiento propuesto a los fines de simplificar la información a la industria para su rápida y correcta interpretación”, indica la resolución, que en su primer artículo aprueba “las condiciones para la identificación de los productos de la industria vitivinícola liberados al consumo”, y en el segundo establece que “las etiquetas utilizadas deben registrarse ante el INV previo a la circulación”.

Un dato clave es establecido en el artículo 4: “Quedan incluidos en el régimen de la presente medida los Vinos Caseros y Artesanales”, determina.

En un anexo que acompaña la norma se determina luego qué es lo que deberá informarse obligatoriamente en las etiquetas de los vinos. La información es tanta que las etiquetas deberán ser diseñadas con una tipografía muy, pero muy pequeña.

“La información presentada debe ser clara, precisa, verdadera y comprobable, con el objeto de no inducir a error, engaño o confusión, respecto al origen, naturaleza, calidad, pureza o mezcla y/o técnicas de elaboración”, indica ese anexo.

Allí se definen los aspectos de mención obligatoria en las etiquetas de los vinos:

• MARCA DEL PRODUCTO Debe figurar en forma relevante y destacada.
• DENOMINACIÓN LEGAL DEL PRODUCTO Deberá colocarse conforme al Artículo 17 de la Ley N° 14.878 y demás normas complementarias.
• GRADO ALCOHÓLICO Deberá expresarse en porcentaje en volumen (% vol.), precedido por la expresión: “Grado alcohólico”, la que podrá ser reemplazada por la palabra “Alcohol” o su abreviatura “Alc.”. El grado consignado en el marbete podrá variar en MEDIO GRADO en más o en menos, con respecto al del Análisis de Libre Circulación.
• CONTENIDO NETO Se deberá indicar expresado en MILILITRO (ml), CENTILITRO (cl) o LITRO (l).
• PAÍS DE PRODUCCIÓN Deberá indicarse ”Argentina”, “Industria Argentina”, “Producción Argentina”, “Producto de Argentina”, “Elaborado en Argentina”, “Producido en Argentina” o “Vino de Argentina”.
• DATOS DEL FRACCIONADOR Deberá consignarse el número de inscripción del establecimiento fraccionador y el nombre comercial o la razón social del mismo, debidamente declarados ante el INV. En caso de envasado por cuenta de terceros se indicará el número de inscripción del establecimiento fraccionador y los datos particulares del sujeto para quien se efectúa el fraccionamiento, precedido de los términos “embotellado para…” o “envasado para…”.
• ANÁLISIS DE LIBRE CIRCULACIÓN Se consignará el número de Análisis de Libre Circulación otorgado por el INV.
• PRODUCTO CON CONTENIDO DE AZÚCAR Será obligatorio para todos los productos, incluidos los espumantes, consignar el contenido de azúcar sólo cuando el producto contenga SEIS (6) o más GRAMOS POR LITRO (g/l) de azúcar de uva. Se expresará en GRAMOS POR LITRO (g/l) o porcentaje, anteponiendo al valor la expresión “Az. uva” (Ejemplo Az. uva 0,6 %).
• CARACTERÍSTICAS CROMÁTICAS Deberá indicarse el color que corresponda según el Análisis de Libre Circulación y/o Aptitud de Exportación. Quedan exceptuados de esta exigencia los siguientes productos: Vino Espumoso o Espumante, Espumoso Frutado Natural, Vino Espumante Dulce Natural, Cóctel de Vino, Mistela y Chicha de Uva.
• PRODUCTOS ELABORADOS CON COMPONENTES NO VÍNICOS En los productos en los que participan compuestos no vínicos, debidamente autorizados por este Organismo, debe indicarse el componente vínico base y los compuestos no vínicos que lo caracterizan, con sus porcentajes correspondientes.
• ISOLOGO “VINO ARGENTINO BEBIDA NACIONAL” Deberá colocarse el isologo del “Vino Argentino Bebida Nacional” o su texto equivalente, conforme la obligatoriedad establecida en el inciso c) del Artículo 3° de la Ley Nº 26.870 y a los modelos y condiciones establecidas por la Resolución Nº 893 de fecha 14 de setiembre de 2011 del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. El isologo del “Vino Argentino Bebida Nacional” deberá respetar como mínimo DOCE MILÍMETROS POR DOCE MILÍMETROS (12 mm x 12 mm) y el mismo podrá incorporarse en cualquiera de los elementos que constituyen el etiquetado. Podrá incorporarse el texto equivalente del isologo del “Vino Argentino Bebida Nacional” o en el idioma del país de destino, o formando parte de un código de trazabilidad bidimensional del tipo códigos QR, el cual no deberá ser inferior al tamaño establecido en el párrafo anterior.
• PRESENCIA DE SULFITOS O DIÓXIDO DE AZUFRE. Deberá indicarse la presencia de sulfitos para concentraciones iguales o superiores a DIEZ PARTES POR MILLÓN (10 ppm), mediante las siguientes leyendas: “CONTIENE SULFITOS”, “CONTIENE DIÓXIDO DE AZUFRE” o expresiones equivalentes.
• PRESENCIA DE HUEVO, LECHE Y SUS DERIVADOS. De corresponder deberá indicarse la presencia de huevo y sus derivados, como también de leche y sus derivados, mediante las siguientes leyendas: “CONTIENE LECHE O SUS DERIVADOS” o “PUEDE CONTENER LECHE O SUS DERIVADOS” o “CONTIENE DERIVADOS DE LA LECHE” o “PUEDE CONTENER DERIVADOS DE LA LECHE” y “CONTIENE HUEVO O SUS DERIVADOS” o “PUEDE CONTENER HUEVO O SUS DERIVADOS” o “CONTIENE DERIVADOS DEL HUEVO” o “PUEDE CONTENER DERIVADOS DEL HUEVO”.
• ADVERTENCIA SANITARIA En cumplimiento de la Ley N° 24.788, los productos vínicos que se comercialicen en el país, deberán llevar en sus envases, con caracteres destacables y en un lugar visible, las siguientes leyendas: “Beber con moderación”, “Prohibida su venta a menores de 18 años”.

