El lunes, feriado, la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios de esa cartera avisó a los exportadores que, por órdenes de “la superioridad”, no iba a permitir que se anoten más exportaciones de maíz a largo plazo (bajo la modalidad habitual de 360 días) sino con periodos breves de embarques de solo 30 días, y además condicionadas a que las cerealeras ya hubieran adquirido el cereal y contratado el buque donde cargarlo.

Esto, que a todas luces es una limitación y un cepo, se originó en que la semana pasada las agroexportadoras cubrieron el saldo exportable calculado por las autoridades, que era de 38,5 millones de toneladas. Para la sector privado, en cambio, se podría exportar algo más, pues el gobierno está sobreestimando el consumo interno de maíz y además prevé dejar un remanente importante (de más de 6,5 millones de toneladas) para empalmar con la nueva campaña.

Pero aguante la ficción. Para el Ministerio de Agricultura “las exportaciones están abiertas”.

Según este particular modo de ver las cosas, lo que sucede únicamente es que “la cartera decidió priorizar las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) fehacientemente respaldadas por compras físicas y con barcos nominados con fecha cierta”.

Desde Agricultura se agregó además que “esta decisión no tiene ninguna implicancia en los mercados de futuros, ya que sólo rige para la presente campaña comercial”. Y se aclaró: “Esto se aplica sólo para el maíz de la campaña 2020/2021. Las registraciones de la campaña 2021/2022 continúan de manera convencional y ya lleva registradas DJVE por 6, 12 millones de toneladas”.

Los números que utiliza el gobierno para justificar (y no tanto) el cierre de las exportaciones de maíz

Después de jurar y perjurar que las exportaciones siguen abiertas, el organismo que dirige Julián Domínguez explicó que “a falta de 5 meses para el inicio de la próxima cosecha, la exportación declaró íntegramente el saldo exportable de 38,5 millones de toneladas”. Es justamente ese saldo el que se cubrió y por ello se impusieron las limitaciones mencionadas.

Para Agricultura, en cambio, “no existe ‘limitación’ ni ‘cepo’ a la exportación de maíz, cuando la Argentina alcanzó un récord de exportación”. En rigor, la venta al extranjero de 38,5 millones de toneladas es uno de las marcas más elevadas de la historia. También lo fue la cosecha, que superó las 60 millones de toneladas, según datos oficiales, en un marco de libertad de comercio (sin los ROE vigentes) y con retenciones relativamente bajas (del 125%.

Agricultura, en su defensa, aportó un dato importante: dijo que 9 empresas exportarán el 96% de esas declaraciones, “con volúmenes individuales que van de 1,5 a 5,9 millones de toneladas”.

La retención efectiva en maíz es del 53%, pero para el gobierno argentino no es suficiente

¿Qué puede suceder ahora? Pues que sin la participación de esos 9 jugadores en la cancha, se depriman los precios pagados por el maíz retenido por los productores, debido a la falta de competencia. Ese es el temor.

Pero según la gestión de Domínguez, “el productor rural tiene que tener la plena certeza de que es la base de esta cadena de valor y que en ningún momento se actuará con alguna medida que lo perjudique”.

Creer o reventar. ¿Aguante la ficción?

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Pero a pesar de que es él quien ocupa el cargo de ministro y conduce una estructura de miles de funcionarios públicos, también insiste en que sea el sector privado quien le resuelva el problema y encuentre la fórmula. De lo contrario, según se interpreta de sus últimas declaraciones, amaga con volver a hacer lo que parece más sencillo: trabar las exportaciones e intervenir sobre los mercados.

“No se ha alcanzado todavía una decisión para el desacople y estamos trabajándola para ver de qué forma el sector aporta ideas, de manera tal de no impedir la correcta relación entre oferta y demanda y la generación de precios, pero también de qué manera logramos que el pollo, la leche, los huevos, lleguen con precios más accesibles para la población”, declaró el ministro formoseño en una entrevista a Radio Mitre.

El 30 de diciembre pasado, el propio Basterra avaló que su ministerio suspendiera por dos meses las exportaciones de maíz, a través de una ardid administrativo basado en una ley de tiempos de la dictadura militar: el cierre del registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) mediante el cual las cerealeras preanuncian sus embarques.

La medida fue desactivada luego de unos días ante el rechazo unánime de todo el sector privado, que aceptó sentarse con el gobierno en dos mesas interinstitucionales, la de Maíz y la de Trigo, buscando fórmulas diferentes que evitaran una intervención al mercado agrícola, como en los peores momentos del conflicto entre el campo y el kirchnerismo.

El peso de los granos: ¿Cuál es la incidencia real del trigo y el maíz en los alimentos básicos?

Ya se han producido tres reuniones de la mesa del maíz y aunque los privados aportaron una serie de herramientas para desinflar la tensión que existía en el mercado de maíz, en especial favoreciendo el aprovisionamiento del sector avícola, Basterra insiste que de allí debe salir un mecanismo institucionalizado para “desacoplar” los precios internos de los granos de los externos.

El ministro habla siempre de un fideicomiso del cual nadie tiene idea cierta de qué se trata, pues el propio Ministerio de Agricultura no ha presentado ninguna boceto técnico concreto sobre el mismo.

Pese a esta escasez de propuestas desde el sector público, Basterra sigue metiendo presión sobre el sector privado, como si no fuera él quien gobernara.

“La Argentina tiene una situación compleja porque a los muy buenos precios internacionales, que son realmente una muy buena noticia para la Argentina, se le contrarresta la situación de que esos precios internacionales impactan sobre el valor de las materias primas que constituyen parte esencial de las cadenas alimenticias de nuestro país”, explica su posición.

Según su mirada, se deben “compatibilizar dos cuestiones: una, es sostener el comercio externo y la generación de divisas pero, por otro lado, garantizar el acceso a los alimentos por parte de la población”.

El ministro insistió en que hay que “encontrar mecanismos que, sin perder rentabilidad, posibiliten el famoso desacople de los precios internacionales respecto de lo que son insumos dentro de las cadenas de producción de alimentos”.

