“Este informe nos muestra que luego del esfuerzo de producir alimentos en Argentina, después de pagar todos los costos y lograr vender los granos, los impuestos se llevan el 63,2% de lo que le queda a quien produce en el campo”, explicó David Miazzo, economista jefe FADA.

Si se analizan los principales cultivos por separado, se observa que la participación del Estado en la soja (el cultivo con mayor alícuota de retenciones) es del 67,9%, en el maíz es del 53,4%, en trigo del 62,0% y girasol del 49,3%.

Teniendo en cuenta los informes previamente publicados por la fundación, el porcentaje de renta perdido por los productores parece haberse mantenido igual desde 2018, aunque teniendo en cuenta las devaluaciones y la inflación la pérdida en términos reales ha aumentado. Vale recordar que el ciclo de crisis económica actual que vive la Argentina arrancó en ese entonces: durante el gobierno de Mauricio Macri se produjo una gran crisis de las cuentas fiscales que obligó a la Argentina a retomar la senda de endeudamiento con el FMI.

En diciembre de 2018, por cada 100 pesos obtenidos por el productor, 60,50 pesos fueron para el Estado. La participación del Estado en los cultivos aquel año fue en soja del 66%, en maíz del 51,1%, en trigo del 51,3% y en girasol del 68,4%.

En diciembre de 2019 la participación en la renta agrícola cayó diez centavos, llegando a los 60,40 pesos. En cuanto a los cultivos, en soja el Estado se llevó el 64,5%, en maíz el 53,9%, en trigo el 53,5% y en girasol el 62%.

En diciembre de 2020, por otro lado, por cada 100 pesos el valor impositivo fue de 59,2 pesos. La participación del Estado en la soja fue del 64,6%, en maíz del 49,7%, en trigo del 55,2% y en girasol del 49,0%.

Volviendo al 2021, ¿cómo se repartieron esos impuestos? Los nacionales no coparticipables representaron el 68,1% del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola en Argentina, el mayor nivel desde junio de 2019. Se trata principalmente de los derechos de exportación, a los que se le suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios.

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Los impuestos nacionales coparticipables entre el Estado nacional y los Estados provinciales, representaron el 26,9% de los impuestos medidos, mayormente dado por el impuesto a las ganancias (neto del impuesto a los créditos y débitos) y los saldos técnicos de IVA.

Las provincias recibieron parte del 26,9% como coparticipación, y también recaudaron diversos impuestos. Los impuestos provinciales explican el 4,5% de los impuestos totales.

Los impuestos municipales representaron, por otro lado, el 0,5% de los impuestos. El componente central fueron las tasas viales o las guías cerealeras, de acuerdo a la provincia.

“Como la mayor parte de las tasas municipales y el inmobiliario rural son impuestos fijos que se actualizan a comienzos de cada año, con la devaluación suelen ir disminuyendo su participación en el total de impuestos entre la medición de marzo y la de diciembre”, indicó Nicolle Pisani Claro, economista de FADA.

A nivel provincial, el Índice FADA discriminó el porcentaje de participación estatal en las distintas localidades. En Córdoba la renta registra una participación estatal del 62,9%, en Buenos Aires y Santa Fe registran un 61,3%, en La Pampa un 62,5%, en Entre Ríos un 66,1% y en San Luis un 61,5%.

Para ese cálculo se conjugaron los rindes, los impuestos provinciales y locales, los fletes -que generan efectos diferenciados sobre cada uno de los cultivos- y la participación de cada cultivo en el área sembrada de cada provincia.

En todas las localidades analizadas se paga el impuesto inmobiliario rural y el impuesto a los sellos para la compraventa de granos. En Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis se paga además Ingresos Brutos. La alícuota es del 1% en los casos de Buenos Aires y San Luis, 0,75% en Entre Ríos y 0,5% en La Pampa. En Córdoba y Santa Fe la actividad está exenta.

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Otra de las variables analizadas fue el tipo de cambio y la variación los costos, ya que el precio del dólar se atrasó respecto a la inflación, lo que produjo un aumento de los insumos para la producción.

Si se analiza la estructura de costos de los cultivos de acuerdo a la moneda en la que están expresados, se puede identificar que un 57% de los costos de una hectárea de soja están estrictamente dolarizados mientras que el restante 43% están pesificados. Si se considera el costo de la tierra pasa a ser el 68% la parte dolarizada.

