“Uno de cada dos latinoamericanos que vive en zonas rurales es pobre. Mientras que en las ciudades de América Latina la incidencia de la pobreza es del 24%, en las áreas rurales este porcentaje casi se duplica, con un 46%”.

“El drama de la pobreza rural es, además, prácticamente invisible. En el caso de la Argentina, uno de los principales exportadores mundiales de alimentos, un tercio de los 3,5 millones de habitantes de zonas rurales son pobres”.

“Si bien el Gobierno ha hecho de la reducción de la pobreza una de sus prioridades y se han logrado avances significativos, ésta sigue siendo especialmente severa en las comunidades indígenas y fuerza también a muchas jóvenes rurales a migrar”.

Los tres párrafos anteriores no son parte de un manifiesto político en contra del gobierno de Mauricio Macri sino fragmentos de un comunicado del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (Fida) convocando, junto a otras agencias de Naciones Unidas y hasta instituciones financieras internacionales, a un debate en Mendoza sobre los nuevos paradigmas del mundo rural en América Latina y el Caribe. Lo encontré en mi casilla de correo justo cuando volvía de presenciar el “feriazo” que algunas organizaciones campesinas y de la agricultura periurbana realizaron este martes en Plaza de Mayo.

Los motivos del “feriazo” en Plaza de Mayo

Me vinieron al dedillo estos párrafos para reforzar mi primera impresión sobre esa protesta, sostenida sobre todo en la estructura territorial de la denominada Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT). ¿Por qué? Porque aunque muchos podrán descalificar esta movilización argumentando que tiene razones electorales y políticas, lo que yo percibí en los rostros, las manos y las risas de la gente que llegó hasta el centro porteño es que tenían razones genuinas para hacer oír sus reclamos.

Más allá de alguna intencionalidad de sus dirigentes -que nunca falta, ni en ésta ni en ninguna otra protesta-, hay una serie de posiciones históricas de los pequeños agricultores que son desoídas, y no ahora por la gestión macrista sino desde hace añares, por todos los gobiernos de distinto signo.

Del listado de demandas que tuvo esta marcha, rescato tres que sirven de ejemplo. Uno: no puede ser que ellos cobre 1 y el consumidor pague 10. Dos: La inmensa mayoría de estos productores debe alquilar la tierra en que produce y allí no hay regulaciones de ningún tipo, salvo las que defienden la propiedad de los dueños de los campos. Tres: como conviven con una agricultura intensiva de exportación y muchos de sus costos de producción son a valor dólar, pero sus ingresos siempre son en pesos.

Y está además aquello que dice el FIDA, un organismo de la ONU que difícilmente ceda a la tentación de la política doméstica y la insufrible polarización entre macristas y kirchneristas.

“El drama de la pobreza rural es, además, prácticamente invisible”.

En mi visión, el kirchnerismo en el poder intentó politizar demasiado la política pública hacia los pequeños productores, de modo que sirvan a su intereses. No les resolvió casi ninguna de sus necesidades. Pero el macrismo tampoco lo hace y mucho menos parece intentarlo. Casi como que le da vergüenza el tener que hablar de estos asuntos mendaces. Ni siquiera parece estar muy claro quién se ocupará de ellos: si será el Inta, el MInisterio de Agroindustria o Desarrollo Social.

En el medio están ellos, que hoy se hicieron visibles al menos por un rato.

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Los grupos convocantes son la FNC (Federación Nacional Campesina), el
Frente Agrario Evita (ligado al ex titular de la Secretaría de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico), el MTE Rural – CTEP (Corriente de Trabajadores para la Economía Popular), el Frente Agropecuario Regional Campesino y la UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra). Desde las 11 venderán unos 20 mil kilos de fruta, verdura y otros productos del campo “al mismo precio que nos pagan en las chacras”, dijeron.

¿Y por qué motivo protestan? Ellos explicaron en un comunicado que representan a “quienes producimos más del 65% de los alimentos que comemos día a día en nuestras casas”.  Y expresan que “las economías regionales de nuestro país, están sufriendo desde hace años una crítica situación por las políticas dirigidas al sector, que el gobierno de Macri profundiza y agrava”.

Luego de avisar que “no somos el campo rico que produce commodities para la exportación”, y por lo tanto “no especulamos con nuestra producción, ni guardamos alimento en silos para vender cuando mejor se pague”, estos sectores indicaron que “todas las medidas políticas y económicas que se tomaron hasta la fecha favorecen al sector del campo más concentrado”.

“Desmentimos rotundamente que el campo esté bien; un sólo sector de grandes terratenientes y grandes exportadoras cerealeras son los que, como siempre, están obteniendo ganancias extraordinarias”, añadieron.

Hasta ahí parece un discurso de barricada. Pero debe tomarse nota de ciertos puntos flacos que estas organizaciones critican de la política agropecuaria de Cambiemos. Por ejemplo: 

• Dicen que la apertura de las importaciones de alimentos no ayuda a bajar los precios.
• Como muchas otras entidades, incluso las de la fallida Mesa de Enlace, denuncian la distancia que existe entre las monedas que cobra el productor y los precios excesivos que pagan los ciudadanos.
• Cuentan que desde principios de 2016 “el gobierno ha dejado a la Secretaria de Agricultura Familiar, ya escasa de presupuesto, paralizada y sin políticas públicas para los campesinos, pequeños productores y la agricultura familiar”. Incluso recuerdan que este “ningunéo” se expresó en la degradación del área a Subsecretaría.
• Denuncian que “hace más de tres meses” que no funciona la inscripción al Monotributo Social Agropecuario y el RENAF (Registro de los Productores Familiares), derechos claves conquistados para el sector.
• Creen que esto implica toda una decisión de trasladarr la problemática de los pequeños productores al Ministerio de Desarrollo Social, “dejando al Ministerio de Agroindustria para el campo agroexportador”.
• Recuerdan lo que sucedió con el Programa Cambio Rural, donde se han cerrado más de 800 grupos y se prescindió de coordinadores técnicos.
• Más de fondo, recuerdan bajo el lema “tierra para quien la trabaja”, que más del 80% de los pequeños productores son arrendatarios, y que “esto los lleva a vivir una vida extremadamente precaria”.
• Aseguran, en sintonía con lo anterior, que 62 millones de hectáreas. (35% del territorio nacional) están en manos de 1.250 terratenientes.
• Denuncian la ausencia de “una política de colonización y reestructuración de la tierra# y reclaman una Ley de Acceso a la Tierra y que se reglamente la Ley de Agricultura Familiar.

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