El gobierno confirmó que habrá siete cortes populares cuya exportación estará prohibida por completo, a excepción de que provengan de las vacas conserva categoría D y E. Pero además se publicó otra norma que otorga un plazo mayor a las plantas de faena para que avancen con el cuarteo de la media res, como en los países más civilizados.

Conociendo a los malandras de la industria frigoríficos, se necesitarán hombres valientes para custodiar que ambas cosas se cumplan. Nuestra dupla de héroes, como en cualquier pareja de policías que patrulla las calles peligrosas de la ciudad, está integrada por un veterano y otro más novato.

El veterano es el actual vicepresidente del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), el santacruceño Carlos Milicevic. El sabe bien de qué se trata todo esto de los permisos de exportación pues en 2007, cuando el gobierno de Néstor Kirchner cerró por primera vez las exportaciones de carne, era el segundo de Javier De Urquiza en Agricultura y fue quien armó los primeros ROE. Aunque luego fue marginado del gobierno de Cristina Kirchner, su experiencia despierta respeto dentro de Inteligencia Interna de la policía kirchnerista. Dicen que el ministro Julián Domínguez quería correrlo del caso, pero el teléfono sonó y ordenó que lo dejaran tranquilo cumplir con sus funciones como segundo del Senasa.

El novato tiene menos recorrido custodiando los intereses de los contribuyentes, aunque algunas batallas ya le permitieron mostrar que puede dejar sus escrúpulos de lado a la hora de defender el interés general: Luciano Zarich fue el sub-interventor de la aceitera Vicentín en el fallido intento del gobierno por expropiar esa compañía. Gracias a los servicios prestados, la comandancia lo premió en marzo del año pasado con el cargo de director nacional de Control Comercial Agropecuario. Es decir que está a cargo nada menos que de la ex ONCCA, desde donde se administraban los ROE creados por Milicevic.

Esta dupla ya mostró que está tocada por la varita mágica cuando el pasado 10 de diciembre ambos participaron como representantes del Ministerio de Agricultura en el cónclave en el que el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, acordó con los frigoríficos exportadores del Consorcio ABC un aporte extraordinario de carne barata por las fiestas de fin de año.

Estos dos policías ahora tendrán una tarea crucial: deberán controlar que los oscuros empresarios de los frigoríficos no le metan el perro al Estado y cumplan con todas las obligaciones que surgen del nuevo esquema de regulación del comercio exterior de carnes que ellos mismos ayudaron a diseñar.

Zarich debe pagar el derecho de piso y carga con la tarea más difícil, pues en la ex ONCCA se deben recibir diariamente los nuevos ROE o permisos de exportación, que ahora se llaman DJEC. El novato no solo tendrá que analizar si los frigoríficos cumplen con todas las reglas y están en condiciones de exportar los cortes que produzcan a los mercados que los compran. También deberá comunicar de cada pedido de exportación al comisionado Feletti, para que Comercio Interior también de su visto bueno.

Milicevic, que ostenta en el Senasa el poder de policía sanitaria, ahora se ocupará de hacer control comercial en los frigoríficos y pondrá allí a los veterinarios que deben controlar que no haya brucelosis o tuberculosis o BSEy mucho menos vaca loca también a verificar cosas que no le incumben, como si las medias reses que se van a exportar sean efectivamente de vacas de las categorías D y E. Eso responde a una cosa llamada “tipificación”, que en realidad está en la órbita de al ex ONCCA, donde incluso se otorgan las habilitaciones a los “tipificadores”. Pero bueno, ya se sabe, Zarich y Milicevic forman un buen equipo.

“La medida de fiscalizar los cortes o categorías que autorizan o no para exportar es una medida netamente comercial y la va a fiscalizar Senasa, cuando es la ONCCA la que habilita a los tipificadores y la Aduana la que debería controlar las cargas”, dijo un conocedor de la calle y de todas sus trampas, revelando que aquí, en este caso, será la propia policía la que se excederá un poquito en sus funciones.

En la peligrosa calle, a veces no se sabe quién es el bueno y quién es el malo. Los roles se confunden. Por eso también llamó la atención de los observadores que la Resolución conjunta 10 de los Ministerios de Agricultura y de Desarrollo productivo, que es la que dispuso una prórroga de hasta un año para la puesta en vigencia en las plantas frigoríficas de un plan par eliminar la media res y avanzar en el cuarteo, haya asignado a la ex ONCCA de Zarich una función que, al revés de la anterior, correspondería asumir al Senasa.

En efecto, esa norma informa a las plantas de faena que deberán presentar un plan para adecuar sus instalaciones a fin de trozar la media res a… la Dirección de Control Comercial Agropecuario, siendo que se trata de una cuestión más sanitaria que comercial.

Pero ya se sabe, Zarich y Milicevic, el novato y el veterano, conforman un verdadero equipo que tiene la venia de los altos mandos,  a quien poco lo informan las formas y no le importa violar reglas para lograre los objetivos. Ellos son dos policías en apuros. Van a cumplir con su misión, no importe que a veces se excedan en sus funciones.

La entrada Dos policías en apuros: La ex ONCCA ahora controlará normas sanitarias mientras que Senasa controlará cuestiones comerciales se publicó primero en Bichos de Campo.

-No, hay siete cortes que no se pueden exportar bajo ninguna circunstancia hasta fines de 2023, es decir durante todo el gobierno de Alberto Fernández. Representan cerca del 22/24% del peso de una media res. Son el asado, la tapa de asado, la falda, el matambre, la paleta, el vacío y la nalga, que reemplazó en este listado a la cuadrada. Obviamente también se veta la exportación de la media res entera o de los cuartos del animal, porque si no saldría alguno de esos cortes prohibidos.

-¿Y no hay excepciones para exportar esos cortes?

-Solamente se pueden exportar esos siete cortes si provienen de una vaca vieja categoría E y D, que es la que se antes utilizaba para hacer “conserva” y que últimamente se vendía a China. También la carne de los toros se puede exportar completa.

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-¿Entonces eso es lo único que está liberado? ¿La famosa vaca conserva?

-Al parecer sí, además de los “huesos con carne”, que son los que quedan de la depostada. En este tiempo de veda los frigoríficos han multiplicado esos envíos varias veces, que sirven para hacer calditos en China.

-China representa el 75% de nuestra exportación de carne vacuna. ¿Por lo menos se libera la vaca conserva entonces?

-Solos las categorías D y E. Si yo quiero exportar un corte permitido de una vaca categoría C (más joven), honestamente no sé lo que sucede. No se puede responder -con las reglamentaciones vigentes por ahora- si te darán permiso o no.

-¿Qué es eso de “si te darán permiso o no”?

-Y sí. Antes de cerrar las exportaciones de carne en mayo, el gobierno creó las DJEC (Declaración Jurada de Exportación de Carnes), algo así como los viejos y queridos ROE. ¿Vos querés exportar? Tenés que presentas una DJEC y ellos te dicen a los 5 días si te la aprueban.

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-¿Quiénes son ellos?

