Sergio Bernardi, presidente de la Cámara Industrial de Extrusado y Prensado de Santa Fe (Cidep), es uno de los que se ha cargado al hombro esta batalla para convencer a los funcionarios de gobierno que no se puede tratar igual a quienes son en esencia diferentes. Lo entrevistamos en el tercer seminario internacional de extrusores realizado en esa provincia. Y allí insistió: “Lo nuestro no es harina de soja, es otro producto. No hacemos lo que hacen las grandes aceitera sino otra categoría de alimento y proteína”.

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En diálogo con Bichos de Campo, Bernardi, dueño de una pequeña planta procesadora de soja en la localidad de Llambí Campbell, explicó una por una las diferencias que existen entre ellos, los extrusores, y el entramado industrial aceitero que está ubicado sobre todo en los alrededores de Rosario, un conjunto de enormes fábricas dispuestas para exportar los subproductos de la soja (la harina y el aceite) desde la Hidrovía del río Paraná.

La diferencia original está en el proceso. Mientras esas mega-trituradoras utilizan solventes para terminar de separar el aceite del residuo del poroto de soja (que luego será pelletizado), las extrusoras apelan a un medio 100% mecánico: calientan el grano de soja, lo “cocinan”, para desactivarlo y luego lo muelen a través de un extrusor. Extraen de ese proceso una proporción algo menor de aceite, pero sin utilizar exanos. El residuo que queda se denomina expeller, que tiene características proteicas muy distintas a la harina de soja convencional.

Esta es la primera diferenciación que están gestionando las pymes extrusoras: que se tipifique al aceite de soja que ellos obtienen como un producto “libre de exanos”. Esto les permitiría aspirar a mercados de exportación para ese subproducto, que hoy se utiliza solamente para la fabricación local de biodiesel.

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La segunda gran distinción que debe hacerse es de tamaño. La gran industria aceitera tiene capacidad para procesar hasta 70 millones de toneladas de soja y hay plantas -como la de Renova, en Timbúes- que pueden aspirar hasta 30 mil camiones cargados de soja en un día. En cambio, explicó Bernardi, “la capacidad instalada de la mayoría de las Pymes está rondando las 90 toneladas, es decir solo 3 equipos por día”.

“Solo en Santa Fe somos cerca de 100 plantas extrusoras, y a nivel nacional habrá unas 400. En casi todos los casos, están instaladas en el interior profundo, y tienen cinco, diez o quince empleados. Lo nuestro es agregado de valor en origen, trabajo genuino. En más de un pueblo somos la principal industria”, acentuó el dirigente industrial.

Es por esas diversidades que los extrusores reclaman a los diversos niveles del Estado que se establezcan políticas diferenciadas. Este reclamo se da básicamente en tres rubros:

En el plano de la política energética, Bernardi reclamó que se establezcan tarifas más accesibles para las Pymes extrusoras, ya que las mismas no son consideradas actualmente como “electrodependientes”, como sí sucede con otras agroindustrias.

“El 7% de nuestro costo es energía eléctrica. Para nosotros es importantísimo poder definir una política de Estado en materia energética, pues no podemos ser considerados un consumidor más, ya que generamos trabajo, recursos y pagamos impuestos. Creemos que tenemos que tener un tratamiento especial como Pymes”, blanqueó el presidente de la Cidep.

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También reclaman los extrusores una estructura de retenciones y de reintegros de exportación diferente a la de las grandes aceiteras exportadoras, además de estabilidad en las reglas de juego. “Hasta 2008 se exportó expeller de soja a los países vecinos, como Uruguay y Chile. Necesitamos que se definan reglas de juego permanentes. En el caso de nuestras Pymes, trabajamos a 500, 600 o 900 kilómetros del puerto. Tenemos que ser tratados de otra manera”, enfatizó Bernardi.

