La entrada Sin acuerdo firme con las tres cerealeras, Vicentin pidió al juez Lorenzini otros seis meses de plazo para poder llegar a un acuerdo con sus acreedores se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Fuentes judiciales informaron a Télam que el abogado de la cerealera, Guido Ferullo, presentó un escrito en el juzgado en el que solicita una prórroga del período de exclusividad –para acordar una propuesta de pago con los acreedores- hasta el 30 de junio del año próximo. Esto es, pretende tomarse un semestre. El escrito de Vicentin explica que necesita tanto tiempo ante la resolución del juez, que rechazó la propuesta realizada por la empresa.
“Atento a la resolución dictada en autos en fecha 23/11/2021, por la cual vuestra señoría requirió a la sociedad concursada la reformulación de la propuesta del acuerdo preventivo presentada, así como también, que se complete el plan de reorganización empresaria, resulta imprescindible contar con el período de tiempo requerido para cumplir con dichas solicitudes”, señala el texto presentado por el abogado Ferullo.
En esa línea la empresa argumentó que también requiere más tiempo “para publicar la nueva propuesta en el expediente y conformar las aceptaciones que requiere la ley”.
A pedido de la compañía, Lorenzini ya había extendido el período de exclusividad del concurso del 3 de septiembre pasado al 16 de diciembre próximo, atento a las negociaciones que Vicentin mantenía con tres posibles inversores: Molinos Agro, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Viterra (del grupo Glencore).
Sin embargo, tres meses después esas negociaciones aún no arribaron a un acuerdo definitivo, según le manifestaron los CEO de las tres empresas al propio juez en una reunión que mantuvieron el miércoles pasado en su despacho de la ciudad de Reconquista.
Voceros con acceso al expediente explicaron que los ejecutivos Mario Rubino (ACA), Amancio Oneto (Molinos) y Bladimir Barisic (Vinterra), le dijeron al juez que tienen la voluntad de ingresar a Vicentin pero por ahora tienen un preacuerdo “no vinculante”.
Según trascendió, la propuesta de los tres inversores consiste en un aporte de capital para la salida del concurso pero en cuotas, como los pagos propuestos a los acreedores.
En ese plazo, las empresas continuarían operando a fazón en las plantas procesadoras de Vicentin ubicadas en el polo agroexportador del Gran Rosario, lo que les permitiría hacer frente a la deuda con el resultado económico de la operación de los muelles de la concursada.
Un amplio grupo de acreedores granarios anunció que quiere terciar en la recuperación de Vicentin
La semana pasada apareció un nuevo actor en las negociaciones, cuando un grupo de más de 70 acreedores granarios de Vicentin hizo pública la constitución de un fideicomiso con el fin de impulsar el proceso de crown down (salvataje) de la compañía, en caso de que no arribe a un acuerdo concursal y antes de que se dicte la quiebra.
El Fideicomiso Acreedores Granarios de Vicentin explicó en un comunicado que designó al UBS Investment Bank como asesor financiero.
Ahora el juez Lorenzini deberá resolver si vuelve a extender el plazo del período de exclusividad solicitado por Vicentin para llegar a un acuerdo con sus acreedores, y da paso al período de salvajate a partir del 16 de diciembre.
La entrada Sin acuerdo firme con las tres cerealeras, Vicentin pidió al juez Lorenzini otros seis meses de plazo para poder llegar a un acuerdo con sus acreedores se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada Lorenzini pidió a Vicentin que reformule la propuesta porque la iniciativa presentada representa una “clara afectación del derecho de los acreedores” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Por medio de un escrito presentado hoy, Lorenzini expuso que la propuesta concordataria “debe ser modificada y ajustada por la concursada de un modo razonable, de tal forma que satisfaga adecuadamente los intereses en juego y justifique el esfuerzo compartido de los acreedores, trabajadores y terceros involucrados (directa o indirectamente) en la búsqueda de una resolución al conflicto”.
Los fundamentos de Lorenzini son muy similares a los expuestos oportunamente por los representantes de las entidades financieras internacional que forman parte del concurso, quienes habían advertido que la propuesta es tan pobre que ni siquiera podía ser admitida como tal.
En principio, aunque parezca increíble, la propuesta no contempla plazos ciertos para su cumplimiento al no establecer una fecha precisa en la cual se haría el desembolso inicial de los 20.000 dólares y de las subsiguientes cuotas.
