Ubiquémonos en el 15 de noviembre de 2021. Fue el día elegido por Fenaomfra para tomar los precios de todo el circuito de la pera. Ese día la fruta valía en la verdulería 123 pesos el kilo.

Los analistas estimaron, a partir de ese precio final, que el productor hace un aporte al valor de la fruta del 23.6% (29 pesos), que el empaque aporta un 25.4% (31.23 pesos), que el flete sumó un 8% (9.90 pesos), que el mercado concentrador la encareció otro 9.7% (11.87 pesos) y que la verdulería, el punto final, se quedó con 33.3% (41 pesos) del precio final.

No se calculó la incidencia de los impuestos pues se supone que cada eslabón de la cadena los paga a su debido tiempo.

En el informe se explica que actualmente las provincias que producen la pera argentina son Río Negro, con 80% del volumen, seguida por Mendoza y Neuquén, con el 20% restante. En total, las tres regiones tienen unas 20.461 hectáreas con este árbol frutal.

“Si se contabilizan los volúmenes productivos y la cantidad de superficie implantada podría decirse que en los últimos cinco años la actividad registró un importante retroceso. Hasta el año 2016 se producían en el país más de 800.000 toneladas y existían aproximadamente 26.000 hectáreas en producción. Sin embargo, desde el 2017 en adelante el sector cayó no solo en volúmenes productivos (menos de 600.000 toneladas) sino también en superficie cultivada (las 20.000 hectáreas mencionadas)”, describió le Federación de Mercados.

El cálculo sobre la participación del productor en el precio final de la fruta se hizo en base a la proporción de la cosecha que se destina al mercado interno, y que es la menor, ya que el mayor porcentaje de estas frutas se dirige a la exportación.

Durante 2020, en efecto, el 53% de la producción tuvo como destino el mercado internacional, el 30% se dirigió a la industria y solo 16% restante quedó en el mercado interno para su consumo en fresco. “Esto último, quiere decir que un total de 105.200 toneladas se comercializaron durante el año pasado dentro del país”, precisó el documento.

Fuera del país, los principales destinos de las peras argentinas son Brasil, Rusia, Estados Unidos e Italia. El primero absorbió durante el 2020 más de 300.000 toneladas (31.4% de la producción), aunque este volumen habría caído cerca del 7% en 2021.

En cuanto a las variedades producidas en la Argentina, se destacan las Packham’s, Williams y Beurre Dánjou. Las dos primeras componen el 80% de las frutas que se comercializan dentro del país, es decir que son las que consume el argentino promedio.

Al Mercado Central de Buenos Aires (MCBA), uno de los concentradores más importantes del país, en 2020 ingresaron más de 35.000 toneladas de peras en total y el mes de marzo se consolidó como el periodo de mayores volúmenes con 5.000 toneladas.

Este mes, en plena cosecha, el aumento en la oferta y el stock coincidieron con una reducción del precio por bulto. Durante el 2021, en el mes de marzo la pera alcanzó en el Central un total de 6000 toneladas y el precio por bulto se situó en los 60 pesos.

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Los BdA existen también en varios países del mundo, como España y Chile, y su objetivo es el de recuperar alimentos de empresas y supermercados antes de que sean desechados, evitando así cualquier desperdicio o mal uso que estos puedan llegar a tener.

En Argentina hay una red BdA que también se dedica a esta modalidad solidaria: captura los alimentos y los distribuye entre entidades de ayuda comunitaria adheridas, y de este modo, le dan un valor social a aquellos alimentos que perdieron su valor comercial, haciendo que lleguen a las personas que más lo necesitan.

Según Otrino, que ha sido uno de los fundadores del BdA de Santa Fe, es fundamental extender estas prácticas al difícil territorio de los mercados de frutas y verduras, una tarea mucho más difícil por tratarse de productos frescos. En su caso, impulsó esta estrategia desde el Mercado de Productores y Abastecedores de Frutas, Verduras y Hortalizas de Santa Fe SA, entidad que también dirige.

El objetivo es claro: “Antes de llegar al lugar de dispensación de residuos, los bancos puedan rescatar la porción que puede ser alimento para personas, correctamente trazado, sabiendo cómo se convierte en plato de comida”, definió Otrino.

Mirá la entrevista a Carlos Otrino:

Antes de seleccionar el alimento, Otrino describió que se separa lo orgánico de lo inorgánico. Lo inorgánico tiene otra unidad de negocio que provee dinero, y lo orgánico es lo que se convierte en comida rescatada y saneada.

Pero no sólo se puede conseguir ese resultado final. Otrino agregó que “a la postre se le puede dar un proceso posterior, como (la preparación de) compost, o bien se abren otras dos ventanas de oportunidades; enviando material orgánico limpio para producir biogás que genere energía eléctrica neteada al sistema eléctrico argentino, o bien extrusarlo y en una primera etapa hacer almidón”.

También es posible “en una segunda etapa, si se pudieran lograr inversiones, obtener fibra alimentaria de un altísimo valor nutricional. Mirá todo lo que se puede hacer, incluso cuando el producto envejeció y murió”.

