“Esta política es una forma de ordenar la cadena del guanaco, el cual pasó a constituirse una plaga en los últimos años. Finalmente en 2017 se buscó una solución al problema a través de una Mesa Interinstitucional a nivel nacional que se reúne de modo semanal para delinear un plan piloto y  la cual está compuesta por 4 ministerios nacionales, junto al Senasa, INTA, INTI, Conicet y Fauna de Santa Cruz, y cuya autoridad de aplicación en Santa Cruz es el Consejo Agrario Provincial”, explicó O´Byrne.

Escuchá el reportaje completo a Miguel O´Byrne:

El especialista indicó que “el objetivo del plan piloto es el de hacer encierres, esquila y el envío de animales aptos a faena”. Consideró que apartir de esta experiencias se podrá “modificar la resolución nacional del manejo del guanaco que data de 2006 y que requiere de una actualización para hacer un aprovechamiento racional” de la especie.

Sobre las primeras pruebas realizadas en 2017, O´Byrne recordó que se faenaron poco más de 600 guanacos y se habilitó un frigorífico especial para tal fin. “Los resultados al momento son muy positivos. Todo esto es útil para obtener información y definir futuros protocolos para la conservación y aprovechamiento”, agregó.

Ver: Operativo Guanaco: no se trata de vender carne sino de salvar el suelo

El guanaco es un animal silvestre. O ´Byrne recordó que “hace 150 años la cantidad de guanacos era escasa, si bien hay bibliografía que indica que había cientos de miles de ellos y que eran el sustento fundamental de los tehuelches. En 1995 se interrumpió una cadena que implicaba el aprovechamiento de su carne y de su piel, dado que sostenían que la especie estaba en extinción. Pero a raíz de esta prohibición, paso a extenderse su población, llegando hoy a unas 2 millones de cabezas. Es decir que su población creció exponencialmente”. En Santa Cruz se estima que la población de guanacos viene creciendo a una tasa del 15% por año.

El plan de aprovechamiento de la carne de guanaco es, según O´Byrne, “un reclamo del sector agropecuario desde el año 2005. Además, se genera un problema social porque mientras creció esta población, la de ovejas viene en baja. Y por otra parte, hay que controlar el desmadre que significó la población de guanacos en la zona”.

La prueba piloto que se volverá a realizar en 2018 tratará de constatar la viabilidad económica de la faena controlada. “La carne de guanaco es muy magra y admite muchos usos. En restaurantes de la zona se potenció su uso en platos de bifes, pasando por estofados, guisos, cazuelas, empanadas y hasta embutidos”, remarcó O´Byrne.

Por último, dijo que “solo una planta faenadora tiene transito federal, pero la idea es nacionalizar el consumo de carne de guanaco. En cuanto a su precio, el mismo oscila en un intermedio entre la carne vacuna y la de cordero”, señaló.

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Los dirigentes rurales del extremo continental más sureño del país, nucleados en la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS), lanzaron una advertencia sobre la posibilidad de que se esconda un gran negociado inmobiliario detrás una acción de filantropía a gran escala para dotar de una mayor extensión de tierras al Parque Nacional Patagonia, creado en 2014 en la meseta del Lago Buenos Aires y sus alrededores.

Un comunicado de FIAS advirtió que en su última sesión del año, este viernes 29, la Legislatura de Santa Cruz se dispone a tratar “un proyecto de ley por el cual la provincia de Santa Cruz cedería a la Nación la jurisdicción de medio millón de hectáreas de tierras productivas y ocupadas para ampliar por diez veces el actual Parque Nacional Patagonia“.

Según la Administración Nacional de Parques Nacionales, el actual parque fue creado por Ley 27.081, sancionada a fines del año 2014 y promulgada en 2015. Posee una superficie de 52.811 hectáreas y se encuentra ubicado en el noroeste de la Provincia de Santa Cruz, protegiendo una importante porción de la Meseta del Lago Buenos Aires, incluida en la ecorregión de la estepa patagónica.

En mayo de este año, sin embargo, la Fundación Flora y Fauna Argentina efectivizó la donación  a Parques Nacionales de otras 34.000 hectáreas de la Estancia El Sauco para su incorporación al parque. La presidenta de esa fundación es Sofía Heinonen Fortabat. La entidad, creada en 2010, se presenta como “una iniciativa de ciudadanos argentinos interesados en la ampliación de áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad en diferentes lugares del país, que a lo largo de estos años ha gestionado financiamiento local y de donantes extranjeros para destinarlos a proyectos de preservación de especies de flora y fauna, promoviendo la educación ambiental y la capacitación en cuestiones asociadas a la defensa y conservación del medio ambiente”. Tiene proyectos además en el Iberá correntino, en el Impenetrable chaqueño y en el Aconquija en Tucumán.