El escrito de la propuesta además refiere permanentemente a “la quita”, pero no expresa concretamente a cuánto asciende la misma, aunque en las audiencias con acreedores miembros del directorio de Vicentin informaron que sería del orden del 70% del capital, aunque esa cifra es muy variable en función de los diferentes perfiles de los múltiples acreedores que integran el concurso.
“La propuesta presentada, tanto en su ínfimo porcentaje (30%), como en el plazo de pago (15 años), la indeterminación del comienzo del término y la falta de contabilización de intereses por el lapso de espera a que se somete el pago de los créditos, genera en rigor, una quita superior a la mera expresión de la merma prevista y una clara afectación del derecho de propiedad de los acreedores, configurando un abuso del derecho”, manifestó Lorenzini.
Adicionalmente –tal como había adelantado Bichos de Campo la semana pasada–, la propuesta indica que, en caso de quiebra de Vicentin SAIC, los activos de la empresa serán inmediatamente transferidos a los inversores estratégicos del acuerdo (ACA, Molinos Agro y Viterra Argentina), los cuales deberían seguir abonando los pagos anuales comprometidos a los acreedores. “Prima facie, dicho esquema no resulta compatible con las garantías que la ley concursal y el derecho civil argentino pretenden ofrecer a los acreedores”, advirtió Lorenzini.
Por último, el juez concursal remarcó que la propuesta está muy focalizada en algunos activos de Vicentin –fundamentalmente la planta industrial de San Lorenzo–, pero no se mencionan el destino de muchas otras unidades, lo que introduce un factor de riesgo para los empleos que dependen de las mismas.
Claudio Lozano adelantó que el Banco Nación rechazaría la propuesta de Vicentin a sus acreedores
La entrada Lorenzini pidió a Vicentin que reformule la propuesta porque la iniciativa presentada representa una “clara afectación del derecho de los acreedores” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada El concurso de Vicentin en la recta final: Tres agroindustrias quieren salvar a la empresa, pero las entidades bancarias están perdiendo la paciencia se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Así lo informaron representantes de las tres compañías interesadas durante una audiencia en línea organizada el pasado 4 de noviembre por el juez del concurso preventivo de Vicentin, Fabián Lorenzini, quien convocó a las partes para que informen a los acreedores y trabajadores los avances en las negociaciones y los detalles de la propuesta concordataria.
El video de la audiencia fue difundido esta semana con el propósito de que los miles de acreedores que integran el concurso sepan cómo se está desarrollando la etapa final del proceso, dado que el período de exclusividad –luego de haber sido prorrogado– vence el próximo 16 de diciembre, lo que implica que no hay mucho tiempo para terminar de definir y acordar una propuesta superadora entre los principales acreedores.
La audiencia, que se extendió por casi dos horas y media, permitió evidenciar que ACA, Molinos Agro y Viterra tienen intenciones de integrar una sociedad que gestione la mayor parte de los activos de Vicentin. ACA y Molinos son usuarios de los servicios de molienda ofrecidos por Vicentin, mientras que Viterra, como accionista mayoritario, es socia de Vicentin en Renova S.A.
Sin embargo, el evento también fue un reflejo de cómo los representantes de las entidades bancarias –que son, en términos de la masa concursal, los principales acreedores– están a un paso de perder la paciencia frente a la falta de precisiones aportadas por el directorio de Vicentin.
Omar Scaler, el presidente del directorio de Vicentin, aseguró que envió a los acreedores un “proyecto de propuesta”, al tiempo que Estanislao Bougain –otro director– expresó, con una envidiable tranquilidad, que “la propuesta en su conjunto no está, no existe, porque necesitamos un paso más para poder terminarla y creemos que estamos muy próximos para poder realmente tenerla escrita”.
Lorenzini, prácticamente rogó a los directores de Vicentin que mostraran algo concreto. “Espero que ustedes entiendan la gravedad del momento; sé que lo entienden, pero es mi obligación hacerles notar que el motivo de esta audiencia, el principal motivo de esta audiencia, además de, por supuesto, escuchar a todos los demás (interesados), es saber en qué consiste la propuesta concordataria; no considero que a esta altura de la situación sea una demanda irrazonable ni mucho menos”, dijo el juez casi implorando que aporten algún dato concreto.
“Si no formulamos la propuesta en términos claros, al menos a grandes rasgos y con un trazo grueso, veo muy difícil que en el tiempo que nos queda para el período de exclusividad se puedan reclutar las conformidades de todos los acreedores, así que les pido que hagan un esfuerzo, que me entiendan y que por favor indiquen por lo menos los lineamientos generales que nos permitan comprender hacia dónde estamos encaminados”, insistió el juez.