-Bueno, la que hace el trámite es la devaluada ex ONCCA (Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario), que depende del Ministerio de Agricultura. Pero hay una doble botonera, porque ese organismo consulta a su vez ante cada DJEC a Comercio Interior, que puede bocharte cualquier solicitud de embarque por diversos motivos. Incluyendo que no cumplas con el abastecimiento interno de los cortes a precios cuidados.

-¿Y hay margen para la discrecionalidad allí?

-Absolutamente sí. Mucho. Primero porque no están reglamentados los motivos que pueden ocasionar un rechazo. Pero sobre todo porque no hay transparencia: como con los ROE de Guillermo Moreno y Ricardo Echegaray (que jamás se publicó qué frigoríficos recibían los permisos), hoy al ex ONCCA no publica a qué empresas le otorga las DJEC.

-¿No es ilegal eso? Es decir, si el Estado te otorga un beneficio (en este caso permiso para exportar), ¿no debería dar cuenta de sus actos?

-Lo dijiste vos. Hasta ahora solo se conocen las DJEC otorgadas hasta el 11 de noviembre gracias a un pedido de acceso a la información pública presentado por Bichos de Campo. Pero Luciano Zarich, el titular de la ex ONCCA, contestó al mismo de modo desordenado y en un formato en el que no puede trabajarse con los datos.

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-El mundo necesita carne y nosotros necesitamos divisas… ¿Eso debería favorecer el comercio del resto de los cortes vacunos no? ¿Si yo quiero exportar lomo a Europa voy a poder?

-La Cuota Hilton y otros cupos arancelarios acordados con otros países (como Ela cuota de 20 mil toneladas para EE.UU., la 481 para Europa o un pequeño cupo para Colombia) seguirán sin cambios, si. Pero esos cupos arancelarios tienen un volumen acotado.

-¿Y qué pasa si yo quiero exportar una picaña a Brasil?

-Se supone que podrás, aunque hay un gris enorme allí en las nuevas reglamentaciones emitidas este lunes por el Ministerio de Agricultura. Se supone que podrías porque la picaña o el cuadril no están en la lista de los siete cortes prohibidos. Pero a la vez no están expresamente “liberados”. Es decir, hay algunos cortes y mercados que quedaron en un limbo. Como no hay prohibición ni permanecen los cupos, debería poder exportase libremente. Pero todo depende de que consigas la DJEC.

-¿Y con la famosa carne khoser para Israel que sucedió?

-La verdad no lo sé. Hasta ahora había una cuota mensual de 3.500 toneladas para poder exportarla, porque Israel se había quejado. Esa cuota no rige más, venció el 31 de diciembre. Y no se reglamentó nada nuevo, así que se sobreentiende que quedará liberada, al menos mientras los funcionarios te den la DJEC.

-Insistís mucho con la DJEC, ¿Por qué?

-Porque en el cierre anterior de las exportaciones de carne, de 2006 a 2015, el kirchnerismo hizo exactamente lo mismo que está haciendo ahora: primero creó los ROE, luego cerró todo de guapo, luego habilitó una serie de cuotas para la vaca conserva, luego flexibilizó todo, y finalmente dejó los permisos en funcionamiento, de los que no brindaba información. Las sospechas de corrupción eran enormes. La única diferencia con el ahora es que hay expresamente siete cortes prohibidos.

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-¿Entonces todo se resume a si uno consigue el permiso o no?

-Pareciera que sí. Y no habrá manera -al menos no existe por ahora- de controlar quien recibe esos embarques y a quién se los rechazan. Por eso insisto como loco malo que hay que pedir la publicación, como sucede con los granos.

-¿Decís que en los granos se publica lo que en carne se oculta?

-Hay una vieja historia de 2009 que lo explica. El gobierno empezó a otorgar ROE para exportar trigo y apareció de la nada una empresa llamada SIPEA que se quedó con la mayor parte de los permisos. Tenía socios de Santa Cruz bastante cercanos a Ricardo Echegaray, por ese momento a cargo de la ex ONCCA. Cuando las cerealeras vieron cómo venía la mano exigieron que se dé a conocer la identidad de quienes recibían ROE. Eso fue lo que permitió investigar luego los desvíos de permisos a través de la Capeco que manejaba Ider Peretti, el amigo empresario de Guillermo Moreno. Pero con la carne nunca sucedió lo mismo. Se publicaban los ROE Rojo otorgados cada día, pero no a las empresas beneficiarias.

-Igual el ministro Julián Domínguez invitó al sector privado a participar de un Observatorio…

-En efecto, la Resolución 301, que es la que reglamenta esta “apertura” de las exportaciones, creó en el ámbito de Agricultura el “Observatorio de la Producción de la Carne Vacuna”. Y se invitó a integrarlo “a los representantes de las provincias argentinas, de las entidades del sector agropecuario, de las cámaras de la industria frigorífica, de engorde a corral, de matarifes y abastecedores, y de productores exportadores, del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, y a la coordinación de la Mesa de las Carnes”. Hay que recordar que Guillermo Moreno también se rodeaba de muchos de esos sectores cuando le tocaba dirigir la política de carnes. A esas reuniones las llamaban “la escuelita” porque el funcionario solo bajaba las instrucciones.

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-¿El Observatorio puede terminar de la misma manera?

-No se puede prejuzgar. Habrá que verlo correr. El único dato certero que tenemos por ahora es que será un espacio “consultivo” que estará “presidido por el/la titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Agricultura, que dictará su reglamento de funcionamiento, y deberá constituirse dentro de los 90. días.

-¿Y quién es la jefa de de la Unidad Gabinete de Asesores?

-Se llama Diana Guillen. Fue presidenta de Senasa en el gobierno de Cristina Kirchner y luego coordinó los equipos agropecuarios del Instituto Patria. Está en el puesto desde el inicio del gobierno, con Luis Basterra como ministro. Se suponía que Julián Domínguez iba a poder colocar gente de su confianza, pero no es algo que haya sucedido hasta el momento.

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La agencia oficial Télam difundió un comunicado de la Jefatura de Gabinete que informa que a media mañana que Domínguez explicó al ex gobernador tucumano sobre “los acuerdos alcanzados con las mesas del trigo y el maíz a fin de encontrar un equilibrio en los precios de los productos de consumo popular, como el pan y el pollo”.

En ese sentido, confirmó un anticipo que ayer realizaron Bichos de Campo y otros medios sobre la creación del llamado “Fondo Anticíclico Agropecuario”, un mecanismo que de inmediato rememora el viejo sistema compensaciones que manejó la ex ONCCA entre 2007 y 2011, y que terminó en un festival de corrupción luego de distribuir más de 3.000 millones de dólares entre molinos, avícolas, aceiteras, lácteas y feedlots, muchos de ellos incluso truchos.

En concreto, mediante ese mecanismo, Domínguez se propone subsidiar -con dinero del resto de la cadena- los costos de producción de la bolsa de 25 kilos de la harina de trigo triple cero, y su correlato en paquetes de un kilo; los fideos secos en paquetes de 500 gramos; y el pollo entero refrigerado o congelado con o sin vísceras.

