Esas hectáreas ya comenzaron a cosecharse en el norte y se suponía que el INASE (Instituto Nacional de Semillas) iba a tener un control estricto sobre ellas, pues deben aplicarse las generales de la ley a los productos OGM que están en vías de desregulación. Pero la verdad terminó siendo que el organismo tenía poca idea de lo que sucedía y recién ante la presión de la cadena comercial triguera -que teme una contaminación de las partidas del trigo convencional-, el Ministerio de Agricultura tuvo que salir a mostrar mayor dedicación por el asunto. Por eso INASE mandó georreferenciar todos los puntos donde se almacenará ese trigo y a desactivar gran parte de la producción para que no pueda ser utilizada como semilla.

No parece ser suficiente para los privados que deben vender el trigo (acopios y cerealeras), que argumentan que una sola espiga del trigo HB4 que se filtre de dicho cerco y se mezcle con una partida de trigo convencional podría provocar una catástrofe, con reclamos desde los países importadores que podrían resultarles muy “onerosos”. Y este año habrá trigo para exportar: habrá cerca de 21 millones de toneladas de las que los argentinos preservaremos solo 6,5 millones como “bien cultural”. El resto, afuera.

Este peligro incierto generó -según pudo averiguar Bichos de Campo de fuentes del sector exportador directamente involucradas con el asunto-que en todos los contratos de compraventa de trigo haya que aclarar que el cereal está “libre de HB4”, de modo de hacer al productor que entrega el grano de algún modo corresponsable ante un eventual incidente de contaminación. Esta situación es ya generalizada en cooperativas, acopios y exportadoras. Todos se cubren de ese modo.

Pero no parece suficiente. Y entonces al menos una de las empresas que reciben trigo para exportarlo ha comenzado a hacer también una serie de análisis sobre los camiones de trigo que ingresan en sus instalaciones de San Lorenzo. Se trata de Molinos Agro, pero sería injusto decir que la decisión se limita solo a ellos. Esta semana habrá una reunión entre funcionarios del gobierno y representantes de toda la cadena comercial. Allí quedará implícitamente acordado que este sistema de detección del gen HB4 se extenderá muy rápido a todas las empresas.

¿Y cómo funciona entonces el sistema de detección que comenzará a implementarse en todas las terminales portuarias?

Cada camión que llegue debe venir amparado por un contrato dónde el productor declara que es un trigo “libre de OGM”. Eso incluye al HB4, obviamente, porque es el único trigo transgénico que anda dando vueltas por el mundo en este momento.

La empresa exportadora, para asegurarse que eso realmente sea así y el trigo no esté contaminado, realizará primero un test morfológico de la carga. Por ahora hay una sola empresa que ofrece este servicio y que confesó a Bichos de Campo estar recibiendo pedidos no solo de los exportadores sino también desde varios acopios: es Zoom Agri, que ya tiene mucho camino hecho reconociendo y clasificando las diferentes variedades de cebada,

¿Cómo funciona este primer análisis? Zoom Agri provee a sus clientes de un scanner donde se colocan unas cuantas espigas del trigo que arribó al puerto. Esos granos son sometidos a una intensa sesión de fotografías, de frente y de perfil, que envían la información a la nube. Allá arriba, complejos algoritmos construidos en base a todas los tipos de trigo presentes en el mercado, identifican en menos de un minuto y medio de qué variedad de trigo se trata. La Inteligencia Artificial es la que actúa como una primera barrera.

¿Y por qué este sistema podría identificar un trigo con el ADN modificado? En realidad este test no analiza la composición genética de cada granito. Lo que haría es detectar las únicas dos variedades utilizadas por Bioceres para multiplicar su evento HB4, que son la I 201 y la I 202. El sistema de Zoom Agri puede detectar esas variedades. Si no lo hace, el camión pasa sin problemas. Pero si llega a ser una de ellas, se clava el freno para iniciar otro proceso.

-¿Y cuánto cuesta ese test?- le preguntamos directamente a la gente de Zoom Agri.