Estanislao Bougain tomó la palabra, pero, lejos de aportar, claridad, señaló que la propuesta contempla dolarizar los créditos pesificados de todos los acreedores –tanto granarios como no granarios– para hacer un pago inicial por “una suma que tenemos que determinar de definir exactamente”. No detalló cuáles serían los términos de la dolarización de las deudas pesificadas. Y comentó que la propuesta general sería abonar el 30% de la deuda en un plazo de 15 años, sin hacer mención a ninguna tasa de actualización de las cuotas por abonar.
Julio Fermo de Columbus Zuma Investment Banking, asesor de entidades internacionales IFC y FMO, pidió la palabra para expresar que el diseño de un proyecto de propuesta, teniendo en cuenta que se trata de un proceso que involucra unos 1500 millones de dólares, “exige de un cierto nivel de profesionalismo y seriedad que no están alineados con lo que nosotros hemos recibido hasta este momento; con eso quiero decir que nos han compartido términos muy vagos que no nos permitieron siquiera llevar adelante un análisis serio y en este punto quiero ser muy claro: tenemos una profunda vocación por alcanzar un acuerdo porque sabemos de los efectos que supone no alcanzar un acuerdo”.
“Estamos predispuestos a hacer todos los esfuerzos que hagan falta para tratar de lograr un acuerdo dentro del período exclusividad, pero lo que no podemos desconocer es que, para alcanzar un acuerdo, previamente hay que recibir una propuesta y esa propuesta tiene que ser formulada con todos los detalles que supone el análisis de algo tan complejo como es una propuesta concordataria en el marco de un proceso tan difícil”, disparó Fermo.
Cuando llegó el turno de las empresas interesadas en buscar una solución, Mario Rubino, gerente general de ACA –cooperativa que es el principal acreedor granario en el concurso– manifestó que ese mismo día, el 4 de noviembre, habían logrado un acuerdo de intención no vinculante “porque todavía nos faltan elaborar los contratos definitivos para poder hacer la oferta vinculante”.
“Las tres empresas que estamos acá (por ACA, Molinos y Viterra) no somos inversores que venimos a buscar fondos para obtener rentabilidad y e irnos al lograr el pico de esa rentabilidad y darle otro destino al capital; somos tres empresas del sector con importantes inversiones realizadas en la Argentina”, explicó el directivo de ACA.
Rubino detalló que la iniciativa comprende una inversión conjunta de 720 millones de dólares, de los cuales 100 millones están computados para afrontar eventuales contingencias futuras, para luego añadir que al contratar los servicios agroindustriales de la concursada se logró mantener la estructura de la misma en funcionamiento “con momentos de márgenes positivos y con momentos de márgenes negativos, como está ocurriendo actualmente, pero en esta instancia de negociación siempre nos comprometimos a poder mantener la empresa en marcha”.
Por su parte, Amancio Oneto, vicepresidente de Molinos Agro, apuntó que existen contingencias que hacen que “no sea posible que podamos hacer una capitalización inmediata” de Vicentin y que “eso lleva hacia a una cierta complejidad en la estructura de la operación”. Y agregó que “la estructura a la que arribamos (en el acuerdo) no es la estructura que nosotros hubiéramos soñado”. Palabras misteriosas para un acuerdo que, por el momento, debe permanecer en la confidencialidad.
Cuando le llegó el turno a Sergio Díaz, representante del Banco Nación (BNA), no tardó en reconocer que la propuesta realizada por Vicentin “no cubre las expectativas que teníamos nosotros en cuanto al crédito privilegiado” de la entidad que conforma el concurso, por medio del cual el BNA tiene la posibilidad de recibir, como parte de pago, todos las liquidaciones de ventas de bioetanol elaborado en la unidad industrial de Avellaneda de Vicentin, dado que esa misma fue, precisamente, la garantía del crédito.
La cuestión del bioetanol, lejos de tratarse de un detalle, representa un aspecto central para que pueda desarrollarse el acuerdo de rescate, porque las tres empresas interesadas consideran a la planta de etanol maicero un activo estratégico, aunque –por supuesto– el mismo no tendría utilidad alguna si todo lo que genera va a parar al BNA. Por ese motivo, el directorio de Vicentin solicitó a las autoridades de la entidad oficial que “liberen” a esa fábrica para que los pagos se hagan en función de las utilidades generadas por la misma –con una garantía hipotecaria atada a la instalación industrial– y no por su facturación. Ese pedido no convence para nada al presidente del BNA Eduardo Hecker, quien en reiteradas oportunidades se manifestó en contra de las actitudes emprendidas tanto por el anterior como el actual directorio de la concursada.