Finalmente, otro rubro en el que los extrusores piden una consideración singular es el laboral, ya que las autoridades de Trabajo y los gremios aplican con ellos el mismo convenio que frente a las grandes compañías, muchas de ellas multinacionales, y eso eleva los costos laborales a extremos difíciles de afrontar.

Bernardi dijo que “venimos trabajando con el Ministerio de Trabajo, donde se entiende la problemática pero no se resuelve. Tenemos de 3.500 a 4.00 trabajos directos y lo que hemos logrado por ahora es que se nos reconozca como industrial por extrusado, que es solo un pequeño avance”.

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“Actualmente el sector cuenta con una capacidad instalada ociosa del 50%, serias dificultades financieras para mantenerse operativo en el mercado interno y una imposibilidad de exportar, dado que el expeller de soja esta grabado con un derecho de exportación del 18% mas 4 pesos por dólar exportado”, explicó el especialista.

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Simmermacher destacó que la decisión en favor de las llamadas pymes de la soja (llegan a 500 en todo el país y emplean a unos 10 mil personas) depende del presidente Mauricio Macri. Le sugirió sencillamente que elimine (del Anexo I del decreto 133/15) la posición arancelaria 2304.00.90. de la Nomenclatura Común del Mercosur. Eso permitiría tener un tratamiento distinto para el expeller, respecto del resto de la industria.

Hace unas semanas, Ricardo Garbesi, de la firma Extrusados Pringles SRL y uno de los principales promotores de la incoporación del expeller en la economía local, nos contó hace unas semanas qué problemas se enfrentan las extrusoras a la hora de exportar. Hay de todo en este cóctel: Desde una retención demasiado alta, a una ley de la época de Videla que las obliga a trabajar con los precios de la pizarra en Rosario (aún cuando puedan estar ubicadas en Salta), pasando por las trampas que favorecen la exportación de dudosas “mezclas” de harina y aceite de soja para eludir las retenciones.

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En sintonía, Simmermacher evaluó que “si se eliminára el derecho de exportación al expeller de soja, las plantas Pymes podrían exportar el equivalente al 50% de su capacidad instalada, es decir 2 millones de toneladas de expeller de soja, lo que representaría 800 millones de dólares anuales de ingresos, convirtiendo al sector en un potente acelerador del desarrollo de las economías regionales”.

El especialista recordó que los gobiernos municipales, las provincias y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) han promovido durante los últimos 10 años, la construcción de extrusoras por todo el país, como manera de agregan valor en origen al poroto de soja. Actualmente el sector está constituido por unas 500 Plantas Pymes que procesan unos pocos camiones por día.

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“¡Qué bueno! Una política pública que dio resultado”, prensaría un desprevenido. Pero no tanto. Esa industria creció de tal modo que ahora tiene capacidad instalada en exceso para un negocio (la venta de expeller) que a nivel interno se achicó por la crisis de los tambos y el amesetamiento de la avicultura. Por eso ahora las extrusoras buscan una salida al mercado regional que se les hace cuesta arriba, porque para exportar reciben el mismo tratamiento que Cargill o Bunge.

“Se pagan retenciones igual que las plantas de 10.000 toneladas por día, cuando estas plantas son de 30 toneladas y están ubicadas lejos de los puertos”, indicó Hernán Casanova, uno de los promotores de este negocio en el país, en Bichos de Campo.

El empresario admitió que “hay un exceso de expeller debido a una baja en el consumo de tambos y aves”, que se combina a la vez con “un aumento explosivo de las tarifas eléctricas y la falta de un convenio de legislación laboral específico para las pymes aceiteras”.

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“El extrusado/prensado de soja en una pequeña pyme aceitera, que elabora de 30 a 50 toneladas por día, confiere un método totalmente mecánico y no químico como aquel que utilizan las grandes aceiteras que procesan de 10.000 a 20.000 toneladas por día. Por ende no queda un remanente químico en la harina”, explicó Casanova. Ese rasgo diferencia al expeller que producen estas Pymes del “pellet” o harina de soja, un subproducto nominado por el INDEC como “residuo de la industria alimentaria”, que a la vez es el principal producto exportado por la Argentina.

