En diálogo con Bichos de Campo, Príncipe dijo sentir “mucha lástima” porque con la excusa de la pandemia se han anulado los procesos electorales y participativos dentro de la organización que representa a pequeños y medianos productores desde hace más de un siglo. La Federación Agraria nació tras el grito de Alcorta, una rebelión de chacareros sucedida en junio de 1912 en el sur de Santa Fe y el norte bonaerense.

“Estoy triste, hace meses que vengo en soledad reclamando que debíamos reanudar las reuniones presenciales del Consejo Directivo, con los debidos protocolos por supuesto. Pero todo se fue estirando y cada 60 días nos reuníamos solo por zoom. La semana pasada finalmente nos reunimos fue postergar nuevamente el Congreso y la convocatoria a las asambleas comarcales para elegir las nuevas autoridades. No pasó nunca en la historia de la FAA de que se coartara la posibilidad de que la gente vote”, declaró el ex presidente, que desde 2019 es uno de los 27 directores titulares del Consejo Directivo de la entidad.

Príncipe además envió la carta de renuncia a esa instancia de conducción de la Federación Agraria, en los que explica sus razones:

En rigor, el último Congreso de la FAA, una cita tradicional de todos los septiembres en Rosario, se realizó en 2019. Y como en cada congreso anual deben renovarse un tercio de los directores, ya hay un 66% de ellos que están actuando con mandato vencido. En el próximo Congreso de la entidad, que ahora se realizará recién en el noveno mes de 2022,  deberían reelegirse entonces la totalidad de los cargos de conducción, que son quienes luego definen al presidente.

Bichos de Campo consultó a la actual conducción de la entidad, a cargo de Achetoni y el entrerriano Elvio Ghia como vicepresidente sobre el por qué de tanta demora. Desde ese sector confirmaron que “luego de las restricciones más estrictas y con habilitación para realizar reuniones presenciales con aforo, se convocó a reunión presencial del Consejo Directivo Central de FAA en donde se decidió realizar el proceso electoral el próximo año como habitualmente se desarrolla todos los años”. Esto es, en septiembre de 2022.

La explicación prosiguió: “A raíz de la pandemia, todas las entidades de base requieren de un tiempo prudencial para renovar sus autoridades. Que luego deben participar de las asambleas zonales de distrito, instancia obligatoria previa a la realización del congreso anual ordinario donde finalmente se eligen las autoridades que conducen a nivel nacional a la entidad. El proceso estatutario requiere de tiempos que inexcusablemente debemos respetar y en consecuencia el Consejo Directivo Central ha decidido generar las instancias institucionales que garanticen la participación de todos sus asociados en igualdad de condiciones”.

Pero Príncipe insistió en que se demoran los procesos eleccionarios sin explicación. “Desde 2019 no podemos elegir ni ser elegidos. Yo mismo tengo el mandato vencido. Si hace 60 días se hubieran tomado las medidas de convocatoria, ahora estaríamos a solo 30 días del congreso, y tendríamos incluso la chance de empezar 2022 con la situación normalizada”, se quejó.

La Federación Agraria está dividida en 16 distritos, de los cuales cuatro no enviaron siquiera sus representantes a la última reunión donde se decidió llevar los plazos a 2022. En realidad, la entidad viene sufriendo una sangría constante de dirigentes desde que el conflicto por las retenciones móviles de 2008 y su alineamiento con la Mesa de Enlace.

Tal ha sido la diáspora de dirigentes opositores que en el próximo Congreso, se haga cuando se haga, no parece correr peligro la actual conducción de la organización, pues la mayoría de los directores responde a las principales líneas internas dirigidas por el mendocino Orlando Marino y el entrerriano Guía, que proviene del viejo grupo de dirigentes que acompañaron al mellizo Alfredo De Angeli, cuando éste era un combativo dirigente agropecuario.

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Sea como fuere, lo cierto es que la situación llama la atención sobre todo porque el comunicado refiere a “las entidades agropecuarias” en general y no todas están incluidas él.

Ahora bien, ¿qué dice el comunicado? En primer lugar se señala la necesidad de que “los funcionarios consideren que la producción agropecuaria es parte de la solución al calentamiento global” y que el país podría liderar la meta de captura de carbono, a través de sus suelos, si se instrumentaran los incentivos adecuados.