En el caso del maíz, como los fertilizantes y semillas tienen más peso que en el caso de la soja, los costos dolarizados ascienden al 61% de la estructura, mientras que los pesificados alcanzan el 38%. Si se considera el costo de la tierra, los costos dolarizados ascienden al 67%.

Desde FADA alertaron que los principales aumentos se dieron en el precio de los fertilizantes, que llegó a ser de hasta 129% en dólares; en el precio de los fitosanitarios que alcanzó el 190% en dólares para el glifosato y el 60% para el 2.4.D. Los costos laborales, por otro lado, se incrementaron 10 puntos por encima de la inflación.

La entrada La crisis que arrancó en 2018 se nota en la presión impositiva sobre el agro: La Fundación FADA calculó que de cada 100 pesos de renta agrícola, 63,2 pesos van a parar al fisco se publicó primero en Bichos de Campo.

En el día de ayer la foto de un sachet de leche de La Serenísima se volvió viral en la red social Twitter, porque venía acompañado por un pequeño cartel que indicaba que su precio era de 100 pesos. ¿Eso es así en todos los comercios? Por el momento no, aunque se prenden algunas alarmas ya que de alguna forma adelanta el horizonte de precios que se viene.

Sucedió. El sachet de leche llegó a las tres cifras.
Ojalá no te vote ni Fabiola @alferdez pic.twitter.com/Blf81l4GQp

— Sacha Rubio (@SachaRubio) September 27, 2021

Realizando un breve sondeo de los precios ofrecidos por las principales cadenas de supermercados de AMBA, se puede observar que el precio por sachet de leche fluida fresca, tanto descremada como entera, varía de los 57,70 pesos –que es el piso impuesto por el Programa Precios Cuidado- a los 89,70 pesos. En ese abanico, las primeras marcas superan en casi 20 pesos a las segundas marcas.

Por otro lado, en estos listados de precios puede observarse que si hay una serie de sachets cuyo valor supera los 100 pesos, pero que corresponden a aquellas leches fortificadas o mejoradas. De acuerdo al supermercado, las mismas pueden encontrarse entre los 96 y los 108 pesos por litro.

Ahora bien, ¿qué nivel de incidencia tiene el productor lechero en ese precio pagado por el consumidor?

Según un análisis realizado por el Observatorio de la Cadena Láctea (OCLA), tomando el informe mensual del Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos (IAPUCo), la participación del productor en el valor final de la cadena láctea, teniendo en cuenta la totalidad del sistema (es decir en el promedio de las ventas domésticas más la exportación) fue del 36%, mientras que su participación en el precio de los lácteos destinados solo al mercado interno fue del 31,6%.

Teniendo en cuenta datos de la Dirección Nacional de Lechería y de IAUPUCo, en julio de este año el precio de la leche pagada en tranquera por las usinas lácteas rondó los 32 pesos, un salto importante si se tiene en cuenta que en febrero de este año se pagó alrededor de 24 pesos o 0,27 centavos de dólar. Pero desde entonces, los pagos de la leche al productor se han estabilizado, mientras que el resto de los precios de la economía s(incluidos los lácteos) siguen subiendo. Para septiembre, según los anticipos, se espera que los valores pagados al tambero vuelvan a rondar los 32 pesos.

¿Y cómo se llega entonces al precio final de la leche al consumidor? De acuerdo a los trabajos periódicos que realiza la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), el precio se compone por los siguientes eslabones: el tambo, la industria, el comercio y los impuestos. Teniendo en cuenta los costos de producción y el resultado económico de cada eslabón, se calcula la participación década actor de la cadena.

El último informe publicado por FADA en mayo de este año sobre la composición del precio de la leche,  analizó que de un sachet -que en ese momento rondaba los 67 pesos- el productor era responsable por el 35% de ese valor (23 pesos), la industria por el 33% (22 pesos), el comercio por el 6% (4 pesos) y los impuestos por el 26% (17 pesos).

En ese punto es importante mencionar dos cuestiones. En primer lugar, hay que tener en cuenta que por cada litro de leche vendido el productor enfrentó los siguientes costos de producción: costo laboral, alimentación, sanidad y reproducción, comercialización, costos de estructura, amortización, costo de tierra, impuestos, energía eléctrica, reposición de vaquillonas, entre otros.