-Se cobra de dos formas. Una es a nivel de análisis individual, que son 5 dólares por análisis. Pero también hay una especie de abono de 1.500 dólares mensuales que toman las empresas que deben hacer una gran cantidad de análisis. En ese caso el costo se diluye mucho, porque imaginemos que una exportadora recibe 6.000 camiones por mes y que cada uno de ellos carga 30 toneladas de trigo.

Por ahora, Molinos Agro se está haciendo cargo del costo de aplicar este primer filtro y se estima que lo mismo sucedería con todas las demás empresas que han pedido tener sus propios scanner. Es además lo que le pedirá el Ministerio de Agricultura al sector comercial: que trate de absorber los costos sin descontarlos de la factura del productor de trigo, que poco tiene que ver con el origen de esta situación.

Se supone que este análisis permitirá descartar el riesgo de contaminación en la mayoría de los camiones con trigo que lleguen a los puertos. ¿Pero qué sucederá en el caso de que algún rodado cargue con alguna de las dos variedades que podrían contener el trigo HB4?

Primero se repite el test morfológico para descartar “falsos positivos”. Pero si el resultado es insistidor, entonces lo que están haciendo en Molinos Agro es recurrir a un segundo análisis, que también pagan ellos y que sería semejante a un test PCR para detectar el coronavirus o la variedad Intacta en soja: la famosa tirita con un reactivo especial que marcaría la presencia del gen que se busca.

¿Y si ese segundo análisis diera positivo? Por ahora no sucedió, pero qué miedito…

Nos explicaron los exportadores: “Nosotros repetimos el análisis de las tiritas dos veces, para estar seguros. Si continuara siendo positivo la última instancia es ir a cámara (en referencia a la Cámara Arbitral de las Bolsas de Cereales). Recién ahí los costos (aquí aparece el valor de 16.000 pesos por cada test que ha sido tan mencionado) se deberían pagar a medias, como es uso y costumbre. O eventualmente lo pagará el productor se se confirma la presencia de HB4, por haber incumplido con el contrato” pactado.

Exportadores argentinos comenzaron a exigir en los boletos de compraventa que figure la indicación de trigo “libre de HB4”

¿Con qué contrato? Con aquel que decía que estaba entregando un trigo “libre de GMO”.

“No podemos perder de vista que nosotros tenemos hoy un negocio caminando que es la exportación de trigo. Un barco que sale del país con 30 o 35 mil toneladas equivale a llevar carga por unos 10 millones de dólares. Tener semejante suma en tránsito y que haya riesgo de rechazo en el mercado de destino es un riesgo que no podemos correr. Habría costos directos y otros intangibles, como perder destinos, perder credibilidad y la confianza de los clientes”, explicaron desde el sector cerealero. Ese es el argumento para tomar tantas prevenciones.

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Ambas entidades, juntas o separadas (representan diferentes ramas del negocio agrícola pero básicamente a las mismas empresas), agrupan a firmas que explicaron el 40% de las exportaciones argentinas en 2020. Suelen ser acusadas por las autoridades, junto a los productores rurales, de acaparar las cosechas y demorar la comercialización para especular con el valor del dólar.

Estas apabullantes cifras demuestran todo lo contrario. Por eso no se escuchan por estos días de calma en materia cambiaria las usuales quejas desde los funcionarios del gobierno y los militantes oficialistas. El agro les está tapando la boca con dólares genuinos de la actividad exportadora: El ingreso de divisas acumulado de la agroexportación en el primer trimestre del año alcanzó los 6.724.006.940 dólares.

Obviamente tiene mucho que ver con este récord en el ingreso de divisas los altos precios de los granos en los mercados internacionales donde participa la Argentina. Según la explicación de Ciara-CEC, “una vez más fue gravitante el aumento sostenido de la demanda de alimentos en todo el mundo por el ingreso en la ‘nueva normalidad’ y por la búsqueda en todos los países por recomponer las existencias internas, incluso de reserva”.

Todos, sobre todo China, están comprando. Y eso impacta en las cuentas públicas de la Argentina.

Las divisas aportadas por el agro son las que siguen “pagando la cuenta” de la economía argentina: más de 19.700 M/u$s en 2020

La principal cámara exportadora del país, tras anunciar el récord de las liquidaciones, destacó en particular “el dinamismo en los precios de los productos industrializados basados en la soja (la harina y el aceite son los principales productos exportados por la Argentina) y de los commodities en general”. Desde hace rato que la soja está por arriba de los 500 dólares por tonelada y el maíz supera con holgura los 200 dólares.

