En esto estaban los policías cuando se encontraron con que había un lote de 13 vacunos de raza Angus, tanto colorados como negros, que se encontraban recientemente marcados. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que alguien intentó borrar con una marca a fuego otra que era diferente. “La situación llamó la atención de los policías que se observaron otra marca de vieja data en los semovientes”, se indicó en lenguaje policíaco.

Alguno debe haber pensado que no conviene robar de a 13 vacunos. Es el número de la mala suerte.

Nacida la sospecha de que alguien intentaba disimular la verdadera propiedad de esos 13 bovinos, los policías “procedieron a realizar una constatación más exhaustiva sobre dichos animales por manga, dónde se dieron cuenta que la marca de vieja data (en realidad la marca que se intentaba esconder), correspondía al presidente de la Sociedad Rural de Chajarí, quien posee animales en la zona de La Verbena, en el departamento Feliciano, campo lindero del empleado rural que había llevado los animales” con intención de rematarlos.

El productor damnificado se llama Héctor Reniero, y además es el prosecretario de FARER (Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos). Hace un mes le tocó hablar en la inauguración de la Exposición Rural de Chajarí. Como buen dirigente rural, recordó que “los reclamos, en su mayoría son siempre los mismos: caminos rurales, impuestos, retenciones, impuestos que se pagan”, y solicitó “una reforma tributaria urgente y la reducción en el gasto público”. También reiteró los planteos por “un cierre de exportaciones de carnes que no se consume en nuestro país, que nos ha hecho perder millones de dólares por un capricho ideológico al sector”.

Cuenta la crónica publicada por el diario zonal Río Uruguay que ante el hallazgo de los 13 bovinos robados, la policía consultó a Ranieri y le preguntó por esos animales. El dirigente rural confirmó que se los habían robado dentro de un grupo más grande, que él no los había vendido y mucho menos al cuidador del campo vecino.

“En ese marco se radicó la inmediata denuncia judicial por el Delito de Abigeato, procediendo los uniformados al secuestro de los animales, los que tenían un valor mayor al millón y medio de pesos”. Luego, dice la crónica del hecho delictivo, “se continuaron con tareas Investigativas del caso, las cuales arrojaron otras medidas judiciales realizando allanamientos en zona de La Verbena con resultados positivos”.

¿Por qué positivos? Porque en los operativos no solo se puedo secuestrar “un rifle calibre 22, una pistola marca Bersa calibre 22 y telefonía celular”, tres cosas que a los policías siempre les gustan. También había en el campo del vecino “tres vacunos más de estas mismas características”. Eran de Renieri.

Y sin embargo, identificado el supuesto autor del robo de ganado, el hombre fue dejado en libertad mientras continúa la investigación que se lleva a cabo en la Fiscalía de Feliciano. ¿Hay mucho más por investigar? Al parecer si, porque al dirigente rural le faltan todavía 8 bovinos. Es decir, estaban los 13 que iban a ser rematados, otros 3 hallados en el campo vecino y estos 8 de los que todavía no se tiene rastro.

Eterno abigeato: En un año y medio Pedro Giebert hizo 70 denuncias por el robo de animales sin obtener una sola respuesta de las autoridades

Mala suerte la del ratero. Venir a robar hacienda justamente del campo de uno de los dirigentes de FARER.

La entidad, por lógica, apuntó todos sus cañones contra un sistema de seguridad que no impide los casos de abigeato, que se cuentan de a decenas y que rara vez terminan con el delincuente preso. En rigor, un comunicado de la entidad ruralista declaró que la impunidad es tanta que el hecho de que “el damnificado sea una autoridad gremial no cambia nada”.

Buena suerte la del ratero. Al parecer nadie cae preso por el delito de abigeato en Entre Ríos.

FARER, en este sentido, apuntó algunas cosas sobre este suceso. “El haber estado cerca del caso, ayuda a echar luz sobre ciertos accionares de las autoridades que es bueno poner en consideración”, dijeron los ruralistas entrerrianos, que elogiaron “un buen trabajo del Brigada de Prevención Delitos Rurales” pero criticaron a “una Justicia lenta y sin reacción”, que dejó libre a quien había sustraído los animales de Reineri.

“La ausencia de diligencia y medidas concretas en el caso que estamos relatando por parte de la Justicia merece la reprobación pública”, cuestionó FARER en un comunicado. Allí añadió que “sabemos que muchas veces la indiferencia de algunos resortes judiciales es alarmante. Para colmo, este accionar perezoso que muchas veces deja impunes los delitos, es también un incentivo para la reiteración de fechorías”.