En ese sentido, Julián Echazarreta, directivo de ACA y ex secretario de Agricultura de Alberto Fernández, hizo un paréntesis para contextualizar la situación y recordar que la capacidad ociosa de la industria aceitera argentina ronda el 40% y que la posibilidad de que las fábricas de Vicentin puedan seguir trabajando permiten “disfrutar de cierta paz social”. En otras palabras: usar el caso Vicentin como un activo político puede terminar siendo un pésimo negocio para el gobierno nacional, sin mencionar, claro, el drama social que representaría la quiebra definitiva de la empresa concursada.
Otro tema complejo es que la propuesta no parece tener interés en la planta industrial que Vicentin tiene en la localidad santafesina de Ricardone, que, por tener una capacidad de molienda de casi 4400 toneladas/día, es muy ineficiente respecto de la unidad de San Lorenzo, que puede moler 16.650 toneladas/día de oleaginosos.
Lorenzini, al finalizar el encuentro virtual, volvió a insistir con el hecho de que el directorio de Vicentin debe presentar una propuesta concreta cuanto antes. “La propuesta siempre se puede mejorar, pero si no hay propuesta, la discusión va a seguir siendo una discusión muy etérea, muy poco telúrica, y tenemos que aterrizar el problema para evitar justamente que se sigan atrás poniendo umbrales del tiempo que ya lamentablemente no podemos extender más”, argumentó el juez.
Por último, Estanislao Bougain se comprometió a acceder a ese pedido. “El próximo paso nuestro tiene que ser efectivamente los acuerdos necesarios para presentar la propuesta en el expediente e inmediatamente presentar una cantidad de conformidades, con las que ya contamos y algunas otras que estamos recién empezando a mostrar”, dijo el directivo de Vicentin sin transpirar una sola gota de sudor.
La entrada El concurso de Vicentin en la recta final: Tres agroindustrias quieren salvar a la empresa, pero las entidades bancarias están perdiendo la paciencia se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada Lorenzini convocó a Viterra, Molinos Agro y ACA para que informen el avance de las negociaciones con la concursada Vicentin se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La audiencia tendrá lugar el próximo 4 de noviembre a las 17:00 horas por medio de la plataforma virtual Zoom y, además de Lorenzini, estarán presentes los integrantes de la intervención, la sindicatura y el segundo Comité de Control del proceso concursal.
En agosto pasado Lorenzini exigió al directorio de la compañía agroindustrial que presente un plan de pago concreto a los acreedores antes del próximo 20 de noviembre.
Posteriormente, el representante legal de de Vicentin, Guido Javier Ferullo, presentó el programa en cuestión que tendría una primera fase el 12 de noviembre, cuando la concursada presentará una propuesta de organización empresaria y designará a tres miembros del directorio de Vicentin para que actúen como voceros oficiales en las reuniones presenciales por organizar.
Lorenzini dispuso además que el período de exclusividad vence el 16 de diciembre de 2021, con lo cual no habrá mucho tiempo entre la presentación de la propuesta y la negociación entre los diferentes acreedores, donde, por el volumen de la deuda y el hecho de que buena parte de la misma está dolarizada, la decisión de las entidades bancarias y financieras tendrá un rol relevante.
El período de exclusividad es una etapa del proceso durante la cual la concursada puede ofrecer acuerdos a sus acreedores orientados a subsanar la pérdida de capital ocasionada por la cesación de pagos.
¿Cuáles son las condiciones en las cuales Vicentin ofrece servicios agroindustriales?
La entrada Lorenzini convocó a Viterra, Molinos Agro y ACA para que informen el avance de las negociaciones con la concursada Vicentin se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada El juez concursal exigió a Vicentin que presente un plan de pago concreto a los acreedores antes del 20 de noviembre se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El período de exclusividad es una etapa del proceso durante la cual la concursada puede ofrecer acuerdos a sus acreedores orientados a subsanar la pérdida de capital ocasionada por la cesación de pagos.
“La prórroga solicitada lleva en su génesis el compromiso de trabajar con los acreedores en la formulación de una propuesta o menú de propuestas aceptables”, indicó Lorenzini en un escrito difundido hoy.