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Según la versión oficial, Domínguez le notificó al jefe de Gabinete sobre el fideicomiso que implementará el sector privado para “garantizar” los precios del trigo y el maíz. Ese fideicomiso, según se explicó, “tendrá idénticas características que el instrumento utilizado con el aceite de girasol”.

“Esta herramienta, administrada y auditada por el sector privado, resulta una medida anticíclica para garantizar la estabilidad del precio para el consumo de los argentinos”, se indicó oficialmente. Desde el sector privado, sin embargo, nadie se ha hecho todavía cargo de la criatura, que supuestamente involucraría a los exportadores de cereales (nucleados en Ciara-CEC), a las empresas avícolas (nucleadas en CEPA), a los molinos harineros (nucleados en FAIM) y a la cámara de fabricantes de pastas secas.

Manzur, que llegó al gobierno tras la crisis en el oficialismo desatada tras las PASO y convocó de inmediato a Domínguez para asumir en Agricultura, se hizo cargo de oficializar el anuncio: “A primera hora de la mañana recibí al ministro Domínguez, con quien trabajamos en medidas que nos permitan garantizar la estabilidad de los precios en el mercado interno y el acceso a productos de consumo popular”, apuntó.

De acuerdo con el informe, el sector privado acordó, a través de esta medida, la cantidad de toneladas que hay que garantizar para abastecer al mercado interno durante 2022 y 2023. De todos modos, el borrador del proyecto que trascendió en los medios no lleva la firma de los privados sino de la propia cartera agropecuaria, a través de la Subsecretaría de Agricultura.

Este es el borrador:

Domínguez, en la misma línea discursiva que su superior, destacó que los acuerdos con los sectores del trigo y el maíz respecto a la cantidad de toneladas a producir son importantes ya que, “de esa manera, queda fijado en una resolución el punto de equilibrio entre el mercado interno y el mercado externo”.

Respecto de la supuesta creación del fideicomiso privado, el ministro destacó que dicha herramienta asegura que, “en caso que durante el ejercicio 2022-2023 haya un incremento de precios internacionales, tanto el pollo como el pan en la Argentina estén garantizados a los precios que se requiere”.

La entrada El regreso de las compensaciones: Domínguez y Manzur confirmaron que se va a crear un fideicomiso para subsidiar a molinos y avícolas se publicó primero en Bichos de Campo.

La semana pasada, cuando el ministro del área, Julián Domínguez, se reunió en el Mercado de Liniers con representantes de toda la cadena de la carne, este tema surgió en la charla y el funcionario nacional se comprometió a ocuparse personalmente de evitar que el frigorífico de Máximo Paz fuera utilizada como pantalla para evadir impuestos y cargas sociales.

El temor existe dentro de la cadena porque uno de los empresarios que opera desde mediados 2018 en las instalaciones de la cooperativa es a la vez asesor directo del gobierno en materia de carnes. Se llama Eduardo Wenceslao Perdomo y proviene de un grupo empresario llamado Los Gansos. Estuvo a punto de ser formalmente designado como asesor del ex ministro Luis Basterra, pero una oportuna nota de Bichos de Campo impidió que eso se concretara y que Perdomo pudiera trabajar -al menos de modo visible- de los dos lados del mostrador.

La habilitación concedida por Zarich a Frigocarne Máximo Paz para operar como “matarife carnicero” no era la que pretendía esa empresa recuperada, que venía reclamando ser considerada dentro del Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) como “matarife abastecedor”. Esa categoría la hubiera habilitado para realizar la faena de animales propios sin ningún límite. Eso es algo que está expresamente prohibido en la Resolución 21E/2017. En su inciso 4.5.4, tras definir qué es un matarife abastecedor, se dispone con claridad que “las Cooperativas de Trabajo no podrán solicitar inscripción bajo esta categoría”.

¿Por qué se prohíbe que las cooperativas como Máximo Paz puedan operar con carne y ganado de su propiedad? Básicamente porque se sospecha que dichas cooperativas de trabajo no tienen dinero propio para adquirir tanta hacienda y entonces terminan siendo la pantalla de otros empresarios que le prestan el capital y operan bajo esa figura legal, con visibles ventajas respecto del resto de los operadores.

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Hay varias cooperativas de trabajo del conurbano que son acusadas por los frigoríficos formales de evadir cifras millonarias en impuestos y cargas sociales. No solo por las ventajas habituales que les concede la ley por el simple hecho de ser empresas de la economía social (como no tributar Ganancias, por ejemplo). Sobre todo porque al ser sus trabajadores considerados como “socios” de una cooperativa no tributan las cargas sociales correspondientes. Quienes denuncian que esas figuras societarias son utilizadas como “pantalla” por otros grupos económicos privados argumentan que al no pagar ni los salarios de convenio, obra social, ni aguinaldo ni jubilación a sus trabajadores, pueden entonces tener una posición privilegiada a la hora de comprar hacienda. Sostienen que esto configura una “competencia desleal”.

Respetado veterinario de reconocida militancia en la UCR, el ex titular de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (ex ONCCA), Marcelo Rossi, fue quien impuso este límite a las cooperativas durante el gobierno de Cambiemos, cuando las cooperativas de trabajo llegaron a concentrar cerca del 7% de la faena total de vacunos. Por eso razón la planta de Máximo Paz estuvo varios meses cerrada hasta que en junio de 2018 volvió a faenar de la mano de Perdomo y otros matarifes agrupados en torno de Los Gansos. En esa reapertura jugó fuerte también el cacique peronista del partido de Cañuelas, Gustavo Arrieta, actualmente a cargo de Vialidad Nacional.

Rossi permaneció en su cargo hasta marzo de 2021, ya en la gestión de Alberto Fernández y con Basterra como ministro. Pero finalmente fue expulsado de mal modo del gobierno un viernes a las once de la noche, junto al ex secretario de Agricultura Julián Echezarreta. Ambos se negaban a reimplantar los controles sobre las exportaciones de carnes y granos que se sucedieron en los meses venideros, de la mano de Zarich y del nuevo secretario Jorge Solmi.

Pero Rossi, además, venía rechazando las presiones de sus superiores para modificar la mencionada Resolución 21/2017 y permitir así que Máximo Paz pudiera acceder a la matrícula de “Matarife Abastecedor” que tanto reclamaba.

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Tras su remoción del cargo, el entorno de Rossi no dudó en identificar a Diana Guillén, jefa de gabinete de Basterra y ahora de Julián Domínguez, como la principal fuente de dichas presiones. Guillén, ex presidenta de Senasa en el último gobierno de Cristina Kirchner, ha sido además la coordinadora del tema agropecuario en el Instituto Patria. Guillén recibió a los representantes de esa y otros frigoríficos recuperados el 3 de junio. Fue esa la única agrupación del sector que apoyó el cepo a las exportaciones de carne vacuna dispuesto por el gobierno.

Las presiones sobre Agricultura para que gestione el salvoconducto que necesitaba la cooperativa Máximo Paz para operar con animales propios habían comenzado tiempo antes. En junio de 2020, por ejemplo, esa empresa recuperada habilitaba una carnicería en Máximo Paz y en un comunicado declaraba su desazón porque sin la matrícula de matarife abastecedor debía “comprar medias reses de terceros” lo que supuestamente encarecía sus costos.

