“A los explotadores y negreros les tiene que caer todo el peso de la ley”, dijo Voytenco (foto), que desde diciembre es además el nuevo presidente del Renatre, el registro compartido entre las cuatro entidades agropecuarias y el gremio para justamente intentar registrar a los trabajadores del medio agropecuario.

El sindicalista reaccionó así a las noticias que llegaron desde su propia provincia, donde efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Sáenz Peña, perteneciente a la Gendarmería, participaron de dos allanamientos a establecimientos rurales ante un posible delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Los establecimientos quedaban a 35 kilómetros de la localidad chaqueña de Los Frentones, entre Pampa del Infierno y Pampa de los guanacos.

Del operativo intervinieron funcionarios del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de Trata de Personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de La Nación. En un primer campo  observaron a 72 ciudadanos que “estaban en medio de la espesura del monte en pésimas condiciones de higiene, sanitaria y habitabilidad”. En el segundo campo, “encontraron a otras cuatro personas sufriendo la misma situación (entre ellas dos menores)”, según se informó.

En los operativos, los gendarmes decomisaron una escopeta calibre 16, tres camionetas, 10.800 pesos, documentación de interés para la causa y tres teléfonos. El Juzgado Federal de Sáenz Peña dispuso que las personas investigadas queden imputadas en la causa.

“Estas personas sin escrúpulos ni responsabilidad social alguna no son empresarios rurales, son delincuentes, y así se los tiene que considerar”, estableció Voitenco, que destacó que del operativo coordinado por el Comité de Tratas también participó el Renatre y la propia organización gremial.

“Estos operativos los vamos a seguir realizando a lo largo y a lo ancho de nuestro país, porque no vamos a parar hasta cumplir con nuestro objetivo que es poner fin a estas situaciones denigrantes de explotación, trabajo en negro, trabajo infantil y trata de personas”, prometió el gremialista.

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“Según lo que nos dijeron los propios trabajadores, se encontraban realizando jornadas laborales de lunes a lunes entre 10 y 12 horas diarias, cobrando 27 pesos la recolección de la bolsa de papa, que es muy inferior a lo establecido por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA)”, indicó un comunicado del registro compartido por gremialistas y empleadores.

El operativo esta vez no fue testimonial, porque fue realizado en conjunto con personal de la Dirección Nacional de Fiscalización (DNF), perteneciente a la Secretaría de Trabajo de la Nación. Es decir, el organismo que tiene poder de policía laboral.

Según el comunicado, según las declaraciones de los trabajadores rurales del establecimiento papero, si el clima no les permitía trabajar, no les pagaban la jornada.

Además “se detectaron otras pésimas condiciones laborales, como baños en mal estado, agua no apta para consumo traída en tanques de gasoil sin desinfectar y falta de luz en la vivienda”, afirmó Sol Henchoz, Secretaria de Fiscalización del Renatre. 

Los trabajadores viajaron procedentes de la Provincia de Santiago del Estero, según relataron, y cuando arribaron a Buenos Aires fueron llevados hasta el establecimiento con visibilidad nula, desconociendo así el camino y la ubicación del establecimiento.

También se detectó que de las 20 personas involucradas, 11 no poseían la Libreta de Trabajo Rural (LTR), con lo cual se encontraban trabajando fuera del marco legal.

El RENATRE recordó que “se encuentra en permanente articulación con la Justicia y demás organismos nacionales, provinciales, como así también con representantes gremiales de los trabajadores aglutinados en la UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores)”, y que uno de sus objetivos es “la detección y erradicación de la explotación laboral en el campo”.

En ese sentido, invitó a denuncia casos de malas condiciones de trabajo, trabajo infantil o de explotación laboral a la línea gratuita 0800-777-7366, opción 5, donde los denunciantes “serán atendidos en forma anónima por profesionales capacitados en la materia”.

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