En segundo lugar, los consumidores pagan el 21% de IVA, un impuesto regresivo que alcanza a toda la población independientemente de sus ingresos. La leche tributa igual cuando la misma debería estar exenta por ley, por tratarse de un alimento básico. Desde FADA explicaron que el problema radica que la ley contempla a la leche pasteurizada, un producto que casi no se produce ni se consume ya que actualmente la leche que circula en todos los comercios es la ultra-pasteurizada.

Volviendo sobre el análisis efectuado por OCLA, en agosto de este año para la leche fluida ultra-pasteurizada el productor tuvo una incidencia en su precio del 34,6%, mientras que para la leche larga vida ese porcentaje bajó al 27,8%.

Si se retoma el valor del litro de leche retratado por la foto viral, y teniendo en cuenta la información de OCLA, el productor fue responsable por 34,2 pesos de esos 100.

La entrada La leche en sachet ya tocó los 100 pesos, pero la participación del productor está estancada y representa solo un 30% se publicó primero en Bichos de Campo.

Entonces, ¿A dónde fue a parar la cantidad descomunal de divisas generadas por el agro? En diálogo con Bichos de Campo, David Miazzo, economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), respondió que “una parte importante de las divisas del agro fueron destinadas a pagar importaciones del resto de los sectores económicos tales como energía, automotriz, textil, turismo, entre otros”.

“Parte de esas divisas fueron enviadas a incrementar las reservas del Banco Central (BCRA); otra parte fue para pagar intereses de deuda; otra parte fue a las compras de los 200 dólares mensuales de las personas; y otra parte fue a la intervención del Banco Central para intentar bajar el ‘dólar bolsa’ o MEP (Mercado Electrónico de Pagos)”, agregó Miazzo en relación a esta última opción que tiene gran popularidad entre ahorristas y empresas, dado que permite acceder a la compra legal de dólares a un tipo de cambio mucho más conveniente que el “blue” o informal.

Enfriar al dólar MEP o el CCL (Contado con Liquidación) –este último fue directamente intervenido– es esencial para poder mantener “a raya” al tiempo de cambio oficial, el cual, con un valor actual de 102,5 $/u$s está a precio de “outlet”, aunque probablemente por tiempo limitado (consultar después de las elecciones legislativas de noviembre próximo).

Según el economista, en lo que va del año “el incremento de reservas netas líquidas del Banco Central fue de 4300 millones de dólares y sólo queda un superávit de balance cambiario de 9060 millones de dólares”. Esa cifra, si bien no es alta comparada con la de otros países, sí es importante en la Argentina.

“Hasta el 2018 veníamos con déficit, es decir, todo lo que generaba el agro no llegaba siquiera a cubrir todo el resto de las erogaciones”, añadió Miazzo, para luego indicar que a fines de 2019, con la introducción del “cepo cambiario”, las reglas de juego cambiaron al establecer un cerco para evitar la salida de divisas del sistema.

Por su parte, Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos Orlando J. Ferreres & Asociados y del Instituto de economía (Ineco) de la UADE, explicó que “es cierto que el agro alcanzó un récord en liquidación de dólares en los primeros meses del año, pero eso no se vio tan así porque básicamente es la única entrada de divisas que está mostrando la Argentina en medio de un cepo cambiario”.

Spotorno coincidió con Miazzo en que gran parte de las divisas del agro fueron a parar al BCRA y que éste las está usando para intervenir el mercado del dólar MEP. “Entre 4000 y 5000 millones de dólares fueron al Central, que va usándolos para intervenir el mercado de dólar MEP o el CCL; el resto fue a parar al pago de importaciones y vencimientos de deudas”, explicó.

“Si tomamos los tres meses previos a la liquidación fuerte del agro, podemos ver que se estaban autorizando importaciones de unos 3800 millones de dólares mensuales, lo que es un número muy bajo para lo que importa usualmente la Argentina. Una vez entrada la cosecha gruesa, a partir de marzo ese número pasó a ser de 5300 millones de dólares mensuales de importaciones, que no sólo fueron necesarias para recomponer un poco los inventarios, sino que además fue un nivel más adecuado para el país”, agregó Spotorno.