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En este sentido, las entidades firmantes señalaron que “nos ocupa y preocupa que las propuestas de técnicos y funcionarios nacionales sólo sean restringir actividades, reducir el stock ganadero, limitar el cambio de uso del suelo, sin mostrar los fundamentos que llevan a estos cálculos”.

“Nos desconcierta y nos alerta que el Ministerio de Producción presente un programa de movilidad sustentable dejando de lado la economía circular y las bioenergías (biocombustibles, biomasa, biogás), principal fortaleza de nuestro país, que no es tenida en cuenta como parte de las estrategias de transición energética, la nueva ley de biocombustibles es un ejemplo”, agregaron a continuación.

Por tal motivo, afirmaron que es importante realizar inversiones en tecnologías nacionales de investigación, desarrollo e innovación que permitan producir al mismo tiempo que custodiar la biodiversidad y promover la sostenibilidad económica, social y ambiental.

“Desde el campo estamos convencidos que somos parte de la solución y no del problema. Creemos en el diálogo sincero y por eso participamos en los mecanismos de discusión, pero no compartimos ni los conceptos, ni las metodologías, mucho menos los escenarios presentados por el Gabinete Nacional de Cambio Climático, que condenarán a la Argentina a la desinversión y a la pobreza estructural. Tampoco apoyamos o avalamos ninguna ponencia que sea iniciativa de Gabinete de Cambio Climático en la próxima cumbre climática”, indicaron las entidades.

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“No vamos a mantenernos en una postura tan negociadora ni tan pasiva”, dijo Jorge Chemes, presidente de CRA, en el encuentro que realizó la Mesa de Enlace en la Sociedad Rural de Santa Fe. A continuación el dirigente tradujo su mensaje: “Seguramente vamos a tener un cese de comercialización, asambleas, concentraciones y recorridas”.

Bichos de Campo contactó a Chemes para conocer más detalles de cuándo y cómo se implementarían estas acciones. El ruralista indicó que “el fin de semana se reúne nuevamente la Mesa de Enlace para analizar medidas de protesta”. Aseguró que probablemente las mismas no se realicen antes de las PASO del próximo 13 de septiembre, para evitar “embarrar la cancha y que la protesta se tome como una cuestión electoral”.

“Seguramente las medidas se efectúen luego de las elecciones primarias”, afirmó el dirigente.

Esta mañana CRA emitió un comunicado en el que señaló que la medida dispuesta por el Gobierno “desoyó todo señalamiento de la realidad” y que fue únicamente “para rapiñar algunos votos con un mensaje parcial y fraudulento”.

“La paciencia es un acto de inteligencia, de mesura, de autocontrol, pero también tiene límites. Desde CRA expusimos ideas, llevamos propuestas y demostramos una paciencia, que no debe entenderse como inacción. Nos han empujado, con pésimas decisiones y mentiras, a defender nuestros derechos y a expresar la verdad de lo que sucede lejos de toda cuestión electoral. No está en juego una elección, lo que está en juego es el futuro de la República”, afirmaron.

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Este levantamiento de bandera fue sostenido también por los demás representantes de las entidades ruralistas, durante el encuentro en Santa Fe.

Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina, sostuvo que “la falta de cumplimiento de la palabra nos lleva a otra situación, la pérdida y la distorsión que le está generando a la cadena es muy fuerte como para que lo dejemos pasar.

Por su parte el dirigente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, fue más directo: “Estamos en contacto con varios eslabones de la cadena cárnica. Seguramente va a terminar en una medida fuerte del campo hacia el Gobierno”.

Desde Coninagro, el presidente interino Elbio Laucirica remarcó: “Hemos sido sumamente cautelosos esperando un gesto para que este periodo electoral no sea mal interpretado. Es un reclamo genuino que tiene el productor”.

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El 13 de agosto pasado las diputadas Figueroa y Caparrós propusieron modificar por ley la integración del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para agregar a funcionarios públicos y correr -según se entiende en una primera lectura- a los representantes del sector privado y del sector académico.

La difusión del proyecto de ley mereció una reprobación generalizada de sectores del agro, que incluyó comunicados de las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace (CRA, SRA, FAA, Coninagro), de los Colegios Veterinarios y de Agrónomos, de organizaciones técnicas como CREA y hasta de las asociaciones de cadena de cultivos (Acsoja, Argentrigo, Asagir y Maizar).

