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La entrada La Federación Argentina de Ingeniería Agronómica manifestó preocupación por la falta de coordinación oficial en materia de política ambiental se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“Esta falta de coordinación entre objetivos y propuestas también se observa en relación con la carencia de políticas agropecuarias a mediano y largo plazo”, sostuvieron por medio de un comunicado.
Si bien el ministro de Agricultura Julián Domínguez se pronunció, por medio de un documento, a favor del agro como “parte de la solución a los desafíos de sostenibilidad que nos presenta hoy la agenda internacional”, otros documentos, como uno elaborado por la Fundación Avina (“Carbono-Neutralidad en el sector Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra al 2050”), mencionan como algo deseable “abandonar la ganadería”
“La imprevisibilidad en las condiciones de comercialización de los productos, el tipo de cambio, la disponibilidad y precio de insumos básicos para el sector agropecuario, atentan contra la planificación y el logro de objetivos, para producir en forma sustentable”, señala el comunicado de Fadia.
“En un momento tan difícil para la humanidad en general, y el sector productivo en particular, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la mitigación del cambio climático, difícilmente puedan cumplirse sin planificación y participación de todos los sectores involucrados en la Producción. El logro de las metas depende de políticas de estado y su diseño requiere necesariamente de profesionales y expertos en la materia”, concluye.
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]]>La entrada La Federación de Ingenieros Agrónomos quiere que cada campo tenga un profesional: “No pensamos en algo obligatorio o coercitivo”, aclara Octavio Pérez Pardo se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Según el texto frío del acta, la FADIA pretende “exigir la intervención de los Profesionales de las Ciencias Agronómicas en toda explotación agropecuaria, a fin de garantizar un uso racional y sustentable de los servicios ecosistémicos, lo que permitirá producir permanentemente bajo las premisas de las buenas prácticas agropecuarias, a fin de obtener alimentos de calidad e inocuidad en todos las explotaciones agropecuarias del país”.
¿Un agrónomo en cada campo? ¿De modo obligatorio o voluntario? ¿También un veterinario para los establecimientos ganaderos? Parece un objetivo demasiado ambicioso para el estado de cosas actual. En el Censo Agropecuario 2018, menos de la mitad de lo productores respondieron contar con asesoramiento de un profesional. Hay un trecho enorme por avanzar. Se lo preguntamos a Pérez Pardo.

-¿Ustedes quieren imponer a los productores la contratación de un ingeniero agrónomo?
-Este punto es un tema muy interesante. Como Federación nosotros aspiramos a mostrar la importancia de tener un profesional asimilado a la actividad que el productor desarrolla. De hecho está pasando. No lo pensamos como una norma que los obligue sino como un conjunto de normas que se van desarrollando en paralelo a que crece la demanda en la sociedad en calidad alimentaria, en producción certificada , en prácticas de conservación de suelos. Además la producción en la Argentina implica fitosanitarios, y para eso se requiere de recetas. De algún modo, el productor ya está obligado a recurrir a un profesional, Si no lo hace, no solo violado la ley sino poniendo en riesgo a sus propios trabajadores y a sus vecinos.
-¿Entonces esto de un profesional por campo caerá por peso propio?
-Nosotros creemos que es importante para el crecimiento de la producción en la Argentina esta demanda de la sociedad. Pero además notamos que los productores están día a día más encaminados y preocupados por eso, que es generar incrementos de producción pero manteniendo la sustentabilidad, evitando el deterioro de los recursos naturales. El camino es generar acciones en los cuales tengan un balance de carbono positivo, o medir la huella hídrica. Todos estos fenómenos se van a incrementar o profundizar. Y hacia ellos vamos a ir de la mano de un profesional que certifique que eso esta pasando.
-¿Nos da algún ejemplo más concreto?
-Hace unos se hablo de un valor adicional por soja certificada por AAPRESID. Pero hay otros ejemplos. Lo que planteamos es ir hacia un modelo de profesionalización de la actividad, donde el riesgo empresario quede en manos del productor y la certificación del manejo sostenible en manos de los profesionales que intervienen en algún momento de la actividad productiva en ese predio. Por eso lo visualizamos como una estrategia de ganar-ganar, más que algo obligatorio o coercitivo.
-Mejor, porque los productores no son muy amigos de que les impongan las cosas…
-Hay muchos casos que muestran que es un proceso gradual. Ya hay programas para una ganadería integrada, en el norte argentino, en donde a través de las normas de bosques se solicita la intervención de un profesional. Hay provincias, como Santa Fe, donde ya existe la figura del corresponsable agronómico, que le hace al productor una planificación predial bianual. En fin, hay diversos ejemplos. Nosotros lo planteamos como una estrategia de país: el empresariado debe mostrar estratégicamente que su producción tiene niveles de cuidados de recursos de sustentabilidad. Por supuesto que esto tiene que venir con políticas estables en materia de comercio, de impuestos, etcétera. Esto no se puede planificar a largo plazo si cambian las reglas.
-¿Sólo para agrónomos lo piensan o para otras profesiones también?
-La Federación está trabajando con la Federación de Médicos Veterinarios y la de Ingenieros forestales, para tratar de avanzar con el sector público para que se vaya dando este proceso. Es un rompecabezas, pero basado en el objetivo a futuro de lograr la sustentabilidad de la producción argentina.
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]]>La entrada Para la Federación de Agrónomos, antes de pretender modificar la Ley de Bosques hay que empezar a cumplir con la normativa vigente se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica (FADIA) emitió un comunicado señalando algunos de los cambios en el texto de la Ley sancionada en 2006 que consideran importantes. Pero ante todo señaló que “antes de pretender una modificación, el desafío es empezar a cumplirla.”
Como primer cambio, los agrónomos remarcaron la necesidad de enunciar de forma clara las definiciones de Sustentabilidad y de Rol del Bosque, tanto en el texto de la Ley como de la reglamentación.
“La Ley 26331, con sus ambigüedades y algunas inconsistencias técnicas, produjo un abuso de los términos ‘bosque nativo’, haciéndolo sinónimo de ‘ecosistema’, aspecto muy alejado de la realidad. Esa falta de definición clara ha causado un inmenso problema de aplicación de la Ley, y que no está contemplada en el proyecto que lo reemplazaría”, afirmaron.

En este sentido agregaron que el establecimiento y la definición de conceptos no debería estar a cargo del COFEMA sino de otras entidades, como el INTA el Conicet, los Consejos de Ingenieros Agrónomos, las universidades, centros de investigación y otros organismos que poseen estudios y experiencias sobre la temática.
Respecto a las categorías de conservación, FADIA indicó que la definición de los tipos de vegetación quedó en manos de las autoridades provinciales que utilizan la metodología que más le conviene a cada una. Por eso afirmaron que la ley “sólo debe fijar un marco y parámetros regulatorios generales, regionales y/o provinciales donde claramente se explicite lo que se debe conservar y cómo aprovechar los productos y servicios del bosque y/o monte”.
Criticaron luego que el proyecto de reforma pretende eliminar la Categoría III (Zona Verde), que define a aquellas zonas que pueden “transformarse” con destino agrícola, utilizando técnicas de conservación que resguarden los recursos naturales. Indicaron que “su eliminación a priori rozaría con el principio de propiedad privada, en el cual los productores no quedan en iguales condiciones ante las actividades productivas que puedan realizar.”
Hacia el final concluyeron que el desafío “es dar el paso siguiente que sea superador, basado en cumplir los compromisos asumidos en la presente ley y actualizar la reglamentación de la misma basado en conocimientos científico-tecnológicos de los ecosistemas nativos.”
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