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¿Cuál es la estrategia económica del gobierno de acá a fin de año? Miazzo consideró que hay que mirarla desde tres elementos: tipo de cambio, inflación y la política electoral de ingresos. “Por el lado de la estrategia cambiaria, en el segundo semestre suelen entrar menos dólares que en el primer semestre, aunque sin dudas serán más que los del año pasado, y en particular vendrán del campo, lo que genera un desafío, ya que la principal estrategia por ese lado es tratar de mantener lo mas tranquilo posible al dólar MEP, y eso el gobierno lo está haciendo mediante dos vías: endureciendo el cepo y vendiendo dólares, que cada vez entran menos, para mantener estable el tipo de cambio libre y evitando que el dólar MEP se dispare de los 170 pesos en los que se encuentra”, respondió.

Por el lado inflacionario, Miazzo explicó que “el gobierno trata de poner paños fríos a través de dos medidas: dejar planchado el valor del dólar oficial, que está cerca de los 100 pesos y que desde principios de año viene creciendo dos puntos por abajo de la inflación- pero esto de planchar o atrasar el dólar oficial para mantener los precios es algo de muy corto plazo, porque tarde o temprano los valores se acomodan-; y la otra medida del gobierno es congelar las tarifas de servicios públicos y de combustibles, luego de que a principios de año se hicieron varias actualizaciones en el precio de los mismos. Estos tres elementos: combustibles, tarifas y dólar, aunque te frenan la inflación hoy, terminarán generando inflación mañana”.

Para el economista de FADA, la estrategia económica del gobierno “es muy a corto plazo” y opta por calmar la inflación atrasando tarifas, combustible y dólar, pero “ni bien termine el periodo de elecciones, tendrán que acomodar esas variables, porque no da para transitar dos años más de acá a las siguientes elecciones con semejante atraso de tarifas y del dólar, dado que ese atraso luego se cubre con subsidios”.

Hay otro aspecto importante que tiene que ver con los salarios. “Lo que vemos ahí es la reapertura de paritarias, las cuales, a principio de año se habían cerrado en torno al 30% y 35%, pero ahora se están renegociando en torno al 45%; también buscan adelantar subas de salarios, por ejemplo en el sector público están planteadas, y poner más planes sociales como un extra incentivo, al igual que hicieron con la suba de la jubilación mínima, o los créditos a los monotributistas o la elevación del piso en el impuesto a las Ganancias, pero son todas medidas de corte electoral que no alcanzan con una inflación anual del 52%”, resumió Miazzo.

“Poner pesos en los bolsillos es un problema porque esos pesos se cubren con emisión monetaria ya que no hay un financiamiento genuino; por ende, lo único que generarán mas tarde es inflación; ahora la quieren mantener calmada, pero es el corto plazo”, concluyó.

La entrada Es conveniente saberlo: buena parte de las toneladas de divisas generadas por el agro se están empleando para “enfriar” al dólar se publicó primero en Bichos de Campo.

Un ejemplo de eso es el tironeo por el precio del trigo y su incidencia en el precio del pan. El último informe de Composición de Precios elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) muestra que el precio del pan se multiplica por siete, desde que sale el trigo del campo hasta nuestra mesa.

Según el precio de referencia tomado en el informe, un consumidor paga en promedio 135 pesos por un kilo de pan francés. En ese precio final, el trigo representa el 13% del valor total, es decir 17 pesos; el molino representa el 5% (compra la harina y le suma sus propios costos y carga impositiva); la panadería representa un 60% del valor total, lo que representa el mayor “salto” en la cadena; y finalmente los impuestos totales, que son el 22% restante y explican el segundo componente en magnitud.

“El salto que se da en la panadería tiene una explicación y es que en este eslabón se combinan dos procesos: producción y comercialización. Tiene un uso intensivo de mano de obra, costos de servicios y costos de alquiler. Adicionalmente, las escalas de producción a lo largo de las cadenas son distintas, mientras el trigo y harina se realizan a gran escala, en la panadería es a menor escala, por lo que los costos unitarios son mayores”, explicó Natalia Ariño, economista de FADA.

Frente a eso, se detecta que en el precio del pan 67% son costos, 22% impuestos y 11% ganancias. De los impuestos, el 75% son nacionales, 22% provinciales y 3% municipales. El Impuesto a las Ganancias e IVA concentran el 68% de los impuestos pagados por la cadena.

“En promedio, uno de cada cuatro pesos que pagamos por estos productos son impuestos que se acumulan a lo largo de la cadena. En el caso del pan, pesan más los impuestos que la propia harina”, indicó David Miazzo, economista en jefe de FADA.