“Nos parece una decisión más que importante la de ponernos de acuerdo en nuestro país para poder alcanzar precios que le permitan al ciudadano no tener restricciones en el acceso a los alimentos”, sostuvo Basterra, como si en vez de ser ministro de Agricultura y hacer políticas en favor de los productores agropecuarios fuera el secretario de Comercio o el de defensa de los consumidores.

Lo más curioso fue su declaración final, consignada en un cable de la agencia Télam: “Si dejamos que las cosas sucedan solas no ocurre lo que uno quiere. La necesidad de un gran compromiso de los argentinos, de los empresarios, de los trabajadores para que encontremos sistemas para que los alimentos básicos sean de accesibilidad para toda la población”.

Cierto. Las cosas no suceden solas. Se supone que hay un gobierno que debe trabajar para que sucedan.

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En otro enfoque del mismo problema, este estudio reveló que ” la suba de los precios de los granos (que redondeó el 80% en 2020) representó solo el 1,57% de la inflación del 2020″.

Este cuadro es muy ilustrativo:

Los economistas de la Bolsa de Cereales, dispuestos a poner números fríos para demostrar que la incidencia del trigo y el maíz sobre distintos alimentos de la canasta básica es menos importante de lo que vulgarmente se cree, analizaron cuál es el peso real de esos dos granos en la estructura de costos de los productores de pollos, huevos, del pollo trozado, del pechito de cerdo, de la leche, del asado y del pan común.

Los resultados fueron que “en promedio, de los productos seleccionados para maíz este representa el 12% del precio final”.

El maíz representa el 21% del precio del pollo entero dentro del programa de Precios Cuidados, 13% de los huevos, 12% del pollo trozado, 10% del pechito de cerdo, 8% de la leche y 7% del asado”. Esto por la incidencia creciente del feedlot o engorde a corral en los esquemas productivos de bovinos.

En tanto, el trigo representa solamente el 13% del precio del pan.

Las conclusiones de la Bolsa de Buenos Aires es que “por lo tanto, en los productos estudiados más del 80% del precio al consumidor no depende del precio doméstico de los granos, sino que responde a otros costos, tales como salarios, energía, alquileres, utilidades, impuestos, fletes y otros costos de distribución, que acompañan la evolución del nivel general de precios de la economía”.

“Esto significa que, por cada reducción del 1% en el precio doméstico del maíz, se generaría una reducción potencial del 0,21% en el precio del pollo entero de precios cuidados, 0,13% de los huevos, 0,12% del pollo trozado, 0,10% del pechito de cerdo, 0,08% de la leche y 0,07% del asado”, se precisó.

En el mismo sentido, una reducción del 1% en el precio doméstico del trigo, provocaría una reducción potencial del 0,13% en el precio del pan.

Para intentar demostrar que los culpables de las subas internas de estos alimentos no han sido solamente los granos básicos, los economistas se ocuparon de cuantificar el impacto del aumento del precio del maíz y el trigo sobre el IPC (índice de precios al consumidor), que redondeó el 36% en 2020 a nivel nacional.

El resultado está en este gráfico:

En diciembre de 2020, los alimentos tomados para hacer este análisis registraban una ponderación de 5% en el IPC. “Es decir que un incremento del 1% del precio de estos alimentos tendría una incidencia de 0,05 puntos porcentuales en el índice de inflación”, se razonó.

“Siguiendo este razonamiento, si el precio del maíz y del trigo registrara un incremento del 30% y la participación de estos en los bienes de consumo básico estudiados es de 11,9%, la incidencia sobre el IPC sería de solo 0,163 puntos porcentuales”, se sugirió.

En base a estos cálculos, la Bolsa de Cereales porteña evaluó que si bien durante 2020 los precios del trigo y el maíz aumentaron un 80% y 91% respectivamente, este fortísimo aumento “explicó solo 0,48 puntos porcentuales de la suba del IPC de la Ciudad de Buenos Aires, que mostró un incremento del 30,5% interanual en el mes de diciembre”.

El cálculo, explicaron, surge de multiplicar la variación de los precios de los granos por su porcentaje de incidencia.

“De esta manera, a través de los productos analizados, la suba de los precios de los granos representó solo el 1,57% de la inflación del 2020. El restante 98,43% se debió a factores distintos al comportamiento del trigo y el maíz”, enfatizó el documento de la Bolsa.

Lógicamente, la idea de este trabajo es habilitar un debate maduro para evitar que se adopten medidas que perjudiquen los mercados de commodities agrícolas sin por eso beneficiar a los consumidores.

En los últimos meses “se adoptaron diversas medidas de política agropecuaria con el objetivo de desacoplar el precio doméstico del internacional. En este punto resulta importante destacar que muchas de las medidas ya han sido llevadas a la práctica en nuestro país en distintos períodos históricos, siendo el más reciente el comprendido entre los años 2002 y 2015, donde se implementaron: derechos de exportación, tipos de cambio diferenciales, restricciones cuantitativas a la exportación, límites máximos de precios internos y compensaciones. Contrariamente a los resultados esperados, las mismas no tuvieron efectos relevantes en el precio de los alimentos y el bienestar de los consumidores”, se recordó.

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Sin embargo, en diálogo con Bichos de Campo Pablo confesó que a veces se ven tentados a vender granos más que cerdos, porque con los altos precios actuales sería más rentable.

“En nuestro criadero teníamos100 madres y lo tuvimos que achicar a 50 madres porque no nos daban los números. El año pasado nos pagaban 60 pesos el kilo del capón. A principios de 2020 teníamos el quintal de maíz a 900  pesos y ahora está 1.700 pesos. Por eso vemos que hoy nos conviene más vender los granos que los cerdos”, reconoció el productor que pertenece a Federación Agraria Argentina (FAA) desde los quince años de vida y que actualmente dirige el Distrito 6 sur de Santa Fe.

Hace rato que teniamos ganas de entrevistas a Pablo Pailolle, el “chacarero provocador”. ¿Por qué? Estuvo en el centro de críticas de sus pares productores cuando hace poco se expresó de modo solidario con Dolores Etchevehere y el proyecto Artigas: fue hasta la estancia entrerriana del ex ministro de Cambiemos para decir que él consideraba que había que discutir políticas de acceso a la tierra.

