A las cero horas del día de hoy, trabajadores de Atilra comenzaron una protesta en el centro de distribución de la filial de SanCor en Don Torcuato, produciendo un corte sobre la colectora que interfirió con el tránsito. Según indicaron fuentes gremiales a Bichos de Campo, la protesta se replicará en todas las dependencias de la empresa, aunque su alcance y tiempo de duración aún no está definido.

Por lo pronto y sin un comunicado oficial de la entidad gremial, lo único que circuló por redes sociales fue un breve mensaje que convocaba a los cuerpos de delegados y a la comisión directiva a reunirse en dicha sede. “Vamos con todo. SanCor somos todos”, acusa el recado.

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A casi dos meses de la firma de un compromiso para lograr la “reactivación definitiva y sustentable” de SanCor Cooperativas Unidas Limitadas -del que participaron el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, el ministro de Trabajo Claudio Moroni, el presidente del Banco Nación Eduardo Hecker, el secretario General del gremio Atilra, Héctor Ponce, y el presidente de SanCor José Pablo Gastald, entre otros- la asamblea de la cooperativa todavía no se expidió al respecto.

El texto firmado proponía la creación de un fideicomiso que recibiría fondos estatales, cuya finalidad sería la de facilitar el desarrollo de la actividad industrial y comercial de la empresa. El mismo sería administrado por un grupo de empresarios y auditado por los sindicalistas de Atilra.

Además, SanCor recibirá créditos oficiales para la adquisición de materia prima y bienes de capital que permitan llevar el nivel de producción a 1.000.000 de litros diario promedio (hoy se encuentra en 650.000).

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Recordemos que dada su situación y antecedentes, la empresa láctea no dispone de financiamiento bancario y comercial, lo que le impide capturar un mayor volumen de leche, algo necesario para licuar los elevados costos fijos que tiene y tornarse en una unidad industrial competitiva.

Según afirmaron fuentes extraoficiales a este medio, la Asamblea de Socios de SanCor no ha mostrado una clara intensión a pronunciarse favorablemente en torno a este proyecto, y no ha fijado una fecha para reunirse.

En paralelo continúan los reclamos de los trabajadores por el pago de sus aportes, que en algunos casos no se han efectivizado.

Foto de portada: Nota al Pie – Crédito Damián Morais

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Si Roberto Feletti, el secretario de Comercio Interior, creyó que en algún momento que era buena su idea de hacer un fideicomiso para subsidiar el trigo y el maíz a los molinos y las avícolas con dinero de los exportadores y los productores (que finalmente iban a sufrir el descuento), “desacoplando” así todavía más los precios internos, pues todo el sector privado cerró filas para decirle que no, que no era buena la iniciativa y que mejor busque otra fórmula.

Si Julián Domínguez, el ministro de Agricultura, pensó en algún momento que con esta idea de fideicomiso compensador iba a poder generar más ruido y divisiones al interior del Consejo Agroalimentario Argentino (CAA) y aislar todavía más a los dirigentes de la Mesa de Enlace del resto del sector, pues esto tampoco no sucedió. Al lo menos por ahora, las Mesas Intersectoriales de Maíz y Trigo resolvieron dar muestras de unidad y además patearon la pelota para el lado del gobierno. Si avanza ese fondo compensador, será pura y exclusiva responsabilidad de los funcionarios.

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La idea de reimplantar un sistema de compensaciones para aliviar el peso del trigo y el maíz en la estructura de costos de ciertas actividades (se mencionó en los borradores a los molinos harineros, a los productores de carne de pollo y a los fabricantes de fideos secos), recordó los peores días de 2008 a 2011, cuando el gobierno se gastó varios miles de millones de dólares subsidiando actividades sin ningún resultado visible, porque todo acabó en un festival de corrupción y los precios al consumidor igualmente subieron fuerte.

Con ese recuerdo todavía fresco, en un comunicado las entidades que integran formalmente esas dos mesas de trabajo (que fueron convocadas por el propio gobierno a principios de 2021, luego de las primeras intervenciones sobre los mercados de ambos cereales) eligieron rechazar con cortesía la propuesta hecha por Domínguez para crear un mecanismo compensador. Los privados dijeron con corrección que “desean reiterar su vocación de trabajo para evitar medidas intervencionistas o distorsivas en los mercados de producción, consumo y exportación”.

“Analizado el tema en una reunión conjunta, acuerdan expresar su rechazo a mecanismos como el propuesto por el gobierno nacional de forzar la creación de un fideicomiso de trigo y de maíz que ha trascendido por diferentes medios”, completó el escrito firmado por las Mesas, como para que no queden dudas. Allí figuran todos los eslabones de ambas cadenas agrícolas. Una fuente de las entidades rurales dijo que aunque en el comunicado no están identificadas cada una de esas entidades, los molinos y las avícolas (que serían los principales beneficiarios de la medida) también participaron del rechazo colectivo.