En el plano interno, Ciara-CEc explicó que ayudó “la liquidación de stocks para facilitar el ingreso de la próxima cosecha gruesa”. En rigor, en la Argentina recién está comenzando la recolección de la soja y el maíz, los dos cultivos que constituyen el grueso de sus ingresos exportadores.

En ese sentido, Ciara-CEC destacó  que “la liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial”. Por eso, la mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta los 90 días en el caso de la exportación de aceites y harinas proteicas.

“Esa anticipación depende también del momento de la campaña y del grano de que se trate, por lo que no existen retrasos en la liquidación de divisas”, enfatizó, como para alejar fantasmas.

Por lo pronto, en todo el primer trimestre de 2021 las cerealeras y aceiteras vienen introduciendo dólares a razón de más de 100 millones por día. Por esa razón impacta el dato de marzo. Los 2.773 millones de dólares ingresados contrastan mucho con los 1.064 millones de igual periodo de 2020. Casi que triplican los montos. De todos modos Ciara-CEC aclaró que “las comparaciones estadísticas entre distintos períodos son generalmente imprecisas o inexactas ya que la liquidación de divisas está fuertemente influida por el ciclo comercial de los granos, que depende de diversos y cambiantes factores exógenos”.

El año pasado, el sector liquidó un total de 20.274 millones de dólares. En el primer trimestre de este año, ya van 6.700 millones. Si se mantiene este ritmo, la oferta de dólares comerciales promete ser bastante más robusta este año que en el anterior.

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El productor triguero disparó sus ventas anticipándose a posibles medidas -que finalmente se tomaron- que perjudicaran sus ingresos. La captura de ingresos del sector es ampliamente criticable, y las medidas posteriores terminan complicando aún más los problemas que genera una venta mayúscula ajustando los stocks remanentes para la industria, dejándolos en manos de compradores que obviamente realizaron su especulación, ya que no tenían DJVE (Declaraciones Juradas de Venta al Experior).

Periodistas y analistas de mercado anunciaron un ajustado stock que podría provocar un aumento desmedido de precios y/o faltantes como consecuencia de mayor retención ante el aumento de valor, lo que traería aumentos que impactarían al consumidor final.

El gobierno estableció precios máximos o convenidos en las góndolas y la molinería tuvo el corset de precios en su producido que se ceñía al precio máximo que debía pagar por su materia prima. La exportación vio que el precio FOB comenzó a aumentar, impulsando a que los exportadores retornaran el trigo con ventas al interior del país, volviendo a perder el Estado la posibilidad de más ingresos vía exportación.

Hay quien opinaba que debieron cerrar los registros de exportación. Hay quien dice que no hacía falta, pero que sólo debía permitir a la exportación comprar lo que se exportara previa DJVE, evitando cualquier compra en demasía que implicara “especulación”. Y hay quien opina que el mercado debe moverse libremente, y que el productor que desee vender pueda encontrar la contrapartida, aunque esto signifique que alguien especule invirtiendo su dinero (sólo los que están registrados en el mercado granario pueden hacerlo) como deseen.

Una nueva postura aparecería dentro del sector ruralista, invitando al Estado a que permita que las fuerzas de la producción puedan tener la misma libertad para producir y especular reteniendo, contando para ello el aporte de financiación concreta para hacerlo, garantizando así el normal abastecimiento del mercado interno -sosteniendo la famosa doctrina k de la matriz alimenticia- y los excedentes que sean pujados en precio por los compradores para ser exportados.

Como vemos, ese año, nada de eso sucedió. La puja de precios quedó circunscripta a lo básico para que el precio tenga una formación deficiente: mayor oferta que demanda, y de no haber intervenido -esto es literalmente una regulación encubierta- el Estado, los que tenían el trigo en su poder podrían haber vendido a cualquier precio lo que manifestaba el deficiente stock.

Por suerte el agua no llegó al río, tal vez por temor a otras represalias que el gobierno argentino tiene acostumbrado al sector exportador, y fluyeron ventas hacia la molinería para normal abastecimiento de harina a la góndola.