Su nombre volvió a sonar disonante en los últimos días, cuando Pailolle se manifestó en contra del paro agropecuario dictado por las entidades de la Mesa de Enlace (incluyendo su Federación Agraria) tras el cierre de exportaciones del maíz.

Pero Pablo tiene la conciencia muy tranquila. Explicó que su postura tiene que ver más con las raíces de la propia entidad que integra. “Esto tiene que ver con la historia de FAA. Esta entidad siempre tuvo dos cuestiones: el acceso a la tierra y el comercio administrado de granos. En el caso de la tierra, la FAA era administradora de distintas políticas de colonización. Por eso, en parte, la situación que se dio en torno al conflicto con los Etchevehere lo circunscribimos a ese contexto”, indicó.

Mirá la entrevista completa a Pablo Pailolle:

-El Grito de Alcorta fue eso, una asamblea muy grande de arrendatarios que se rebelaron porque no tenían acceso a la tierra y las condiciones impuestas por los estancieros eran leoninas.

-Exacto, y luego de ese Grito de Alcorta se formó la FAA y puso el eje en dos cuestiones: el acceso a la tierra y la comercialización. Ahora, respondiendo acerca de si siento que voy a contramano de lo que piensan muchos colegas, siento que en parte es verdad. Entre los pequeños y medianos productores ganó mucho terreno esta idea de que el Estado es mala palabra y que es una sanguijuela que te saca y devuelve muy poco. Entonces cuando defendemos que intervenga el Estado te tratan de loco. Pero la verdad es que los pequeños y medianos productores nos hicimos propietarios precisamente por la intervención del Estado.

-¿Cómo es eso?

-Después de esa lucha de Alcorta, se sancionó la ley de Arrendamiento Rural, la 13.246, la cual junto a los créditos del Banco Nación a 30 años permitió que muchos arrendatarios se transformaran en propietarios. Con esto quiero aclarar que no toda intervención es buena, pero a veces puede ser virtuosa en defensa de los pequeños y medianos productores.

-Pero Pablo, muchos productores ven al Estado como una sanguijuela porque muchas veces el Estado se comporta así… Entonces aparece cierta reacción lógica

– Si, tienen sus razones, pero después hay que desmenuzar la situación porque no todos los políticos ni todas las políticas de Estado son iguales.

-Está bien, las generalizaciones nunca son buenas. Ahora, vos decís que te gustaría un Estado con políticas agropecuarias virtuosas. ¿Sostenés que las hubo en algún momento porque tanto vos como tu hermano son propietarios de un pequeño campo?

-Lo heredamos, no es que lo hicimos nosotros. Pero veo que cuando a la política agropecuaria la dejamos librada a que solo la maneje el mercado se produce lo que tenemos hoy: una super concentración y desaparición de productores. No quiero ser dramático pero los productores de 50 o 60 hectáreas en la Pampa Húmeda somos productores en vías de extinción.

-Bueno, eso lo confirma el último Censo Nacional Agropecuario: Desapareció el 40% de productores entre 1988 y 2018. Y la mayoría eran de la región Pampeana.

-Los resultados son los que estamos viviendo. Por eso necesitamos un Estado que intervenga, que ayude industrializar la materia prima, que aplique políticas públicas diferenciadas y que haga competitivo al pequeño productor con respecto al grande, lo que podría darse con una buena segmentación de retenciones.

-Dame argumentos…

-Antes, en esta zona, un productor con 60 hectáreas podía alquilar unas 100 hectáreas al vecino, y hacía una unidad económica que le permitía vivir bien y que sus hijos pudieran quedarse en el campo. Hoy para alquilar esas 100 hectáreas al vecino, si no ponés por adelantado 20 quintales no las alquilás. Entonces ese pequeño productor no puede competir con el gran contratista y va quedando afuera. Por eso necesitamos que el Estado atienda esa problemática. Luego habrá que ver si al Estado le interesa sólo el número final, independientemente de quien produzca, o si le interesa más una cuestión de desarrollo del interior.

-Tus últimas dos manifestaciones públicas fueron de apoyo a la toma de la estancia de los Etchevehere y al cierre de las exportaciones de maíz. ¿Vos sentís realmente que a los del proyecto Artigas les interesaba el acceso a la tierra tal cual lo planteás? ¿Pensás que a Luis Basterra le interesa desacoplar el precio externo del interno o eso del cierre era una simple chicana política? ¿Les crees?

-Más que creerles o no trato de que se instale otra agenda. Aparte de tenerle un gran respeto al proyecto Artigas, lo hago independientemente de si se trata de Grabois o de Etchevehere. Lo hago porque por primera vez se pone en discusión cómo es la concentración de tierras y la posibilidad de discutir una colonización. Y lo mismo pasa con el cierre de exportaciones del maíz. No estuve a favor del paro porque los pequeños y medianos productores a esta altura ya vendieron todo su maíz para salir a pagar las cuentas, y el que tiene un remanente de cereal se lo da a sus animales. Entonces, ¿Qué motivo teníamos para ir al paro? Íbamos a ir en apoyo a otros. La propuesta del paro era clara: que el Estado no interviniera en la comercialización de granos.

-Claro, iba en contra de lo que vos pensás. ¿Vos pedís una intervención virtuosa?

-Exacto. Esto es independiente de los actores que intervienen. Si le creo o no a Basterra es algo secundario. Brasil industrializa el 70% u 80% de su maíz y eso es generar laburo en el territorio, pero en Argentina hacemos todo al revés, exportamos al maíz en su mayoría como grano y no lo industrializamos. Si se cerrara una exportación para llevar adelante una política en esa dirección estaríamos de acuerdo, pero si fuera una medida para favorecer a algunos grupos concentrados, o si fuera meramente coyuntural o administrativa de las circunstancias entonces no estaremos de acuerdo.

-Vos sos representante de FAA en el consejo directivo del INTA, de modo que estás vinculado con el Estado y lo ves funcionar ¿Tiene resto ese Estado como para generar una política virtuosa?