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A diferencia del dinero de la ex ONCCA, que era del Estado y todavía se adeuda a muchas empresas que están haciendo millonarios juicio al Estado, en este caso Feletti y Domínguez pergeñaron un mecanismo en el cual los productores de ambos cereales iban a terminar pagando una retención adicional encubierta además del 12% que ya tributan. Sucede que estaba cantado que las cerealeras iban a descontarles del precio los montos que deberían  poner ellas como aporte al fideicomiso. En total, se calculó que se necesitarían unos 14 mil millones de pesos en 2022 para subsidiar a ambos sectores el precio de cerca de 5 millones de toneladas de trigo y maíz que se consumen en el mercado interno.

Avanzar en una propuesta de este estilo implicaría dinamitar los espacios que reúnen a productores, con los acopios, los molinos y la exportación. En la reunión del martes de los dirigentes de la Mesa de Enlace se llegó a analizar la permanencia de algunas de sus entidades en el CAA y se decidió por ahora no sacar los pies del plato. Hoy -en las denominadas Mesa de Trigo y de Maíz- se amplió ese consenso tratando de que el gobierno desista finalmente de esta idea y también revise los “volúmenes de equilibrio”, otro mecanismo lanzado por las autoridades de Agricultura para cerrar las exportaciones de modo casi automático cuando se superen los saldos exportables definidos.

Para los privados, lo que está muy claro es que el gobierno está buscando remedios en el lugar incorrecto. “Las Mesas reiteran que el gobierno debe trabajar sobre las reales causas de la inflación que exceden al precio del maíz o del trigo, los cuales estuvieron siempre por debajo del ritmo inflacionario durante todo el 2021”, remarcó el comunicado.

Los diferentes eslabones de ambas cadenas agrícolas además “cuestionan la política de precios que está llevando a cabo la Secretaria de Comercio que autoriza ajustes de precios siempre por debajo del aumento de los costos de producción y de la inflación anual”. Lo contó temprano el titular de la Federación de la Industria Molinera (FAIM), Diego Cifarelli, al quejarse de que se los autoriza a vender la harina mayorista a un valor de 40 pesos por kilo cuando el costo de producción llegar a 48 pesos.

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Luego de acoplar posiciones para sostenerle esta pulseada al gobierno, los privados pidieron audiencia a ambos funcionarios para acercarles sus propuestas. “Teniendo en cuenta el contexto socio económico de nuestro país, la imprescindible necesidad de contener la inflación, asegurar el abastecimiento para el consumidor nacional, las Mesas desean acercar a las autoridades Nacionales una serie de propuestas que incluyen desde la utilización de mecanismos de cobertura, financiación, y sobre todo propuestas para llegar a los sectores de bajos ingresos o desocupados a través de tarjetas de alimentos”.

Por último, en el comunicado el bloque privado agrega que “no existen problemas de abastecimiento del mercado nacional, en base a las estimaciones realizadas”. En rigor, esta mista tarde el ministerio de Agricultura difundió su estimación mensual, calculando una cosecha récord de trigo de 22,1 millones de toneladas.

“La incidencia del maíz y del trigo en el precio al consumidor de los productos procesados es muy limitada y cualquier mecanismo de compensación no va a generar beneficios para el consumidor nacional”, finalizó el bloque agrícola, convencido de que el camino adecuado no será sacarle a unos para darles a otros.

Ahora -con un frente bastante sólido por delante- tendrá que decidir solo el gobierno si avanza con este proyecto.

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Agrandados estaban los tribuneros de Domínguez. Pero la alegría les duró muy poco.

Ya se sabe de qué lado juega Feletti dentro de la interna oficialista: Fue la vicepresidenta Cristina Kirchner quien lo colocó como nuevo custodio de los precios en reemplazo de Paula Español y desafiando al ministro a cargo del área, el albertista Matías Kulfas. Frente a un embravecido Domínguez, que prometía el oro y el moro a las entidades agropecuarias con tal de que no se rompiera el frágil marco de diálogo construido, el contador solo debía esperar y guardar silencio por unos días. Pocos días.

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Luego se conoció la inflación según el INDEC y allí no solo se destacó una fuerte suba de los precios de la carne vacuna sino también la presión inflacionaria clave sobre otras cadenas productivas importantes: la de los panificados y la carne de pollo. Cristina entonces criticó a los “oligopolios” que según ella especulan con el precio de la carne. Y fue así que llamó a Domínguez y lo amenazó con que volverían a cerrarse las exportaciones de carne y a subir las retenciones si los precios internos continuaban su escalada. Según varias fuentes, fue luego de esa comunicación que el subsecretario de Ganadería, Cacho Romero, llamó a los consignatarios de Liniers para transmitirles -en buenos términos- el mensaje de la vicepresidenta.