La totalidad de las leyendas obligatorias deberán ser impresas en los elementos fijos del etiquetado, en caracteres legibles y colores indelebles, que en su contraste, sean fácilmente perceptibles para el consumidor. “El tamaño de la letra no será inferior a 1,50 milímetros, duplicándose en el caso de las menciones del contenido neto y el grado alcohólico”, añade la normativa.

Adicionalmente se definen reglas para informar la procedencia de cada vino u otras características “que brindan al consumidor información complementaria a las obligatorias”. Son:

• DOMICILIO DEL FRACCIONADOR Como complemento de los datos del fraccionador, podrá indicarse el domicilio completo (calle y número, localidad, departamento y provincia) que deberá ser impreso con el mismo color, tipo de letra y grosor de trazo que los datos referidos, y en ningún caso podrán superar a UNO COMA CINCUENTA MILÍMETROS (1,50 mm) de altura.
• ORIGEN Todo nombre geográfico que aparezca en algún lugar del etiquetado, aun formando parte de textos complementarios, sólo podrá consignarse si el mismo se encuentra reconocido y registrado como Indicación de Procedencia (IP), Indicación de Origen (IG) o Denominación de Origen Controlada (DOC), debiendo el interesado contar con el derecho a uso otorgado para el producto que se pretende identificar.
• AÑO DE ELABORACIÓN Podrá mencionarse el año de elaboración, siempre que el producto provenga como mínimo, en un OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85 %) de la vendimia citada.
• DENOMINACIÓN VARIETAL Podrá mencionarse la variedad o las variedades utilizadas en su elaboración, siempre que cumpla con ciertos requerimientos.
• MENCIONES TRADICIONALES COMPLEMENTARIAS 1. Podrán mencionarse las expresiones RESERVA y GRAN RESERVA. También podrá mencionarse el término “ROBLE” como indicativo de característica diferencial. Se autorizan también en ciertos casos las expresiones: “BARRICA”, “CRIANZA EN ROBLE”, “CRIADO EN BARRICA DE ROBLE” o similares.
• ALIMENTOS LIBRES DE GLUTEN Los establecimientos vitivinícolas que deseen colocar las leyendas “Libre de Gluten” y “Sin T.A.C.C.” y el símbolo obligatorio para identificar que el producto es libre de gluten, deberán manifestar expresamente que su producto acredita tal condición mediante Declaración Jurada.
• VIÑEDO ÚNICO Se podrá mencionar cuando el vino haya sido obtenido de un único viñedo y cumpla con la reglamentación vigente en la materia.
• PRODUCTO ORGÁNICO, ECOLÓGICO O BIOLÓGICO Se podrá mencionar cuando el vino obtenido cuente con la certificación correspondiente para la elaboración de este tipo de productos y cumpla con la reglamentación vigente en la materia.
• OTRAS CERTIFICACIONES: En aquellos productos en los que se desee mencionar cualquier otra certificación como “Alimentos Argentinos”, “Biodinámico”, “Aptos para Veganos”, “Sustentabilidad”, etc., se podrá indicar siempre y cuando cuente con el certificado correspondiente, emitido por la autoridad competente. Ninguno de los términos que se quiera mencionar podrá consignarse en forma conjunta con la denominación legal del producto.

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“No pasa nada acá con el etiquetado acá. Debería estar pasando algo. Pasa en todo el mundo. Acá tenemos una etiqueta nutricional, que si sos una persona saludable no debería importarte. Con esa etiqueta que se lee perfecto, que tiene el mayor tamaño, nos hicieron espejitos de colores durante algún tiempo. Esa etiqueta le sirve a quien tiene alguna patología, que no puede comer alguna de esas cosas y que debe cuidarse”, razonó la chef.