En Concordia, veinte productores se unieron para preservar un arroyo, cuidar la fauna nativa y evitar el abigeato

En ese sentido se apuntó que “tristemente este hecho no es aislado. Es uno más de tantos episodios de similares características que vienen teniendo lugar en toda la provincia. La reiteración de los mismos transmite una sensación concreta de inseguridad y desamparo para los productores que observan absortos el desdén de la Justicia”.

FARER es la entidad de la cual proviene el presidente de CRA, Jorge Chemes. Desde allí s eafirmó que “no nos cansaremos de pedir compromiso y sentido de la responsabilidad al sistema judicial entrerriano, que muchas veces con su actitud dilatoria echa por tierra los enormes esfuerzos de los productores y de las distintas brigadas de Prevención de Delitos Rurales”.

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“Cada departamento tiene su idiosincrasia y sus temas sanitarios. No es lo mismo el departamento de Gualeguaychú que el de Feliciano, por ejemplo. Los presidentes de las rurales se amoldaron a la situación, siempre preservando el tema sanitario”, dijo a Bichos de Campo José Colombatto, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), nucleada dentro de CRA.

Cada evento cuenta con sus protocolos particulares que fueron aprobados por el gobierno provincial y gestionados por FARER. Las exposiciones por el momento son netamente ganaderas y no hay ninguna otra actividad comercial por fuera de la compra y venta de animales. Lo que sí se mantiene es la entrega de premios y la designación de los “campeones”.

“Siempre apelamos a que la ciudadanía venga a conocer, pero hoy lamentablemente no lo podemos hacer. Viene más que nada gente ligada al sector. La enfermedad está, no se ha ido y tenemos que estar atentos”, aseguró Colombatto.

Para ingresar se debe estar inscripto previamente en un listado. Todos los participantes deben aceptar que se chequee su temperatura antes de ingresar y las tribunas cuentan con espacios delimitados para asegurar que se cumpla con la distancia social indicada.

Se trabajo además en coordinación con la policía de abigeato para que evitar la realización de reuniones sociales en las inmediaciones de los predios y para controlar que los presentes respeten el uso obligatorio de tapabocas. También se solicitó que aquellas personas mayores de 60 años eviten concurrir a las exposiciones.

Los próximos encuentros se realizarán en las localidades de Gualeguaychú, Colón, Gualeguay, Feliciano y Chajarí. Las exposiciones de las rurales de Victoria y Nogoyá aún no han definido su agenda.

En donde también se retomarán los eventos ganaderos será en Santiago del Estero, más precisamente en la localidad de La Banda, con la ExpoBRA 2021, que representa a las cabañas Brangus, Brahman y Sraford.

Al igual que en la provincia de Entre Ríos, el gobierno provincial junto a las asociaciones de consignatarios efectuaron un protocolos de seguridad sanitaria. Sin embargo, en este caso, los participantes deberán mostrar su certificado de vacunación con el esquema de dos dosis completo y presentar un certificado de test rápido realizado 72 horas antes. Quienes no se hayan vacunado o solo tengan una sola dosis aplicada, deberán mostrar un PCR negativo en las 72 horas previas.

“El aforo total del predio alcanzará las 500 personas totales. Para acceder toda persona deberá registrarse con anticipación al comienzo del evento de forma de que la organización cuente con un listado de participantes. Se enviará oportunamente la Declaración Jurada a presentar de forma previa para estar acreditado”, indicaron los organizadores del evento.

ExpoBRA 2021 transmitirá vía streaming y mostrará las juras y las ventas para aquellos que no puedan asistir.

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¿Pero señor juez, qué tiene de malo llevar una ternera en el baúl?

Frente a este episodio de abigeato que la justicia deja pasar de lado, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) expresó su molestia. “Este hecho no es aislado, se suma a múltiples episodios de similares características que vienen teniendo lugar en toda la provincia, dejando en el aire una sensación concreta de inseguridad y desamparo para los productores que observan como intrusan sus propiedades y son víctimas reiteradas de delitos ante el desdén de la Justicia”, denunció la organización.

Los ruralistas, en un comunicado, condenaron no solo el caso de cuatrerismo sino y sobre todo “la impasible actitud del sistema judicial entrerriano que echa por tierra los enormes esfuerzos de los productores y de las distintas brigadas de Prevención de Delitos Rurales de la provincia que arriesgan sus vidas todos los días enfrentándose a delincuentes, casi siempre en posesión de armas de fuego”.