Cristina, se sabe, jamás se hará cargo de culpas propias de la política económica (como la brecha cambiaria, por ejemplo) a la hora de explicar por qué se genera la inflación. Más bien, siempre busca la viga en el ojo ajeno. En el caso del pollo y los panificados, de nuevo recostó toda la responsabilidad de los aumentos en los altos precios internacionales del trigo y el maíz, dos de los insumos que intervienen en la cadena pero que lejos están de ser la única variable que entra en juego.

Se sabe, ha sido muy estudiado: el costo del trigo incide en apenas el 10% del precio final de un kilo de pan. Se sabe, en el caso de un pollo entero eviscerado, el consumo de maíz para lograrlo explica solamente el 20% de los costos.

Se sabe, pero a Cristina no le interesa. Y por eso ordenó a Feletti reactivar sus ideas respecto de un fideicomiso o fondo compensador -semejante al del aceite de girasol- que pueda ponerse en marcha para abaratarle el costo del trigo y el maíz a los molinos harineros y a las empresas avícolas, y por que no también a los fabricantes de fideos secos. Allí nace la idea de rearmar un sistema de compensaciones como el que manejó la ex ONCCA entre 2007 y 2011, hasta su eclosión en medio de fuertes sospechas de corrupción. La idea de Feletti es que ese mecanismo ayude a “desacoplar” del valor externo de esos granos los precios locales de la harina triple 0 (que representa 15 a 20% de la producción) y de los pollos enteros, además de los paquetes de fideos de 500 gramos.

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Por eso, de golpe y porrazo, el secretario de Comercio recuperó los bríos que parecía haber perdido y se lanzó a la carga. Pero como lo cortés no quita lo valiente, avisó primero al ministro Domínguez cuál sería el próximo objetivo de la política de control de precios. Así -a los apurones- nació el pomposo “Fondo Anticíclico Agropecuario”, una suerte de fideicomiso que actuaría balanceando los ingresos de avícolas, molinos y fideeros por lo que queda de gobierno, entre 2022 y 2023.

Domínguez, obediente y consciente de que detrás de esa decisión estaba Cristina, puso manos a la obra y ordenó a sus técnicos generar el documento publicado el domingo por Bichos de Campo. En ese borrador se dice con claridad que los sectores beneficiados por las compensaciones recibirían unos 14 mil millones de pesos el año entrante para ser compensados por las subas del trigo y el maíz en los mercados internacionales. También se calculó que para evitarle disgustos a Feletti, lo que habría que subsidiar es el valor de 3.130.000 toneladas de trigo y 1.500.000 toneladas de maíz.

Tanto fuentes de la industria avícola como de la industria molinera confirmaron a Bichos de Campo que forman parte de las negociaciones para dar forma a este mecanismo compensador, que Domínguez planificó crear por Resolución conjunta entre su Ministerio y la cartera de Kulfas (de donde depende Feletti. En el borrador de proyecto originado en Agricultura queda claro de dónde saldría el dinero: “Todo exportador de trigo, maíz y carne aviar y sus correspondientes derivados estará obligado a ser parte del aporte al fondo”, define.

Esto implicaría, lisa y llanamente, que las empresas agroexportadoras nucleadas en Ciara-CEC, y que son las que aportan el 40% de las divisas que ingresan a la Argentina, deberán hacer aportes compulsivos al fideicomiso por cada barco de trigo o maíz que salga del país. Y esto implicaría a su vez la posibilidad de que ese dinero -como sucede con las retenciones- sea descontado de inmediato del precio pagado a los productores de ambos cereales. Tormenta en puerto. Se irá al diablo la frágil tregua que supo anudar hasta aquí el ministro Domínguez con las entidades rurales.

De hecho, fuentes de la Mesa de Enlace avisaron que ya preparan una primera asamblea de productores en territorio santafesino para el 8 de enero.

“El fideicomiso sería de FAIM (molinos), CEPA (avícolas) y UIFRA (fideeros). Nosotros no hemos sido notificados ni invitados, y además no vemos la necesidad de hacerlo por la baja incidencia que tienen el trigo y el maíz en esos alimentos. El gobierno debe buscar otros mecanismos. Hace rato que venimos diciendo que lo mejor es una tarjeta alimentaria y subsidiar la demanda sin distorsionar la oferta”, declararon a este medio fuentes de la poderosa industria agroexportadora. En resumidas cuentas, los que pondrían la plata no han sido todavía convocados a las negociaciones.

En cambio, como ya se dijo, molinos y avícolas son parte de la propuesta elaborada en Agricultura para tratar de sofrenar los impulsos desacopladores de Feletti y Cristina. “Lo que el ministro (p0or Domínguez) nos pide es armar un modelo parecido al fideicomiso aceitero para mantener estable el precio de la harina de 1 kilo y el de panadería (las bolsas de 25 kilos). Y que lo debemos armar urgente. De esa manera aseguran no tocar nada en el mediano y corto plazo de nuestras condiciones comerciales”, definió a Bichos de Campo una fuente de los molinos.