“El tiempo adicional que se otorgue deberá ser aprovechado para desplegar una conducta concreta en esa dirección, ofreciendo instancias de evaluación que permitan conocer los avances logrados, tanto por parte del tribunal como frente a los órganos y auxiliares del proceso”, remarcó el juez.
Lorenzini dispuso como fecha límite el 20 de noviembre para que el directorio de Vicentin presente un plan de negocios y una propuesta de pago a sus acreedores. Un aspecto interesante del escrito es que la propuesta, según indicó el juez, deberá explicar la “circunstancia de la explotación y destino previsto de los activos non core”, entendiendo como tales los “emprendimientos y explotaciones industriales dependientes de la concursada que no se corresponden estrictamente con la molienda de oleaginosas”.
Si bien la fecha límite del período de exclusividad para negociar un acuerdo vence el 16 de diciembre, el escrito de Lorenzini señala que podría extenderse eventualmente “conforme a la evolución del proceso y en consulta con el Comité de Acreedores y la Intervención”.
La empresa, que entró en default en diciembre de 2019 y está en concurso de acreedores desde comienzos de 2020, había solicitado que el plazo para negociar una deuda del orden de 1400 millones de dólares se extendiera hasta el 31 de marzo de 2022.
Según la resolución firmada por Lorenzini, la prórroga otorgada hoy del período de exclusividad cuenta con los avales de la Sindicatura, el Comité de Control y las entidades bancarias que lo integran.
A comienzos del presente mes de agosto el directorio de Vicentin presentó una propuesta a los acreedores quirografarios que contempla una quita del 75% con el pago del 25% restante en Obligaciones Negociables (ON) por liquidar en un plazo de 20 años.
Como tal propuesta fue considerada inaceptable por la mayor parte de los acreedores, posteriormente la empresa, de manera informal, señaló que era una “propuesta testimonial” que sería superada.
VicentinLa entrada El juez concursal exigió a Vicentin que presente un plan de pago concreto a los acreedores antes del 20 de noviembre se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada Vicentin SAIC: Productores, acopios y cooperativas quedaron con la mayor parte de la deuda pesificada, mientras que Vicentin Paraguay y Renova recibirán dólares se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Fabián Silvano Lorenzini, juez Civil y Comercial de la Segunda Nominación de la ciudad de Reconquista (Santa Fe) a cargo del concurso de Vicentin SAIC, procedió a admitir formalmente más 1700 deudas reclamadas por acopios, productores, industrias oleaginosas, entidades bancarias, accionistas, proveedor de servicios y organismos públicos.
En lo que respecta a los acreedores granarios, la mayor parte de los mismos resultó perjudicado porque la deuda concursal quedó pesificada en un contexto de aceleración inflacionaria. En ese sentido, la peor parte se la llevó Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) con una deuda verificada de 5425 millones de pesos argentinos. 
Lorenzini procedió a pesificar la mercadería en depósito en base a la cotización de los granos a la fecha de presentación en concurso (febrero de 2020) conforme el precio registrado entonces por la Cámara Arbitral de la Bolsa de Comercio de Rosario.
En lo que respecta a los granos entregados con precio a fijar y a las ventas con precio hecho, el juez tuvo en cuenta la moneda en la cual se pactó el precio, es decir, las entregas o ventas pactadas en dólares quedaron reconocidas como deudas en esa moneda.
Por tales motivos, si bien la mayor de los créditos por granos quedaron pesificados, en algunas situaciones se reconocieron deudas en dólares, como los casos de Commodities SA (Grassi) (16.170.995 dólares), Cargill (2.426.250), Agronegocios Jewell (1.955.307), Horacio Raúl Pérez (1.391.227), Cía. De Insumos y Granos (1.343.300), Morel Vulliez SA (1.014.765), Lartirigoyen y Cía (587.371), El Campo SA (377.900), Fedea SA (314.769), Matesur SA (285.000) y Rancho Largo SA (222.295), entre otras.
Por su parte, el juez dolarizó la mayor parte de los créditos concedidos por entidades internacionales y bancos locales que se fondearon en el exterior, incluyendo al Banco Nación, cuyo crédito verificado fue estipulado en 296,8 millones de dólares.
“Muchos bancos nacionales realizaron operaciones en dólares estadounidenses, pero las acreditaciones fueron concretadas en pesos al cierre de cambio con el Banco Central (BCRA). No obstante ello, tratándose de prefinanciaciones para exportaciones, deviene indiscutible la existencia de un obligación de dar sumas de dinero pactada en moneda extranjera por su propia naturaleza jurídica”, explicó Lorenzini en el escrito de verificación final de créditos.