FARER recordó que la mayoría de las sociedades rurales entrerrianas, y en consecuencia los productores, es decir las víctimas, “colaboran a través de aportes de combustible y otros elementos con dichos cuerpos policiales para un eficaz accionar, pero advertimos que en definitiva ese esfuerzo resulta en vano ante la ‘puerta giratoria’ de la Justicia que termina liberando luego de un rato a los delincuentes”.

El caso del ternero recién carneado que era llevado en el baúl del automóvil requisado por la policía, sin embargo, no es el peor en la crónica policial de Villaguay. En 2015, otra noticia de ese estilo se llevó los laureles, aunque en este caso con final feliz.

Sucede que la misma Brigada de Abigeato logró recuperar un ternero que había sido robado de un campo en el kilómetro 146 de la Ruta 18. Según indicaron, el animal fue abandonado en el predio de un hotel alojamiento cercano al lugar de donde había sido sustraído. “El ternero fue encontrado en perfectas condiciones aunque con algunas lesiones leves en su cuello provocadas por la soga con la cual había sido atado”, se informó en aquel momento.

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“No sólo ha sido muy escasa la cantidad de milímetros caídos, sino que ello se asoció a las temperaturas muy altas que han dañado visiblemente los cultivos, pasturas y campos naturales, siendo irreversible los perjuicios ocasionados con la implicancia que ello tiene en la economía de los productores”, explicó la organización alineada con CRA.

Los ruralistas entrerrianos sostuvieron que “sería oportuno considerar dentro de la emergencia que el alcance de las medidas no sólo sea para productores con campos propios, sino también para la gran cantidad de productores que no poseen tierras propias y se encuentran en situación de arrendamiento”.

En la nota dirigida a las autoridades provinciales se consignaron detalles de la situación de los cultivos en esos departamentos.

• Campos semi bajos y bajos, de pastos naturales: están sufriendo la escasez de agua desde mayo de 2020, sin pasto y no pudiendo engordar la hacienda. Estos campos necesitan lluvias de más de 100 milímetros para empezar a recuperarse. Ni siquiera cuentan con los cursos de agua natural para el consumo de los animales.
• Campos ganaderos con pasturas: las pasturas que se comen no rebrotan por la falta de agua, y se están complicando las rotaciones, con altísimos costos de alimento extra para paliar la situación o teniendo que mal vender para achicar la cantidad de hacienda. En ambos casos se complica la situación económica del productor y por ende la reposición de hacienda.
• Maíz temprano: los maíces que se están cosechando rondan entre 3 y 3,5 toneladas por hectárea. En la mayoría de los casos de campos arrendados estos valores están por debajo de los costos totales, teniendo en cuenta costos de implantación, de cosecha y arrendamiento.
• Maíz tardío: las plantas se están secando por un severo stress hídrico, con clorosis muy marcada y en gran cantidad de situaciones ya hay necrosis (muerte). Se afectó mucho la floración, por ende, la formación de granos y la merma de rinde será muy importante.
• Soja de primera: la situación es regular a mala, sin pronósticos de lluvias por delante esto se agravará aún más. Las plantas están abortando chauchas y en muchos casos muriendo. Los rindes están cayendo al costo de implantación.
• Soja de segunda: es la peor situación y se estima que más del 70% de estas sojas están perdidas.
• Sorgo: muy sufridos, con estimaciones que rondan los 2,5 toneladas por hectárea. Hay panojas que no terminaron de emerger y lo poco que hay para cosechar tendrá un gran problema de cosecha en sí mismo.

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En declaraciones a los medios de la provincia, Loggio primero elogió el rumbo que marcó el Congreso de la Nación al sancionar el aporte de las grandes fortunas. De este modo, dijo, “a los que más tienen se les pide un esfuerzo adicional para afrontar la crisis que generó la pandemia”.

Pero luego, el legislador del Frente de Todos consideró fundamental reestructurar la estructura impositiva nacional y provincial para que sea más “progresiva y equilibrada”. En el primer caso, pidió revisar IVA y Ganancias. En la órbita provincial, el Impuesto Inmobiliario Rural. Esto fue lo que puso en alerta a los productores entrerrianos.

Para debatir y pensarhttps://t.co/lEoQwl8B16

— Néstor Loggio (@LoggioNestor) January 29, 2021

Según el diputado kirchnerista, hay que elevar el gravamen “sobre las tierras rurales destinadas a la producción agrícola y ganadera, que genera recursos en dólares a propietarios, arrendatarios y pooles de siembra y que tiene un impacto relativo en la recaudación provincial”.