En este sentido, el economista agregó que el problema no es de un precio en particula, sino macroeconómico. “Un profundo déficit fiscal que se financia emitiendo pesos que, sumado a falta de confianza, se traducen en pesos que cada vez valen menos: eso es la inflación”, remarcó.

En la misma línea, un comunicado de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) afirmó que relacionar el valor del trigo con la inflación es parte de “la exacerbación dialéctica de algunos sectores del gobierno”

“La repetición de argumentos ideológicos, poco consistentes, carentes de veracidad, y la validación de los mismos por quienes deberían bregar por el desarrollo productivo del país, nos puede llevar a errores serios de diagnóstico. Ensayando soluciones donde no está el problema, sumando una nueva dificultad y no solucionando lo que se quería”, señalaron desde la entidad ruralista.

La entrada Manual básico para entender por qué el trigo no es determinante en el precio del pan se publicó primero en Bichos de Campo.

Es que no por reiterativo el informe de FADA sirve para desmontar el nuevo mito urbano sobre que las exportaciones son las únicas responsables de los aumentos de los alimentos para los propios argentinos, que es lo que quiso resumir Vallejos. En algunos casos podrán meter presión. Pero son tantos más los beneficios que los perjuicios de exportar que la palabra “maldición” está definitivamente mal usada.

Para empezar, si no exportáramos no tendríamos dólares genuinos para nada. Y allí el papel del agro es fundamental. En ese sentido, el dato fresco del nuevo monitoreo es que “las exportaciones agroindustriales de los últimos meses fueron el 69% de las exportaciones totales del país. Es decir, 7 de cada 10 dólares entran al país por las ventas al mundo” de productos vinculados al sector. Fueron más de 38 mil millones de dólares los que ingresaron en 2020.

Como parte del documento, el gráfico anexo muestra el porcentaje en que participan las exportaciones en cada cadena de valor. Allí se desmiente aquello de que se envía al exterior la mayoría de lo que producimos. Esto sucede solo en algunas pocas cadenas, que abastecen muy tranquilamente con su rpoducción la demanda local: el té,el maní, el limón, la cebada, la soja, la pesca, el maíz, las peras, las legumbres, el trigo, el girasol y las manzanas.

A partir de allí, la participación de los embarques al exterior son siempre menores al 50% en el resto de los rubros, incluyendo a las carnes, que es el sector que más atrae la atención de los gobiernos.

De los más de 38 mil millones de dólares generados de esas ventas agroindustriales, FADA desagregó que el 68% provienen de las cadenas granarias, 16,5% de economías regionales, 9,5% carnes, 3% lácteos y 3% de otros productos.

“En todos esos complejos hay un repertorio inmenso que va desde granos, yerba, pesca, frutas, lana, lácteos y mucho más, que se produce en cada rincón de nuestro país, haciendo al agro una actividad federal que genera riqueza productiva en cada rincón del país”, explica Nicolle Pisani Claro, una de las autoras de este informe.

“Los complejos que elegimos para analizar siguieron dos criterios: por un lado, que sean significativos en cuanto a volumen de exportaciones, pero, por otro, lo que representa para una región en particular. Por poner un ejemplo, el té representa el 0,3% de las exportaciones del país, pero cuando uno ve lo que representa esta producción para el NEA, es indudable que hay que estudiarlo. De esto se trata la visión federal que mantiene este trabajo”, afirma la economista.

“Esto tira abajo uno de los mitos en torno a este tema, demostrando que exportar no empobrece ya que, por el contrario, es riqueza productiva generando más riqueza para la economía a lo ancho y largo del país”, reforzó David Miazzo, economista de la Fundación.

Los economistas de FADA también intentaron responder, desde su visión, la pregunta de ¿por qué todos necesitamos de las exportaciones a diario en nuestras casas? “Porque cuando vendemos afuera granos, carne, frutas, legumbres, etc., entra el dinero que necesitamos para poder comprar lo que no producimos acá. Muchas de las cosas que consumimos cotidianamente no las producimos nosotros, entonces necesitamos que lo demás países nos compren nuestros granos, aceites, vinos, lanas, carnes, para que entre ese dinero que luego utilizamos poder tener Netflix, autos, ropa o poder viajar”.

Además, con esas divisas que entran, se hace posible que operen otros rubros que necesitan de los dólares que genera el agro. De esta manera, se van generando miles y miles de puestos de trabajo en ámbitos industriales que de otra forma no podrían operar.