Se trata de un eufemismo para decir que no les gusta el sistema, pero que de todos modos deben extremar la creatividad porque de lo contrario el gobierno podría decidirse por una suba de las retenciones. De nuevo la coacción, de nuevo Cristina.

Siempre más comedido y educado, el histórico referente de los productores de carne de pollo, Roberto Domenech, contestó ante la consulta que “hemos sido convocados para participar en el grupo y aceptamos analizar la propuesta del fideicomiso, que sería en la misma línea del existente para el aceite. Falta una propuesta de Feletti como contrapartida. Todo está por verse”.

Domínguez, con su estrategia dialoguista nuevamente contra las cuerdas, concurrió a ver esta mañana al jefe de gabinete, Juan Manzur, y logró que el tucumano se comprometiera con este frágil modelo de fideicomiso que todavía está siendo redactado. En un comunicado, el gobierno mintió descaradamente al afirmar que esta propuesta surgió de “los acuerdos alcanzados con las mesas del trigo y el maíz a fin de alcanzar un equilibrio en los precios de los productos de consumo popular como son el pan y el pollo”, pues en esas reuniones -sucedidas hace más de un mes- ni siquiera llegó a conversarse sobre este asunto.

Pero más grave es la falsedad propalada por Domínguez al presentar este mecanismo todavía en construcción como un proyecto gestado desde los propios sectores que compran y venden trigo y maíz en el mercado interno. “El sector privado acordó, a través de esta medida, la cantidad de toneladas que hay que garantizar para abastecer al mercado interno durante el 2022 y 2023”, indicó el ministro. E insistió que “esta herramienta, administrada y auditada por el sector privado, resulta una medida anticíclica para garantizar la estabilidad del precio para el consumo de los argentinos”.

Cristina ordena, Feletti impone y Domínguez acata. También miente sin descaro, tratando de acomodar las cosas para que parezcan inofensivas cuando lo que sucede aquí en realidad es simple y sencillo: las cadenas del trigo y el maíz están siendo amenazadas con un aumento de las retenciones, actualmente del 12%, si no se prestan al juego.

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La agencia oficial Télam difundió un comunicado de la Jefatura de Gabinete que informa que a media mañana que Domínguez explicó al ex gobernador tucumano sobre “los acuerdos alcanzados con las mesas del trigo y el maíz a fin de encontrar un equilibrio en los precios de los productos de consumo popular, como el pan y el pollo”.

En ese sentido, confirmó un anticipo que ayer realizaron Bichos de Campo y otros medios sobre la creación del llamado “Fondo Anticíclico Agropecuario”, un mecanismo que de inmediato rememora el viejo sistema compensaciones que manejó la ex ONCCA entre 2007 y 2011, y que terminó en un festival de corrupción luego de distribuir más de 3.000 millones de dólares entre molinos, avícolas, aceiteras, lácteas y feedlots, muchos de ellos incluso truchos.

En concreto, mediante ese mecanismo, Domínguez se propone subsidiar -con dinero del resto de la cadena- los costos de producción de la bolsa de 25 kilos de la harina de trigo triple cero, y su correlato en paquetes de un kilo; los fideos secos en paquetes de 500 gramos; y el pollo entero refrigerado o congelado con o sin vísceras.

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Según la versión oficial, Domínguez le notificó al jefe de Gabinete sobre el fideicomiso que implementará el sector privado para “garantizar” los precios del trigo y el maíz. Ese fideicomiso, según se explicó, “tendrá idénticas características que el instrumento utilizado con el aceite de girasol”.

“Esta herramienta, administrada y auditada por el sector privado, resulta una medida anticíclica para garantizar la estabilidad del precio para el consumo de los argentinos”, se indicó oficialmente. Desde el sector privado, sin embargo, nadie se ha hecho todavía cargo de la criatura, que supuestamente involucraría a los exportadores de cereales (nucleados en Ciara-CEC), a las empresas avícolas (nucleadas en CEPA), a los molinos harineros (nucleados en FAIM) y a la cámara de fabricantes de pastas secas.

Manzur, que llegó al gobierno tras la crisis en el oficialismo desatada tras las PASO y convocó de inmediato a Domínguez para asumir en Agricultura, se hizo cargo de oficializar el anuncio: “A primera hora de la mañana recibí al ministro Domínguez, con quien trabajamos en medidas que nos permitan garantizar la estabilidad de los precios en el mercado interno y el acceso a productos de consumo popular”, apuntó.

