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]]>Los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, de la unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, solicitaron al juez que dicte la prisión preventiva para Omar Scarel (actual presidente de Vicentin y ex síndico de la compañía), Roberto Gazze, Alberto Macua, Miguel Vallaza y Javier Gazze, en tanto que para Daniel Néstor Buyatti pidieron la prisión domiciliaria. Para el resto de los imputados se requirió la prohibición de salida del país.
En relación a la decisión del juez, el fiscal Moreno, una vez finalizada la audiencia realizada en la ciudad de Rosario, indicó en conferencia de prensa que “evaluaremos si apelaremos o no, o si nos vamos a poner de cara a formular una acusación respecto de los hechos atribuidos (en la imputación) en el plazo más corto que podamos”.
“En función de la evidencia que tenemos reunida entendemos que eso no será dentro de mucho tiempo”, especificó el fiscal, para luego añadir que la presunta estafa atribuida por los denunciantes financieros y granarios que integran la causa ronda los 600 millones de dólares.
En relación a denuncia realizada por entidades bancarias internacionales, los fiscales imputaron a Daniel Néstor Buyatti, Alberto Julián Macua, Roberto Alejandro Gazze, Máximo Javier Padoán, Cristián Andrés Padoán, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin, Yanina Colomba Boschi, Raúl González Arcelus, Omar Adolfo Scarel y Miguel Vallazza por el delito de balance falso en concurso real con el delito de estafa con seis hechos en concurso real. Los imputados formaron parte del directorio y de la comisión fiscalizadora de Vicentin hasta el 15 de octubre de 2020, fecha en la que presentaron su renuncia.
La imputación les atribuye haber confeccionado, aprobado y utilizado los balances anuales cerrados a octubre de 2017 y octubre 2018 con información financiera falsa consistente en ocultar el verdadero pasivo de la empresa.
Se les atribuye haber confeccionado y presentado ante bancos internacionales informes trimestrales con información financiera consistente en ocultar el verdadero pasivo de la empresa, lo que permitía exhibir una aparente sólida situación patrimonial con el fin de ocultar la realidad económica financiera, para así engañar a las entidades y obtener créditos por más de 500 millones de dólares que no habrían podido gestionar sin ese ardid.
En relación a créditos de Banco Macro, otro de los denunciantes, se imputó a Daniel Néstor Buyatti, Alberto Julián Macua, Roberto Alejandro Gazze, Máximo Javier Padoán, Cristián Andrés Padoán, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin, Yanina Colomba Boschi y Miguel Vallazza por el delito de estafa como coautores, mientras que a Omar Adolfo Scarel y Raúl González Arcelus se les atribuyó en carácter de partícipes necesarios.
En este caso, los fiscales manifestaron que Vicentin solicitó una asistencia crediticia por 508 millones de pesos y que, a poco más de dos meses de la obtención de la misma, la empresa declaró estrés financiero para ingresar en una cesación de pagos que derivó en un concurso preventivo. A los fines de obtener los préstamos, Vicentin adjuntó estados contables con información falsa que aparentaban una situación superavitaria y con solvencia económica, situación se hizo a sabiendas de que no iba a ser posible cumplir con los compromisos asumidos dada la real situación económica y financiera de la firma.
En relación a la estafa a productores y acopios comprendidos en la causa, se imputó a Daniel Néstor Buyatti, Alberto Julián Macua, Roberto Alejandro Gazze, Máximo Javier Padoán, Cristián Andrés Padoán, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin y Yanina Colomba Boschi, en carácter de coautores, por el delito de estafa con cinco hechos en concurso real. En tanto, a Robertino Boschi, por su parte, se le imputó el delito de estafa en carácter de coautor.
La maniobra atribuida, en este caso, consistió en realizar una puesta en escena de empresa solvente y confiable para generar confianza entre los productores, acopios, cooperativas y corredores de granos, quienes, engañados, entregaron toneladas de granos a Vicentin bajo la modalidad de contratos con “precio a fijar”, con el pleno conocimiento de los directores y síndicos de la imposibilidad de cumplir con las obligaciones comerciales asumidas.
Los fiscales entienden que, abusando de la confianza que generaba la aparente solidez financiera de la empresa y de las relaciones comerciales que Vicentin supo construir a lo largo de décadas, los imputados llevaron a cabo una política de captación de granos a través de la celebración de contratos “con precio a fijar” a sabiendas de la imposibilidad de afrontar los pagos futuros por la mercadería recibida.