-Yo no sé si hay resto o no, pero estamos obligados. Es decir, no hay margen para no hacerlo. Escucho mucho que tenemos problemas de pobreza estructural, pero para resolverla hay que destrabar problemas estructurales de la economía. No puede ser que cada vez más se siga concentrando la producción agropecuaria en pocas manos. ¿Vos sabés que hay 2.600 explotaciones agropecuarias que explican más del 70% de la soja en la Argentina? Entonces si no producimos cambios estructurales es muy difícil que podamos resolver los problemas de fondo.

-Vos sos de los tipos a los que los políticos felicitan porque agregan valor en territorio, convirtiendo los granos en carne, en este caso cerdos. Sin embargo, por lo que contás, hoy te resulta más ventajoso primarizarte.

-Exacto. El tipo de chacras como tenemos nosotros es la que le da valor agregado a la producción y dinamiza la actividad en los pueblos del interior. Pero muchos de nuestros compañeros ya abandonaron y sostienen que es mejor vender los granos para no renegar. Te digo más: Camilo Aldao, el pueblo de Marcos Juárez donde vivo, es un pueblo de 6 mil a 7 mil habitantes y al igual que en muchos pueblos del interior, la principal mano de obra está en la comuna o municipalidad. Y vos dirás, ¿Pero cómo, si de esos pueblos ricos salen las cosechas récord? Y si, las comunas se vuelven la caja de alimentos de montones de tipos que quedaron desocupados, tipos que laburaban en chacras y que se van al pueblo para que los sostenga la municipalidad. Por eso digo que algo está mal.

-¿Cómo eras cuando vos eras chico?

-Mi viejo era federado y veterinario y recorríamos juntos casi todas las chacras. Antes, en la década del ´80 había un criadero de cerdo en cada chacra del cual vivían de 2 a 3 familias y en el pueblo no existía desocupación. Pero en la década del ´90 se fue perdiendo todo, particularmente por la importación de cerdos muchas veces provenientes de Brasil. Muchas otras políticas han hecho que sientas lástima cuando recorrés los territorios y ves las taperas. Hoy ves montecitos que antes eran chacras. Se ha dado una fuerte expulsión de gente del campo a las ciudades y en las ciudades precisamente no se lo está pasando tan bien.

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Cuenta la historia que allá por la década del ’30 del siglo pasado, con posterioridad a la gran crisis, muchos economistas advirtieron que, en términos relativos, la relación entre los precios de los bienes industriales y los bienes agrarios mostraba un deterioro de estos últimos; de allí proviene el tecnicismo “deterioro relativo de los términos de intercambio”, que fue el telón de fondo de todos los intentos de industrialización “sustitutiva” en América Latina.

La respuesta imperfecta a ese desafío en Argentina se tradujo en imponer mayores cargas a la producción agropecuaria -en la idea que aprovechaba de una ventaja natural-, para favorecer, sostener o apalancar procesos industriales.

Eso fue así durante muchos años, en los que el país tuvo más momentos económicos malos que buenos.

No quiero abrir un juicio aquí sobre la industrialización sustitutiva, solo señalar que fue una respuesta en un momento histórico, explicada por las circunstancias de aquel entonces.

En los últimos 30 años, por un conjunto de circunstancias entre las que destacan el “boom urbano-demográfico” y la incorporación de muchos Estados a la producción industrial y al comercio internacional, sobre todo China, lo que viene ocurriendo es justamente lo contrario de lo que pasaba en aquella post-crisis. Ahora, los bienes agrarios tienden a valer cada vez más frente a precios de productos industriales que van por detrás.

Los dos fenómenos tienen perfecta explicación en preferencias, circunstancias y abundancia o escasez relativa de insumos o de capacidad de respuesta económica.

Lo que es verdaderamente inexplicable es que en nuestro debate público esta circunstancia histórica se soslaye.

La decisión política en torno a qué estructura económica queremos alentar es indispensable. Pero aquellos que consideran que la disponibilidad de recursos, capacidades y tradiciones productivas son un lastre, parecen maniatados por la intima convicción de que hay actividades “per se” mas nobles o elegibles que otras.

Argentina es una potencia agraria, es un país industrial, es un país minero; y lamentablemente producto de ideas sin contextos, de moralinas económicas y de la falta de una institucionalidad adecuada, es un país cada día más pobre y subdesarrollado.

La recurrencia de los fracasos populistas y ortodoxos debería llevarnos a pensar que tal vez debemos dejar de lado la repetición de lo que hemos estudiado hace demasiado tiempo y animarnos a explorar, en base a evidencia, nuevos conceptos, nuevas recetas e ideas que enriquezcan nuestros debates.

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Por esa razón, y para poder desactivar esa medida, el CAA también se involucró en las últimas dos semanas en la conformación de una Mesa Intersectorial de Maíz, que ya se reunió varias veces con las autoridades nacionales para buscar soluciones menos dañinas que el cierre de las exportaciones. Esa decisión, tomada el 30 de diciembre pasado sin ninguna consulta previa con el sector privado, fue la gota que colmó el vaso y llevó a las entidades de productores de decidir el reciente cese de comercialización de granos.

En diálogo con Bichos de Campo, Martins contó que la primera acción que llevó a cabo el CAA fue explicar al gobierno que no había un problema en el stock de maíz y que no estaba en riesgo el abastecimiento interno. Consideró el directivo que esta posición ayudó a que se levantara la restricción a anotar nuevos embarques.

Pero el objetivo ahora está en lograr una armonización de los intereses de la cadena y las soluciones a los problemas para evitar que la política se involucre con esas soluciones drásticas a las que nos tiene acostumbrados, y que terminan empiojando todo.

Martins explicó que hay sectores del consumo interno de maíz, algunas industrias transformadoras como la avícola, que “van comprando de a poco (el grano) pues no tienen capacidad para hacerlo a lo largo del año. Con lo cual nos pusimos a trabajar en herramientas en el interior de la cadena” que están vinculadas a la posibilidad de asegurar precio y abastecimiento a través del mercado de futuros (Matba/Rofex).

