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La normativa firmada por Luis Basterra a sugerencia del ex subinterventor de Vicentin, Luciano Zarich (foto), ahora a cargo de administrar el RUCA (Registro Único de Operadores de la Cadena Agroalimentraria), parece escrita por quienes quieren que la Argentina exportadora no prospere, ya que impone condiciones rídículas a quien sacar del país carne vacuna, lácteos o granos y sus derivados.
¿Por qué ridículas? Porque en los tres casos, para tener su matrícula como exportación de esos rubros otorgada por el RUCA, se obliga a los empresarios sin planta (es decir a quienes compran un producto a otra empresa porque tiene un cliente en el exterior interesado en ella) a hacer futurología.
Los exportadores sin planta, según la resolución, deberán presentar un “plan de trabajo proyectado para el próximo año, con detalle de mercadería a exportar, volúmenes, proveedores y destinos”.
Es decir, para pasar el filtro oficial tendrán que contarle al gobierno sus planes de negocios hasta con doce meses de anticipación. Es algo casi imposible de hacer. Habilita la puerta para la discreción de los funcionarios encargados de leer esos planes.
No es lo único que se exigirá y que parece abusivo. Para mostrar solvencia, “los interesados (en exportar) deberán informar, detalle de cuentas bancarias con las que opera, movimientos bancarios de los últimos 6 meses y líneas de financiamiento otorgadas por las entidades informadas”. Esa información ya está en poder del Banco Central y bastaría un cruce de información para conocerla en caso de que el Estado quiera investigar un caso particular.
También hay una superposición en otro punto que se exige a los exportadores “sin planta”: una constancia de ingresos de divisas, del último año, para el caso de haber realizado operaciones de exportación.
Se supone que con esta exigencia el RUCA, que es administrado por la ex ONCCA, evitaría maniobras especulativas de las empresas exportadoras que están obligadas a ingresar sus dólares comerciales al país, en plazos establecidos y a valor del “oficial”. Pero esa exigencia ya se estableció a fines de 2020: no podía figurar en el registro ningún operador si el BCRA informaba que debía liquidaciones de divisas.
Fue esa la razón que provocó la suspensión de Díaz & Forti, la cerealera que manejaba a fasón las instalaciones del grupo Vicentin, y a la que se dio de baja del RUCA por supuestamente deber unos 400 millones de dólares comerciales que debía canjear por pesos en el mercado único de cambios.
Desde febrero pasado, además, la ex ONCCA está obligada a suspender del Registro Único a los operadores (con planta o sin planta) que no cumplan con los planes de precios cuidados establecidos por Comercio Interior. Esta nueva resolución redobla esa imposición.
Un exportador, con planta o sin planta, debe figurar obligatoriamente en el RUCA, pero ese no es el único filtro. También debe figurar en el registro de exportadores e importadores que lleva la Aduana (el ámbito natural para este tema), estar debidamente registrado como empresa ante la AFIP, y atravesar los controles sanitarios del Senasa para cada carga de alimentos.
Ahora además deberá hacer futurología y anticipar sus negocios con al menos un año de plazo.
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]]>Desde el vamos una sorpresa. Aunque el jueves el Gabinete Económico anunció que impondría nuevos requisitos solo a los exportadores de carne vacuna, en la flamante Resolución 60/2021 firmada por el ministro de Agricultura, Luis Basterra, estos ítems adicionales (algunos de ellos muy severos) se extienden a otros dos sectores claves de la vida agropecuaria: los granos y los lácteos.
Aunque Paula Español se empeñe en decir lo contrario, es todo igualito a lo que pasaba con los ROE (Registro de Operaciones de Exportación) que instauró el kirchnerismo y que eliminó el macrismo a la semana de llegar al poder en diciembre de 2015, porque se habían convertido en una canilla para cerrar el comercio agropecuario y había también muchas sospechas de discrecionalidad y corrupción. Hubo, hasta ese momento, ROE Blanco para los lácteos, ROE Verde para los productos agrícolas y ROE Rojo para la carne vacuna.