“Si se lo compara al inmobiliario rural con el impuesto inmobiliario urbano y suburbano, resulta que el Fisco provincial recauda más cobrándole a la gente por la casa donde vive que a quienes obtienen una renta por la explotación de sus campos”, amplió. Citó que según publicaciones especializadas el inmobiliario urbano sumó durante 2020 una recaudación de 2.900 millones de pesos mientras que el rural aportó 2.700 mil millones, ocupando el cuarto lugar en el esquema de recaudación entrerriana.

Le salieron al cruce desde la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER). El secretario de esa entidad enrolada en CRA, Luciano Olivera (foto), expresó que “el sector productivo, y no sólo el campo, está cansado de que se inventen impuestos para mantener una clase política que es parte de una burocracia estatal ineficiente y paralizante”.

El dirigente también recordó que en la actualidad “el Estado se lleva casi el 70 % de la renta agropecuaria. En 2020 se agregó un 10% al Inmobiliario, exigible a las extensiones más grandes para afrontar la pandemia. Trabajamos para cumplir con una catarata de tributos nacionales, provinciales y municipales. Es hora de que sea la política quien haga el ajuste”, pidió.

“El relato elaborado por Loggio es falaz y tendencioso contra el campo y eso muestra dos alternativas: miente descaradamente o es un ignorante y los dos hechos son graves. Este señor que estuvo aplaudiendo las tomas de Grabois en Entre Ríos debiera presentar proyectos para que la legislatura que integra les cueste menos a los contribuyentes”, retrucó Olivera. Y recordó: “hoy la política les sale millones a los entrerrianos”.

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El presidente de la Sociedad Rural Islas del Ibicuy, Marcelo Settimio, salió al cruce de estas acusaciones y mostró su “preocupación” por la situación en los campos bajos de la región. También aseguró que “se han dicho una enormidad de inexactitudes que es necesario aclarar”.

“La gran mayoría de los incendios no son iniciados por productores. Entiendan en primer lugar que no somos irresponsables y, por otro lado, si hubiese algún inescrupulosos en pos de mejorar las pasturas no lo haría en esta época, ya que nos es muy perjudicial. Por eso, hay que ser prudente y no decir cosas sin sentido”, reflexionó el dirigente rural.

Desde la entidad afiliada a la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) remarcaron que “quienes vivimos en estas zonas sabemos que la mayoría de estos incendios comienzan con cazadores, por cuestiones naturales (por fenómenos no deseados provocados por ciclos naturales de sequía, bajante y heladas) o por acciones involuntarias de otro tipo”.

“En algunos casos, después de un foco que parece extinto, la turba queda encendida y frente a vientos o aumentos de temperatura se reavivan”, describió Settimio.

El ruralista de las Islas del Ibicuy se alarmó frente a las voces que solicitan la prohibición de la ganadería en las islas. “Hablan desde la más profunda ignorancia. Si no estuviéramos los productores, esto sería sólo caos y abandono”.

“Lo que hace falta es presencia del Estado, que está ausente en la mayoría de las islas de Diamante, Victoria, Ibicuy y las Lechiguanas. Acá el Estado sólo se nota cuando hay que ir a pagar el impuesto inmobiliario, pero nada de lo recaudado vuelve a las islas”, criticó.

“Desde la Rural de Islas y desde FARER queremos que se penalice a los responsables de estos incendios, pero también somos conscientes que es muy difícil dar con los que iniciaron los fuegos. En la inmensidad de las islas, casi sin presencia estatal, resulta muy complicado. No obstante, esto debe ser un llamado de atención para estar en la agenda del gobierno para un control más eficaz en la zona y la puesta en marcha de planes y recursos para controlar los incendios”, indicó.

Settimio agregó que “es responsabilidad de todos proteger los humedales. Debe tenerse presente que desde la Rural de Islas del Ibicuy desarrollamos -incluso junto a otras entidades- un plan de ganadería sustentable en alianza con el pastizal y la vida silvestre”.

“Hoy se nota que no hay un plan serio y eficiente del manejo del fuego por parte del Estado, por lo que resulta necesario que trabajemos juntos para lograr un equilibrio ambiental que beneficie a todos. Y también es imprescindible que no se digan cosas sin respaldo y sin tener la más mínima idea de lo que pasa. La desinformación es un arma que no beneficia a nadie”, finalizó Settimio.