De acuerdo con el informe, el sector privado acordó, a través de esta medida, la cantidad de toneladas que hay que garantizar para abastecer al mercado interno durante 2022 y 2023. De todos modos, el borrador del proyecto que trascendió en los medios no lleva la firma de los privados sino de la propia cartera agropecuaria, a través de la Subsecretaría de Agricultura.

Este es el borrador:

Domínguez, en la misma línea discursiva que su superior, destacó que los acuerdos con los sectores del trigo y el maíz respecto a la cantidad de toneladas a producir son importantes ya que, “de esa manera, queda fijado en una resolución el punto de equilibrio entre el mercado interno y el mercado externo”.

Respecto de la supuesta creación del fideicomiso privado, el ministro destacó que dicha herramienta asegura que, “en caso que durante el ejercicio 2022-2023 haya un incremento de precios internacionales, tanto el pollo como el pan en la Argentina estén garantizados a los precios que se requiere”.

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Según sus proyecciones, la escasez de agua se tornaría irreversible en cinco años, por lo que propuso una alianza con la industria minera para que se destinen parte de sus regalías a socorrer a los afectados.

“Modifíquese la ley de regalías mineras de la provincia de San Juan, y del 100% recaudado mensualmente por tal concepto, el 10% de esto va a ir destinado a un fideicomiso que solo atenderá las necesidades de los productores de hasta 75 hectáreas cultivadas, para mejorar su desesperante situación hídrica”, indicó Paladini en el artículo 1° del proyecto.

La iniciativa de Paladini, obviamente, tiene que recorrer un largo camino para prosperar. Pero lo curioso es que coloca sobre el tapete, por primera vez en la Argentina, que de algún modo el agro sea subsidiado por otro sector económico y no a la inversa como suele suceder. El telón de fondo es la crisis hídrica que viven las cordilleranas y que provocó que este jueves grupos de productores sanjuaninos cortaran la Ruta nacional 40 molestos por que a su vez el gobierno había cortado el riego prometido para sus fincas.

Mirá el proyecto completo acá:

Según esta iniciativa, el dinero obtenido de las regalías mineras que cobra San Juan, una provincia que tiene una legislación muy favorable para las inversiones en ese sector, y donde se ubican los yacimientos mineros más prolíficos de la Argentina, los recursos recaudados podrán ser destinados a la compra de equipos de riego por goteo, a la impermeabilización de cunetas regadoras, a la mejora de la fertilización mediante sistemas modernos, a reservorios, a pozos privados o comuneros de más de 15 millones de pesos y a otros usos que la autoridad considere conveniente.

Sólo podrán recibir fondos los productores y cooperativas que hayan colocado su propiedad a nombre del fideicomiso, con tres años de gracia y siete años y a una tasa de 0%.

El fideicomiso sería administrado por la agencia de inversiones y el objetivo es que la reglamentación rija mientras dure la sequía, en principio desde el año 2022 y hasta el 2026.

“La finalidad es tener un San Juan con 100% de riego por goteo, o toda tecnología que aporte eficiencia de agua y fertilización. Eso debe lograrse en 5 años, y lograremos regar con un 30% a un 35% por fina de lo que hoy usamos bajo riegos tradicionales”, se indicó en el artículo 5.

El empresario es dueño de Lomas del Sol, una firma especializada en la la producción de pasas de uva, que heredó de su padre. La misma exporta sus productos desde 1986 y en los últimos años ha diversificado su presencia en el mercado con mix de frutas, mix de cereales, manzanas en rodajas deshidratadas, entre otras cosas.

Según el empresario, el proyecto es “en pos de tejer una alianza entre la minería, un bien no renovable y de importantes ingresos para San Juan, y el agro, un bien renovable que es una pata importante en el desarrollo local. De allí salen exportaciones de uvas, pasas, mostos, vinos aceitunas, pistachos, que son fuentes de ingresos de divisas, que perdurará en el tiempo si lo sabemos cuidar, y uno de esos cuidados es la optimización eficiente del agua”.

Fotos: Diario Huarpe – Diario de Cuyo

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Por esa razón, y para poder desactivar esa medida, el CAA también se involucró en las últimas dos semanas en la conformación de una Mesa Intersectorial de Maíz, que ya se reunió varias veces con las autoridades nacionales para buscar soluciones menos dañinas que el cierre de las exportaciones. Esa decisión, tomada el 30 de diciembre pasado sin ninguna consulta previa con el sector privado, fue la gota que colmó el vaso y llevó a las entidades de productores de decidir el reciente cese de comercialización de granos.

En diálogo con Bichos de Campo, Martins contó que la primera acción que llevó a cabo el CAA fue explicar al gobierno que no había un problema en el stock de maíz y que no estaba en riesgo el abastecimiento interno. Consideró el directivo que esta posición ayudó a que se levantara la restricción a anotar nuevos embarques.