“Mientras más se exporte, junto a otros aspectos, ayuda a evitar crisis. ¿Cómo? El exportar más, colabora en evitar que nos quedemos sin dólares, lo que disminuye el riesgo de devaluaciones y ayuda a no endeudarnos”, señaló el trabajo.

La entrada Malditos exportadores: Destacan que las actividades agropecuarias originan 7 de casa 10 dólares que ingresan al país. Y mucho empleo se publicó primero en Bichos de Campo.

Según los datos de FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, la presión fiscal es mucho mayor al 33% de retenciones y llega al 45% del valor bruto del producto en impuestos nacionales. Otro 2% suman a esa presión los tributos provinciales y hay un 0,2% adicional de las tasas municipales.

Pero además los chacareros cobran en pesos a la hora de vender un producto que tiene un valor dolarizado. Eso equivale a unos 340 dólares si se toma -como corresponde en este tipo de negocios- la cotización oficial. Pero en realidad al valor de mercado los productores cobran cerca de 200 dólares o solo el 37% del valor FOB de exportación, que el Ministerio de Agricultura fijó este jueves en unos 550 dólares. Es sobre ese valor que se descuentan las retenciones.

Eso que chupa el Estado de la producción sojera no reingresa a la cadena productiva (salvo por las compensaciones a los pequeños productores pagadas a fin de año, que implicaron unos 6.700 millones de pesos o la devolución de menos de 2% de lo recaudado por retenciones). Este es uno de los problemas que explican porque no crece la siembra ni la producción de la oleaginosa en los últimos cinco o seis años.

Claramente, de todos los impuestos que se le cobran al productor de soja el que tiene más incidencia son las retenciones. Haciendo cálculos sobre un valor FOB de 509 dólares, que es el informado por Agricultura para negocios pactados para abril de 2021, las retenciones de 33% significan 168 dólares de descuentos que recauda la Aduana y que además deben sumarse a las reservas del Banco Central debido a la obligatoria liquidación de las divisas. En decir, el Estado se apropia del “dólar billete”, como se dice comúnmente.

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En definitiva, al chacarero que vende soja le entran al bolsillo unos 30.000 pesos por tonelada (o 29.150 pesos según la ´última pizarra de Rosario), porque si bien el producto cotiza en dólares en los diferentes mercados no se paga en esa moneda sino en pesos argentinos, que actualmente debe ser de las mercaderías menos deseadas en la economía local, que está bastante dolarizada como muchos de los insumos del agro, aunque el presidente Alberto Fernández todavía no lo sepa.

Esos 30.000 pesos calculados al dólar que circula, el dólar bolsa o contado con liquidación, significan cerca de 200 dólares, que significan menos del 40% del valor FOB de cada tonelada que se exporta.

De esta forma se entiende el ánimo del productor que asume el riesgo productivo, climático, económico y político, pero que es el último orejón del tarro. El Estado ya no es solamente socio sino el mayor accionista del negocio llamado soja y que el año pasado.

La entrada Es falso que el Estado se lleve 1 de cada 3 camiones de soja: Se lleva bastante más que eso se publicó primero en Bichos de Campo.

Todo indicaría que la presión fiscal subió este último año y que los productores de soja, maíz, trigo y girasol pagan ahora más impuestos que en diciembre de 2019, cuando Mauricio Macri dejaba el poder. Pero aunque parezca increíble no es así. O mejor dicho, pagan más pero lo sienten menos.

Los últimos resultados del Índice FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina), que mide la presión fiscal sobre una hectárea agrícola de la región pampeana cada tres meses, confirman esto que parece tan difícil de comprender. ¿Cómo va a bajar la presión fiscal sobre esta actividad si lo primero que hizo Alberto fue subir los impuestos? Pero sí… Sucedió.

Lo que pasó es que en los últimos meses de este año los precios de los granos comenzaron a subir, y con eso mejoró la rentabilidad de los productores. Como el Índice FADA mide cuánto de la rentabilidad (el margen bruto) de una hectárea sembrada con granos se va luego en pagar impuestos, la suba de las retenciones se diluyó bastante y la presión fiscal cayó. Al menos en la fotografía correspondiente a diciembre de cada año.

A un año de Alberto, ese índice dió ahora 59,2% de la renta (ingresos menos costos) de una hectárea agrícola. “En otras palabras, de cada 100 pesos que genera el productor, 59,2 pesos quedan para los distintos niveles de gobierno”, según explicó David Miazzo, economista jefe de FADA.