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“Este proyecto, que ya es ley, establece ahora que aquellos productores que tengan más de 1.000 hectáreas deberán aportar un 10% más sobre el impuesto inmobiliario anual, con la promesa de que ese fondo irá a Vialidad, cuando vemos que a ese sector le está llegando menos partida y además está totalmente desmantelada en la provincia”, dijo a Bichos de Campo José Ignacio Colombatto, médico veterinario y presidente de Farer, que es el brazo entrerriano de la CRA.

Para el productor, el de su provincia “es un Estado bobo, que vive de emparchar de modo permanente, sacando recursos de un lugar para trasladarlos a otros”.

“Con esta política no se va a ningún lado. Es más, se aumenta el costo político. En la provincia tuvimos que reconvertirnos en plena pandemia y los políticos no se bajaron un solo centavo de sus sueldos y siguieron agrandando el Estado. Es como que están viendo otra película”, se quejó el ruralista.

Escuchá la entrevista completa realizada a José Ignacio Colombatto:

Según el productor y dirigente rural, “pagamos el impuesto inmobiliario más caro del país, que este año aumentó el 50%. Venimos así desde la época del gobernador Urribarri”.

Colombatto explicó que “en teoría de lo que pagamos del Inmobiliario una gran parte tendría que ir a caminos. Peor la cosa no es así, porque si andás por cualquier departamento de Entre Ríos verás lo lamentable que son (esos caminos). Pero el Gobierno saca de ese impuesto para tapar otros agujeros negros que tiene dentro de la provincia”.

“Desde hace 30 años intentamos que en cada discurso de presidentes de las sociedades rurales el político entienda que acá no hay caminos, que cada vez cuesta producir más y que tenemos un Estado que nos asfixia en impuestos”, concluyó el dirigente de Farer.

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Con esta sentida descripción comienza una carta que los directivos de la Sociedad Rural de Nogoya le enviaron al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, reclamando soluciones imperiosas por el mal estado de los caminos rurales en toda la provincia y en especial en ese distrito.

Allí, cuentan los productores, “hace unos 20 o 30 años atrás contábamos con varios ripios en los caminos troncales, que hoy han desaparecido; con puentes Bailey que fueron colocados provisoriamente y hoy se caen a pedazos; con  alcantarillas rotas o tapadas que hacen que el agua circule por la calle, socavándola”.

Los ruralistas de Nogoyá le remarcaron a Bordet que la Dirección Provincial de Vialidad  no hace su tarea a pesar de que el gobernador “prometió, destine el 30% del impuesto inmobiliario” que recauda del sector a esa repartición. “No sabemos a qué destina los recursos que dice invertir, porque en los caminos estamos seguros que no”, ironizaron con tristeza.

“Los caminos no se arreglarán nunca desde una oficina administrativa y quiénes los transitamos diariamente lo sabemos muy bien. Lo saben nuestros vehículos cuando no resisten más el traqueteo y se rompen. Lo saben los camioneros cuando se quedan encajados. Los muchachos de la trilla cuando no pueden pasar por falta de puentes. Las maestras y enfermeras cuando intentan llegar a sus lugares de trabajo. Los oficiales de las fuerzas de seguridad lo tienen más que claro cuando intentan cuidarnos o impedir alguna desgracia”. Así enumera la entidad rural a los sectores abandonados por la desidia oficial.

La sociedad rural enrolada a FARER y CRA reclamó directamente a Bordet que “disuelva completamente la Dirección de Vialidad de la Provincia. de Entre Ríos, por haber demostrado ser incapaces de desempeñar las tareas para las que fueron convocados, y de este modo poder crear un organismo serio y responsable, formado por técnicos y profesionales capacitados y comprometidos con su trabajo”.

En el mismo sentido se pronuncio Mariela Gallinger, titular de la delegación de la Federación Agraria de Crespo. “Vialidad Provincial no tiene capacidad operativa para el mantenimiento de los caminos rurales en la provincia. Es hora de madurar: Los ciudadanos tenemos la necesidad imperiosa de contar con dirigentes y gobernantes que estén preparados y comprometidos con la sociedad”, afirmó.

Gallinger recordó que “las versiones sobre nombramientos, designaciones y aumentos de sueldos en la DPV, conocidas en las últimas semanas, fueron la gota que rebalsó el vaso. Vialidad Provincial no está cumpliendo hace ya muchos años, sin embargo, significa una carga importante para el gasto público de la provincia. Mientras tanto el sector rural en su conjunto no recibe el servicio que debería”.