Pero el objetivo ahora está en lograr una armonización de los intereses de la cadena y las soluciones a los problemas para evitar que la política se involucre con esas soluciones drásticas a las que nos tiene acostumbrados, y que terminan empiojando todo.

Martins explicó que hay sectores del consumo interno de maíz, algunas industrias transformadoras como la avícola, que “van comprando de a poco (el grano) pues no tienen capacidad para hacerlo a lo largo del año. Con lo cual nos pusimos a trabajar en herramientas en el interior de la cadena” que están vinculadas a la posibilidad de asegurar precio y abastecimiento a través del mercado de futuros (Matba/Rofex).

Pero al mismo tiempo, desde el Gobierno se les propuso organizar un fideicomiso que sirva para “desacoplar” el precio interno, con unos actores de la cadena maícera subsidiando a otros cuando hiciera falta.

“Es complejo, porque hay un montón de empresas y de sectores y no sería nada sencillo de lograr. De ninguna manera (el fideicomiso) fue una propuesta de la Mesa ni dijimos que lo va a pagar el productor ni mucho menos. Es una propuesta del gobierno, hay que desarrollarla mucho y no la terminamos de entender y hay que ver si es viable”, aclaró el coordinador del CAA.

Escuchá el entrevista completa a Martins:

Por ahora, así, son más las dudas que las respuestas respecto de este posible instrumento que ayude a que los consumos accedan al maíz a un precio que no acompañe al internacional, para así evitar una presión sobre los costos de los alimentos y al mismo tiempo que no se vea afectado el precio al productor.

“Se nos tiró el título, pero hay que ver cómo se fondea, quién lo fondea, cómo se distribuye, a quién y en qué momento. Es tan complejo, no es de fácil resolución”, aclaró el presidente de la Bolsa de Cereales.

Con respecto al origen del dinero que lo conformaría, Martins sugirió que el gobierno podría destinar recursos propios para cumplir con ese objetivo y subsidiar el consumo interno de maíz. “Hoy el Gobierno recibe muchos más dólares de los que previó, porque los precios de los granos se dispararon. Ahí podría haber un monto para atemperar cosas”, dijo Martins, en sintonía con Gustavo Idígoras, del Ciara-Cec, que también dijo a Bichos de Campo que una chance era armar un fondo anticíclico con la recaudación extra por retenciones.

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Como sea, la intención del Consejo sería ayudar a cerrar el cerco para evitar nuevas intromisiones de la política en el mercado de maíz, que sean más perjudiciales. Por caso, un nuevo cierre de exportaciones o el incremento de los derechos de exportación, actualmente del 12%.

“Está en nosotros la posibilidad de neutralizar eso. El agro tiene una altísima carga impositiva, cuando es el que puede generar divisas, empleo y reducir la pobreza. Si subimos la carga tributaria vamos en contra de ese propósito”, alertó Martins frente a la posibilidad en lo inmediato el Ejecutivo eleve de 12 a 15%, como autorizó el Congreso en 2019, los derechos de exportación.

A tal efecto, y previendo que la situación que se dio con el maíz se repita con los demás granos, desde el CAA se decidió también armar la Mesa del Trigo, ya que en esta cadena también hay sectores que están complicados y sienten la presión oficial. El eslabón que peor la pasa es la molinería, que tiene precios cuidados en la harina mientras el trigo dio un salto importante. De esta situación dio cuenta en Bichos de Campo hace pocos días Diego Cifarelli, el presidente de la Federación de la Industria Molinera (FAIM).

También en este caso se pretende evitar medidas que más que soluciones significan problemas en el sector.

Por eso Martins consideró: “Nos movilizamos en tratar de generar propuestas e inmediatamente armamos la mesa de maíz y del trigo y ahí están representados todos a través de las cadenas y las entidades con activa participación y consenso. Lo que hemos hecho hasta ahora fue presentar una batería de herramientas que estamos trabajando para que bajemos la espuma”. explicó.

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Con ese anunciado fideicomiso para el maíz, anticipado como una de las ideas en la que trabajará la flamante Mesa del Maíz, se pretende “desacoplar” todavía más el precio del maíz que cobran los productores, que ya es bastante inferior al de paridad internacional debido al impacto de las retenciones y del desdoblamiento cambiario.

El valor FOB del maíz ronda los 250 dólares. A esa suma hay que restarle 12% de derechos de exportación y la ganancia y gastos de los exportadores. Pero el productor cobra menos de 18.000 pesos lo que significa cerca de 105/110 dólares a valores del mercado libre. Ahí se evidencia el desacople que ya tiene el maíz y que planean profundizar. El dinero parece que saldría del mismo bolsillo de siempre: el de los productores.

Según declaraciones del ministro de Agricultura, Luis Basterra, a la agencia de noticias Télam, “ya hay criterios consistentes en los fideicomisos de girasol y maíz, y estamos trabajando con trigo y para la carne. Queremos reglas claras que puedan sostenerse en el tiempo. Solo una salida estructural nos permitirá seguir creciendo”.