En relación a retención indebida de tributos, se le imputó a Daniel Néstor Buyatti el delito de apropiación indebida de tributos, dado que, en su carácter de presidente del directorio de Vicentin y agente de retención/percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, no depositó, dentro del plazo de diez días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, una suma de 15,0 millones de pesos con vencimiento el 10 de diciembre de 2019 y otra de 18,8 millones de pesos con vencimiento el 26 de diciembre de 2019.
Los bancos internacionales denunciantes que forman parte de la causa son International Finance Corporation, Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO), ING Bank, Natixis New York Branch y Coöperatieve Rabobank. En lo que respecta a los denunciantes granarios, la lista inluye a Cuatro Hojas S.A, Olzen Industria y Comercio de Calzados S.A., Maniagro S.A., La Clementina S.A. y Commodities S.A.
Fotos @RodrigoMiro76
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]]>La entrada Buenos ejemplos: La láctea ARSA propone reestructurar sin quita la deuda de 19 millones de dólares que tiene con Vicentin se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Pero un acreedor de Vicentin, la láctea Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), que tiene una deuda pendiente de 19,0 millones de dólares con la compañía agroindustrial, presentó un plan de pagos que no contempla quita alguna de capital.
ARSA, constituida en 2016 luego de que una empresa del Grupo Vicentin comprara a SanCor CUL dos fábricas elaboradoras de yogures y postres, comenzó a registrar desde 2017 problemas recurrentes por incumplimientos de SanCor CUL –que supuestamente iba a gestionar la originación de leche y la comercialización de lácteos, pero no lo hizo–, la progresiva caída del consumo promovida por la pauperización social argentina y la política oficial de “precios máximos” con buena parte de los insumos liberados.
A partir de la restricción financiera experimentada entre 2018 y 2019, ARSA comenzó a recibir préstamos por parte de Vicentin SAIC, los cuales comenzaron a acumularse hasta finalmente quedar en “suspenso” luego de la cesación de pagos declarada por la corporación agroindustrial.
Como ARSA no logró generar ganancias desde que comenzó a operar (2016), este año, para poder seguir en actividad, debió salir a buscar un inversor que, por medio de una capitalización, pudiese evitar el cierre de la empresa elaboradora de los flancitos SanCor y los postres Shimmy.
Así es como en junio de 2021, con el objeto de proceder a la transferencia total del negocio frente a la imposibilidad de continuar con las operaciones, los accionistas de ARSA, South American Food S.A. y VFG Inversiones y Actividades Especiales, realizaron una venta de su paquete accionario, sujeta a varias condiciones, entre las cuales se destaca la reestructuración de una deuda (comercial + financiera) superior a los 80 millones de dólares, parte de la cual corresponde a Vicentin SAIC.
El comprador de ARSA, la empresa uruguaya Profox S.A., relacionada con los controlantes de Lácteos Conosur (La Suipachense), condicionó la adquisición a la posibilidad de reestructurar la deuda en un plazo de ocho años con un período de gracia de un año para los intereses y de dos años para el capital, pero manteniendo la deuda en dólares cancelables al tipo de cambio oficial del momento con una tasa de interés del 4% anual. Es decir: una propuesta sin quita (tal como quiere imponer Vicentin SAIC a sus acreedores).
Para que tal reestructuración pueda concretarse, debe contar con la autorización del juez concursal Fabián Lorenzini, además del visto bueno del titular de la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario, Miguel Salvador Moreno, quien está investigado el supuesto delito de estafa por parte de los responsables que llevaron a la cesación de pagos y posterior concurso preventivo a Vicentin SAIC.
Se trata de una cuestión compleja porque ARSA, además de contar con marcas emblemáticas para el mercado argentino, cuenta 607 empleados distribuidos en las fábricas de Córdoba y Arenaza (Buenos Aires) y el centro de distribución propio.
La auditoría forense, encargada por Lorenzini, descubrió que Vicentin SAIC encabezaba un ecosistema de empresas vinculadas –una de las cuales era ARSA– que generaron pérdidas de mayor magnitud que las ganancias producidas por el negocio principal, lo que implicó la inversión en negocios deficitarios que aspiraron capital de trabajo durante años, buena parte del cual fue cubierto con financiamiento obtenido por medio de balances que no mostraban la real situación de la compañía agroindustrial.
