Este es el texto de “Los goles de la soja Maradona”:

Hasta el más mediocre de los estadistas sabe que la mejor guerra es la que no se pelea en el territorio propio. Por eso la primera gran batalla de la contienda comercial europea-estadounidense se libró en Brasil.

En septiembre de 1998 la Comisión Nacional Técnica de Bioseguridad de Brasil (CTNBio) aprobó, luego de realizar una serie de estudios científicos, la comercialización de la soja tolerante a glifosato de Monsanto. Pero posteriormente Greenpeace y el Instituto de Defensa del Consumidor de Brasil (IDeC) iniciaron una serie de acciones judiciales contra esa aprobación que dieron lugar –en agosto de 1999– a una medida cautelar instruida por el juez federal Antônio Souza Prudente. Desde entonces tanto la venta como la siembra de semillas de soja transgénica se encuentra prohibida en todo el territorio brasileño.

Puede decirse que la medida cautelar llegó un poco tarde. Sucede que en 1999 la soja transgénica ya ocupaba alrededor del 15% de la superficie total de soja sembrada en Brasil. Y en la campaña 2001/02 esa proporción se encontraba en el orden de por lo menos un 30% del área sojera total. Es probable que en el período 2002/03 el porcentaje de soja resistente a glifosato haya sido superior al 40% del área total sembrada. El jefe de la Unidad de Biotecnología de la compañía estatal Embrapa (Empresa Brasileña de Investigaciones Agropecuarias) estimó que el 60% de la soja producida durante el ciclo 2001/02 en el estado de Rio Grande do Sul podría ser transgénica. Lo cierto es que, al no haber estadísticas oficiales al respecto, nadie sabe con certeza cuánta soja transgénica se produce en Brasil.

Las autoridades estaduales y federales saben perfectamente que en el sur de Brasil se encuentra activa desde hace tiempo una red de operadores que se dedica a ingresar variedades de soja transgénica desde Argentina para luego multiplicarlas en territorio brasileño. En los papeles se trata de una actividad ilícita. Pero en la práctica el contrabando es tolerado por los funcionarios brasileños porque saben que los productores de soja necesitan disponer de variedades modificadas genéticamente para poder competir con sus pares argentinos.

La soja transgénica fue bautizada en el sur de Brasil con el nombre de soja Maradona. Esto porque las variedades ingresadas a ese país desde Argentina permiten obtener plantas petisas, regordetas y muy productivas. Algunos productores brasileños comentan que ese nombre también fue dado por el hecho de que la soja transgénica es tan legítima como el segundo gol que Diego Maradona le hizo al equipo británico en el Campeonato Mundial de Fútbol de 1986. Fue un gol hecho con la mano. Pero el árbitro de ese partido no logró advertir esa situación y lo consideró como un gol reglamentario. Con la soja Maradona sucede exactamente lo mismo. No está considerada en el “reglamento”. Pero los “árbitros” no imponen sanciones. Y los agricultores brasileños siguen entonces anotando “goles” al usar una tecnología de avanzada sin la obligación de pagar royalties.

El hecho de que la guerra comercial promovida por Europa se haya extendido a Brasil no es fortuito. Sucede que Brasil tiene condiciones para convertirse en la primera potencia agrícola del mundo en un plazo de sólo una década (el primer puesto es ocupado en la actualidad por Estados Unidos). La clave de esa potencialidad reside en una región –conocida como el Cerrado– que se encuentra localizada en el centro de Brasil.

El Cerrado brasileño cuenta con 38,5 millones de hectáreas de monte que pueden fácilmente transformarse en áreas agrícolas. En la campaña 2001/02 se sembraron 15,3 millones de hectáreas de soja en todo Brasil. Pero sólo en el estado de Mato Grosso existen 12,2 millones de hectáreas potencialmente agrícolas, mientras que en los estados de Mato Grosso do Sul y Goiás existen otras 15 millones de hectáreas disponibles para sembrar soja. Las restantes 11,3 millones de hectáreas potencialmente agrícolas se encuentran distribuidas en los estados de Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Roraima y Tocantins. El Cerrado está siendo “colonizado” por un conjunto de emprendedores agrícolas –muchos de los cuales provienen del sur de Brasil– que están realizando una verdadera revolución agrícola en esa región. El crecimiento de la actividad agroindustrial también es significativo. Se trata de la región agropecuaria más dinámica de toda América latina.