Además de las 34 mil hectáreas ya donadas, la Fundación tiene “otras 85.000 hectáreas que han sido adquiridas y más de 55 000 ha. se encuentran en proceso de adquisición, con el objetivo de ser donadas al estado Nacional para incrementar el territorio de este parque”, informa la entidad.

En este mega proyecto cuajaría la donación de tierras fiscales santacruceñas que ahora critican los ruralistas de esa provincia.

“La desmedida ambición de comprar y anular 500.000 hectáreas para aislarlas de por vida tienen el tinte de algo cada vez más argentino: el desprecio y la subestimación del prójimo. Sin tener en cuenta a pobladores, trabajadores y a la comunidad,  y empujados por autoridades nacionales de turno, ONG´s, fundaciones, fondos fiduciarios y sociedades, en conjunto con Parques Nacionales están comprando tierras a algunos felizmente sorprendidos ocupantes y a su vez patoteando a otros ya veteranos productores renuentes de entregar su historia y medio de vida desde hace más de un siglo, bajo la amenaza que en poco tiempo no podrán convivir como vecinos del Parque Patagonia si no le venden sus establecimientos”, dice el comunicado de FIAS.

Como en una buena película de cowboys, lo que los productores santacruceños están denunciando es que, con apoyo del sheriff (el Estado Nacional), hay un grupo de ambiciosos ricachones “patoteando” y “amenazando” a los ocupantes tradicionales de esas tierras. FIAS calculó que hay medio millar de personas que viven y trabajan en esos parajes de ensueño bajo disputa.

“Estos actores (por los supuestos malos de la película) siguen comprando tierras y predios mientras autoritariamente se presiona a ambos bloques políticos provinciales para que un desprolijo e incompleto proyecto sea aprobado en la legislatura antes de fin de año: la excusa es que el o los filántropos extranjeros (nadie aclara bien este punto) exigen que sus dineros destinados a tal ampliación del Parque Patagonia debe formalizarse durante 2017, caso contrario desistirían de su desinteresada donación… ¿O es que se le vencen los beneficios impositivos y por ende ya no le saldría gratis?”, se preguntan los ruralistas.

Luego, la FIAS lanza una serie de críticas al proyecto de creación de una mega área protegida. Dice por ejemplo que eso de “proteger” es en realidad una excusa, pues “van más de 100 años de desarrollo productivo en esa benigna zona y es actualmente fuente de trabajo directo e indirecto de cerca de  500 personas, que conviven y custodian  la flora y la fauna como lo hicieron los pioneros”.

Los productores de Santa Cruz recuerdan que hasta ahora todo han sido promesas y que no se han cumplido con muchas de las cosas prometidas en la ley que dio origen al Parque Nacional Patagonia en 2014. “Hay que pensar en que las localidades cercanas hoy carecen de infraestructura básica como luz, gas de red, conectividad, aeropuerto habilitado. No se conoce ningún plan, ningún acuerdo, protocolo ni documento publicado; tampoco están previstos los fondos, priorizadas las obras, ni presupuestados los recursos”, denunciaron.

Curiosamente, al denunciar un negocio inmobiliario, los dirigentes agropecuarios piden prudencia al gobierno local que está a manos de Alicia Kirchner, mientras critican a las autoridades nacionales del macrismo y en especial al flamante senador de Cambiemos, Eduardo Costa, quien se manifestó a favor del proyecto. “Esto no puede ser un trueque entre el gobierno nacional que presiona y el provincial que cede, por caprichos o negocios vaya a saber de quién. Hablamos de los recursos naturales que son de Santa Cruz, de sus aguas, de recursos arqueológicos que están sin relevar, de generaciones que viven y cuidan esos lugares, de zonas de seguridad y fronteras, de tierras fiscales”, afirmaron los ruralistas, que piden elaborar un nuevo proyecto de consenso.

Desde la Fundación ambientalista, Heinonen criticó la posición de los productores. “Es justo lo contrario a lo que dicen. Sería el negocio inmobiliario más loco que nos podría ocurrir. Si los diputados tienen dudas con respecto a la Fundación y qué intenciones tenemos, lo mejor que puede pasar es que voten esta ley y que las tierras queden definitivamente en manos del Estado Nacional. De esta manera se despejaría toda duda”, argumentó.

En un comunicado, además, Heinonen exlicó que “al contrario de lo que algunos argumentan, no formamos parte de ningún negocio inmobiliario porque no revendemos ni hacemos actividades comerciales. Todo lo contrario, convertimos capitales donados (principalmente desde el exterior, que es donde existe una tradición filantrópica) en patrimonio de todos los argentinos, para éstas y futuras generaciones. Generamos riqueza para todos los ciudadanos a partir de donaciones externas”. Puede leer el escrito entero en este link.

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