“Todo esto nació mal”, apunta el veterano ante la primera pregunta de Bichos de Campo, orientada a indagar si no estamos frente a una de las grandes discusiones idiotas que solemos mantener los argentinos. En rigor, lo que arrancó siendo una buena noticia (la Argentina desarrolló un trigo transgénico que puede soportar mejor el estrés hídrico o la falta de lluvias) parece haberse convertido en una catástrofe nacional (Bioceres y el Ministerio de Agricultura se vieron obligados a instrumentar un costoso sistema de control para evitar que ese trigo contamine al resto de la cosecha). Cosa de Mandinga.

“Lo que nos alarmó este año fue la propia explicación de Bioceres diciendo que había sembrado 55 mil hectáreas de trigo HB4. Esas 55 mil hectáreas para ensayos convengamos que parece un poco mucho. Estamos hablando de 200 mil toneladas más o menos de trigo que podría convertirse en semilla y eso alcanza para sembrar 2 millones o más de hectáreas. Eso causó una gran conmoción porque ahí se prendieron todas las alertas!”, nos explicó Dente. La Federación de Acopiadores que él integra forma parte de un frente con los molinos y los exportadores de cereales, que advierte que lo que parecía un avance podría terminar provocando perjuicios a la cadena triguera.

Ese frente fue el que forzó a las autoridades de Agricultura, que en octubre de 2020 aprobaron el trigo HB4 pero condicionado a un aval semejante desde el gobierno de Brasil (que todavía no sucedió), a montar ahora un fenomenal operativo para evitar casos de contaminación desde esas 55 mil hectáreas sembradas con la variedad transgénicas al resto de la producción que surja de 7 millones de hectáreas sembradas con el cereal convencional. Todo a las apuradas, cuando ya está encima la cosecha.

“Tiene que haber protocolos muy estrictos porque frente a un grano que pueda contaminar el resto, la tolerancia de recibo es cero para el trigo común. Y además no tiene ninguna diferenciación a simple vista. Entonces es muy fácil que inconscientemente, involuntariamente, se produzca algún canal de contaminación. Esperemos que eso no ocurra”, afirmó Dente.

Mirá tona la entrevista:

La semana pasada, según contó el asesor de los Acopiadores, el MInisterio de Agricultura y la propia Bioceres presentaron al resto de la cadena el plan de trabajo para evitar ese posible caso de contaminación, que sería muy dañino para la reputación y las posibilidades comerciales del trigo argentino ante el resto del mundo.

“No hay peor cosa que se comente en el mundo que la Argentina podría llegar a tener un trigo contaminado. Sería como la aftosa, un horror desde el punto de vista de prestigio e inclusive de precios de esa mercadería”, advirtió el acopiador, que resaltó que “el mercado del trigo es un mercado no OGM (genéticamente modificado)”.

Para Dente, a esta altura de las circunstancias, “no solo hay que ser muy bueno sino sobre todo demostrar que uno es muy cuidadoso”.

Las explicaciones de las autoridades no dejaron del todo tranquilos a los acopiadores, que ven imposible segregar ese cereal modificado cuando llegue a los silos de la cadena comercial. Dente, en ese sentido, manifestó que todos los controles deben realizarse en el lugar de la cosecha del trigo HB4,que son unos 370 lotes en total en todo el país. Allí el cereal modificado debería quedar inmovilizado.

Dente también dijo que la cadena triguera no tiene por qué hacerse corresponsable de los controles, pues “el trigo HB4 es de Bioceres y además está prohibido”.

En este sentido, contó que le exigieron a Bioceres que informe primero dónde está ubicado cada lote del trigo (la información está en poder del Instituto Nacional de Semillas y fue difundida parcialmente en las últimas horas pero sin esas precisiones). Pero además reclamaron que la empresa de biotecnología contrate una certificadora que de cuenta de que se están haciendo bien las cosas.

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“Yo me imagino que un protocolo de esta naturaleza, tan riguroso como este, debe estar certificado, es lo más elemental”, indicó Dente, que de todos modos ironizó que “parece que no hay certificadora”.

-¿Y entonces qué hacemos? ¿Quemamos todo?

-De alguna manera estamos obligados a creer que los protocolos van a funcionar. Pero para poder creer, el que los organiza tiene que dar señales claras- reclamó Dente, que insistió en que Bioceres se niega a dar a conocer la posición exacta de los lotes y no cuenta con una certificadora independiente.