La filial argentina de Glencore, Oleaginosa Moreno, reclamó un préstamo de 14 millones de dólares concedido a Vicentin SAIC, pero el mismo fue pesificado por Lorenzini al entender que la empresa no pudo justificar el origen del mismo en moneda extranjera que el préstamos no se destinó “para prefinanciación de exportaciones, sino como financiamiento de capital de trabajo, razón por la cual no luce acertada la postulación de dicha acreencia en dólares”
En cuanto a los acreedores del rubro “bienes y servicios”, la mayor parte quedaron “pesificados”, con excepción de aquellas empresas que prestaron servicios tarifados en moneda extranjera, como es el caso de ADM (con una deuda verificada de 2.605.618 dólares), Cargill (1.732.751), LDC (1.229.292) y United Gran Corporation (274.299), entre otras.
Por último, tal como había adelantado Bichos de Campo, Lorenzini procedió a admitir una deuda de 37,8 millones de dólares reclamada por Vicentin Paraguay y otra de 24,1 millones de dólares exigida por Renova SA, empresas vinculadas con Vicentin SAIC.
“De conformidad con lo recomendado por el órgano sindical, entiendo acreditado los saldos deudores por venta de soja (de Vicentin SAIC a Vicentin Paraguay) con la documental que se acompaña por lo que se verificará el crédito solicitado”, argumentó Lorenzini.
Los listados completos de créditos verificados por tipo de acreedor pueden verse aquí:
La entrada Vicentin SAIC: Productores, acopios y cooperativas quedaron con la mayor parte de la deuda pesificada, mientras que Vicentin Paraguay y Renova recibirán dólares se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada Vicentin: Los auditores forenses aún no pudieron comenzar a trabajar porque la empresa no habilitó el acceso a sus servidores se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El equipo de auditores forenses, liderado por Raúl Saccani de la firma Deloitte Argentina –quien preside la Comisión de Anticorrupción y es vicepresidente de la Comisión Antilavado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas– tiene la tarea de crear una base de datos con todos los correos electrónicos de directores y funcionarios de Vicentin, contratos de exportación y transferencias internacionales de fondos entre la compañía y las restantes empresas del grupo económico con el propósito de identificar eventuales operaciones inusuales.
En un escrito presentado a Lorenzini, Saccani informó que “se había establecido como prioritario y esperaba estar completo para el hito del primer informe de avance que tuvo lugar el pasado 16 de noviembre de 2020”, pero ninguno de los procedimientos previstos en el plan de trabajo pudo llevarse a cabo “debido a la falta de acceso a la información”.
“El único avance que habíamos conseguido fue la coordinación de una videollamada el pasado 10 de diciembre con la Sra. Nora Cumiano (punto de contacto identificado por la concursada, con especialidad en informática) y el envío de los datos de dos miembros del equipo para que la concursada otorgara acceso a los dos sistemas de gestión”, señaló el auditor, para luego remarcar que “estos accesos aún no llegaron a concretarse”, señaló.
“Si bien podría llevarse a cabo la preservación de las bases de datos en crudo, la falta de colaboración podría, eventualmente, derivar en que este cuerpo (forense) no pueda acceder a la información necesaria para llevar adelante las tareas requeridas”, advirtió Saccani.
Ante tales manifestaciones, Lorenzini procedió hoy jueves “requerir formalmente la colaboración” de las autoridades de Vicentin en lo que respecta a la posibilidad de acceder a la información alojada en los servidores informáticos de la compañía.
Los auditores forenses manifestaron que se trata de un momento ideal para realizar tal tarea porque, en virtud de actuaciones realizadas por el titular de la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario, Miguel Salvador Moreno, se prohibió momentáneamente el uso de los equipos y sistemas de Vicentin, dado que los mismos están a resguardo de la justicia penal en una investigación por presunta estafa.
Lorenzini señaló que “para el supuesto eventual de no contarse con la colaboración necesaria por parte de los dependientes de la concursada, podría igualmente realizarse una copia forense de los discos rígidos de servidores, preservando las bases de datos crudas en cumplimiento de una orden judicial conforme al citado plan de auditoría”.
También solicitó que se coordinen “todos los esfuerzos que sean necesarios” entre los auditores forenses y los integrantes del equipo informático de la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario, de manara tal de que ambios “actúen de manera eficiente y eficaz”.