La molinería impone condiciones de venta de trigo a los productores, castigando la calidad que no le interesa recibir y no pagando demasiado -pues siempre se producen en exceso- los trigos de calidad-. Se cumplen los preceptos de formación del precio: oferta y demanda, con la mirada severa del análisis molinero descontando ad libitum en sus laboratorios propios.

Pero vaya aceptación que ha tenido este año el trigo que les venden los exportadores, bajo el lema “esto es lo que hay…”. Los que hacemos uso de harina tres ceros para nuestros panes o pizzas vemos una coloración parduzco a negra fácil de entender.

Para cerrar un semestre en el que otros sectores la pasaron peor, nos queda como conclusión que la participación del Estado como socio en las ganancias con retenciones sólo impulsa menores producciones, y sin ellas obtendría mayores ingresos por exportaciones.

El Estado Argentino es el número 5 del fútbol. Todos los equipos juegan con doble cinco pero el nuestro la ve pasar y corre de atrás cometiendo faltas, por llegar siempre tarde. ¿El técnico debería cambiar la táctica, no?

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Pero mientras el Gobierno nacional iba a una dirección, algunos gobernadores y sobre todo los intendentes de algunos municipios fueron en la otra. El miedo, el desconocimiento o quizás algún otro motivo los llevó a bloquear los accesos a sus cascos urbanos. Lo cierto que el temor a que los camiones difundieran el Coronavirus complicó mucho la logística en plena cosecha de soja y maíz, que este año prometen 52 y 50 millones de toneladas.

Gustavo Idígoras, presidente del Centro de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) dijo a Bichos de Campo que “ya son 80 los municipios en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Buenos Aires” que impiden el acceso de camiones. Los picos, según el directivo de los exportadores, se da en territorio santafesino y cordobés.

“Algunas de esas medidas son formales, por decreto, y algunas son más informales, ya que consisten en informar al centro de camioneros que no pueden circular o que si van a un puerto van a estar 14 días de cuarentena. Como si saliesen del municipio y el resto del país estuviera infectado. Eso genero una caída del 50% en las entregas en la recepción de camiones” en los puertos cerealeros, indicó Idígoras.

Escuchá la entrevista completa con el titular de Ciara-CEC:

Idígoras destaco que el perjuicio provocado por los municipios rebeldes no recae solo sobre un puñado de empresas exportadoras, ya que se ve afectada la producción agropecuaria y también la alimenticia, ya que en muchos casos tampoco se puede transportar -por ejemplo- granos desde un campo o un acopio al molino harinero.

“El pedido que hacemos es que transportar un camión de maíz es lo mismo que mover lácteos. Sin maíz no vamos a tener ni cadena avícola, ni láctea, ni vacuna ni porcina. La industria alimenticia lo necesita. Es importante que hagamos un esfuerzo, que cumplamos la legislación vigente”, reclamó.

Además está en juego el ingreso de divisas en una economía que estaba en la cuerda floja antes de la cuarentena, advirtió el dirigente: “Los países que entraron en cuarentena, todos, excluyeron el comercio exterior para que siga funcionando por lo menos el alimenticio, ya que se transforma es una herramienta básica del Estado para tener sus propios recursos. El ingreso de divisas que tiene la Argentina es únicamente a través de la exportación agroalimentaria y necesitamos esas divisas, no sólo para el Banco Central sino también para importar insumos médicos y los equipamientos que necesita la Argentina”.

Ver Primera semana de cuarentena: El agro cosechó 1 millón de hectáreas pero mandó 40% menos de camiones al puerto

Idígoras destacó que ya se calcula una caída del 50% en la recepción de camiones en los puertos. Atribuyó esta disminución sustancial porque los transportistas no puede salir del municipio y entonces no puede transportar desde el campo o el acopio” hacia las terminales portuarias.

Con respecto a la legalidad de esas medidas, dijo: “Los municipios tienen competencias sobre su territorio, pero ahora hubo varios dictámenes que han determinado que cuando se trata de la salud pública y hay una norma nacional es de cumplimiento obligatorio. Así como se plantea el aislamientos social individual, impedir la circulación de la mercadería alimenticia es un delito como no quedarse en su casa”, finalizó.