El acopiador afirmó que este es el momento de “meterle con todo” a los controles, “para tener la tranquilidad nosotros y además para defender la calidad del trigo argentino. Estamos en defensa del prestigio de nuestro trigo, aislando todo esto”.

-A esta altura, ¿qué es lo que se debería hacer? ¿El Estado debería revisar la autorización al trigo HB4 que otorgó en su momento?

-Frente  a esta emergencia el Estado tiene que estar muy encima de Bioceres y asegurar que se van a cumplir con todos los protocolos. Tiene que haber un seguimiento muy estricto de qué se va a hacer con esos granos. Y en última instancia habrá que mandar a destruirlos. Si no.. ¿a título de qué queda tanto trigo en el mercado? ¿Cuál es el valor que puede tener hasta tanto no esté aprobado? Ahí es donde nosotros enfatizamos que el trigo es de Bioceres y la responsabilidad es de Bioceres.

-¿Qué quieren decir con esto?

-Que frente a cualquier contaminación que pudiera llegar a haber la responsabilidad originaria es de Bioceres. Pero también van a tener que cuidarse mucho los funcionarios que están encargados del contralor de este proceso, porque si mañana llegara a haber algún problema, con perjuicios importantes, cada uno va a querer sacarse la responsabilidad de encima. Es un proceso donde tanto Biocerss como las autoridades que autorizaron hacer ensayos de tanta magnitud, van a tener que cuidarse de que el protocolo cierre perfectamente bien.

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Dente agregó que los Acopiadores reclamaron tanto a Bioceres como al gobierno que tomen “seguros de caución” o “pongan garantías particulares”  aceptando hacerse cargo de la responsabilidad por todo este proceso. “No puede ser que al mismo tiempo que decís ‘esto no va a pasar’ no te hagas cargo por si llegara a pasar”, explicó.

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Los acopiadores están a la espera de que el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, los reciba para presentar sus reparos y negativa a la producción del trigo transgénico HB4. El funcionario les dijo que entre lunes y martes de esta semana se reunirían, pero por ahora no tuvieron novedades.

La semana pasada, Bichos de Campo dio cuenta de la resolución del Inase (Instituto Nacional de Semillas) que obliga a la empresa Bioceres a desactivar el 80% de la cosecha 2019/20 de esa variedad, que no está aprobada comercialmente para su comercialización o, mejor dicho, está autorizada pero no puede cultivarse comercialmente hasta tanto Brasil también la autorice.

Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores, fue contundente respecto de este tema y de la actitud tanto de los funcionarios como del sector privado. “La medida del Inase no es suficiente, es un parche que no dará resultados y que no sabemos cómo se va a ejecutar”, aseguró.

“El Inase está intentando arreglar un desquicio. Se hizo un desastre con el HB4, nunca atendieron los reclamos, objeciones y avisos de precaución y se les viene un problema gigantesco. Están viendo cómo se puede solucionar”, aseguró Rivara.

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Rivara además recordó que en esta campaña 2020/21 se sembraron 55.000 hectárea en 350 lotes distintos de 225 productores con el trigo HB4 y se preguntó entonces si al momento de la cosecha, acondicionamiento y comercialización del grano estarán dadas las condiciones para garantizar que el mismo no se mezcle con el cereal convencional.

El gobierno asegura que cuenta con las herramientas necesarias para brindar garantías al respecto, pero Rivara cree que hay que poner un mayor énfasis. “Van a haber 225 cosechadoras cosechando un trigo transgénico al mismo tiempo, porque esta es una cosecha agresiva, que se hace en poco tiempo, para dar lugar a la siembra de soja de segunda”, advirtió.

Y preguntó: “¿Qué van a hacer los cosecheros después de trillar un lote? ¿Van a estar limpiando las máquinas durante un día completo para que no quede un rastro de grano de trigo transgénico? ¿Quién certifica la limpieza de carros y camiones? ¿Las plantas de silo donde se almacene trigo transgénico no van a almacenar en trigo convencional por dos o tres años años? ¿En qué puerto van a exportar? ¿En qué molino van a moler?. No tienen idea lo que es limpiar un molino, no les importó, se manejaron con una irresponsabilidad escandalosa”.

Luego sostuvo que “la única salida es destruir el trigo transgénico, desgraciadamente, porque no me hace gracia que Bioceres pierda plata”. Vale recordar que la semana pasada el Inase dispuso que Bioceres puede conservar el 50% de la cosecha lograda en 2021/22, mientras que la otra mitad deberá inactivarse.