Por supuesto, desde la mirada de quienes manejan la cooperativa el discurso es muy diferente. El pasado 9 de noviembre, en su muro de Facebook, los socios de Frigocarne recordaban que “se cumplen aproximadamente 3 años desde la fuerte persecución política, realizada por la alianza Cambiemos a nuestra Cooperativa. Solo desde nuestro humilde lugar pedimos a los trabajadores y trabajadoras que el 14, tengamos memoria y conciencia de clase”.

Lo cierto es que desde el desembarco del empresario y asesor Eduardo Perdomo como gerente operativo, en mayo de 2018, la cooperativa de faena no puede quejarse demasiado por su desempeño, ya que su volumen de trabajo creció de 31 mil bovinos en la segunda mitad de 2018 a 114 mil cabezas en 2019 y 143 mil animales en 2020. Entre enero y noviembre de 2021, según los datos oficiales, se faenaron allí 118 mil vacunos. Claro que bajo la matrícula de “matadero frigorífico” y no como “matarife abastecedor”. La diferencia es sustancial para evitar una posible maniobra de evasión: los animales necesariamente deben ser aportados por un tercero bien identificado y que tributa impuestos por ello.

Si se suma las casi 35 mil cabezas faenadas por Los Gansos, del que proviene Perdomo y que habilitó otra planta frigorífica propia en la localidad de Plomer, el asesor del Ministerio de Agricultura aparece al frente de uno de los diez principales grupos de faena que operan en la Argentina.

Como finalmente la Resolución 21/2017 no pudo ser modificada pese a las visibles presiones que surgen desde el oficialismo, Zarich, un contador que llegó a la ex ONCCA luego de participar en el intento de intervención y expropiación de la aceitera Vicentin, le otorgó ahora y en silencio a Frigocarne Máximo Paz una matrícula en el RUCA como “matarife carnicero”.

“Se entenderá por tal a quien faene hacienda propia en establecimientos de terceros, en volúmenes mensuales de hasta 50 cabezas vacunas, para el exclusivo abastecimiento de carnicerías y/o locales industrializadores de carnes de su propiedad, en localidades de hasta 10.000 habitantes”, define la normativa vigente sobre esta figura legal ante el RUCA. Como se ve, esta matrícula quedó a mitad de camino de lo que pretendía el frigorífico de Cañuelas, pues pone límites tanto a la cantidad de la faena habilitada como para la población objetivo. Máximo Paz tiene bastante más de 10 mil vecinos.

De todos modos, será muy difícil (o imposible) saber con certeza como utilizará la cooperativa de trabajo su nueva matrícula, porque el propio Zarich montó un blindaje informativo que parece hecho a medida de esta planta. ¿Qué hizo? En los últimos meses discontinuó la información pública que la ex ONCCA difundía desde la gestión de Rossi y que discriminaba entre la faena realizada en cada planta de faena (sea cooperativas o frigoríficos tradicionales) y los verdaderos propietarios de la hacienda.

Así, ahora no se puede saber qué grupos de matarifes operan en la planta de Máximo Paz ni de quién son los animales que allí se procesan.

La entrada Presiones políticas y cerrojo informativo en el Ministerio de Agricultura para favorecer con una matrícula especial a una cooperativa de faena ligada con el gobierno se publicó primero en Bichos de Campo.

La iniciativa tiene el pomposo nombre de “Fondo Anticíclico Agropecuario” y no se puede evitar que recuerde al sistema de compensaciones que manejó la ex ONCCA entre 2007 y 2011, y que terminó en un festival de corrupción luego de distribuir más de 3.000 millones de dólares entre molinos, avícolas, aceiteras, lácteas y feedlots, muchos de ellos incluso truchos.

En un borrador elaborado en el área de la Subsecretaría de Agricultura, que maneja Delfo Buchaillot (un hombre vinculado al poderoso aceitero cordobés Roberto Urquía), la cartera a cargo de Julián Domínguez propone subsidiar -con dinero del resto de la cadena- los costos de producción de la bolsa de 25 kilos de la harina de trigo triple cero, y su correlato en paquetes de un kilo; los fideos secos en paquetes de 500 gramos; y el pollo entero refrigerado o congelado con o sin vísceras. Raro que no incluya la polenta, ni otras carnes como las de bovinos engordados en un feedlot o los porcinos.

Este es el anteproyecto:

Este subsidio directo a los fabricantes de dichos alimentos se sumaría al subsidio implícito del que ya disfrutan quienes son compradores mayoristas de trigo o maíz en la Argentina. Es que para empezar, molinos harineros o empresas avícolas pueden comprar esos insumos a valores 12% menores que en el mercado internacional debido al efecto de las retenciones, que son un primer mecanismo para desacoplar los precios internos de los externos.

Pero luego, desde el regreso del kirchnerismo al poder también se han establecido diferentes intervenciones en los mercados de trigo y maíz, que consisten en cerrar antojadizamente las exportaciones para que haya mayor oferta disponible en el mercado doméstico. Esta situación usualmente provoca un desacople todavía mayor de los precios que cobran los productores de ambos cereales y que pagan las industrias que los utilizan dentro del país.

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En algún momento del gobierno de Cristina Kirchner, por la combinación de retenciones y estos descuentos internacionales, los chacareros argentinos llegaron a cobrar (sin considerar la becha cambiaria) menos de la mitad de lo que se pagaba en el mundo por el trigo o el maíz. En aquellos años, por este motivo, se redujo la producción de ambos granos, en especial de trigo, llegando al punto de casi tener que importarlo.

Estos descuentos que “abaratan” sus insumos no parecen ser suficiente para avícolas y molinos. Por eso Domínguez y su equipo preparan este nuevo mamarracho, tratando de emular un fideicomiso que utiliza la industria aceitera para subsidiar el precio interno del aceite comestible. Pero ambas situaciones no se compadecen, porque los fondos del fideicomiso aceitero se reparten entre un puñado de empresas, mientras que la cámara que integra a los frirgoríficos avícolas (CEPA) tiene 35 socios, la de elaboradores de pastas secas también cuenta con 35 integrantes y la Federación de Industrias Molineras (FAIM) suma 65 empresas, a los que habría que agregar algunas decenas más de la asociación que nuclea a los molinos de menor escala (Apymimra).

El documento de Agricultura, sin embargo, planea destinar la friolera de 14.645 millones de pesos (según un cálculo hecho en base a los precios del trigo y maíz de noviembre pasado) para subsidiar a los molinos harineros, los fabricantes de fideos y las empresas avícolas. El mayor aporte (12.400 millones) sería por el trigo, en tanto que el subsidio al maíz representaría 2.245 millones. Es que se calcula que se necesitarán 3,13 millones de toneladas de trigo (sobre una cosecha de 20 millones) para subsidiar los paquetes de harina. Y 1,5 millones de toneladas de maíz (sobre una cosecha de 50 millones) para dar alimento barato a los pollos.