En tal sentido, desde la industria molinera indicaron recientemente a Bichos de Campo que es imposible para ese sector continuar con el programa de precios cuidados y máximos de Comercio Interior porque no pueden trasladar la suba que tuvo el trigo a los consumidores. Luego explicaron que siguen en negociaciones con las autoridades para encontrarle una salida con medidas que favorezcan a todos los eslabones.

Con respecto al acuerdo de la carne vacuna, se están negociando detalles de un nuevo acuerdo de “precios populares” para darlo a conocer en las próximas horas, aunque las posiciones de ambos lados son firmes y algunos dudan incluso sobre la posibilidad de un pacto. El gobierno pide 13 cortes de consumo interno y los frigoríficos exportadores afirman que no pueden abaratar más de 8 cortes.

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No hay muchas diferencias salvo en los porcentajes. En el negocio del aceite de soja y girasol, el 95% de la producción se exporta y 5% queda para el mercado doméstico. En el caso del maíz, se exporta cerca del 65% de la cosecha sin procesar, mientras que el 35% restante queda en el país para la producción de carne de pollo, cerdo, vacuno en feedlots, leche, huevos y hasta bioetanol.

No se entiende por qué razón, entonces, el gobierno pactó con un sector una formula consensuada para frenar los precios internos, en el caso del aceite. Y castigó a la producción y exportación de maíz con una intervención en el mercado (aunque temporal, pues durará hasta marzo) que provocará una baja de precios debido a la distorsión entre oferta y demanda. De hecho, los compradores internos de maíz ya no deberían pujar con nadie por la mercadería disponible.

Planteado este dilema, a última hora de este miércoles el gobierno mostró como un éxito su cara conciliadora. Los ministros de Agricultura, Luis Basterra, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, posaron en una fotografía junto al presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), Gustavo Idígoras, que además dirige el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), donde casi las mismas empresas se dedican a exportar maíz.

Lo cierto es que en este caso sí hubo diálogo sobre el aceite y se firmó un acta acuerdo “para implementar un mecanismo de financiamiento que permita asegurar un precio accesible para el aceite de consumo familiar y, al mismo tiempo, compensar a los productores aceiteros que abastecen el mercado interno”.

La palabra compensaciones volvió a aparecer peligrosamente en escena.

No quedó nada claro, en la comunicación oficial, como funcionará el mecanismo para compensar a los fabricantes de aceite por el porcentaje de su producción destinada a abastecer a bajo precio el mercado interno. En otras épocas, cuando gobernaba Cristina Kirchner, hubo primero compensaciones a través de la ex ONCCA, que fueron multimillonarias y no surtieron mayor efecto en la contención de los precios. Luego funcionó un fideicomiso, en el cual de algún modo las aceiteras se distribuían el costo de sostener el aporte de aceite barato para el mercado doméstico.

Vale decir que Argentina es el país del globo que más aceite produce en función de su población. Cada argentino deberían tener una producción equivalente a más de 250 litros de aceite. El producto debería ser barato solo por la abundancia.

“Este acuerdo nos permite generar un instrumento que nos va a posibilitar garantizar alimentos a precios accesibles para las argentinas y los argentinos en todo el territorio nacional, sin descuidar las exportaciones del sector”, destacó Basterra durante la firma del pacto. Allí participaron además la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, y el secretario de Agricultura, Julián Echazarreta.

Kulfas explicó, aunque si  dar precisiones: “El acuerdo tiene el objetivo de proteger el poder de compra de los argentinos, y evitar que el precio de producto que forma parte del consumo diario esté atado a los vaivenes externos”. En rigor, los precios de los aceites son fijados por mercados externos como Chicago (en el caso de la soja) y Rotterdam (en el caso del girasol).

“Esto le aporta previsibilidad a la industria, con un instrumento que le permite compensar a los productores y garantizar el abastecimiento al mercado interno”, agregó Kulfas.

En el mismo sentido, Español señaló: “Es un punto de partida importante para fortalecer la política de precios de un alimento esencial como el aceite. De esta manera, buscamos cuidar el consumo de los hogares argentinos, conjuntamente con la actividad exportadora”.

En representación de la industria aceitera, y olvidando por un rato su rol como representante de los exportadores de maíz, Idigoras expresó: “Ha sido un diálogo muy positivo y fructífero. Hemos sido convocados por el Gobierno para trabajar sobre esta problemática específica con el objetivo de asegurar el abastecimiento del mercado interno, sin distorsionar las condiciones de competencia de la producción, la comercialización y la exportación de aceites del complejo oleaginoso”.

Mañana contaremos en qué consiste el mecanismo financiero ideado para controlar los precios internos.

