Entonces un economista alineado con el oficialismo en el propio medio oficial del Estado nacional reconoce que no existe relación alguna entre las exportaciones con el aumento del precio de la carne, que fue, precisamente, la excusa para cerrar por 30 días la posibilidad de enviar carne vacuna a la nación asiática.

“Lo más importante son las avivadas: remarcan porque se quedan con una porción de tu salario”, aseguró Letcher. “Algunos dicen que es por los impuestos, pero no”, añadió.

Entonces la cuestión, según Letcher, se explicaría por los malvados supermercados y carniceros que quieren apropiarse de manera indebido de parte de los salarios de los trabajadores.

“Había frigoríficos que jugaban al rulo cárnico, es decir, ganaban plata con la diferencia de la brecha financiera”, continúa el economista, pero sin manifestar qué relación existe entre el supuesto “rulo cárnico” con los precios minoristas si la exportación no explica el problema de la inflación.

“Entonces, ¿nos olvidamos del asado? No: hay que regular porque primera está la mesa de los argentinos”, afirma, muy seguro, Letcher, sin aportar nuevamente ningún nexo causal entre el cierre de las exportaciones con la necesidad de aumentar a regulación y la inflación, aunque para entender tales cuestiones probablemente haya que hacer un magíster en Economía Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), la cual fue creada en 1957 por la Unesco.

De cualquier forma, la pregunta que queda por responder entonces es la siguiente: si no existe relación alguna entre la exportación de carne vacuna a China con la inflación, ¿para qué cerraron las exportaciones destinadas a esa nación?

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La normativa vigente dispone que aquellos establecimientos que tienen más de 300 vacas deben determinar el estatus sanitario de sus rodeos antes del 31 de julio próximo, mientras que los productores con menos de 300 vacas tienen tiempo hasta el 30 de noviembre del 2021. Una vez cumplidos esos plazos, en caso de no determinar el estatus, el establecimiento quedará registrado como “no apto China” y deberá realizar el procedimiento obligatorio para poder ser “apto China”.

“Esto no quiere decir que no puedan mover animales, sino que no pueden ser proveedores de China. Si pasada esa fecha hacen la determinación, es decir el sangrado, y da negativo, pasan a ser nuevamente proveedores”, explicó a Bichos de Campo Ximena Melón, directora Nacional de Sanidad Animal de Senasa.

Pero, ¿existe riesgo de que la nueva exigencia pueda llegar a provocar una caída en la cantidad de empresas con capacidad de ofrecer vacas de corte con destino a China? Desde Senasa indicaron que el cumplimiento del DOES está en este momento en un rango de 25% a 30% de la hacienda total. Si bien resta controlar la mayor parte de los animales, Melón afirmó que ese número se encuentra concentrado en pocos establecimientos ganaderos y que antes del 31 de julio la proporción subirá considerablemente, descartando así cualquier posible restricción de oferta.

“Hay que tener en cuenta que el grueso de la hacienda nacional está en establecimientos más grandes. Aquellos que tienen que cumplir el plazo del 31 de julio son menos establecimientos agropecuarios, pero representan más hacienda. Por lo cual abarcarlos nos permite manejar plazos más cortos y mantener el abastecimiento del mercado de China”, aseguró Melón.

De nuestro archivo: ¿Cambios en el programa de Brucelosis? Claves para entender qué propone Senasa y qué piensan los productores

-¿Por qué no se consiguió un porcentaje más alto de cumplimiento del DOES hasta el momento?

-Porque no había las alternativas que hay ahora. Ese sangrado debía hacerse (antes del cambio normativo introducido recientemente) sobre la totalidad de los animales del establecimiento; en cambio ahora damos la alternativa de hacerlo con un muestreo. Es decir, tomar una parte de los animales y no todos. Eso también da la oportunidad de que los laboratorios de red de brucelosis den abasto para los plazos que estamos pensando.

La funcionaria agregó que, precisamente, el objetivo es evitar un “cuello de botella” y dar plazos que permitan cumplir con los protocolos acordados con China al momento de una auditoría de los servicios sanitarios de la nación asiática.

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