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¿Existe una Cámpora de Cambiemos? El modo en que el gobierno nacional puso a uno de sus militantes a manejar los controles del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en los estratégicos puertos cerealeros del Gran Rosario, de dónde sale 75% de las exportaciones agrícolas argentinas, abre la puerta para sospechar que por lo menos hay algunas prácticas que se repiten y que emparentan a la gestión macrista con la anterior, aquella kirchnerista a la que tanto se criticaba.

La Cámpora de Máximo Kirchner colocó a muchos de los suyos en cargos clave del Poder Ejecutivo sin respetar los procedimientos formales para llenar cada uno de los casilleros del Estado. Lo mismo hizo Cambiemos ahora en el Senasa, al desplazar a un funcionario de carrera por un reconocido militante del PRO de Rosario, a quien ahora se acusa de haber “usurpado” el cargo. Pequeño problema, la silla en disputa es nada menos la que tiene  a su cargo los controles sanitarios sobre las principales exportadoras del país.

Esta crónica intenta ser solo un llamado de atención. No tenemos elementos para decir si los que fueron desplazados son los buenos o los malos; o si los que llegan forman parte de uno u otro bando. Pero sí vamos a decir que hay algo que se hace mal, antes y ahora: tomar el control de los resortes del Estado de cualquier manera parece ser una constante.

Vamos a los hechos.

El 17/08/2016 el Senasa unificó las dos regionales en que estaba dividida la provincia de Santa Fe, y colocó allí al mando a quien estaba a cargo de la regional Santa Fe Norte, el veterinario Víctor di Pasquale. Tenía una larga trayectoria en el organismo, donde había ingresado en los años 80. Y había ganado el cargo por concurso en 2012. A partir de ahí, Di Pasquale pasaría a tener responsabilidad -al menos en los papeles- sobre el puerto de Rosario, donde las sospechas de corrupción y coimas a oficiales del Senasa siempre existieron.

Di Pasquale tenía un antecedente sobre lo problemático que era meter las narices en ese lugar: en 2013, mese después de haber asumido por primera vez la dirección de la regional unificada, pidió información al área de puertos sobre los controles allí efectuados. A las pocas horas fue eyectado del cargo por el ex ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, que lo acusó de “irregularidades” que nunca fueron confirmadas. El veterinario fue repuesto en su puesto un año después, en 2014, pero ya sin injerencia en el puerto, pues la regional había sido oportunamente dividida.

Volvamos a agosto de 2016: Cambiemos ya estaba en el gobierno y Di Päsquale recibía un voto de confianza al quedar al mando de la región reunificada. Pero poco le duró la alegría pues a la par de su designación el Senasa decidió crear una Coordinación de Puertos, Aeropuertos y Aduanas Secas. A cargo de esa área, que dependía formalmente de la regional Santa Fe, se colocó de palabra a un contador llamada Cristian Cunha. No era agente del Senasa ni de ninguna otra dependencia estatal. Era sí un reconocido militante del PRO rosarino: se ocupaba allí de manejar los equipos técnicos.

Cunha ejerció el cargo sin nombramiento formal desde el 18/08/2016 al 02/05/2017, ya que recién entonces las autoridades del Senasa le otorgan un cargo en la decisión administrativa 277/2017. En ese lapso teóricamente debía reportar a su superior inmediato, Di Pasquale, el jefe de la Regional Santa Fe. Pero quien manejaba el crítico puerto rosarino no lo hizo: reportaba directamente al jefe nacional del Senasa, Jorge Dillon, y al vice del organismo, Guillermo Rossi. Pero sobre todo Cunha respondía a quien impulsó su designación en Rosario, el secretario de Agricultura, Ricardo Negri.

En círculos rosarinos se dice que el padrino político de Cunha es en realidad quien dirige una de las facciones del PRO en esa ciudad, el legislador provincial Federico Angelini.