Foto. Raúl Saccani
La entrada Vicentin: Los auditores forenses aún no pudieron comenzar a trabajar porque la empresa no habilitó el acceso a sus servidores se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada El síndico del concurso de Vicentin SAIC recomendó admitir la deuda dolarizada exigida por Vicentin Paraguay y Renova se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El monto en cuestión, categorizado como quirografario, deberá ser –recomendó Amut– convertido a pesos argentinos “en oportunidad de consolidarse el pasivo total” al “solo efecto de su consideración en el cómputo del pasivo total del concurso preventivo”.
El monto de 67,3 millones de dólares, equivalente al pretendido por Vicentin Paraguay, corresponde a compras de soja efectuadas por la sucursal uruguaya de Vicentin SAIC por 37,8 M/u$s y una deuda por venta de acciones de Renova S.A. por 29,4 M/u$s.
Los representantes legales de Banco Nación –entidad acreedora de Vicentin SAIC– consideraron que el crédito pretendido por Vicentin Paraguay no es procedente porque debería dirigirse a Vicentin Uruguay S.A., al tiempo que los letrados de la Administración Federal de Ingresos Públicos señalaron que no están dadas las condiciones para aconsejar favorablemente el monto reclamado “por ser la insinuante una sociedad integrante del grupo de la concursada”.
Amut, sin embargo, argumentó que no considera que tales razones sean suficientes para aconsejar la inadmisibilidad del monto reclamado, “pues el hecho de ser la concursada controlante de la insinuante no es óbice para la admisión, habiéndose realizado las operaciones que dan origen a los créditos con una sucursal de la concursada y no con una persona jurídica diferente”.
El síndico además recomendó admitir en el concurso una deuda de 24,1 millones de dólares reclamada por Renova S.A, compañía controlada por la filial argentina de Glencore (ahora Viterra), que había exigido 28,4 M/u$s en concepto de servicios de industrialización y servicios portuarios no cobrados a la concursada Vicentin SAIC, la cual, vale recordar, es socia minoritaria de Renova. En este caso, también se aconsejó que el monto dolarizado se pesifique “al momento de la consolidación del pasivo”.
Curiosamente, el hecho de que en el concurso preventivo figuren compañías vinculadas a Vicentin SAIC es una de las líneas de investigación que está llevando a cabo el titular de la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario, Miguel Salvador Moreno, quien ayer ordenó numerosos allanamientos en domicilios santafesinos a nombre de Vicentin SAIC y de personas relacionadas a la compañía.
El fiscal rosarino está actuando a partir de diferentes denuncias por supuesta estafa presentadas por representantes legales de damnificados de Vicentin SAIC tanto del ámbito local como del exterior.
El material secuestrado por Moreno es tan voluminoso que el fiscal solicitó al juzgado gestionado por Lorenzini que arbitre los medios necesarios para resguardar en sus servidores los datos digitalizados por intermedio de los auditores forenses que actúan en el marco del concurso preventivo de Vicentin SAIC.
La entrada El síndico del concurso de Vicentin SAIC recomendó admitir la deuda dolarizada exigida por Vicentin Paraguay y Renova se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada Andrés Domínguez nos explica el último fallo sobre Vicentin: “Muchos lo estamos leyendo como una puerta abierta a una negociación” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>En diálogo con Bichos de Campo el abogado Andrés Domínguez consideró que a futuro “si se la expropia, terminaremos estatizando sus deudas en nombre de la soberanía alimentaria”.
La medida del juez de reponer a los administradores de Vicentin en su cargo se da siempre en el marco del concurso de acreedores, con las limitaciones del caso. Por caso, estos no pueden vender activos, al tiempo que acepta a los interventores designados por el PEN solamente como “veedores provisorios”.
Domínguez explicó que al momento hay dos fallos sobre Vicentín. “Uno es de un acreedor de deuda, que había pedido al juez Lorenzini la inconstitucionalidad del Decreto de de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), pero el juez se la rechazó por declararla incompetente. Y en el último fallo, el juez rechazó la intervención del Gobierno, pero no se expidió acerca de la inconstitucionalidad del DNU. Se declaró más bien, incompetente, dejando sin efecto la intervención de la empresa”, declaró.
Dado que el juez Lorenzini se declaró incompetente en lo concerniente a la intervención ordenada a través de una DNU, Domínguez remarcó que “será otro el juez que tenga que tomar una decisión al respecto, y por ahora, Gabriel Delgado no podrá ser interventor como estipulaba el Gobierno”.