Es que la iniciativa fue leída como una nueva avanzada del Kirchenirismo sobre el sector, luego de otras dos noticias que se produjeron recientemente y que dejaron un clima más que tenso. Se trata de dos proyectos anteriores, uno del diputado Carlos Selva y otro del senador Dalmacio Mera, que propusieron quitarle terrenos al INTA Cerrillos de Salta, y al INTA Sumalao en Catamarca, respectivamente.

De forma exclusiva, la diputada Alcira Figueroa, autora del proyecto de la discordia, habló con este medio sobre su propuesta.

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-¿Cómo surgió esta idea?- le preguntamos.

-Tengo una trayectoria dentro del área de la Agricultura Familiar del INTA de más de 20 años. He coordinado dentro de la provincia al equipo de ProHuerta, creado en la década de 1990. Una de las dificultades que veíamos es que si bien el INTA trabajó históricamente con ese sector, que es mayoritario en algunas provincias más que en otras, no está representado en el Consejo Directivo Nacional. Por lo tanto, si bien se ejecutan planes y proyectos, no hay una priorización presupuestaria dentro del Instituto.

A continuación Figueroa agregó: “No éramos reconocidos porque siempre estuvo el debate de si teníamos que estar en Acción Social, porque el sector atendía al desarrollo social. Entre 2012 y 2014 se empezó a trabajar en una ley de Agricultura Familiar que tenía que ver con esa inclusión, no sólo en el INTA sino como política de Estado, que sea reconocida como actividad prioritaria de la gente del campo”.

-¿Qué buscan con este proyecto?

-Lo que queremos con Mabel Caparrós es impulsar una mayor apertura a la participación del sector de la agricultura familiar dentro del Consejo Directivo del INTA. Incluyéndonos en la directiva vamos a tener mayor capacidad de decidir sobre la actividad, en lo que tiene que ver con el acceso a la tierra, a las semillas, a la tecnología, así como lo tienen los grandes productores. Queremos que nuestro sector también tenga acceso. ¿Y cómo se obtiene? Teniendo capacidad de decidir sobre las políticas públicas.

-¿Por qué el proyecto propone directamente cambiar el Consejo, excluyendo del Consejo Directivo actual a representantes del área académica y de las entidades rurales, en vez de agregar un miembro de este sector que ustedes buscan representar? Lo que ahora quedó plasmado es el interés por agregar funcionarios públicos y eso no asegura que vaya a quedar representada la Agricultura Familiar.

-No era ese el espíritu. Creo que hubo una mala interpretación. Nosotros en ningún momento hemos planteado sacar a las cuatro entidades del campo. Todo lo contrario, lo que queremos es ampliar y sumar a la agricultura familiar. Por supuesto que las Universidades son claves. Las cuatro entidades del campo van a permanecer, son parte importantísima de la vida agropecuaria del país. La opinión, la idea, los proyectos que tiene el sector por supuesto que tienen que estar contempladas en el proyecto. Lo que pedimos es agregar incluso a Medio Ambiente que no está en el Consejo Directivo. No hemos hablado de excluir a ningún sector, al contrario.

-Sin embargo el articulado menciona hacer una modificación sobre la conformación del Consejo Directivo para incorporar a alguien de Senasa, del INAI, de Ambiente, como usted afirma, y también deja aclarado que solo habrá lugar para quienes representan a las entidades agropecuarias y a las academias en un consejo asesor.

-Esas se mantienen por supuesto. Nosotros hacemos alusión a lo que se agregaría. Ahí seguramente haremos la corrección cuando se debata en la Comisión y se pondrá con nombre y apellido a las entidades del campo.

-¿La propuesta entonces es agrandar el Consejo, no modificarlo?

-Exacto.

-Y frente a este mal entendido que usted señala, ¿qué opina ahora de todos los comunicados que estas entidades emitieron?

-Que nada más lejos que eso. Nosotros concebimos al INTA como el Instituto que vela por los intereses de todo el mundo del agro, y en el mundo del agro están los grandes, los medianos y los pequeños, ese fue siempre el espíritu del INTA. De ninguna manera vamos a excluir. Pedimos la incorporación de representantes de la Agricultura Familiar y de Ambiente, porque es una actualización de lo que nosotros estamos viviendo en cuanto al cuidado de los ecosistemas y el control de la contaminación. Pensamos que es una voz relevante que debería estar opinando sobre el desarrollo sustentable de los territorios, haciendo propuestas y correcciones. Por ahora tenemos escasas respuestas o respuestas parciales, con poca articulación, para gestionar esas problemáticas nuevas.