Pero al mismo tiempo, desde el Gobierno se les propuso organizar un fideicomiso que sirva para “desacoplar” el precio interno, con unos actores de la cadena maícera subsidiando a otros cuando hiciera falta.

“Es complejo, porque hay un montón de empresas y de sectores y no sería nada sencillo de lograr. De ninguna manera (el fideicomiso) fue una propuesta de la Mesa ni dijimos que lo va a pagar el productor ni mucho menos. Es una propuesta del gobierno, hay que desarrollarla mucho y no la terminamos de entender y hay que ver si es viable”, aclaró el coordinador del CAA.

Escuchá el entrevista completa a Martins:

Por ahora, así, son más las dudas que las respuestas respecto de este posible instrumento que ayude a que los consumos accedan al maíz a un precio que no acompañe al internacional, para así evitar una presión sobre los costos de los alimentos y al mismo tiempo que no se vea afectado el precio al productor.

“Se nos tiró el título, pero hay que ver cómo se fondea, quién lo fondea, cómo se distribuye, a quién y en qué momento. Es tan complejo, no es de fácil resolución”, aclaró el presidente de la Bolsa de Cereales.

Con respecto al origen del dinero que lo conformaría, Martins sugirió que el gobierno podría destinar recursos propios para cumplir con ese objetivo y subsidiar el consumo interno de maíz. “Hoy el Gobierno recibe muchos más dólares de los que previó, porque los precios de los granos se dispararon. Ahí podría haber un monto para atemperar cosas”, dijo Martins, en sintonía con Gustavo Idígoras, del Ciara-Cec, que también dijo a Bichos de Campo que una chance era armar un fondo anticíclico con la recaudación extra por retenciones.

“Este error es plena responsabilidad del Gobierno”, acusa Gustavo Idígoras tras la veda al maíz. Sugiere armar un fondo anticíclico con el dinero que recaudarán por la suba de los granos

Como sea, la intención del Consejo sería ayudar a cerrar el cerco para evitar nuevas intromisiones de la política en el mercado de maíz, que sean más perjudiciales. Por caso, un nuevo cierre de exportaciones o el incremento de los derechos de exportación, actualmente del 12%.

“Está en nosotros la posibilidad de neutralizar eso. El agro tiene una altísima carga impositiva, cuando es el que puede generar divisas, empleo y reducir la pobreza. Si subimos la carga tributaria vamos en contra de ese propósito”, alertó Martins frente a la posibilidad en lo inmediato el Ejecutivo eleve de 12 a 15%, como autorizó el Congreso en 2019, los derechos de exportación.

A tal efecto, y previendo que la situación que se dio con el maíz se repita con los demás granos, desde el CAA se decidió también armar la Mesa del Trigo, ya que en esta cadena también hay sectores que están complicados y sienten la presión oficial. El eslabón que peor la pasa es la molinería, que tiene precios cuidados en la harina mientras el trigo dio un salto importante. De esta situación dio cuenta en Bichos de Campo hace pocos días Diego Cifarelli, el presidente de la Federación de la Industria Molinera (FAIM).

También en este caso se pretende evitar medidas que más que soluciones significan problemas en el sector.

Por eso Martins consideró: “Nos movilizamos en tratar de generar propuestas e inmediatamente armamos la mesa de maíz y del trigo y ahí están representados todos a través de las cadenas y las entidades con activa participación y consenso. Lo que hemos hecho hasta ahora fue presentar una batería de herramientas que estamos trabajando para que bajemos la espuma”. explicó.

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El sainete duró menos de 15 días. Y todo volvió a fojas cero luego de que ambos sectores se mostraran los dientes. El gobierno levantó la veda exportadora y las entidades levantaron el paro.

El gobierno no hará ninguna evaluación pública y mucho menos pedirá disculpas al sector privado, eso ya está claro. El kirchnerismo puede provocar con sus intervenciones la pérdida de 10 millones de bovinos del stock nacional, pero seguirá echándole la culpa a la sequía.

Pero la situación ha provocado un fuerte debate en las tropas ruralistas: allí se discute si estuvo bien convocar a un paro agropecuario cuyo éxito es relativo; si no se ha sido funcional a la estrategia oficial de mantener el conflicto abierto; si los dirigentes de la Mesa de Enlace siguen siendo representativos; qué hay que hacer para modificar la realidad de los productores…

Es sano el debate aunque resulte a veces cruel y doloroso.

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Desde CRA, la entidad con mayor dimensión territorial en el agro, emitieron un comunicado con sus reflexiones. Allí culpan de todo este conato de pelea a una estrategia oficial que prefirió tomar medidas sorpresivas (el cierre de las exportaciones de maíz lo fue) sin negociar con los actores de la cadena.

“Un viejo dicho campero dice ‘hablando se entiende la gente’, claro, que para eso pase se necesitan dos, que estén dispuestos a escucharse mutuamente”, afirma el documento.

Luego de reconstruir los hechos -que incluyeron la insólita imposición de cupos diarios al maíz un domingo a la medianoche y a través de un comunicado de prensa- CRA reflexionó que “hubiese sido más simple y nos hubiésemos ahorrado, la zozobra, el enfrentamiento, el cese de comercialización y la pésima imagen internacional, si nos hubiésemos convocado y hubiésemos participado con información confiable y seria sobre el mercado del maíz y la cobertura de existencia para el mercado local”.

Eso parece pedirle mucho al kirchnerismo.

Pero los ruralistas blanquearon lo que realmente les duele: “El Gobierno nunca, en estos días, recibió a CRA, y canalizó toda la gestión con el CAA entidad mayoritariamente compuesta por el sector comercial de granos y en algunos casos con supuestos beneficiarios del cierre de exportación de maíz. Finalmente parece haber entendido que cometió un error grosero, que hay maíz suficiente y que cuotificar su exportación en forma diaria, es un despropósito, en consecuencia, dio marcha atrás con la medida”.