Pero Lepes considera que ese etiquetado apunta solo a prevenir y no ayuda a los consumidores a ejercer una alimentación más saludable. “Lo que yo al menos quiero es que sea una etiqueta que me diga que esto en su gran mayoría es comida y es lo que creo que es. Si esto es tomate, que sea tomate, y no que sea con gusto a tomate o con 2% de tomate disecado y almidón”, dijo, haciendo alusión a que se engaña bastante a los consumidores en este tema.

En este sentido, Narda opinó que “la comida es transversal a todo” y así debe ser concebida desde el sector público. “Está en Producción, en Agricultura, en Desarrollo Social, en Educación, en Cultura, en Salud, en lo ecológico y lo ambiental. Lo que comemos cruza todos los ministerios. Todos deberían alinearse y ver que acá hay un bache, o por lo menos conversar sobre el tema de una manera seria”, dijo a Bichos de Campo.

Mirá el reportaje completo realizado a Narda Lepes:

Lepes aclaró que ahora -en la agenda pública- como “el hambre toma un lugar más urgente, entonces este debate pasa a un segundo plano. Pero cuando esto logre paliarse, debería volver a hablarse de alimentación como un plan, pero en todos los ministerios juntos, no en uno solo”.

En cuanto a las empresas alimenticias, Narda reconoció que “hay quienes tratan de hacer cosas mejor, y quizás podrían acelerar un poco los procesos. Es hora de acelerar procesos. Pero hay otras empresas a las que no les importa nada, sino que van atrás de lo que es más redituable porque les sale más barato hacerlo. Por eso creo que la industria no es una sola sino que hay matices”.

Según la cocinera, “la gente busca una solución inmediata para remediar un vínculo roto, pero no sólo con la carne sino con la comida en general, sobre todo con los vegetales, que es donde está más roto el vínculo. Creo que buscamos algo que sea inmediato, y lo que no está sano es el vinculo con la comida, es decir, entender la estacionalidad, entender lo que te pasa cuando lo comés”.

“La comida no termina cuando la terminaste de tragar sino cuando la terminaste de digerir. Ese vínculo, lo que te pasa a vos, no es lo mismo que lo que me pasa a mi. Entonces no te sirve el consejo del otro, a excepción de las seis recomendaciones universales que son: tomá más agua, comé más frutas, más verduras, más legumbres, menos carne y hacelo en estación”, enumeró la cocinera.

¿Y qué es comer bien? Lepes dijo que “tiene que ver con uno. Tenés que encontrar la manera de comer algo que a vos te haga mejor, que sea para vos. Las únicas seis cosas es lo único que yo creo que es completamente transversal a todo el mundo. Después si no querés comer carne es decisión tuya, pero sí comer menos de la cantidad que comemos”.

En este sentido, Lepes también criticó al campo por no estar comunicando correctamente ni abordar esta discusión. A su criterio, el agro “no está comunicando nada, porque en la percepción de la gente se ve que el campo no está relacionado a un brócoli, a un tomate o un durazno. En cambio ven que tiran peras, porque el precio ridículo que perciben hace que ni siquiera valga la pena cosecharla. O bien les llegan noticias que hablan sobre si fumigan o no fumigan, o cuántos millones de dólares hay en el puerto. Pero el campo hoy no está relacionado con la comida. Aunque sí lo está, porque la comida viene de ahí. El campo es comida, pero la gente no sabe de donde viene”.

La pregunta acerca de cómo alimentamos a gigantes como China e India es, según Narda, “la que nos trajo hasta acá, y hasta los quilombos que tenemos hoy, cuando la formularon en 1981, luego del Live Aid. La pregunta debería ser cómo producimos y qué modelo queremos. Pero no es una pregunta que yo pueda contestar. Creo que hay gente especializada que debería responderla, de modo serio y no con plata de por medio”.

En este contexto, Narda opinó sobre la “carne de laboratorio”.

Lepes dijo que “la idea está verde, pero la técnica creció mucho desde que yo supe de esto hace 7 años; ya tiene grasa y la están haciendo cultivar con hueso. Ahora, otra cosa es la hamburguesa vegetal y eso a mi no me va. Para mi es comida de reemplazo y de mala calidad. Pero la brecha tecnológica para entender qué es la carne sintética, es muy grande todavía. Pero sí va a crecer y será radical. Yo no tengo drama en probarla pero no sé en qué lugar de mi cabeza ponerla”.

Para la cocinera, “los más jóvenes están dispuestos a probar cualquier cosa, desde algo que sea completamente artificial y sintético, o de colores fluorescentes. Ellos la van a probar. Creo que las cosas que cambian el curso de algo que afecta a tantos millones de personas, sí hay que tenerlas en cuenta”.

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