-¿Entonces usted afirma que este proyecto debería tener una reescritura?

-Exacto. Creo que se va a corregir cuando lo tratemos en Agricultura o Medio Ambiente. Específicamente irá a la Comisión de Agricultura y allí se harán las modificaciones, los agregados que correspondan. Ningún proyecto es perfecto.

-Otro punto llamativo de la iniciativa es que en los fundamentos ustedes afirman que hay dos millones de personas que integran a la agricultura familiar. Sin embargo, según datos del último Censo Agropecuario de 2018 sólo se reconocen 250.000 establecimientos agropecuarios. ¿De dónde obtienen la cifra de dos millones?

-Nosotros entendemos como agricultura familiar a todo lo que se desarrolla en las zonas urbanas, periurbanas y rurales. El dato del Censo tiene que ver con las explotaciones agropecuarias. Nosotros incluimos el universo que produce, que no está asentado pero que sale de los programas de extensión.

-Entonces ustedes tienen en cuenta a quien cultiva en el ejido urbano o al borde de él.

-Sí.

-Además del ruido que generó este proyecto, ¿qué opina del que provino también del Frente de Todos, el del diputado Carlos Selva, de querer quitarle alrededor de 500 hectáreas a la Estación Cerrillos del INTA en Salta, siendo usted de esa provincia y del mismo espacio político?

-Yo hablé con el diputado después de que presentó ese proyecto, porque no soy parte de esa comisión y no participé de esos debates. Se trató de hablar, de consensuar y después se corrigió. Si bien hay tierras disponibles en el INTA de Cerrillos, en el que yo justamente trabajaba, esas tierras se destinan a parcelas de investigación, de experimentación y también de extensión. Nosotros teníamos por ejemplo 2 hectáreas allí para la producción agroecológica y, por convenio con la universidad, un trabajo con alrededor de 70 alumnos, de tercero y cuarto año de forma semanal, en formación de agroecología.

Respecto a la necesidad de incorporar tierras Figueroa afirmó: “Es cierto también que hay una demanda impresionante de viviendas. En Salta Capital y en donde yo vivo son los lugares que tienen mayor hacinamiento por falta de disponibilidad de tierra para hacer viviendas o loteos. Hay una realidad acuciante y creo que lo hizo con la intensión de solucionar un problema de hábitat que tiene la familia salteña. Hay tierra cercana que se podría expropiar, que son de actividades inmobiliarias cerca del ejido urbano o del ejército, que están sin uso y sobre las que se podría hablar con sus dueños”.

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-¿Usted coincide entonces en que esas tierras hay que obtenerlas de alguna forma, pero no quitándoselas al INTA?

-Claro, no deben ser las del INTA.

-Algo similar ocurrió con el INTA Sumalao en Catamarca, por un proyecto presentado por el senador Dalmacio Mera. ¿Qué opinión le merece esa iniciativa?

-Sí. Yo creo que no va a prosperar porque imagínense que sería achicar una entidad tan elemental para la vida económica y agropecuaria del país. No corresponde.

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“Los productores agropecuarios no somos formadores de precios. De hecho, somos juntos a los consumidores los dos eslabones más afectados por el impacto de la inflación que nos golpea, sin que quienes nos gobiernan logren atenuarlo”, indicó la entidad.

El estudio se basó en el análisis de precios de artículos de las economías regionales que forman la canasta básica de alimentos: leche, huevos, manzanas rojas, peras Williams, arroz, papa negra, azúcar y cebollas. Además se tuvo en cuenta la cantidad que se puede obtener de cada producto con un billete de 1000 pesos –por ser el de más alta denominación- tanto por parte del productor como del consumidor.

Para el caso de la leche, el productor vende un litro a $30 y el consumidor paga por ella $81.75, una diferencia de casi $58. Con $1000 en un supermercado pueden obtenerse solo 12 litros, mientras que si se comprara al precio que recibe el productor se podrían adquirir 33 litros.