Rivara, que desde el vamos se opuso a esta innovación, insistió con sus críticas. “La contaminación del trigo convencional, que es el único que compran nuestros clientes, se puede dar en cualquier momento. Es un escándalo lo que hizo el gobierno. Si se produce esa contaminación, ¿quién se va a hacer cargo de los platos rotos? ¿Quién paga las consecuencias? Alguien se tiene que hacer responsable de esto y explicarle a la sociedad el daño a los productores, a la cadena, que se va a recaudar menos plata por pérdidas de mercados y que la población va a consumir harina de trigo transgénico”, enfatizó como si la situación ya se hubiera producido.

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Los acopiadores, que representan unos 1.500 centros de almacenaje de granos diseminados por todo el interior del país, especialmente en las zonas agrícolas, afirmaron en un comunicado: “Nos sorprende la pasividad de los gobiernos provinciales, en especial la del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Sergio Berni, donde la presencia policial, con su pasividad, convalidó situaciones de virtual secuestro, tanto de los camiones como de los choferes, a quienes se les impedía hasta volver a sus casas”.

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En tono severo, la entidad del comercio de granos denunció que estos “autoconvocados”, que están nucleados en una organización denominada TUDA (Transportistas Unidos de la Argentina) y han logrado hoy reducir al mínimo los ingresos a los puertos cerealeros, “dictan sus propias normas y deciden quiénes pueden transitar y quiénes no por las rutas argentinas, ante la indiferencia de las autoridades”.

“Los funcionarios deberían extremar los recaudos para evitar estos actos de violencia pública que podrían convertirse en una chispa dentro de un polvorín”, enfatizaron los acopiadores, quienes también remarcaron “la inacción del Gobierno Nacional al permitir cortes en lugares tan estratégicos como la Ruta Nacional 9 (Panamericana) y hasta del Túnel Subfluvial”.

Como entidad, la Federación de Acopiadores informó que realizó varias denuncias penales para proteger a los transportistas que quieren seguir trabajando. Pero reclamó ayuda de los funcionarios. “Pedimos tanto al Gobierno nacional como a la Justicia y a los Gobiernos provinciales que cumplan con sus obligaciones y actúen aplicando la ley ante estos atropellos garantizando el derecho constitucional de transitar libremente por nuestras rutas”.

Por su parte, las industrias aceiteras y exportadores de productos agroindustriales integrados en Ciara-CEC expresaron también “su preocupación por los perjuicios que ocasiona una huelga de denominados transportistas autoconvocados, sin representación institucional, que impide el tránsito en las rutas de camiones con insumos, provoca el desabastecimiento y bloquea la exportación”.

“Al disminuir el ingreso de camiones, retenidos en las rutas por un reclamo que bloquea la libre circulación, a terminales portuarias y plantas agroindustriales, se entorpece, primero, y se paraliza, después, la principal fuente de exportaciones de la Argentina”, indicaron por medio de un comunicado.

Y solicitaron a las “autoridades nacionales y provinciales a tomar urgentemente cartas en el asunto para evitar las graves consecuencias de un reclamo ajeno a este sector pero que padece sus secuelas”.

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Su historia comenzó en San Pedro en los años ’40. Primero fue una forrajería y luego se sumó la comercialización y transporte de granos. En 1956, Ramón Rosa logró la inscripción como “Acopiador de Granos”. Seis años más tarde pudo estrenar la primera planta, con cuatro silos de 300 toneladas cada uno.

A medida que la flota de camiones y la capacidad de almacenamiento iban en aumento, Ramón Rosa apostó por la expansión territorial. “Hacia 1963, el partido de Lincoln -Buenos Aires-, estaba plagado de grandes estancias y galpones llenos de maíz. Entonces alquiló una planta de silo en la estación de Arenaza, que se convirtió en la primera sucursal de la firma”, relata Norberto Rosa, a cargo de mantener el legado de su padre Ramón.

Así hizo pie en el oeste bonaerense, una región que a lo largo de los años se ha convertido en fundamental. “Al estar en estas dos áreas productivas de la provincia de Buenos Aires logramos diversificar el negocio y estabilizar los costos. Sabemos que en agricultura el efecto climático es clave, pero también que impacta de manera diferente en las distintas regiones”, reflexiona Norberto.

Esta diversidad ambiental también se refleja en las distintas realidades productivas de cada región. “Son tipos de empresas agropecuarias muy diferentes. En San Pedro, un productor promedio trabaja un campo propio de entre 40 y 50 hectáreas. En el Oeste, en cambio, un pequeño productor puede sembrar entre 100 y 200 hectáreas, uno mediano arriba de las 500, y los grandes pueden poseer 1.000, 2.000, 5.000 y hasta 15.000 hectáreas”, señala el director ejecutivo de la compañía.