Sea quien sea, el respaldo del Gobierno era evidente. Cunha comenzó a conducir de facto la oficina del Senasa en los puertos rosarinos y hasta designó personal propio, sin el consentimiento del área de Recursos Humanos de la Regional de Santa Fe.  Desde allí, Di Pasquela habría advertido varias veces a sus superiores sobre la informalidad de que quien debía controlar las exportaciones agrícolas no tenía una designación formal para hacerlo.

El problema es que en medio de la designación y el nombramiento de Cunha y sus colaboradores (alguno de ellos, según las malas lenguas, habían trabajado antes en alguna de las empresas cerealeras), Dillon firmó la Resolución 37/2017, que modificó el sistema de controles de bodegas que debía efectuar el Senasa en los buques de ultramar que ingresan al Gran Rosario para cargar granos y subproductos. Los relajó. ¿Por qué? Porque hasta ahí el Senasa debía inspeccionar todos los barcos y desde ahí se exceptúan a los que tengan como destino países que no requieren ese tipo de certificados.

Cunha, en base a esa resolución, comenzó a  presentarse ante la sociedad portuaria como un “facilitador” de las exportaciones. “Lo que buscamos es tener una línea directa con los exportadores, no tenemos que ser una traba. Debemos facilitar la exportación porque significa divisas que entran al país y mejoran el panorama en su conjunto”, declaraba el funcionario sin nombramiento al sitio ON24 en febrero de 2017.

¿Tocó esta medida los callos de la corrupción en el Senasa de Rosario? ¿O fue una medida funcional a los intereses de las principales empresas exportadoras de esa región? Es un debate abierto. Lo real es que a partir de allí se incrementó la diferencia entre la línea histórica de funcionarios del servicio sanitario y este “camporista” del PRO, que escalaba posiciones de la noche a la mañana.

En medio de este enfrentamiento, el diputado provincial por el Frente Social y Popular, el periodista rosarino Carlos del Frade, presentó una denuncia penal por presunta “inconstitucionalidad” de dicha resolución, solicitó una investigación por el delito de “usurpación de autoridad” por parte de Cunha, y acusó de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”a Mauricio Macri, Marcos Peña, Ricardo Buryaile, Jorge Dillon y el propio Cunha, debido a que habían “exceptuado” de controles a las exportadoras. Fue en junio pasado, a pocas semanas de que finalmente el militante del PRO había sido blanqueado formalmente en su puesto.

La denuncia, es evidente, puso incómodos a todos los protagonistas de esta historia. Di Pasquale, por ejemplo, en julio envió una serie de notas a Cunha solicitando informaciones sobre su actividad y el personal a su cargo, pero el contador se negó a responder los pedidos de su superior inmediato en la estructura formal de la Regional. Muy pornto, este cruce desencadenó el desplazamiento del jefe regional y un nuevo ascenso de Cunha.

En efecto, este 14 de agosto (un año después de la reunificación), el vicepresidente del Senasa, Rossi, firmó la resolución 520/2017 que dispone la “limitación de funciones” para Di Pasquale, y la Resolución 524, que asigna esas funciones en la Regional Santa Fe al contador Cunha, a pesar de que ese tipo de cargos de conducción -por el convenio colectivo de Senasa- debería estar reservado solamente a un veterinario o un ingeniero agrónomo.

“Ustedes son mis compañeros de trabajo, y vengo a trabajar en equipo. Para mí es un honor estar acá, y lo que yo tomé como desafío en Rosario, que hoy hemos cumplido y avanzado mucho, lo quiero para la Regional Santa Fe”, dijo el militante PRO al ser puesto en funciones, esta vez sí con una resolución firmada.

Esta larga historia todavía no terminó. Por un lado, porque la denuncia de Del Frade todavía debe ser analizada por la justicia. Luego, porque allegados a Di Pasquale, el removido funcionario que había ganado su cargo por concurso, presentó un recurso de amparo solicitando ser repuesto de inmediato en sus funciones, ya que cree que fue desplazado sin razones y solo por pedir información a Cunha sobre la actividad del Senasa en la zona portuaria.

En todo caso esta crónica vale por ahora para recordar qué fácil se tientan los gobiernos cuando se trata del control sobre negocios millonarios o sectores estratégicos.

La entrada La Cámpora del PRO y los controles de Senasa en el puerto de Rosario se publicó primero en Bichos de Campo.