Esta disparidad se reproduce en los demás alimentos: la docena de huevos se vende a $80 y en el supermercado se consigue por $159. El kilogramo de manzana roja se entrega a $25 y en góndola llega a los $200.  Le sigue la pera con un valor de $20 de la mano del productor, y llega a $159 en los comercios.

De forma increíble, quien menos recibe por su producto es el productor de papa, que la vende a $5 y que el consumidor paga por kilo casi $90. Con $1000 se consiguen solo 11 kilos y a precio del productor ese número llegaría a los 200.

El arroz también se dispara en la cadena, saliendo a $25 por kilo y arribando a los comercios a $157. Por su parte el azúcar se vende a $44 y el consumidor paga por ella $70 el kilo. La papa finalmente sale del campo a $20 y llega a las verdulerías a $69.

“Demostramos una vez más lo poco que percibimos por nuestras producciones. Las cifras son contundentes y demuestran que no sólo no somos formadores de precio sino que somos lo más castigados, en un contexto donde producimos especialmente para el mercado interno.

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Si bien descartaron por ahora definir la realización de acciones de protesta, por medio de un comunicado de prensa aseguraron que “perdimos todos luego de cuatro meses de medidas tomadas de forma unilateral e inconsulta” y reclamaron al presidente que revea la política intervencionista y retrotraiga “la normalización de los mercados a principios del mes de abril”.

La reunión, que ocurrió en el predio porteño de la Sociedad Rural Argentina, en el barrio de Palermo, contó con representantes de entidades productivas, frigoríficas, sindicatos y consignatarias de hacienda, además de dirigentes gremiales, quienes exigieron que “el gobierno debe dictar reglas claras que permitan dar previsibilidad a una actividad con ciclos biológicos de largo plazo y no generando más incertidumbre y pérdidas en la economía”.

“Perdimos los productores porque cayó el precio de la hacienda y subió la incertidumbre. También cayó la inversión en producción forrajera y genética. Perdimos los consignatarios porque el volumen comercial fue menor. Perdimos los industriales y exportadores porque el menor volumen de faena incrementa el costo operativo y daña, una vez más, la imagen de la carne argentina en los mercados ante los reiterados incumplimientos con los compradores. Perdimos los trabajadores por menor actividad industrial. Perdimos los consumidores porque el consumo de carne se vio afectado por la inflación. Y perdimos los argentinos por menor recaudación de impuestos e ingreso de divisas”, aseguraron en una proclama conjunta.

Actualmente, con excepción de las cuotas que tiene Argentina para Europa, EE.UU. e Israel, las ventas externas están restringidas a un 50% del volumen registrado el año pasado y, si bien el próximo 31 de agosto vence el plazo sobre tales cupos exportables, lo más probable es que el gobierno extienda el cepo hasta fines del presente año.

“Necesitamos que se normalice el mercado y que los productores podamos contar con reglas claras, que generen certidumbre en la actividad ganadera”, dijo Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Pino recordó que “cuando desde la Mesa de Enlace, salvo CRA que opinó que no iba a colaborar, presentamos los lineamientos para un futuro plan ganadero, lo hicimos aclarando que ningún plan puede funcionar con las exportaciones de carne cerradas o cuotificadas; es imposible”.

“La producción de ganado necesita que todos los mercados estén abiertos para que el productor pueda defender mejor su producto. Repito, plan ganadero con exportaciones cerradas es inviable”, concluyó el presidente de la SRA.

El presidente de Coninagro, Elbio Laucirica, declaró que “no sólo los empresarios sino también los trabajadores manifestaron su preocupación por las consecuencias que tiene este cierre de exportaciones”, y comentó que la Mesa de Enlace también mantuvo un encuentro con Sabino Vaca Narvaja, embajador argentino en China para fijar una agenda de trabajo y de convenios de trabajo.

“Vaca Narvaja nos hizo saber que estaba preocupado por este tema y que estaba trabajándolo por su parte con el gobierno chino, y también hablamos de la gran oportunidad que tenemos con China interesada por nuestros productos y no sólo la carne bovina. Tenemos muchas de nuestras cooperativas asociadas interesadas, no sólo grandes como ACA”, agregó Laucirica.

Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), explicó que “es imposible e inviable planificar y generar certidumbres y estímulo hacia la producción y ganar mas kilos de terminación en el ganado y aumentar la actividad de faena con las exportaciones de carne cerradas”.