Ahora bien: ¿Quién pondrá esa plata? Está claro que no será el Estado.

El proyecto oficial calcula que se podrían recaudar los recursos necesarios de los propios exportadores de trigo y maíz, ya que sus ventas en lo que va del año (entre enero y octubre) superaron los 10 mil millones de dólares. Queda claro que el grueso corresponde a un puñado de empresas multinacionales (Cargill, Dreyfus, Viterra,  Cofco, Bunge, ADM) y algunas nacionales (Molinos Agro, AGD, ACA). Y queda claro también que, cualquiera sea el tamaño del aporte que deban hacer al fideicomiso, se descontarán los montos de los precios pagados al productor, como sucede con las retenciones.

Por eso se corre el serio riesgo de que este fideicomiso ideado por Domínguez y el secretario de Comercio, Roberto Feletti, termine siendo una retención encubierta, como ya sucedió en los tiempos en que el propio Domínguez (que ya fue ministro entre 2009 y 2011) manejaba el comercio exterior agropecuario junto con Ricardo Echegaray y Guillermo Moreno. Y es precisamente lo que sucede con el fideicomiso aceitero vigente, que representa un derecho de exportación indirecta para la soja.

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Para crear este engendro, la estrategia oficial se plantea crearlo por Resolución conjunta de Agricultura y el ministro de Desarrollo Productivo de Matías Kulfas (del cual depende Feletti, al menos en los papeles), para que a partir de allí “todo exportador de trigo, maíz y carne aviar y sus correspondientes derivados estarán obligados a ser parte del aporte al fondo”.

“Las compensaciones se pagarán una vez comprobado el abastecimiento en valor y volumen al mercado interno”, dice la propuesta oficial, que asegura que “habrá mecanismos de revisión para evitar distorsiones”.

Seguramente se traten de los mismos mecanismos de control que rigieron cuando la ex ONCCA distribuía millonarios subsidios en el mismo sentido de los que se propusieron ahora. La historia de ese organismo terminó en febrero de 2011, cuando Cristina Kirchner hizo firmar a todos sus ministros un decreto de disolución del organismo, cuando era ya imposible esconder los numerosos casos de corrupción cometidos en el reparto de esos fondos.

La entrada Frankestein sigue vivo: El gobierno prepara un engendro para tratar de compensar a molinos y avícolas por la suba de los precios del trigo y maíz se publicó primero en Bichos de Campo.

La primera etapa de esta intervención fue larga: duró entre 2006 y diciembre de 2015, cuando el gobierno de Cambiemos derogó los ROE Rojos, que eran los permisos de exportación que debían tramitar los frigoríficos exportadores de carne. Ahora, en esta nueva etapa, esos permisos cambiaron de nombre a Declaraciones Juradas de Exportación de Carnes (DJEC). Fueron creadas en abril pasado, como antesala a la intervención, y son administradas por la ex ONCCA, la dirección de Control Comercial Agropecuario que depende del Ministerio de Agricultura.

Lo dijimos: hay un rasgo común entre aquellos ROE y estas DJEC. A lo largo de todos estos años, y a pesar de que el Estado interviene en un negocio lícito definiendo quién podrá exportar carne, nunca (léase NUNCA) hasta ahora se habían conocido los nombres de las empresas que recibían los permisos oficiales. No sucedió con los ROE Rojos ni tampoco pasaba ahora con los DJEC. En el Estado decidían quién podía exportar y quién no podía hacerlo, Pero no informaba el listado de beneficiados.

Está claramente mal. Es ilegal. Ningún funcionario por más potente que sea puede adjudicar tal o cual permiso de exportación sin dar cuenta de sus actos.

Después de 15 años de oscurantismo total sobre los ROE antes y las DJEC esta es la primera vez que se conoce una extensa lista de frigoríficos y matarifes que recibieron permisos de exportación desde junio pasado, cuando el gobierno nacional volvió a mater mano en el negocio de exportación de carne vacuna. Esto ha sido posible porque, debido a la buena predisposición del nuevo ministro de Agricultura, Julián Domínguez, el actual director de la ex ONCCA, el contador Luciano Zarich, se vio obligado a contestar el pedido de informes que elevó Bichos de Campo en noviembre pasado.

Otro pedido de acceso a la información pública: Bichos de Campo reclamó la lista de las DJEC aprobadas para cada frigorífico

¿Qué es un pedido de acceso a la información pública? Se trata de “una solicitud de datos que están en manos del Estado o que han sido generados, obtenidos o financiados con fondos públicos nacionales” y que por lo tanto deberían ser accesibles para quien los solicite de acuerdo a lo que dispone la Ley 27.275, que se sancionó en el 2016 y entró en vigencia el 29 de septiembre de 2017. Los puede pedir cualquiera, no necesariamente un medio de comunicación. Si la pregunta está bien formulada, la autoridad a cargo está obligada a responder a los 15 días.

Bichos de Campo pidió conocer el listado de DJEC firmados por Zarich para beneficio de los diferentes operadores del negocio de la carne porque esa es la única manera de controlar que el Estado cumpla con los cupos de exportación que dispuso el presidente a través de diferentes decretos. Es decir, si por ejemplo el gobierno otorgó una cuota de 1.200 toneladas mensuales por mes al frigorífico Swift de Rosario, pues esta empresa debería haber recibido DJEC por no más de ese volumen. Y así en todos los casos.

El comercio externo de carne vacuna hoy está repleto de cupos y prohibiciones. Y así promete seguir en 2022. Lo único liberado son las cuotas arancelaria (Cuota Hilton, Cuota 481, Cuota Americana y cupo para Colombia), que de todos modos también tienen un límite en volumen. Luego, en junio, el gobierno estableció un cupo mensual general del exportación entre 63 empresas equivalente al 50% de lo embarcado en 2020. A eso añadió en agosto otro cupo de 3.500 toneladas a dividir entre las plantas habilitadas para faenar bajo el rito kosher, para exportar a Israel. Más tarde se habilitaron cupos para exportar unas 5.000 toneladas mensuales de carne de vaca conserva categorías D y E, orientada usualmente para China.

Desde que comenzó a aplicar ese sistema de permisos, Zarich (foto) no publicó ni una sola línea dando cuenta de qué empresa recibían finalmente su DJEC y cuál era rechazada. Esto determinaba que fuera imposible controlar que todos esos cupos fueran distribuidos de manera correcta y que no se colaran permisos “especiales” o posiblemente digitados por los funcionarios. No es una sospecha ociosa: ya sucedió en tiempos de los ROE, cuando la discrecionalidad aplicada por Guillermo Moreno era moneda corriente en el sector.

Durante todos los años de intervención kirchnerista sobre el negocio de la carne, los ROE Rojo primero no se publicaban. Ante las protestas de otros operadores y sobre todo un pedido de informes presentado por ex diputados de la Coalición Cívica, luego se comenzaron a publicar diariamente en la página web de la ex ONCCA primero y de la UCESCI después (era el organismo que la reemplazó a partir de 2011), pero sin dar cuenta de qué empresas recibían el beneficio estatal. ¿Cómo? Y sí… Tal día se publicaba que se habían autorizado exportar 22 toneladas de carne, pero no se identificaba al frigorífico que podía hacer el negocio.