Un año atrás, cuando Macri se iba y venía Alberto, ese mismo indicador sobre la presión fiscal había sido superior al de ahora por unas pocas décimas: arrojó un 60,4%. Es decir que la voracidad fiscal, si bien sigue siendo muy elevada, retrocedió 1,2 puntos porcentuales.

No implica que Alberto o los gobernadores de la zona centro sean buenos y mucho menos que hayan bajado los impuestos para el sector agrícola. Por el contrario, como ya se dijo, los subieron. Pero el peso de esos impuestos en la ecuación agrícola ha sido menor debido a la mejora notable de los precios de los granos este último trimestre, y por efecto además de la devaluación contante del peso y la apreciación del dólar oficial.

La mejor prueba de que en el fondo nada mejoró ha sido la medición hecha por la propia FADA realizó cada tres meses a lo largo de 2020, con el nuevo esquema de retenciones y sin esta suba de los precios. En junio pasado, por ejemplo, la presión fiscal llegó a ser del 68,3%. Es decir nueve puntos más que ahorra y ocho puntos más que en el final del mandato de Macri.

En su nueva presentación, FADA reconoce que la presión fiscal se redujo en el marco de nuevas condiciones para quienes producen granos. La principal ha sido la fuerte suba de las cotizaciones internacionales. “Respecto a diciembre de 2019, el precio FOB de la soja ha mejorado un 35%, el del maíz 31% y el trigo 28%. Esto también trajo incrementos de los precios en el mercado interno”, precisó.

Por otro lado, en los últimos 12 meses el incremento nominal del tipo de cambio oficial fue del 36%. “Que el tipo de cambio nominal no se atrase respecto a la inflación es importante en actividades exportadoras para proteger la competitividad cambiaria, aunque en contextos de brecha cambiaria cercana al 100% estos análisis de tipo de cambio real multilateral pierden vigencia”, aclaró Miazzo.

El 59,2% de participación actual del Estado en los ingresos por hectárea está compuesta por impuestos de diversos orígenes y con distintos destinos. Los impuestos no coparticipables son el 61% del total que afronta una hectárea agrícola en Argentina. En esta categoría se encuentran principalmente los derechos de exportación y el impuesto a los créditos y débitos bancarios.

Los impuestos coparticipables con las provincias absorben el 34%. Acá se ubican principalmente el impuesto a las ganancias y el IVA. Las provincias reciben parte de este 34% a través de la coparticipación y, a su vez, aplican otros impuestos. Los impuestos provinciales representan el 4,5% de los impuestos totales. Por último, los municipios aplican sus cargas impositivas y representan el 0,5% del índice FADA promedio nacional. El componente central de estos impuestos municipales son las tasas viales.

La presión fiscal es mucho más alta en la soja que en otros cultivos, por el simple hecho de que el poroto tributa 33% de retenciones, contra 12% o 9% de otros granos. Así, la participación del Estado en soja es del 64,6%, mientras que cae en maíz 49,7%, trigo 55,2% y girasol 49%.

Si el promedio nacional es de 59,2%, Córdoba registra un 58,7%, Buenos Aires 60,7%, Santa Fe 58,4%, La Pampa 58,7%, Entre Ríos 62,3% y San Luis 57,1%.

Para esas mediciones se conjugan los rindes, los impuestos provinciales y locales y los fletes. También se tiene en cuenta cuánto de cada cultivo se produce en relación al territorio cultivado de la provincia. “Por ejemplo, en el caso de San Luis, que tiene el índice más bajo, se debe a que se produce una mayor cantidad de maíz, que es el cultivo con menos participación del Estado, no a una menor presión fiscal en sí”, explicó Miazzo.

La entrada Increíble pero real: Por la suba de precios, la presión fiscal sobre los granos es menor ahora con Alberto que cuando Mauricio dejó el gobierno se publicó primero en Bichos de Campo.

En cuanto al pan, FADA registró que el consumidor paga un promedio de 107,50 pesos por kilo de pan francés. En ese precio, el trigo representa el 12% ($13,27), el molino el 6% ($6,27), la panadería el 57% ($61,20) y los impuestos el 25% ($26,80).

De los 107,50 pesos que sale el kilo se detectó que el 60% son costos ($64,40), 25% impuestos ($26,80) y 15% ganancias ($16,30).