CRA, la Federación Agraria y Coninagro (que no adhirió al paro) forman parte del Consejo mutisectorial integrado por casi 55 cámaras de la agroindustria. Es cierto que la coordinación de ese bloque es ejercida por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y pesa fuerte el Ciara-CEC, que agrupa a las grandes exportadora. Pero hasta este nuevo conflicto, Jorge Chemes, el presidente de CRA, participó de varias reuniones entre el Consejo y el equipo económico.

Ahora el ruralista parece avisar que pondrá bajo revisión esta decisión y su pertenencia al CAA, donde la única entidad de la Mesa de Enlace que no participó fue la Sociedad Rural Argentina.

Las aguas bajan agitadas.

“Queremos instar al CAA, a que no se adjudique representaciones de las que carece y no convalide en nombre de la producción primaria, cupos, permisos, cuotas o cualquier otro artilugio que genere distorsión en los mercados que deben operar por la oferta y la demanda”, se expresó en el comunicado.

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Quilombo se armó con el cierre de las exportaciones de maíz dispuesto por el Gobierno. Un verdadero quilombo. Que los dirigentes y políticos de turno la cuenten como quieran, la bronca ya está instalada entre muchos productores de maíz y prueba de ello es el testimonio que cuatro de ellos -distribuidos entre el norte y centro del país- brindaron a Bichos de Campo.

La línea de tiempo es de tan sólo dos semanas. Comenzó a fin de año cuando el Ministeriod e Agricultura cerró temporalmente las exportaciones con el argumento de asegurar el abastecimiento del grano hasta la próxima campaña. Le siguió la decisión de reabrirlas parcialmente, minutos antes de que comenzara un paro de comercialización por parte del campo, y culminó con la decisión de levantar esa medida de fuerza, luego de que el Gobierno acordara con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) que la apertura exportadora del maíz sería total y no parcial.

Ariel Bianchi, productor autoconvocado del norte bonaerense, opinó: “Este Gobierno se manejó de modo pésimo en torno al maíz. Estamos atravesando una producción récord en Argentina y crecimos estos últimos años. Hay maíz de sobra y lo único que consiguió el Gobierno con esta medida fue la desconfianza del productor”.

Bianchi, que organizó las protestas en Pergamino agregó que “el Gobierno también se manejó de modo pésimo incluso después de revertir su política: desde el Ministerio de Agricultura parecía que intentaban destrabar el conflicto pero no lo hacían; después salieron con la apertura parcial de exportaciones imponiendo un cupo de 30 mil toneladas diarias; luego retrocedieron con esa medida y ahora no se sabe qué va a pasar. Todo muy lamentable porque el maíz era un cultivo que andaba bien”.

Acerca del papel de la Mesa de Enlace, que organizó el paro sin Coninagro, Bianchi manifestó que “es bastante pobre. Cada vez que hubo un conflicto se vio superada por los productores. Mi definición es que la mesa siempre está corriendo detrás. Creo que se equivocan las tres gremiales que están dentro del Consejo Agroindustrial, ya que este dio sobradas pruebas de que piensa sólo en sus intereses y no en toda la cadena. De hecho, la primera medida que consiguió fue a su favor”, avaluó, en referencia al regreso del diferencial de retenciones en la soja.

“Pienso que la Mesa de Enlace la terminó de rematar levantando el paro antes de tiempo, y en cuanto a Coninagro, su forma de actuar fue pobre y malintencionada porque no solo no adhirió al paro sino que presionó a todas las cooperativas para que no se sumaran. Muchos productores cooperativistas se sintieron traicionados en torno a ese tema”, concluyó Bianchi.

Marcelo Tardivo, productor maicero de la localidad cordobesa de Río Cuarto, y socio fundador de una fábrica de etanol de maíz, también se expresó en contra de la medida del Gobierno de querer cerrar las exportaciones del grano. “Mientras menos se intervenga un mercado más transparente será”, respondió.

“Cualquier intervención empieza a generar ruidos, el productor desconoce las reglas de juego y entonces no puede tomar decisiones. La verdad es que si va a planificar su siembra con un mercado intervenido, por ahí lo piensa dos veces”, se quejó.

Tardivo coincidió con Bianchi en que esta medida generó un sentido de desconfianza en el productor. “En lugar de incentivar a que se produzca más como veníamos haciendo generan el efecto contrario. Espero que vuelva la claridad en quienes toman las decisiones para que podamos proyectarnos”, sintetizó.

Guillermo Alonso, productor agropecuario del norte bonaerense, dijo: “Esta experiencia ya se vivió y los resultados no fueron para nada favorables, ni para el país ni para el productor agropecuario”.

“Está muy claro que cuando no hay intervención, cuando se trabaja libremente sin que nadie te ponga el pie encima y sin medida inconsultas y en su mayoría mal aplicadas, lo que se logra es todo lo contrario a lo que se pretende”, remarcó Alonso.

En cuanto a la Mesa de Enlace, Alonso declaró que “se maneja dentro del rango que puede en un Gobierno que da poco margen para hacer y que no escucha, pero claramente no representa a todos los productores agropecuarios”.

El pedido explícito de Alonso fue “tener libre mercado. La intervención en cualquiera de los mercados es absolutamente negativa. Cuando le dieron libertad de trabajo, el productor ya demostró que pudo triplicar la producción de maíz y el volumen exportable, generando recursos genuinos para el país, pero además pudo invertir en semillas y en fertilización ayudando a que la producción crezca. Eso es lo que pasa en un país normal”.

Maxi Alcocer produce en el noreste de Tucumán y en el noroeste de Santiago del Estero, cultivando maíz, trigo, soja y porotos, y para él la medida fue “totalmente perjudicial”.

“El Gobierno también se perjudica porque deja de percibir las divisas que le ingresan por retenciones. A nosotros, los productores, nos hace caer la rentabilidad del cultivo cuando en el norte ya tenemos, de por sí, una baja rentabilidad en la zona y a eso hay que sumarle el alto costo del flete que debemos afrontar por estar alejados de los puertos”, explicó Alcocer.