“Las frutas y verduras son productos vivos en proceso de envejecimiento y muerte; cuando los traemos en tiempos de crecimiento y madurez tienen un valor en los mercados y a medida que pasan los días va cayendo su valor, envejecen hasta morir y terminan en contenedores de basura. En 2013 empezamos con la idea de convertir en compost los residuos orgánicos. Pero mejor que eso fue el BdA que creamos en 2016 en Santa Fe”, describió Otrino.

Acerca del alimento que llega a la gente directo de los Bancos, Otrino aclaró que no se pueden entregar alimentos vencidos sino antes de su vencimiento. “La responsabilidad penal no se saca por beneficiar al empresario que dona, sino que se saca para aquellos que donan con alimentos que estén aptos para consumo humano. Si trampeás la ley, sos responsable”, explicó Otrino en alusión a la ley Donal, que se sancionó en 2004 y fue revisada hace un par de años, con el objetivo de incentivar las donaciones de alimentos.

Ver: Papa que no has de vender, déjala comer: La pandemia desencadena importantes donaciones de McCain

Otrino recordó que en la Argentina se pierden y desperdician 16 millones de toneladas de alimentos por año, mientras 32% de la población se encuentra en situación de pobreza y riesgo alimentario.

“Es emocionante ver la cantidad de platos de comida que se obtienen del rescate, una actividad que disminuye el desperdicio, tiene bajo impacto ambiental, ya que disminuye el desperdicio que llega a los rellenos sanitarios, tiene un impacto positivo en la generación de energías y buen aprovechamiento del agua”, concluyó el representante argentino de Fenaomfra en la Alianza Internacional de Promoción del Consumo Saludable (AIAM5).

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Entre la batería de medias adoptadas para frenar la pandemia y sus efectos colaterales, el gobierno nacional -a través de la Secretaría de Comercio- emitió días atrás la Resolución 100/20, que en nombre de la famosa Ley de Abastecimiento estableció precios máximos para algunos productos alimenticios elaborador y ordenó retrotraer los precios de todos los rubos al 6 de marzo, antes del inicio de la emergencia.

En una carta a la secretaria de Comercio, Paula Español, los socios de la Fenaomfra explicaron que no les será sencillo cumplir con esa orden de retrotraer algunos precios, pues “se han suscitado una serie de acontecimientos complejos para el normal devenir de quienes debemos cumplir el rol social de abastecer a la población de frutas y verduras”.

¿Y qué está complicando tanto las cosas en el abastecimiento de estos alimentos básicos?

En primer lugar, y como sucede con los granos en plena cosecha de soja, que “algunos municipios, incluso incumpliendo las normativa previsto por Decreto Nacional y sus excepciones, ha solicitado el cierre de mercados (como pasó en Perico, Jujuy) o dificultado el traslado de transportistas que debían de llegarse a la zona de producción para volver hacia los mercados con mercadería”.

Fenaomfra indicó que, en medio de las órdenes cruzadas que brotan desde los distintos niveles de la administración pública, “también se vio peligrar por estas horas el normal funcionamiento del mercado de Santiago del Estero por el incumplimiento de algunos puesteros quizás, y el desconocimiento del funcionamiento de la cadena de algunos funcionarios, otro poco”.

En la nota que Fenaomfra envió al gobierno nacional, entonces, se propone que haya grados de tolerancia un poco más amigables con los operadores que tienen que lidiar con estas circunstancias particulares.

“La disposición de la cuarentena – con la que acordamos por supuesto- ha complicado la normal resolución de las tareas de cosecha (caso papa, cebolla, zanahoria, uva), empaque y transporte por la necesaria reorganización de los trabajadores (otorgamiento de licencias en los casos previstos), pero también teniendo que otorgar bonos extras sobre todo en caso de transportistas que en todo su derecho consideran muy riesgosa la circulación o que debieron alargar los trayectos, y, en muchos casos, volver vacíos a sus lugares de origen”, explicaron los socios de Fenaomfra, para justificar algunos aumentos en los precios. Agregaron además que “la disposición de los feriados eleva los costos salariales normales”

“Asumimos que, aun así, estos problemas no justifican algunos de los aumentos que se han visto en algunas centrales mayoristas, pero asumimos que estos comportamientos no son los mayoritarios”, indicó la entidad que agrupa a más del 50% de los mercados del país y que elevó una serie de pedidos a Paula Español:

• Que los controles de precios contemplen las variaciones que se producen en un mercado distorsionado y no aplique un esquema rígido como puede ocurrir con otros productos más estables.
• Que tenga en consideración la importante función de abastecimiento del sector, y que “resulta a todas luces injusto cerrar la central por la posible inconducta de algunos de sus miembros, perjudicando notoriamente el abastecimiento de la población”.
• Que tenga también en cuenta que el hecho de cerrar las centrales le acarreará un efecto colateral y no deseado: el crecimiento de la comercialización extramuros de los mercados cerrados, “con lo cual el abastecimiento se dará de manera espuria y se perderán los controles sanitarios y fiscales”.
• Finalmente se solicitó que los controles y sanciones sean individuales, por empresa o puestero o productor, y no de manera grupal a un solo mercado.

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