Así sucedió durante años con una total impunidad. Era muy contrastante lo que sucedía con los ROE Verde, que eran los permisos oficiales para exportar trigo, soja o maíz. En ese caso sí se informaba cada día el volumen habilitado y la empresa que los recibía. Esto fue así porque la poderosa industria agroexportadora lo reclamó a viva voz luego de un episodio de 2009 en donde apareció una empres ignota, llamada SIPEA, que recibió ROE para exportar miles de toneladas de trigo. Eran los días en que Ricardo Echegaray era el mandamás en la ex ONCCA. La firma beneficiada pertenecía a un piloto de avión santacruceño que luego apareció prestándole su aeronave a Lázaro Báez.

Para firmas como Cargill, Bunge o Dreyfus aquel sospechoso suceso fue demasiado y era imposible de explicar a sus casas matrices. Por eso reclamaron a las autoridades que se dieran a conocer las identidades de quienes recibían los permisos oficiales. Fue eso lo que permitió luego reconstruir cómo se desviaron millones de toneladas de trigo y maíz a una desconocida cámara empresaria Capeco, en la cual Moreno entronizó a su amigo, el ruralista K Ider Peretti. Ese dato -la publicación de la identidad de las empresas que recibían los permisos- permitió reconstruir por lo menos una parte de la corrupción vivida en aquella etapa, cuando los ROE Verde cambiaban de mano a cambio de algunos dólares por tonelada.

El festival de los ROE Verde: Peretti repartió al menos 7,6 millones de toneladas entre más de 100 firmas dudosas

Pero en el caso de la carne vacuna, nunca antes hasta ahora el Estado informó sobre la identidad de quienes recibían los permisos. Esto impidió conocer con claridad a quiénes fueron los ganadores de aquel largo tramo de la intervención estatal.  Y mucho menos se pudo confirmar las sospechas de corrupción que también circulaban en torno a este sector. Ni el Consorcio ABC (que agrupa a los grandes frigoríficos exportadores) ni otras cámaras de la industria frigorífica hicieron nunca un reclamo enfático. Tampoco el asunto de la transparencia pareció importarles jamás a las cuatro entidades de la Mesa de Enlace, a pesar de que con dicha información hubieran podido denunciar con mayor fundamentos una serie de maniobras que finalmente perjudicaban a sus asociados ganaderos.

Por todo esto es que la información recabada ahora gracias a este pedido de acceso a la información pública realizado por Bichos de Campo representa la primera ocasión en la que se hacen públicos este tipo de datos, con la identidad y el número de CUIT correspondiente a cada empresa beneficiada con los nuevos DJEC. El extenso listado tiene un total de 614 páginas:

Como se verá, la información presentada por Zarich no sirve de demasiado para realizar un control riguroso de este proceso, pues este gris funcionario se ocupó de contestar la información de modo premeditadamente confuso y en un formato en el que resulta imposible ni siquiera copiar y analizar los datos en otro tipo de programas informáticos, como una sencilla planilla de Excel. Pero la información sobre las DJEC entregadas por la ex ONCCA entre el 1 de junio y el 11 de noviembre está allí. Confusa y desordenada, pero a disposición de todos.

Bichos de Campo pedirá ahora a las autoridades de Agricultura una ampliación de esta información con datos obvios que Zarich parece haber omitido a propósito, con el fin de evitar el control social sobre sus actos como funcionario. Por ejemplo, no identificó de qué tipo de carga se trata cada DJEC otorgado: si se trata de Cuota Hilton o de carne de vaca conserva para China. O si acaso lo que se exporta son solo menudencias, que están a salvo de los cupos oficiales. Solo de ese modo -con la información completa- se podría confirmar que el Estado está otorgando los cupos de exportación del modo que ha establecido. Solo de ese modo se podría además descartar actos de corrupción.

La idea de este ejercicio periodístico, de todos modos, no es esa. Más bien, lo que tratamos de mostrar es el valor que tiene la información pública cuando está disponible para todos. El objetivo final es que las autoridades del Ministerio de Agricultura obliguen el escurridizo Zarich a publicar en la web oficial todos los días los listados de DJEC otorgados por su oficina. Y que cualquiera pueda acceder a esa información sin tanto rodeo ni desgaste.

Un poco de control social en medio de tanto oscurantismo no viene mal. Es una bocanada de aire fresco para la democracia. Solo hay que animarse a reclamar y a ejercer nuestro derechos ciudadanos.

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Bichos de Campo, como medio especializado en política agropecuaria, ya ha hecho uso en dos ocasiones de este derecho frente a las autoridades del Ministerio de Agricultura, en ambos casos con resultado favorable más allá de que no siempre la información obtenida haya incluido todos los detalles que se requerían. En la primera ocasión se reclamó la lista de supuestos “exportadores sin planta” que habían sido suspendidos del RUCA y que eran utilizados por el gobierno para justificar nuevas intervenciones sobre el negocio de la exportación de carnes. Ante un segundo pedido, la gestión del ex ministro Luis Basterra nos envió el listado de causas judiciales abiertas que todavía reclaman judicialmente por viejas deudas por compensaciones de la ex ONCCA y que publicamos.

Acceso a la información pública: Todavía hay 138 juicios que reclaman millones al Estado por las compensaciones de la ex ONCCA ¿Qué empresa los impulsan?

Este viernes, este medio realizó un nuevo pedido de acceso a la información pública: se intenta conocer en este caso el listado de todas las DJEC (Declaraciones Juradas de Exportaciones de Carnes) tramitadas por los frigoríficos ante la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (DNCCA) y la Secretaría de Comercio Interior para poder exportar carne vacuna.

Se realiza este pedido en el entendimiento elemental de que si el Estado formula e implementa un sistema de autorización o denegación de las exportaciones de carne, entonces debe dar a conocer quiénes son las empresas que han recibido los permisos de embarque y en qué cantidades, de modo tal que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a saber quiénes fueron los beneficiarios de dichas políticas. Se trata de controlar al controlador, como en cualquier sociedad civilizada.

Este es el pedido de acceso a la información pública:

A nuestro criterio, este pedido se justifica especialmente por los antecedentes que existen en la materia: entre 2007 y 2015 el Estado implementó un sistema muy semejante al de las actuales DJEC, que se denominaba Registro de Operaciones de Exportación (ROE) y que no solo involucraba a la carne vacuna (ROE Rojo) sino a todos los granos y sus subproductos (ROE Verde) y a todos los productos lácteos (ROE Blanco). La gestión del sistema estuvo, según el lapso de la historia, a manos de la ex ONCCA o de la derogada UCESCI, que dependía de Comercio Exterior.

En aquel largo periodo histórico hubo múltiples sospechas de corrupción y favoritismos en el sistema de asignación de los ROE a las diversas empresas de cada rubro, los que derivaron en la eliminación de esa herramienta a partir del recambio de gobierno en diciembre de 2015.