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Hasta ahora, y por dos mandatos, la presidencia de CRA fue ocupada por Dardo Chiesa, un dirigente pampeano proveniente de la poderosa Carbap, la confederación de rurales de Buenos Aires y La Pampa. Chiesa, que había blanqueado su intención de ocupar algún cargo en el gobierno peronista de Alberto Fernández y también pelea por la gerencia dle IPCVA, por ahora será solamente coordinador de la Mesa de las Carnes, una entidad inorgánica que agrupa a una treintena de instituciones vinculadas al sector ganadero.

Chemes llega a la conducción de CRA luego de una larga trayectoria en el gremialismo agropecuario. Fue presidente de la Sociedad Rural de Nogoyá, secretario de la Cámara de Productores Lácteos de Entre Ríos, vocal regional del Litoral Sur-CREA y fundador y presidente de CREA-Nogoyá. También presidió, por dos mandatos, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER).

Además el flamante presidente de CRA fue uno de los ocho “agrodiputados”. A partir de su actuación en la Mesa de Enlace entrerriana en el conflicto del campo, en 2009 fue electo diputado e impulsó numerosos proyectos tendientes a fortalecer los diferentes segmentos del campo, sin grandes resultados como la mayoría de sus pares.

La nueva Comisión Ejecutiva de CRA por el período 2019/21 quedará integrada además por el cordobés Gabriel de Raedemaeker (CARTEZ), el chubutense Juan Goya (CHUBUT), el santafesino Rubén Ferrero (CARSFE), el bonaerense Pedro Apaolaza (CARBAP), el santiagueño Juan Pablo Karnatz (FAAS), el correntino Gerardo Condado (CORRIENTES), el patagónico Fermín Oscar del Papa (FIAS), el entrerriano Raúl Boc – Ho (FARER), el puntano Raúl Foncueva (SAN LUIS), el mendocino Mario Leiva, el misionero Adrián Luna Vázquez, el rionegrino Daniel Lavayen, el salteño Lucas Elizalde, el tucumano Héctor Cossio y el chaqueño Roberto Consolani.

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“Esta situación deja 300.000 hectáreas sin posibilidad de ser producidas con insumos de síntesis química. Por eso estamos armando un registro de afectados”, dijo a Bichos de Campo Raúl Boc-Ho, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer). Esto es, se está relevando el número de productores que deberian dejar de producir o alterar el modo de hacerlo hasta ahora.

Escuchá el reportaje completo a Raúl Boc- Ho:

Boc-Ho explicó que el camino ahora para superar esta prohibición judicial “sería un decreto reglamentario de parte del Poder Ejecutivo”. Al respecto, las entidades que componen la Mesa de Enlace provincial están tomandose un plazo de diez días para redactar una norma sobre las aplicaciones que conforme a la justicia.

“En función de lo que nos habían dicho en la Justicia, (ese decreto) debería incluir una cantidad importante de información técnica incuestionable, que avale lo que el Gobierno provincial definió como distancias menores en cuanto a cercanías de escuelas. Esa información técnica está disponible en organismos como el Conicet, la Universidad de Entre Ríos, el INTA . Con respecto al Ministerio de Salud de la provincia, el mismo no nos da información sobre el tema”, explicó el dirigente entrerriano de CRA.

Ver: La presión ambientalista en Entre Ríos: “El productor ya no sabe lo que se puede hacer y lo que no se puede”

“Hay cierto apremio entre los productores para destrabar este conflicto. Productor al que toca esta medida judicial sobre el 100% de su superficie, queda directamente fuera de producción, ya que no puede hacer un barbecho para trigo ni sembrar una pastura. Y si es citricultor no puede hacer tratamiento alguno en sus plantas, con riesgos tan grandes como el del HLB que se propaga de modo tan rápido”, se lamentó Boc- Ho.

El domingo 9 de junio se elegirá gobernador en Entre Ríos, por lo cual, el presidente de Farer cree que no saldrá ningún nuevo decreto al respecto. “Toda la dirigencia política está abocada a la campaña. Por eso decidimos dar un plazo de 10 días de espera en la ultima asamblea, para evaluar si se destraba el conflicto y avanza un borrador de nuevo decreto reglamentario sobre tratamiento de agroquímicos, en el que está trabajando el equipo de Gustavo Bordet, el gobernador. Pero si no hay avances pensamos en hacer una nueva movilización a Paraná, que es la caja de resonancia de todo lo que pasa en la provincia”, indicó Boc Ho.

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