“Los matarifes, consignatarios, y demás trabajadores de la carne coincidimos en la gran perdida que tuvimos en estos últimos cuatro meses por una equivocación que vuelve a cometer el gobierno. Tuvimos una gran baja del valor de la hacienda en pie, y los trabajadores de la carne sufrieron suspensiones, despidos y disminuciones horarias en sus puestos de trabajo, sumando inestabilidad. Si no se hubiese tomado esta medida de cierre y aperturas parciales hubiéramos tenido mayor ingreso de divisas y no hubiese pasado esto”, resaltó.

Gabriel de Raedemaeker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), expresó: “Hoy se escuchó a los trabajadores hablar en el mismo idioma que los productores. Dimos una lección de convivencia. Estamos tratando de evitar el conflicto pero las señales que nos da el gobierno son erróneas”.

De continuar el cepo exportador de Raedemaeker reflejó que “sería la chispita para que se genere una protesta visible. Los productores nos reclaman un cese de comercialización pero por ahora los canales de diálogo siguen abiertos. Es importante la articulación público-privada pero para hacer políticas efectivas se debe escuchar la opinión de todas las partes”, enfatizó.

Además de las cuatro entidades del agro, en el encuentro estuvieron presentes directivos de la Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA), Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado, Cámara de Productores de Carne Vacuna, Centro de Consignatarios de Productos del País (CCPP), consorcio de Frigoríficos Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y Unión de la Industria Cárnica Argentina (Unica).

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Eso es lo que sostienen quienes integran hoy la Mesa de Enlace Joven, un espacio formado en 2019 por los ateneos y las juventudes de las principales entidades del sector agropecuario: Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria (FAA), Coninagro y la Sociedad Rural Argentina (SRA).

“Antes se hablaba de los futuros líderes del sector agropecuario y ahora me refiero a la formación de los líderes del presente, líderes en un aspecto amplio y no sólo del sector”, dijo Ivana Vidal, futura politóloga y presidenta del Ateneo de la SRA, a Bichos de Campo.

El trabajo de la juventud ruralista se coordina entre aquello realizado al interior de cada institución, y lo planteado en conjunto de cara a la sociedad.

“Nuestro día a día está del lado de ir formándonos. Por más que muchos conocen el sector, tratamos como grupo de salir. Creo que la persona humana tiene un sentido de pertenencia, y como jóvenes involucrarnos en estas organizaciones hace que empecemos a levantar la voz y ser más activos”, consideró Vidal.

Aún así, la joven nacida en la localidad de América, en la provincia de Buenos Aires, afirma que no hace falta provenir del campo para sumarse. “El único requisito es tener pasión, interés y compromiso”.

¿Y qué pasa con la agenda? Desde Jovita, el cordobés Matías Ratto, secretario de la Juventud de Federación Agraria, afirmó que si bien hay un espacio de trabajo propio distinto del de la entidad madre, ya que se trata de un ámbito formacional en el que se suman herramientas para el desarrollo social, profesional e incluso gremialista, a veces “la juventud no escapa del contexto en el que vive el sector agropecuario”.

“El principal problema que tiene la producción agropecuaria en Argentina, y los productores en forma particular, es que hay una alta presión impositiva sumada a una falta de políticas de largo plazo que sean claras. Después también está el tema de la falta de conectividad. Pensar hoy en día en que los jóvenes se puedan quedar y desarrollar en el medio rural, en la heterogeneidad de regiones que tiene nuestro país, es importante”, afirmó Ratto a Bichos de Campo.

Este pensamiento quedó cristalizado en un documento que estas juventudes presentaron hace dos años, en el que denunciaban el problema del desarraigo rural y de la alta migración del campo a las ciudades, en búsqueda de mayores oportunidades de desarrollo.

“Más allá de que sea transitorio, porque uno está de paso en las instituciones, creo que la participación en esta instancia te ayuda a comprender esa diversidad de opiniones y generar los consensos que hacen falta para salir adelante. Ese es un problema grave que vemos en el arco político argentino”, agregó el joven cordobés licenciado en Agronomía.

En ese mismo sentido el tandilense Santiago Alem, presidente de Ateneo CRA a nivel nacional, consideró que las juventudes deben involucrarse porque se debe trabajar “hacia el fortalecimiento institucional”.