Muchas de esas investigaciones periodísticas y hasta judiciales fueron posibles porque existía la posibilidad de ejercer cierto control social de aquellos permisos: al menos por unas horas, el Ministerio de Agricultura publicaba en su página web institucional los nombres y los volúmenes autorizados a cada una de las empresas agrícolas. Con dicha acumulación de información, las Bolsas de Cereales podrían luego construir las cifras acumulativas de tonelajes de granos y subproductos que iban a exportarse.

Lo mismo sucede ahora con las DJVE (Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior) de granos que funciona al amparo de la Ley 21.453. Todos los días la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios del Ministerio publica la identidad de las cerealeras o aceiteras que presentaron esas DJVE para exportar productos agrícolas.

En el caso de las exportaciones de carne, todo siempre ha sido mucho más oscuro. En tiempos en que la ex ONCCA o la UCESCI distribuían los ROE Rojo entre los frigoríficos, diariamente se hacía pública la información sobre los volúmenes y productos que recibían la autorización para salir del país. Pero nunca las autoridades dieron a conocer la identidad de las empresas beneficiarias de esos permisos, creando un manto permanente de sospecha sobre cómo se repartían los ROE Rojos.

El caso sería  ahora más grave, porque la DNNCA, a cargo del contador Luciano Zarich, no publica nada de nada sobre las nuevas DJEC: ni los productos a exportar, ni los volúmenes solicitados y mucho menos la identidad de las empresas exportadoras que obtienen estos permisos.

Las DJEC fueron creadas mediante la Resolución Conjunta 3/2001, del 19 de abril pasado, por los Ministerios de Agricultura y de Desarrollo Productivo. “Las exportaciones de los productos cárnicos y sus subproductos, estarán sujetas a la registración previa de una Declaración Jurada de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC)”, definía esa norma. La autoridad de aplicación de dicho régimen sería la DNNCA, que reglamentó el procedimiento para que los frigoríficos que quisieran exportar carne bovina pudieran presentar sus DJEC mediante la Disposición 59/2001.

Tanto ese organismos como la Secretaría de Comercio Interior, a partir de allí, deben aprobar en nombre del Estado Nacional cada uno de los embarques. Es decir, hay un doble control sobre las presentaciones previos al que finalmente, como en cualquier país normal, debe realizar la autoridad aduanera.

Posteriormente, a partir de mayo de 2021, el Gobierno nacional estableció diferentes regímenes de cupos de exportación de carne vacuna para las plantas frigoríficas, que de todos modos -a pesar de tener un tonelaje asignado por dichos cuotas de exportación- debieron seguir tramitando las DJEC que les correspondieran frente a la DNCCA.

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En la actualidad existe un sistema de cupos generales por frigorífico equivalentes al 50% de lo exportado en 2020, más otra cuota para cortes kosher para Israel, más otro sistema de cupos para exportar carne de vaca conserva de las categoría D y F. Además hay cupos que no son sometidos a un reparto de parte del Estado por tratarse de acuerdos con otras naciones, como la cuota de 20 mil toneladas para Estados Unidos, o las cuotas Hilton y 481 para la Unión Europea.

Pero el gobierno, ni a través de la DNCCA ni mediante la Secretaría de Comercio Interior, dan a publicidad datos sobre las DJEC presentadas. Y no se sabe entonces quiénes son los receptores de las Declaraciones Juradas DJEC, con lo cual resulta de imposible controlar que esas cuotas de exportación finalmente se estén distribuyendo como corresponde. Esto implica una clara vulneración de las normas más elementales de la transparencia  que debe mostrar el sector público en todos sus actos.

Por eso fue que Bichos de Campo solicitó  al Ministerio de Agricultura que de a conocer el listado de las DJEC acumuladas y las empresas beneficiadas hasta por lo menos fines de octubre, mediante el mecanismo previsto en la Ley de Acceso a la Información Pública. Esperamos que además de facilitar esa información, que compartiremos con nuestros lectores, a futuro esa dependencia revierta su decisión original de ocultar dichos datos para comenzar a publicarlos con regularidad, como debe ser y como sucede con otros regímenes de control del Estado.

Veremos qué pasa. En algunos días lo sabremos.

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Los datos preliminares sobre la faena de vacunos surgen de las planillas sobre el movimiento de ganado que lleva a cabo el Senasa y que son de acceso libre. En total durante octubre pasado se emitieron 49.300 DTe (los permisos de transporte) que tenían como destino final la faena en frigoríficos. Eso involucró las 1.10 millones de cabezas mencionadas en el párrafo precedente.

La faena vacuna en septiembre había sido, según los números finales divulgados por la ex ONCCA, DE 1,089 millón de cabezas, por lo que puede inferirse que la matanza de bovinos creció levemente entre un mes y otro pero todavía permanece por debajo de los niveles del año pasado.

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En rigor, la faena se redujo en al menos 100 mil cabezas mensuales entre 2020 y 2021. Esto implica una caída de la actividad cercana a 10% que es atribuible claramente a dos factores: uno es la caída de la demanda interna por el bajo nivel adquisitivo de la población frente a la suba de los precios internos de la carne; el otro es el cepo exportador que impuso el gobierno a partir de mayo pasado.

Los datos sobre los movimientos de hacienda del Senasa cobran relevancia ahora que la ex ONCCA decidió retrasar hasta cerca del décimo día de cada mes la difusión del dato final sobre la faena que surge de las planillas de cada frigoríficos. De estas planillas surgió que en octubre pasado se habrían afenado unas 178 mil vacas, 287 mil vaquillonas, 272 mil novillos, 273 mil novillitos, 32 mil terneros y 32,5 mil terneras, unso 17 mil toros y 14 MEJ (Macho entero joven).

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De profesión contador, el nuevo titular de la ex ONCCA debería ponerse a revisar los números de la faena de bovinos en 2020. Y es que del modo más que curioso, se le han escapado más de 200 mil cabezas de la estadística pública. Desaparecieron.

Hasta hace pocas semanas, la DNCCA informaba en todos sus documentos y planillas públicas que la Argentina había faenado 14.231.789 bovinos en frigoríficos y mataderos que son fiscalizados por ese organismo y por el Senasa. Pero hace algunos días, llamativamente alteró ese dato estadístico y ahora las cabezas faenadas son al parecer solo 14.008.210. La diferencia es es 223.579 bovinos.

¿Qué sucedió? Realmente es muy extraño y no ha habido explicación. En 14 millones de cabezas, las 220 mil cabezas no representa demasiado, apenas un 1,6% del total. Pero la fuga estadística de estos vacunos comienza a ser más relevante cuando se sabe que en 2021 se está registrando una caída visible de los números de faena, cercana al 8% respecto de los primeros ocho meses del año pasado. Allí la base de comparación es importante: la caída de la actividad en los frigoríficos resultaría ser mayor a la que se reconoce oficialmente si se toman las 14,231.789 cabezas faenadas originalmente.

Corrección de las cifras o manipulación, el episodio bien vale una explicación oficial, pues diferentes institutos y entidades vinculadas con el negocio de la carne siguen recogiendo la estadística anterior que había difundido la ex ONCCA para elaborar sus propios análisis.