El empresario explicó que el proceso de prensado “es el que separa la harina y el aceite de soja, el cual ya no es pellet, sino expeller, y tiene una posición arancelaria propia en el Código Aduanero. Es otro producto con propiedades muy diferentes. Primero porque no contiene solventes, luego porque se puede diferenciar, es un producto trazable si se lo procesa en una planta chica. Y tercero porque tiene una buena solubilidad, que es la capacidad de los animales de digerir esa proteína”.

Mientras que para las grandes aceiteras el mercado natural es la exportación del pellet de soja, Casanova afirmó que “a nivel más chico, el nicho de ventas se suele dar a no más de 100 kilómetros de distancia en donde están instaladas las plantas, las cuales son entre 500 y 600, y están distribuidas desde Jujuy a Neuquén, y desde Mendoza a Mar del Plata. De lo que se produce de soja a nivel nacional, que son 55 millones de toneladas aproximadamente, solo unas 3 millones de toneladas es lo que consumen las plantas extrusoras”.

Ahora el sector busca que el gobierno lo ayude para agregar 1 millón de toneladas de soja al proceso de extrusado y posibilitar las exportaciones de expeller a los países de la región. “Tuvimos varias reuniones con la Mesa de Extrusores creada por Agroindustria, donde hubo promesas concretas de eliminar el FOB Oficial y tratar otros problemas, pero hasta ahora no ha habido una respuesta con hechos. Sería ideal conseguir alguna diferenciación en las retenciones de exportación para los productos que sean procesados por estas plantas”, sugirió.

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En una visita al estudio móvil de Radio Rivadavia en la Exposición Rural de Palermo, Buryaile respondió a una pregunta concreta de Bichos de Campo sobre esta cuestión, ratificando la baja progresiva de los únicos derechos de exportación que siguen en vigencia, y que aportan unos 5.000 millones de dólares de recaudación a las arcas del Estado.

Las retenciones a la soja bajaron en diciembre de 2015, ni bien asumió el gobierno de Cambiemos, del 35 al 30%, mientras que sus derivados (el aceite y la harina) tributan 27%. En un primer momento, Macri prometió que iban a reducirse a razón de 5% cada año, pero a mediados de 2016 alteró dicho cronograma. Desde allí la promesa oficial fue que ese tributo (que es pagado por el productor, quien sufre el descuento en el precio por parte de los exportadores) iba a reducirse paulatinamente un 0,5% mensual a partir de enero de 2018.

Si se respetara a rajatabla el nuevo esquema, las retenciones a la soja deberían retroceder 6 puntos anuales, para desaparecer al cabo de cinco año. Esto sería en 2022.

En medio de la ratificación de este rebaja, hay sectores que claman por algunas correcciones más urgentes.Hace unos días surgió desde la Mesa Nacional que agrupa a las Pymes extrusoras de soja de todo el país el reclamo para una baja en las retenciones que paga el expeler de soja y la eliminación del precio de referencia, clavado en el FOB negociado en Rosario.

El presidente de la Cámara de Extrusoras de Córdoba (CaBioCor), Juan Carlos Giaccone, explicó que ese sector “tiene una capacidad instalada para procesar una 3,6 millones de toneladas y está operando al 50% de su capacidad, por el estancamiento del consumo de expeler. El aceite es un commoditie y se vende a diferentes destinos, pero el expeler se consume en el mercado interno para alimento animal”.

La medida que propone la Mesa Nacional de Pymes Extrusoras de Soja y Derivados es habilitar la exportación del expeler a mercados naturales. En este sentido se pretende lograr un acuerdo con países vecinos como Uruguay, Chile, Colombia y Perú.  “Hoy no podemos hacerlo por una cuestión arancelaria, el expeler debe tributar el 27% de derechos y tiene un precio FOB alto; por lo que se limitó toda posibilidad de exportación”, remarcó el empresario.

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