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]]>Esta semana Postma ya había ordenado la prohibición de uso de todos los sistemas informáticos en poder Vicentin SAIC, para mantenerlos a reguardo de juzgado que preside, luego de una serie de allanamientos en los cuales se recolectaron archivos digitales orientados a construir una historia trazable de los movimientos monetarias realizados por la compañía concursada e intervenida.
“Vicentin tenía una posición (abierta) en granos altísima, pero no había un pasivo que reflejara esos granos que habían sido tomados en la modalidad de precio a fijar. Es decir: Vicentin mostraba en sus informes que esos granos eran propios, cuando en realidad no habían sido pagados todavía”, explicó hoy el fiscal Moreno.
“Personal vinculado a la empresa, incluso que son accionistas y familiares de directores de Vicentin, negociaban granos a fijar y se encargaron de fijar granos hasta la mañana del día 4 de diciembre (de 2019). Y hasta ese día los productores entregaron granos. Claramente el día 4 de diciembre Vicentin sabía que no iba a poder honrar esos compromisos”, añadió en una entrevista concedida a Radio LT9 de Santa Fe.
El 4 de diciembre por la tarde, luego de que en la mañana de ese día el mercado granario “hirviera” de comentarios relativos a cheques de Vicentin que había sido rechazados por falta de fondos, la compañía anunció que entraba en cesación de pagos debido a “estrés financiero”.
Moreno dijo que en el Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Nº 2 de Rosario se presentaron productores, acopios y entidades financieras nacionales e internacionales que en conjunto fueron perjudicados por una semana cercana a los 600 millones de dólares.
“Nosotros tenemos un convencimiento de que las estafas, en perjuicio tanto de los productores agropecuarios como de las entidades financieras, se produjeron; lo que tenemos que determinar es cómo se formó la voluntad social para efectuar esas estafas: quién decidió contraer los empréstitos, quién decidió tomar grano hasta el 4 de diciembre, quien decidió en un caso que un crédito que había sido cedido a un banco para el pago de una línea de crédito fue, a su vez, cedido nuevamente a otro acreedor y en ese movimiento se frustró el cobro por parte del banco”, explicó el funcionario judicial.
El fiscal indicó que la no computación en los balances de los pasivos por granos entregados “a fijar” permitió a Vicentin SAIC contar con indicadores técnicos adecuados para recibir grandes créditos tanto en el ámbito local como internacional, razón por la cual en la masa concursal de la firma figuran compañías tan importantes como International Finance Corporation (organismo dependiente del Banco Mundial), Rabobank, FMO y Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, entre otras.
“Los activos de Vicentin SAIC no alcanzan para responder a las deudas que contrajo, pero el resto del holding (del grupo Vicentin) goza de buena salud económica y financiera, lo que nos hace presuponer, y tenemos constatados, ciertos movimientos de dinero desde lo que sería la casa madre hacia otras sociedades nacionales y extranjeras pertenecientes al holding”, aseguró en referencia a firmas que integran Vicentin Family Group, tales como Vicentin Paraguay (que figura como acreedora de una deuda dolarizada en el concurso de Vicentin SAIC), Diferol, Emulgrain, Enav, Sottano y Alimentos Refrigerados (ARSA).
El fiscal indicó que está trabajando para intentar corroborar si las transacciones realizadas entre Vicentin SAIC y el resto de las empresas del grupo “tenían respaldo en operaciones ciertas o eran ficticias”, de manera tal, en este último caso, de “consumar el delito de estafa”. También está ocupado –según comentó– en “determinar la responsabilidad penal de cada uno de los directores y demás personas que contribuyeron a la comisión de estos hechos ilícitos”.
El directorio de Vicentin SAIC dijo que el congelamiento de las cuentas bancarias impedirá “cumplir con el pago de salarios y aguinaldos de la empresa y también de otras empresas que nada tienen que ver con Vicentin SAIC, pero que igualmente resultan alcanzadas por esta disposición”.
El directorio, por medio de un comunicado, aseguró que los movimientos de fondos de la compañía ya vienen siendo controlados por el trámite concursal que se encuentra en manos de Fabián Silvano Lorenzini, juez Civil y Comercial de la Segunda Nominación de la ciudad de Reconquista, y del interventor recientemente designado por ese magistrado.
“No cabe otra posibilidad que concluir que esta sucesión de medidas buscan impedir cualquier posibilidad de que la empresa pueda resolver su situación concursal y con ello cumplir con los acreedores y garantizar la continuidad de todas las fuentes de trabajo”, aseguró la empresa concursada, para luego añadir que la medida afectará a más de 5000 trabajadores de Santa Fe, San Juan, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires.
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