Afirmó a continuación a este medio que transpolar esta discusión a la “mesa de los mayores” arroja mejores resultados de los que se obtendrían trabajando cada uno de manera individual.

“Siempre que hablamos con los mayores nos dicen que ellos no tuvieron la oportunidad de formarse y agarrar el roce necesario durante su juventud, y que fueron haciendo camino al andar con sus cargos. Nosotros tenemos esa posibilidad de equivocarnos en el proceso de aprender”, indicó.

El trabajo desde estas bases apunta también a achicar la famosa y extendida brecha entre el campo y la ciudad. “Creo que tenemos un protagonismo muy interesante en el presente, en el día a día del sector y de las instituciones, que nos acercan un poco a la sociedad y al accionar social. Muchas veces se planta un paredón compuesto por mitos y hay que lograr que esos mundos se acerquen”, sostuvo Alem.

Y dentro de todo este arco participativo, se gesta sin dudas el próximo recambio generacional, que vendrá de la mano de nuevas agendas y planes de acción.

“Nosotros somos el presente. Por ahí falta que los grandes acepten que podemos aportar a sus ideas e innovar. Todos los jóvenes de las entidades coincidimos en que falta un recambio. Ocurre lo mismo con el lugar que tiene la mujer”, dijo desde Pampa del Indio la chaqueña Camila Hutak, presidenta de la Juventud de Coninagro y futura licenciada en gestión ambiental, a Bichos de Campo.

“Nuestro objetivo es similar al de los mayores, seguimos los pasos de lo que es Coninagro madre, pero también nos estamos formando como futuros dirigentes rurales. En nuestro caso tocamos la realidad del cooperativismo, de las economías regionales y del arraigo rural en el país. Es importante que actuemos, sino nadie nos va a llamar”, remarcó Hutak.

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La gota que rebasó el vaso de la paciencia de los productores fue que en un asalto balearon en el omóplato al encargado del campo de la familia Cogo en la localidad de Francisco Ayerza, que pertenece al partido de Pergamino. “Ese incidente mas una seguidilla de robos que tuvimos la semana pasada en diferentes chacras nos preocupó mucho y de hecho arrastramos todo el año pasado con robos sistemáticos. Sentimos una zona liberada y desprotegida. Por eso me puse en contacto con vecinos damnificados y surgió de modo espontáneo una asamblea”, dijo el productor Mariano Villeta en diálogo con Bichos de Campo. 

Villeta es productor, trabaja en una administración y a su vez arrienda un campo en Peña. Él fue el que impulsó la convocatoria realizada este viernes en la explanada del ferrocarril de Peña a la cual asistieron unas 80 personas entre productores y vecinos.

“Ya conocemos los discursos, pero la idea era juntarnos, vernos las caras y enviar un petitorio a las autoridades reclamando mas seguridad, que se esclarezcan los hechos de inseguridad y poder desarrollar entre nosotros una especie de cuidado rural con prevención”, remarcó el productor.

Entre las opciones que se discutieron en la asamblea, se habló de la necesidad de instalar cámaras en los caminos troncales y en los ingresos a los campos, que transmitan en vivo y que puedan ser alimentadas mediante paneles solares. También resaltaron que hay más que apenas dos patrulleros móviles circulando dentro de un perímetro tan grande.

“A mí todavía no me tocó pero en cualquier momento me va a tocar. El disparo que recibió el encargado de un campo de Ayerza fue el colmo. Por eso surgió la asamblea, con la idea de que fuera apartidaria, con productores que vivieran en el campo y ciudadanos en general”, manifestó Villeta.

Sebastián Campo, presidente de la filial local de Federación Agraria, estuvo presente en la asamblea y comentó que elevaron el reclamo al Ministerio de Seguridad bonaerense comandado por Sergio Berni, y al ministerio de Desarrollo Agrario a cargo de Javier Rodríguez, argumentando que “la situación es insostenible”. El tema de contar con patrulleros nuevos para la policía rural también fue tocado en la reunión que Carbap mantuvo el viernes con el gobernador Axel Kicillof.

En el caso del Pergamino, “hay sólo dos móviles patrullando en zonas rurales, y lo peor es que uno solo es camioneta. El otro es un auto, con lo cual decimos que hay uno solo”, se lamentó Campo, quien de todos modos se mostró conforme con la confirmación de parte de la Municipalidad de Pergamino, de instalar cámaras que funcionen vía wi-fi y con energía solar.