“Ese salto que se da en la panadería tiene una explicación y es que en este eslabón se combinan dos procesos: producción y comercialización. Tiene un uso intensivo de mano de obra, costos de servicios y costos de alquiler. Adicionalmente, las escalas de producción lo largo de las cadenas son distintas, mientras el trigo y harina se realizan a gran escala, en la panadería es menor”, afirmó David Miazzo, economista jefe de FADA.

El estudio también involucró a las pastas secas, cuyo precio por kilo es 117,50 pesos. De ese monto final, el trigo representa el 13%, los impuestos al trigo el 2,4% y el 84,5% restante está compuesto por costos, impuestos y ganancias del molino y panadería.

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Según el estudio, el precio de la carne -que se mantuvo en 372 pesos por kilo en promedio para octubre- está formado por el valor de cría que representa un 29% ($108,8), el feedlot que representa el 23% ($83,91), el frigorífico con el 5% ($18,09), la carnicería con el 14% ($53,26) y los impuestos con el 29% ($108,55).

No pusimos los decimales, pero en esta última medición hecha por FADA sobre la participación de los diferentes actores que intervienen en la formación del precio, el porcentaje que se va en impuestos supera por una mínima diferencia a lo que ganan los criadores que aportan los terneros al principio de todo el proceso: 29,2% versus 29,1%.

En lo que va de 2020, un 73% de la producción de carne vacuna fue hacia el mercado interno. A pesar de eso, “es el tercer año consecutivo que ese número viene bajando, y esto se debe, en parte, a una pérdida del poder adquisitivo de la población, que hace que prefiera consumir otras carnes como cerdo o pollo”, explicó Natalia Ariño, licenciada en Economía e integrante de FADA.

En relación al mercado externo, Argentina aún se ubica dentro de los cinco principales proveedores de carne vacuna mundiales, superado solo por Brasil, India, Australia y Estados Unidos.

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A principios de octubre se conocía un nuevo paquete de medidas del ministro de economía Martín Guzmán, cuyo objetivo es la tan ansiada reactivación económica y que incluía una baja temporal en los derechos de exportación que tributa la soja y la puesta en marcha de un fondo de compensación para pequeños productores.

Sumando leña al fuego, el diputado por el Frente de Todos Carlos Heller anunció, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside, que próximamente se estará discutiendo una nueva reforma tributaria y argumentó que para dar recursos primero hay que conseguirlos.

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Aunque aún no se conocen los planes de esa reforma, el sector agropecuario, que arrastra desde hace tiempo un gran malhumor y descontento, se agarra fuerte a la silla. Según el informe trimestral emitido el mes pasado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), el 62% de la renta agrícola queda en manos del estado. Es decir que por cada 100 pesos de renta, 62% no van para el productor sino para impuestos nacionales, provinciales y municipales.

En este marco, la plataforma Amplificagro realizó un nuevo relevamiento, entre el 20 y el 25 de octubre pasado, para analizar la percepción de los ruralistas sobre la presión impositiva que tiene este sector. De las 559 personas encuestadas, el 52% indicó que el impuesto menos justo son las retenciones.

En términos de la razonabilidad de los tributos, el impuesto al cheque fue considerado por el 89.9% de los encuestados como el menos razonable de todos. En segundo lugar aparecieron los ingresos brutos seguidos por los derechos de exportación. El impuesto a la riqueza sorprendió al ser considerado “muy razonable” por un 27.6% de consultados, seguido por un 39.6% que estuvo entre “bastante razonable” y “razonable”.

Ante la pregunta ¿Qué opinión tiene sobre la posibilidad de implementar retenciones móviles?, el 69.8% de los casos dijo estar en contra de la medida y solo un 6.2% se mostró a favor. Teniendo en cuenta el rubro de desempeño, quienes realizan agricultura extensiva y cultivos regionales fueron aquellos que más se opusieron. Los siguieron en las estadísticas los productores de carne, los productores de leche y aquellos que realizan agricultura intensiva.

Estas cifras reafirman el relevamiento realizado por la misma plataforma en el mes de septiembre, donde el 52.6% de los encuestados consideró que la mayor demanda del sector en este momento es bajar la presión impositiva. El 25.7% demandó en cambio reglas de juego claras y estables, y el 15.4% una planificación estratégica de la política agropecuaria.

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