El productor del norte manifestó que estas medidas desalientan la producción de un cultivo como el maíz pero dijo que al mismo tiempo no tienen otra opción que apostar por este por un tema agronómico. “Todos los años tenemos que rotar un 50% con maíz y otro 50% con soja por el manejo de malezas y algunas plagas, por eso, cuando toman estas políticas siento que nos dejan fuera del sistema”, se lamentó.

Alcocer recordó que “esta película ya la vivimos y el Gobierno sabe que esta no es la solución del problema. Cerró las exportaciones de carne y restringió las exportaciones de trigo con los Roe haciendo que tuviéramos la menor producción de los últimos 40 años en Argentina”.

“La solución no es desalentar la producción. Acá debería haber una cuestión de oferta y demanda; si el Gobierno incentiva la producción puede haber más oferta, lo que haría que se mantenga la demanda y bajaran los precios, pero esta gente está haciendo todo al revés, restringe y ocasiona menos oferta”, opinó el productor.

Y sintetizó que aunque están muy preocupados por el devenir político hacia el agro, también están muy decididos a defender su trabajo. “Lo único que sabemos hacer es producir, por eso en el norte no estamos dispuestos a dejarnos avasallar y defenderemos nuestro trabajo y nuestros campos. Esperamos que se resuelva todo a través del diálogo, como debe ser”, cerró.

Más cordura y menos quilombo es lo que piden, en definitiva, los productores maiceros, cuando recién van 14 días del año 2021 y el “broncódromo” apenas calienta el garguero. El resto de la novela se escribirá en la medida que fluya la campaña sin mayores sobresaltos y el Gobierno preste el oído para escucharlos.

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Estamos malditos porque no sobra maíz. Era eso.

Hay que avisarle a Fernanda que esta “maldición” volverá a repetirse el año que viene, y quizás el otro, y quizás el otro. Es más, como bien dijo la dirigente política, hace rato que estamos malditos pues la Argentina viene exportando el maíz que siempre le sobra desde hace por lo menos 70 años.

Este año seguiremos malditos.

Según la primera estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) sobre la campaña 2020/21 de maíz, la producción nacional de ese grano podría llegar a las 46 millones de toneladas y sería casi 11% menor a la de 2020. El cálculo se refiere al maíz “comercial”, que es el que cambia de manos (los productores lo venden a quienes lo usan internamente o a los malditos exportadores). El Ministerio de Agricultura lleva adelante una estimación diferente en la que agrega el maíz que se consume en chacra como silo. Por eso, desde la óptica oficial la maldición que sufrimos los argentinos es todavía más elevada.

La misma Bolsa de Rosario, en un puntilloso análisis publicado en marzo de 2020, estimó el consumo interno de maíz comercial superaba las 16 millones de toneladas anuales. ¡Maldito maíceros! ¡Si la producción esperada llega a las 46 millones de toneladas y ese nivel de consumo interno se mantiene en 2021, habrá un sobrante de ese grano forrajero en torno a 30 millones de toneladas.

Ese es el maldito “saldo exportable” del cual nos advierte Vallejos.

Por suerte, la sequía está haciendo bastante daño y esta producción esperada de maíz (se cosecha a partir de marzo/abril) no será tanta como la del año pasado, cuando se lograron 51,5 millones de toneladas, el segundo volumen más alto de la historia.

Gracias a la falta adecuada de lluvias (gracias, gracias), la cosecha caerá cerca del 10% respecto del año pasado.

“El evento de lluvias que comenzó el jueves 8 de enero y se extendió hasta el 12 enero fue un punto de giro para la campaña maicera. Sí no se hubiese producido, la estimación de maíz argentina habría caído 1,2 millones de toneladas más respecto de los guarismos que aquí se presentan”, dice el informe difundido por el sistema GEA de la BCR.

Es decir que estas últimas lluvias agravarán la maldición de la que habló Vallejos. ¡Malditas lluvias!

“Existe una nueva posibilidad de lluvias, que podría afianzar el escenario productivo en los próximos días”, afirma lamentablemente la Bolsa en base a datos que le aporta el meteorólogo José Luis Aiello.

Como sea, esta maldición de las lluvias -que desencadena la maldición de que nos sobre maíz- permitirá sostener un rendimiento nacional digno, que sería de 75,5 quintales por hectárea y caería solo 1 quintal por debajo del promedio de los últimos 5 años.

Con este dato y la superficie sembrada, los técnicos de la BCR estimaron la producción mencionada de 46 millones de toneladas. Por fortuna sla siembra de maíz cayó con respecto al último ciclo en un 2,3% y se estima el área comercial cosechada de solo 6,1 millones de hectáreas. Gracias a Dios se perdió 1 millón de hectáreas sembradas.

“Con estas cifras, la primera estimación hecha sobre la condición del cultivo muestra una producción de 46 millones de toneladas. Se trataría de la segunda mejor marca productiva, quedando un 10,6% por debajo del récord del 2018/19 y de la 2019/20, ambas con 51,5 millones”, suscribe la bolsa.

La BCR aclara que el clima todavía puede jugar en contra del maíz, y en consecuencia a favor del proyecto nacional que apunta a que no sobre tanto, porque  si no hay que exportarlo y se nos plantea el dilema de que hay que “desacoplar” los precios internos de los internacionales.

“Las próximas 3 semanas son muy importantes. Con las condiciones medio ambientales de los próximos meses para las siembras tardías, se determinarían los ajustes sobre las cifras de rinde y producción”, avisa el infome. Es decir que todavía puede caer más la cosecha. ¡Aleluya!

Maldito maíz. Maldita soja. Maldito el que esto lee.

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A las 14,10 la conferencia de prensa ya había terminado. y a los ruralistas no les quedaba casi nada por decir. Debe ser la primera vez que, tras una protesta de este estilo, el agro sale ganando. Horas antes, el gobierno finalmente había desactivado la medida que había originado esta protesta, el cierre sorpresivo de las exportaciones de maíz y la imposición luego de cupos. Y sin embargo, la cara de culo de los ruralistas indicaba que no se sentían ganadores ni nada parecido.

Y es que en esta nueva partida dentro del extenso conflicto entre el agro pampeano y el kirchnerismo el resultado habría salido empate. Todos perdieron parece.