“Presentamos un proyecto de cámaras tipo domo con pantalla solar y con transmisión vía 4G y además queremos buscar una forma de iluminar con reflectores alimentados también con energía solar”, expresó el dirigente.

El dirigente de FAA pidió a los productores hagan la denuncia cuando sufren un hecho de inseguridad, para que se pueda cuantificar el daño y presionar a las autoridades hacia un accionar más inmediato.

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Hoy fue el turno del justicialista Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, quien recibió a Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina), Jorge Chemes (Confederaciones Rurales Argentinas), Elbio Laucirica (Coninagro) y Carlos Achetoni (Federación Agraria) en la “Casa de Salta” ubicada en la ciudad de Buenos Aires.

“Continuamos trabajando para solucionar las problemáticas que aquejan a los productores y buscar juntos alternativas de solución”, dijo Sáenz, por medio de un comunicado, difundo al final del encuentro porteño.

En Casa de Salta, nos reunimos con la Mesa de Enlace, para analizar las actividades productivas que se llevan adelante en nuestra provincia. Además, abordamos temas estratégicos del sector agroindustrial. pic.twitter.com/XW8lQyYQvH

— Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) July 29, 2021

El comentario, si bien es bastante escueto, deja en claro que la posición del gobernador salteño es contraria al “cepo cárnico”, aunque es lo suficientemente diplomático como para no colisionar con el gobierno nacional y su generosa “billetera” en pleno año electoral.

De todas maneras, es bastante más que lo logrado durante la reunión –realizada el pasado 15 de julio– con el gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá, quien sólo se dignó a publicar un tweet en el cual mencionó que había recepcionado las “inquietudes” de los dirigentes agropecuarios, como si se tratase del amable rector de un colegio que recibe a un grupo de alumnos del centro de estudiantes.

Esta tarde me reuní con integrantes de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias. Dialogamos sobre diferentes aspectos que atañen al sector y recepcioné sus inquietudes en lo que fue un grato encuentro. pic.twitter.com/V30gVixe08

— Alberto R Saá (@alberto_rsaa) July 15, 2021

Las dos primeras “paradas” de la gira, realizadas a comienzos a de este mes en las provincias Corrientes y Chaco, habían resultado satisfactorias al lograron recibir el apoyo de los gobernadores Gustavo Valdés y Jorge Capitanich.

Los dirigentes del agro en los próximos días tienen planes para reunirse con los gobernadores de Mendoza, La Pampa y Santa Fe, entre otros.

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“Para entender lo que le pasa a ese sector hay que entender las políticas del gobierno y la situación internacional, de tal manera que la visión sistémica es siempre necesaria para interpretar lo que va a ocurrir”, dijo Seggiaro a Bichos de Campo.

Mirá la entrevista completa a Carlos Seggiaro:

Mientras que la gran mayoría de los economistas vive y trabaja en las grandes ciudades, Seggiaro eligió continuar con su profesión en su querida Villa María, en Córdoba, un poco por cuestiones familiares, otro poco por afectos. “Todo tiene que ver con un formato en términos de objetivos de vida y siempre tuve en claro que quería vivir y ejercer mi profesión en Villa María”, aclaró.

A Seggiaro, queda claro, no lo encandilan las luces de las grandes urbes pero al igual que los demás economistas y asesores agrícolas entiende que parte de su tarea es armar un rompecabezas para expresar cómo ve la realidad. “Al mismo tiempo uno intenta generar conciencia de ciertas cosas. Creo que hay que impulsar un país mejor y en ese punto mi perfil profesional es también mi estudio profesional, donde tengo un equipo de gente que trabaja en proyectos de inversión en cadenas de valor”, explicó.

El asesor de los chacareros y muchas cooperativas precisó que su intención es la de “armar proyectos de industrialización de la producción primaria porque creo que ese también es el rol que a uno le cabe para pensar en un país distinto”.

“La Argentina que durante décadas sube a los barcos materia prima sin procesar no es un país condenado al éxito. Por eso uno intenta estimular desde abajo para ir por proyectos de valor e industrialización. Cobro honorarios por eso, por supuesto, pero al mismo tiempo es una contribución a tener un mejor país para nuestros hijos algún día”, concluyó.

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