Según Domínguez, “aunque Lorenzini no se mete en el fondo, es decir, no dice si el DNU es constitucional o no, sí aclara que el concurso de acreedores, que es la parte que a él le toca, es justamente para preservar los activos de la empresa, es decir, para asegurar el pago de las deudas”.
El docente de la cátedra Derecho de los Negocios en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), agregó que “el juez también dejó constancia de que la administración de Vicentin estaba actuando de modo correcto en el cuidado del patrimonio, y expresó que en este contexto de pandemia, DNU y crisis económica, una nueva intervención de parte del Poder Ejecutivo sería disruptiva para el concurso de acreedores de una empresa tan grande y que, justamente, eso podría poner en riesgo el patrimonio como garantía común de los acreedores”.
Acerca de la expropiación, Domínguez expresó que “ni siquiera ingresó el proyecto de ley al Congreso, pero va por otra vía. El artículo 17 de la Constitución, establece que la propiedad privada es inviolable, y, para sacártela, el Congreso tiene que votar una ley, declarándola de utilidad pública y luego debe indemnizarte. Se tiene que votar una ley en el Congreso; así que fijate el altísimo nivel de protección que le da la Constitución a la propiedad”.
-Entonces, ¿Quiénes declaran si algo es de utilidad pública?
-Los votos del Congreso. Los jueces no son los que declaran si algo es de utilidad pública o no, y aún cuando este juez de concurso decida cualquier cosa referida a este, y si el Congreso expropia, entiendo que la expropiación seguirá adelante, lo que denota un tema más político que jurídico”, respondió el abogado.
Para Domínguez, “la expropiación no es un debate jurídico, se hace por ley, ya que por decreto no la pueden hacer. Si va un proyecto de ley al Congreso, se lo trata y si sale la ley, se declara la empresa de utilidad pública, la expropian y tienen que pagarle. Pero si con la crisis que hay, pandemia mediante, déficit, default y empresas quebradas, expropiamos Vicentin, la terminaremos pagando todos nosotros con nuestros impuestos. Y en el nombre de la soberanía alimentaria, con el IVA que paguemos en los alimentos, tendremos que pagar también las deudas de Vicentin y la empresa.
-¿Podemos leer esta medida del juez de concurso como una puerta a una negociación?
– El juez tomó una medida por 60 días, es decir que se guarda la potestad de modificar las condiciones de intervención, cosa que estamos leyendo muchos como una puerta abierta a una negociación, no sé si con el Gobierno, o con la propuesta superadora, si la hará con Lavagna, con los socialistas, con la provincia de Santa Fe o con las cooperativas.
Ahora bien, lo que hay que resaltar es que hay gente a la que le deben plata y hay una empresa que debe seguir funcionando. Si se va por esa propuesta superadora en cuestión, para que funcione, con YPF Agro o con quien sea, debería ser enmarcada en el juzgado del concurso, para lo cual se necesita del acuerdo de los acreedores y, seguramente, homologación judicial, además del plan de negocio, porque hay gente a la que tienen que pagarle.
Es una arquitectura compleja; debería encontrarse una solución económica, acuerdo de los acreedores, homologación del juez. Puede ser que el juez haya tomado la medida abriendo la puerta a ese acuerdo, pero también puede ser que el juez solo haya hecho este fallo, como modo de patear la pelota para más adelante.
-Pero entonces, ¿Podía Alberto Fernández, como presidente, meterse en este tema?
-El artículo 109 de la Constitución establece que el Presidente de La Nación no puede meterse en causas judiciales, y el concurso de acreedores es una causa judicial y es potestad del juez ordenar un interventor. Por ende, el Presidente no puede meterse y hacer eso. Tranquilamente, al ser Banco Nación acreedor de deuda de Vicentin, podía presentarse ante el juez de concurso, expresarle que no confiaba en los administradores de la empresa, y seguramente le otorgaban el permiso de pedir otro interventor. Entonces, se violó la división de poderes, porque el Poder Ejecutivo se metió en un tema que le corresponde al Poder Judicial, y por otro lado, el Presidente no tiene la facultad de intervenir una empresa privada porque sí. Todo eso ya era motivo suficiente para declarar inconstitucional el decreto.
La entrada Andrés Domínguez nos explica el último fallo sobre Vicentin: “Muchos lo estamos leyendo como una puerta abierta a una negociación” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>