“Hemos cumplido con el objetivo que nos habíamos planteado en esta medida de fuerza. Y a partir de este momento vamos a finalizar con el cese de comercialización que estaba en marcha. La verdad que es una medida que  no nos hubiera gustado llevar adelante, pero lamentablemente las circunstancias que nos planteó el gobierno nacional han hecho que nos sintamos empujados”, explicó Chemes.

“Ha quedado demostrado que fue un error y el error se ha levantado. Por eso a partir de ahora disponemos levantar el cese comercial y a partir de aquí buscar el mayor diálogo posible. Le vamos a pedir a Alberto Fernández tal cual lo hizo cuando fuimos a verlo como candidato y luego como presidente, que nos consulte cuando va a tomar una medida así”, completó a su lado, el titular de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, que de todos modos no perdió la oportunidad de criticar las intervenciones del gobierno en los mercados para tratar de frenar la escalada de precios de los alimentos: “No creemos en el desacople de los precios internos/internacionales. No sabemos qué es”, ironizaba.

Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria, era el tercero en esta Mesa renga ante la falta de adhesión de Coninagro. Sostuvo que “falta diálogo, pero es importante que se reconsideren las medidas. Necesitamos hablar mucho más porque Argentina pasa un momento especial y el mundo en cuanto a alimentos pasa un momento especial que debemos aprovechar”, consideró.

En definitiva, la Mesa de Enlace anunció de ese modo cansino una victoria que no ha sido tal, y que por tanto no merecía ningún festejo. Íntimamente los dirigentes reconocen que el retroceso del gobierno poco y nada tuvo que ver con la medida de fuerza que comenzó el lunes y se debía extender hasta esta medianoche. El impacto del paro fue leve. El cese de comercialización, en ese lapso, se limitó a los granos y no abarcaba la hacienda, como en otras ocasiones. En los puertos cerealeros, se morigeró bastante el ingreso de camiones, pero lejos estuvo de cesar la actividad.

La escasez de controles de rutas, muy usual en otras protestas, sobre todo en el conflicto de 2008, fue otro dato singular de este paro medio enclenque que nadie conducía demasiado. Hubo solo cuatro o cinco puntos donde a desgano algunos productores autoconvocados hicieron “control de cargas”, en Armstrong, Bell Ville, Sinsacate y Pergamino. Esos grupos anunciaron que mantendrían su presencia hasta última hora, como estaba previsto y más allá de la opinión de los dirigentes nacionales.

Ni para terminar al unísono la protesta parecen los productores poder ponerse de acuerdo.

¿Fue el paro del campo el que logró que la Casa Rosada modificara su postura respecto del cierre del maíz? En realidad no parece ser real ese escenario, aunque algunos pocos dirigentes quieran verlo así. En realidad la decisión de suspender el cupo (que por cierto nunca se creó) de 30 mil toneladas se adoptó luego del rechazo unánime de toda la cadena agrícola, agrupada en torno al Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). Les guste o no a muchos ruralistas, que sienten que así pierden protagonismo.

Más allá de que es bastante inorgánico, ese espacio incluye no solo a tres entidades de la Mesa de Enlace (CRA, Coninagro y Federación Agraria) sino a unas 50 cámaras de todo tipo y color, donde hay bolsas, exportadores, molinos, semilleros, acopiadores y algunas economías regionales. También a sectores que consumen maíz y que podrían haberse visto beneficiados con el cierre de las exportaciones, pero aún así lo rechazaron. Es el caso de la industria avícola.

Esa unidad en el rechazo a la intervención en el mercado de maíz fue la que le dobló la muñeca  a un gobierno que también aparece bastante maltrecho, como la Mesa de Enlace. Más bien, el oficialismo aparece dividido entre funcionarios que ven a los productores como los enemigos a vencer desde aquel conflicto de 2008, y por otros sectores más moderados que son los que han venido buscando conciliar con el CAA una política más integral para el agro, que hasta pueda propiciar un crecimiento de las exportaciones. Unos las cierras y otros quieren aumentarlas. Es esquizofrénico.

En ese último grupo militan -a esta altura queda claro- los ministros Martín Guzmán y Matías Kulfas, que vienen manteniendo reuniones con el CAA desde el año pasado y que el martes enviaron emisarios para monitorear la negociación que el titular de Agricultura, Luis Basterra, reabrió con el CAA. Allí, aunque ellos no lo reconozcan, había también representantes de la producción primaria buscando una salida. Por caso, el vicepresidente de Coninagro, Elbio Laucirica, que aunque no estuvo en el paro integra la Mesa de Enlace. También participó como veedor Dardo Chiesa, ex presidente de CRA, ahora a cargo de la coordinación de la Mesa de las Carnes.

Basterra tampoco salió ganando de este episodio. Por el contrario, en la interna oficial quedó bastante lastimado. Jugó primero al lado de las posiciones más intervencionistas dentro del gobierno (de hecho, el cierre de las exportaciones es un resorte de su cartera) y luego habilitó una negociación paralela a través del Consejo en la que no le quedó más remedio que retroceder. Primero con al cierre de las exportaciones. Y después con la imposición de un cupo de 30 mil toneladas diarias.

Como los ruralistas, Basterra también intentó disfrazar como una victoria su rotundo fracaso.

“Tal como nos comprometimos, estos encuentros nos permiten continuar avanzando en compatibilizar los intereses privados con la necesidad del Estado de garantizar los bienes esenciales en todo el territorio nacional”, destacó Basterra, que en todo momento acusó a los dirigentes de la Mesa de Enlace de ser la que no quería conciliar posiciones con el gobierno.

Malo vos. No, malo vos. Al dar por terminado el paro los ruralistas pidieron al gobierno que comience a ver a los productores como aliados y no como enemigos.

El cierre de las exportaciones de maíz se conoció sorpresivamente el 30 de diciembre. Casi 15 días después se levantó. En el medio los argentinos tuvimos los peores recuerdos del conflicto de 2008 en el que algunos creen todavía que ganaron, pero en el que todos perdimos.

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