El Consorcio ABC, que agrupa a los grandes frigoríficos exportadores, está tomando como válida la cifra de faena de 14,231 millones de cabezas. Y lo mismo sucede con el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), que menciona incluso en sus propias series 14,232 millones de cabezas faenadas el año pasado.

¿Dónde habrán ido a parar esas 200 mil  vacunos que todos daban por faenados hasta hace unas semanas y que ahora desaparecieron de la estadística llevada a cabo por Zarich y compañía? Vale aclarar que ese organismo debería mantener un control puntilloso de los animales que son sacrificados, pues no solo los frigoríficos le presenta regularmente planillas y remitos con sus ingresos y egresos sino que la ex ONCCA tiene acceso a cámaras y cajas negras que -a distancia- le permiten controlar en vivo y directo cada animal que pasa por la playa de faena.

Para agregar más confusión al tema, desde el área Ganadera del Ministerio de Agricultura se exhibe otra estadística completamente diferente a la que venía manejando la ex ONCCA. Habla de una faena que ni siquiera habría llegado a las tan mentadas 14 millones de cabezas.

La pregunta para las autoridades resulta pertinente: ¿Cómo se puede esperar que se definan políticas ganaderas sólidas si el Estado ni siquiera tiene la capacidad de llevar una estadística confiable y si de buenas a primeras le desaparecen 223 mil cabezas?

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Por haber pasado algunos meses en 2020 las oficinas de Vicentin en Reconquista, cuando el gobierno nacional todavía soñaba con expropiarla, Zarich debería conocer la importancia que tiene para esa empresa la planta aceitera de San Lorenzo, su mayor activo. En rigor, el trabajo allí a fazón para otras compañías es el que ha permitido hasta ahora que la crisis de Vicentín no se convirtiera en una tragedia social, con cientos de trabajadores despedidos.

Zarich, entonces, debería saber que tan crucial resulta para la supervivencia de Vicentin el disponer de las instalaciones de esa planta. Y sin embargo, el nuevo director de control comercial agropecuario del Ministerio de Agricultura desoye desde hace rato las súplicas de esa empresa para que se resuelva qué hacer con unas 43 mil toneladas de soja y maíz que están interdictadas desde enero de 2021 por decisión de la propia ex ONCCA. Para tener dimensión de los volúmenes, esa cantidad de granos alcanzaría para llenas las bodegas de un barco.

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Ya se dijo: en la historia reciente de la ex ONCCA hubo dos gestiones muy diferentes. Frente a la crisis financiera de Vicentín, la de Marcelo Rossi el 13 de enero envió una inspección a San Lorenzo, porque en ese momento se sospechaba de maniobras dudosas por parte de la firma Díaz & Forti, que había alquilado la planta y había sido suspendida del RUCA (Registro de Operadores de la Cadena Agroaslimentaria) luego de que el Banco Central denunciara que debía liquidaciones por cerca de 400 millones de dólares.

Fue ese operativo realizado por el personal del Ministerio de Agricultura el que detectó que en el lugar había 15.150.787 kilos de trigo pan y de 28.705.270 kilos de soja depositadas en la planta, y que supuestamente pertenecían a la suspendida Díaz & Forti. Aunque en el caso de las casi 29 mil toneladas de soja (a los valores actuales representan más de 900 millones de pesos) Vicentín informó que esos granos habían sido cedidos por Diaz y Forti a favor de la empresa Extrugreen SA dos días antes, el 11 de enero.

Ante la duda, el personal de la ex ONCCA decidió interdictar la mercadería hasta que las cosas pudieran ser aclaradas. Y bien que así lo hizo, porque hasta una pequeña invertigación de Bichos de Campo alcanzaba para confirmar en aquel momento que la mencionada Extrugreen no era más que una empresa controlada del mismo grupo Díaz & Forti. Una pantalla.

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Así las cosas, estas casi 43 mil toneladas de trigo y soja quedaron almacenadas en los silos de la aceitera de San Lorenzo a la espera de una definición que nunca llegó. Al menos no hasta ahora. La empresa Díaz & Forti se presentó en concurso preventivo a principios de frebrero y el junio pasado el Banco Central volvió a reclamar nuevas liquidaciones pendientes por 70 millones de dólares de la mencionada Extrugreen SA, que llegó a operar unos pocas semanas.

En marzo, hay que ubicarse, se produjo el recambio de autoridades en la ex ONCCA. Para ese momento el gobierno de Alberto Fernández se aprestaba a intervenir el mercado de la carne (esto sucedió en mayo) y necesitaba de ese organismo para trabar las exportaciones por vía de los renacidos ROE o permisos de exportación (ahora se llamarían Declaraciones Juradas de Exportación de Carnes). Como Rossi se oponía de plano a meter mano en el mercado y lo mismo sucedía con el secretario de Agricultura, Julián Echazarreta, el ministro Luis Basterra dispuso sus reemplazos por Zarich y por el ex dirigente agrario Jorge Solmi, respectivamente.

Como se dijo, a pesar de haber pasado por la intervención de Vicentin y no ignorar el asunto, el flamante director de Control Comercio Agropecuario nunca resolvió el expediente de las 43 mil toenladas interdictadas en la planta de San Lorenzo por el personal de ese organismo.

Esta indefinición motivó que el 13 de julio pasado, la empresa Vicentin SAIC le reclamara por carta documento una definición. Todavía no se sabe de quién son los granos, pero algo es seguro: Vicentin sigue siendo dueña de las instalaciones y las necesita.

Desde entonces, al menos una vez por semana, las autoridades de la concursada Vicentin hacen el mismo pedido a la ex ONCCA: que resuelva qué hacer con dichos granos, que se están malogrando con el paso del tiempo y que ocupan silos que la empresa necesita para ceder a otras cerealeras que han comenzado a trabajar allí a fazón (como Viterra, ACA o Molinos Agro) y le permiten seguir respirando mientras se tramita el concurso de acreedores.

“Solicitamos a la autoridad ministerial que autorice el traslado de estos granos a otro acopio a elección de la eventual sociedad propietaria (no se sabe si será Díaz & Forti o Extrugreen SA), previa  cancelación de los cargos por  almacenaje, fumigación, ectcétera…  y con cargo de acondicionamiento y flete a cargo de los despositantes”, reclamó Vicentín en la carta documento dirigida a Zarich, quien debería saber que esta cuenta se engrosa día a día mientras él no resuelve nada.

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La respuesta que obtuvo Vicentin en todos sus reclamos administrativos (que en cualquier momento se transforman en judiciales y nos van a salir un ojo de la cara a todos nosotros, los boludos) ha sido siempre que se remita al área de legales del Ministerio de Agricultura. Es lo que hizo Vicentín el 4 de agosto pasado, aunque tampoco obtuvo respuesta.

Se nota que Basterra está ocupado en promover la agroecología, que Solmi gasta sus horas en redactar el nuevo Plan Ganadero y que a Zarich no le queda tiempo, tan ocupado como está en bloquear las exportaciones de carne.

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