Para Rosa, el nivel de rendimientos también marca la diferencia: mientras que en San Pedro un buen maíz ronda los 8.000 kg/ha, en los ambientes regulares del oeste bonaerense pueden rendir entre 9.000 y 10.000 kg/ha.

“Además, entre ambas regiones siempre pudimos manejar una importante diversidad de cultivos. El girasol desapareció de San Pedro hace 20 años, pero todavía sigue vigente en la zona de Carlos Tejedor. Y cuando la soja llegó a ocupar gran parte del área de San Pedro, en el Oeste aun resistían con la siembra de maíz y trigo”, recuerda.

Actualmente este acopio cuenta con 80.000 toneladas de capacidad de almacenaje distribuida en cuatro plantas de silos: dos en San Pedro (de 7.000 y 48.000 toneladas), otra en Arenaza (Partido de Lincoln) y una más en la localidad de Carlos Tejedor. Además, la flota de logística y transporte está integrada por 17 camiones, mientras que el personal a cargo entre las tres sucursales abarca alrededor de 50 personas.

“El acopio sigue siendo el eje principal de nuestro negocio. Pero también hemos ido complementando la actividad con la venta de insumos, enfocados principalmente en facilitarle al productor toda la logística”, comenta Rosa. “Se trata de un negocio de confianza y mucha responsabilidad, porque la gente deposita sus ahorros en grano en nuestras instalaciones”, asegura.

A su vez, la firma maneja 2.500 hectáreas propias repartidas entre los partidos de San Pedro, Lincoln y General Pinto. Allí no solo se dedican a la producción de granos con destino de comercialización, sino también a la multiplicación en cooperación con los principales semilleros del país. “Somos multiplicadores oficiales de trigo para Don Mario, Klein y Buck. En cuanto a soja, trabajamos también con Don Mario y Nidera”, añade.

Rosa mira el futuro con optimismo: “volvió el trigo, volvió el maíz, e incluso ahora estamos viviendo un boom del sorgo. Mientras tanto, la soja apenas reduce el área de siembra. Nuestro país tiene todavía mucho potencial para explorar en rendimiento y en este contexto no tengo dudas de que va haber trabajo para todos, aún con altos niveles de competencia”, consideró.

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Hace un par de semanas, como es habitual desde hace una década aunque esta vez de manera virtual, la Federación de Acopiadores realizó el congreso “A todo trigo”. Es el momento más adecuado del año para fomentar la siembra del cereal de invierno, basándose en cuestiones técnicas, de clima, mercado y hasta políticas.

En cuanto a estas últimas, Rivara bregó porque se mantengan las reglas de juego actuales para toda la campaña triguera, sin mayores retenciones ni intervención en el negocio de la la exportación. En el evento, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, dio garantías de que esto no pasará.

Sin embargo, desconfiado por experiencias pasadas sobre intervenciones oficiales en el mercado triguero, Rivara advirtió: “Apuesto a que el Gobierno haga un análisis inteligente del tema agrícola en la Argentina, sin ignorantes tomando decisiones”, según dijo a Bichos de Campo.

Aquí la entrevista completa con el titular de la Federación de Acopiadores:

Metiéndole cizaña, lo consultamos sobre las versiones sobre un posible regreso de la Junta Nacional de Granos. Rivara desestimó por completo esa iniciativa: “Eso es una estupidez. No perdamos tiempo con eso. Sería tan irreal como el el FMI nos condone la deuda”, comparó.

El presidente de los acopiadores, que son más de 1.200 empresas distribuidas en toda la geografía agrícola, destacó la necesidad de un entendimiento entre la política y la producción. “El Gobierno necesita desesperadamente la mayor cantidad de dólares posibles para vivir, y no solo para pagar deuda. De modo que estimular la producción agropecuaria es lo más inteligente, para exportar más toneladas de granos”, determinó.

“Para esto debemos empoderar al Ministerio de Agricultura, para que alguien le explique al ministro de Economía (algo que no pasa hace 30 años), cómo funciona la cosa. Y le diga: ‘No, papi, esto no lo podemos hacer porque es escupir para arriba’. Si ponemos más impuestos, los que están cerca del puerto van a sembrar, pero los que están lejos, en el norte, no lo harán”, explicó Rivara.