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El director financiero de este emprendimiento, Omar de Lucca, explicó a Bichos de Campo que para ingresar al fideicomiso no hace falta ser productor, cualquier ciudadano de a pie -conozca o no del negocio- puede participar con un mínimo de 500 dólares, el monto necesario para hacerse de un ternero y de los gastos de mantenimiento del animal.

La empresa tiene dos campos en Roque Pérez, provincia de Buenos Aires, en donde hace agricultura (trigo, girasol y maíz), también tiene un rodeo ovino y un criadero de cerdos.

Per gran parte de la superficie allí está destinada a la ganadería. Cuentan con un rodeo propio de vacas y vaquillonas cuyos terneros son recriados y luego engordados en su feedlot.

Con este fideicomiso lo que se busca es sumar capital de trabajo para incorporar más terneros y reducir la capacidad ociosa que todavía tiene ese campo. Se busca tener en definitiva lo que busca toda empresa, más productividad.

Escuchá la nota a Omar de Lucca:

“Hablando del proyecto de inversión, el que tenga un mínimo de 500 dólares pude entrar. Se paga una renta fija garantizada por contrato de 14% anual en dólares. El interés se cobra de forma semestral. O sea se obtiene un 7% a los 6 meses con la posibilidad de reinvertir y lograr un ingreso mayor en el segundo semestre”, explicó De Lucca.

El empresario añadió que los terneros que forman parte del fideicomiso pasan por un proceso de recría de 4 meses y luego otros 2 de terminación a corral. Esto permite salir del campo con kilaje de novillito con destino al consumo interno, aunque su engorde se puede estirar para que salgan con kilaje de novillo con destino a la exportación a China, que paga cerca de 5.500 dólares la tonelada de carne de ese tipo de hacienda.

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Por otra parte, el gerente destacó que la inversión está garantizada por contrato y con el respaldo del stock propio que tiene la empresa, que cuenta con 1.500 vacas de cría y 60 toros.

Según contó De Lucca: “en el contrato se incluye un seguro de ganado y la firma asume con su patrimonio o stocks de animales propios cualquier eventualidad que suceda con los que entran al fideicomiso”, ya que se estima en todo rodeo y engorde un porcentaje de mortandad de 1 a 2%.

“Si (el ternero de un inversor) se muere o sucede cualquier otra eventualidad la compañía lo lo repone con producción propia”, puntualizó.

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A la propuesta original se le incorporaron a último momento algunas proposiciones que fueron presentadas por miembros del bloque Frente de Todos-PJ y salió con el consenso del resto de las fuerzas parlamentarias, con excepción del Frente de Izquierda.

La propuesta fue anunciada por el gobernador Rodolfo Suarez el pasado 1º de mayo en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias legislativas. De promulgarse, comenzaría a operar luego de concluida la actual cosecha. Aunque hubo un a leve mejoría de los precios pagados al productor, como fruto de la caída de la cosecha de vides, hace varias campañas que los viñateros reciben valores muchas veces por debajo de sus costos.

Bichos de Campo retrató esta crisis en el siguiente programa:

La nueva ley apunta al mercado de vinos de traslado. “Una vez con los números cerrados de la elaboración, se verá cuánto vino disponemos, cuál es el excedente que termina quedando y ahí se lanzará el programa para tentar a los tenedores de vinos para que puedan ingresar a este esquema”, explicó Alfredo Aciar, asesor del Ministerio de Economía y Energía de Mendoza.

Durante su tratamiento, el senador oficialista Diego Costarelli explicó: “Con esta iniciativa se busca que se le otorgue una mayor estabilidad y sostenibilidad al sector, generando un marco de previsibilidad en la industria y toda su cadena de valor”.

“Este Banco de Vinos se va a administrar mediante el Fideicomiso de Mendoza Fiduciaria. Estará representado por los representantes de los 4 oasis productivos”, indicó Costarelli.

El senador Adolfo Bermejo, quien representó al bloque Frente de Todos, criticó que no se haya invitado al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) para tratar el proyecto del Banco de Vinos. “Esperamos que esta herramienta sirva para mejorar el precio del vino. Creemos que no hay margen de maniobras para especulaciones políticas y partidarias”, agregó.

El proyecto de ley contempla que los fondos y los bienes que constituirán el Banco del Vino serán propiedad del Fideicomiso de Administración y Asistencia Financiera Vitivinícola cuyo administrador será Mendoza Fiduciaria mientras que el Gobierno Nacional, los municipios, entidades privadas o mixtas que representan el sector podrán realizar aportes al mismo.

El “Banco de Vinos” estará administrado por un Director Ejecutivo, designado por el Ministro de Economía y Energía y no deberá ejercer actividades privadas relacionadas con el vino y demás productos vitivinícolas, sean estas productivas, industriales o comerciales.

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