El Ministerio de Agricultura, al extremar las exigencias para los exportadores que se matriculen en el RUCA (una suerte de padrón general obligatorio de todos los operadores del sector), casi que parte de considerar la exportación como un acto delictivo, ya que intima a las empresas que incurran en el comercio de productos argentinos al exterior a que “informar para su evaluación, anualmente y acreditar de modo suficiente la sustentabilidad técnica, operativa y económica-financiera” de sus operaciones.
Estos nuevos requisitos regirán para el caso de empresas que no tengan una planta propia y que se dediquen solamente al comercio de bienes producidos por otros o producidos por ellos mismos pero en plantas de terceros. Esto que es una modalidad habitual en cualquier país del mundo, aquí parece ser motivo de sospecha.
Así las cosas, sorprende también una nueva exigencia para figurar en el RUCA: las firmas de esos tres sectores mencionados (carne, lácteos y granos) deberán, para poder operar, informar a la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (la ex ONCCA) el “detalle de cuentas bancarias con las que opera, movimientos bancarios de los últimos seis meses y líneas de financiamiento otorgadas por las entidades informadas”.
No es el único requisito novedoso:
Los exportadores sin planta también deberán presentar a las autoridades un “plan de trabajo proyectado para el próximo año, con detalle de mercadería a exportar, volúmenes, proveedores y destinos”. Es decir, para obtener su licencia para ejercer un negocio lícito casi que deberán hacer futurología, adivinando por anticipado su flujo de negocios. Las Pymes, en esta escenario, parecen estar condenadas a no poder exportar más.
Además, como si fuera el Ministerio de Trabajo que debe controlar el trabajo informal, se exige a los exportadores que presenten un “detalle del personal en relación de dependencia y compañía aseguradora de riesgos de trabajo contratada y constancia de las entidades bancarias donde se depositan los haberes de los trabajadores”.
Si un intermediario logra cerrar una buena venta a China desde su escritorio y compra la mercadería a otra empresa para poder exportarla, quizás no pueda realizarla porque le exigen tener personal a cargo. Una rareza.
Además, como nuevo filtro, se exigirá a quienes quieran ser simplemente exportadores que presenten a la ex ONCCA el “último estado contable certificado, para las Personas Jurídicas y Manifestación de bienes actualizada y certificada para las Personas Humanas o socios y/o accionista para el caso de Personas Jurídicas de reciente constitución”.
Este área del Ministerio de Agricultura, que administra el RUCA para velar por la transparencia de los mercados agropecuarios, también hará la tarea del Banco Central, ya que pedirá a los exportadores sin planta que presenten una “constancia de ingresos de divisas del último año, para el caso de haber realizado operaciones de exportación”.
En el caso de granos, carnes y lácteos se aclara que todos estos requerimientos “no serán de aplicación si el exportador tiene un establecimiento propio ya inscripto en el RUCA”.
“Las medidas adoptadas mediante la referida regulación tienen el objetivo de establecer controles sistémicos y evitar el ingreso al mercado de operadores comercialmente desleales”, explica la resolución firmada por Basterra, que debería complementarse en las próximas horas con la creación de un nuevo registro de exportadores, pero administrado por Comercio Interior.
Los primeros en poner el grito en el cielo por la presencia de exportadores de carne sin planta (es decir matarifes que estaban queriendo incursionar en el comercio exterior) fueron los grandes frigoríficos del Consorcio ABC, varios de ellos extranjeros. Son los mismos que están negociando con el gobierno la extensión de un acuerdo para colocar en el mercado cortes bovinos más baratos.
Estas nuevas exigencias no pueden analizarse sin un detalle: en marzo pasado Basterra echó de su cargo al frente de la ex ONCCA a Marcelo Rossi, un técnicos de extracción radical que supo en 2007 enfrentar a Guillermo Moreno cuando éste comenzó a utilizar los ROE para regular las exportaciones. En su lugar colocó a un contador llamado Luciano Zarich, que tuvo su breve periodo de fama el año pasado al ser designado subinterventor de la aceitera Vicentin, cuando el gobierno todavía soñaba con una expropiación.
Zarich ya había manejado el RUCA hasta 2015, y en ese periodo han sido visibles varios casos de discrecionalidad a la hora de matricular empresas truchas que luego terminaban recibiendo los permisos de exportación que distribuía Moreno desde Comercio Interior. Ya recordaremos esos casos.
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