La potencialidad presente en el Cerrado no puede expresarse completamente en la actualidad debido a dos motivos. El primero de ellos es un problema logístico: la soja producida en esa región debe recorrer una distancia del orden de 1500 kilómetros para llegar a los puertos de la costa norte de Brasil y por el momento una gran parte de las nuevas áreas agrícolas no cuentan con hidrovías, ferrocarriles o carreteras adecuadas para transportar los granos. Para solucionar esto las autoridades brasileñas están implementando un ambicioso programa de infraestructura denominado Corredores Estratégicos para el Desarrollo. El proyecto –que ya se está llevando a cabo– consiste en construir ocho grandes corredores en los que convergerán redes viales, férreas y fluviales. La segunda limitante es que las tierras del Cerrado brasileño están conformadas en su gran mayoría por suelos ácidos (4-5 de pH) con elevados niveles de aluminio (un elemento tóxico para las plantas). Este inconveniente suele corregirse con aplicaciones de cal combinadas con fertilizaciones. Pero también podría solucionarse por medio del diseño de plantas de soja modificadas genéticamente para resistir –por ejemplo– la toxicidad por aluminio. La compañía estatal Embrapa cuenta con especialistas en biotecnología agrícola y recursos económicos suficientes para desarrollar cultivos diseñados a medida de una región tan prometedora como el Cerrado. Pero tiene las manos atadas gracias a la prohibición –vigente desde agosto de 1999– de producir y comercializar semillas modificadas genéticamente.

La mayor parte de los brasileños desconoce que la restricción legal para comercializar semillas modificadas genéticamente ha incidido de manera negativa en la competitividad del sector agrícola de su propio país. El principal beneficiario de tal prohibición fue la Unión Europea: si Brasil hubiese tenido desde el vamos el camino libre para poder expresar todo su potencial agrícola, la producción mundial de granos –fundamentalmente de soja– se habría incrementado significativamente y eso habría contribuido a reducir el valor internacional de los commodities agrícolas. La cuestión es que para las autoridades europeas un menor precio internacional de los granos implica un mayor pago en concepto de subsidios agrícolas. Por lo tanto, todo lo que atente contra los incrementos de productividad agrícola contribuye a mantener en orden las finanzas de los Estados europeos. Se trata, en definitiva, de “comprar tiempo”. Lamentablemente, los brasileños no pueden decir lo mismo: en el juego planteado por Greenpeace y el IDeC, Brasil, además de perder un tiempo valiosísimo en investigación y desarrollo, ha dejado de percibir muchos millones de sojadólares.

Sin embargo, Brasil es el país latinoamericano más activo en materia de ensayos a campo de granos modificados genéticamente: entre 1997 y 2001 se realizaron 62 ensayos de variedades de soja transgénica, los cuales fueron desarrolladas por Aventis Seeds, BASF, Monsanto, Embrapa, Cooperativa Central Agropecuária de Desenvolvimento Tecnológico e Económico y el Instituto Agronómico do Paraná. En cuanto al maíz modificado genéticamente, entre 1997 y 2002 se llevaron a cabo 749 ensayos de semillas desarrolladas por Aventis Seeds, BASF, Monsanto, Pioneer (DuPont), Dow Agrosciences y Syngenta . La cantidad total de ensayos de eventos biotecnológicos en maíz, soja, girasol, algodón, trigo y papa –entre otros cultivos– realizados en la Argentina entre 1991 y 2001 es de “sólo” 495. Brasil lleva por lejos la delantera.

“Ojalá que la aprobación de los transgénicos en Brasil tarde la mayor cantidad de tiempo posible, porque en ese caso va a ser muy difícil competir con ellos”, señala un operador agropecuario argentino que siembra varias decenas de miles de hectáreas agrícolas en la Pampa Húmeda. Razones no le faltan para estar preocupado.

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Escribió Ezequiel:

“Casi un año atrás noventa periodistas agropecuarios argentinos crearon un petición en el sitio Change.org para solicitar al Estado nacional que publique datos sobre el uso de agroquímicos. El pedido quedó en la nada.

Esta semana el empresario y conductor televisivo Marcelo Tinelli aseguró en su cuenta de Twitter que la “Argentina tiene el promedio más alto de uso de glifosato per cápita del mundo: más de siete litros anuales por persona. USA (por EE.UU.) no llega a 0,5 litros. En dos décadas acá se pasó de 20 millones de litros de agrotóxicos a casi 400 millones. ¿De qué cuidado de personas y ambiente me hablan?”.

Si bien el indicador propuesto por Tinelli no es el más adecuado –lo correcto sería evaluar uso de agroquímicos en función de la superficie productiva de cada país–, la realidad es que, al no haber estadísticas oficiales sobre el uso de fitosanitarios, no existe manera de verificar si los comentarios de Tinelli son verídicos o no.

La semana pasada Tinelli había indicado erróneamente que el “glifosato está prohibido en 74 países”, algo que, los profesionales de la información que trabajamos en el ámbito agropecuario nos encargamos rápidamente de refutar porque contamos con las pruebas documentales para hacerlo (luego de lo cual es propio Tinelli reconoció su error vía Twitter).

Pero no es posible hacer lo mismo con el comentario sobre la cantidad de glifosato empleada en la Argentina porque no contamos con datos para indicar si tal afirmación es válida o no.

La transparencia estadística, lejos de provocar temores infundados, es uno de los principales antídotos contra la desinformación instrumentada ya sea de manera involuntaria como voluntaria.

El negocio agrícola es la principal fuente genuina divisas de la Argentina, una nación con serios problemas económicos y financieros urgida por el abastecimiento de ese recurso crítico. Por ende, la política de comunicación referida al agro debería ser considerada una política de Estado. Y la transparencia, en ese marco, tendría que ser uno de los pilares de esa política.

Ezequiel Tambornini”.

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