Por último, el empresario destacó que la 2020/21 será una buena campaña para sembrar trigo. Fundamentalmente porque los granos gruesos (soja y maíz) carecen de precio atractivo a futuro, en tiempo de crisis por el coronavirus. “La coyuntura es favorable porque el maíz no tiene precio por la crisis de los combustibles, mientras que el trigo es 100% para alimento”.

“Esperemos no caer en situaciones impensadas”, volvió a decir Rivara en el final de la charla, advirtiendo del daño que podrían provocar políticas locales que pudieran desestimular la producción.

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“Este Gobierno decidió fijar los aumentos de derechos de exportación que ya había fijado Macri”, confirmó a Bichos de Campo Raúl Dente, asesor general de la Federación de Acopiadores y un profundo conocedor del negocio de los granos.

“Por lo que conozco, y como primera idea, me parece de la mayor racionabilidad, porque más allá del impacto negativo de las retenciones, las retenciones no iban a aumentar más de lo que se habían fijado el año pasado por el Gobierno de Macri”, explicó.

“Recordemos que el año pasado se habían fijado niveles de retenciones de hasta el 12% para la soja, pero que no podían superar los 4 pesos por dólar exportado. En ese momento el dólar estaba abajo de los 40 pesos, así que ese 12% equivalía a los 4 pesos por dólar. Luego, cuando nuestra moneda se comenzó a devaluar, el dólar pasó de 40 a 60, y entonces esos 4 pesos, en lugar de representar un 12%, representaron un 6,5% aproximadamente”, completó Dente, dando crédito a los argumentos del Gobierno.

Escuchá el reportaje completo realizado a Raúl Dente:

Al eliminarse el tope máximo de los 4 pesos por dólar exportado, los derechos de exportación quedan ahora en el 30% para la soja (la soja ya contaba con una alícuota del 18%, pero el Frente de Todos apeló a la alícuota del 12%, establecida en el decreto de Macri), mientras que para el maíz y el trigo este tributo quedaría en 12%, mientras que otros productos como la carne, la harina y la leche en polvo tendrán una retención de 9%.

Respecto de cómo ve la gestión del nuevo ministro Luis Basterra hacia adelante y las perspectivas del sector agropecuario, Dente declaró: “Hay que diferenciar las expresiones de deseo de los hechos de la realidad. Este ministro conoce bien al sector y cuenta con experiencia porque tiene una profunda vinculación con el ámbito parlamentario en donde fue presidente y vice de la comisión de Agricultura, y cuenta con excelentes referencias. Al mismo tiempo formó un equipo interesante, ya que nombró a Julián Echazarreta, que era vicepresidente de la Bolsa de Cereales y cuenta con conocimiento dentro del área ejecutiva de ACA, de modo que esa es una excelente decisión”.

“Queremos que haya continuidad en los aspectos positivos que implican expandir al máximo las posibilidades de producción agroindustrial de nuestro país y que haya un contacto permanente para que haya interacción público- privada, porque así como exigimos a los funcionarios públicos, los privados debemos aportar elementos para que esto sea posible”, destacó el asesor general de la Federación de Acopiadores.

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“La Federación de Acopiadores de Cereales suscribió un acuerdo con la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) a partir del cual recomiendan a los asociados que en las operaciones de venta de granos a fijar se abone el precio total sobre la mercadería fijada recibida con calidad y condiciones conforme, en los plazos del art. 38 de las Reglas y Usos”, informó un comunicado de la Federación.

El acuerdo lleva las firmas del presidente de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara, y del titular del CIARA-CEC, Alberto Rodríguez. “Tiene por finalidad continuar con el proceso de mejoramiento de los estándares de eficiencia en la comercialización de granos, expuesto en las normas de autorregulación (Reglas y Usos) privadas, que cuenta con el apoyo de la Subsecretaría de Mercados del Ministerio de Agroindustria de la Nación”, se explicó.

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El convenio viene a resolver algunos inconvenientes que se venían generando debido a que los compradores de la mercadería habían implementado una modalidad de liquidación en dos tramos: una parcial por el 97,5% del precio; y otra final por el 2,5%. Ahora, si están conformes con las condiciones de la carga, deben cancelar el 100% del precio convenido de una sola vez.

Si hubiera análisis que hacer y deben aguardarse las liquidaciones finales, se acordó ratificar que “los saldos que pudieran existir a favor de cualquiera de las partes por liquidaciones finales u otros conceptos se pagarán en un plazo no mayor a 30 días de su presentación a los deudores”.

Los acopiadores recordaron que el compromiso inherente a las reglas y usos vigentes para el comercio de granos había sido refrendado por las partes en marzo de 2016, en el marco de una Comisión Intersectorial.

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