En primer lugar, obtuvo dictamen favorable la Ley de Acceso a la Tierra, una iniciativa apoyada por la Unión de Trabajadores de la Tierra y avalada por los entonces ministros Luis Basterra y Daniel Arroyo, que busca crear un Fondo Fiduciario de Crédito para la Agricultura Familiar (CREPAF), una susrte de plan Procrear para el sector.

Su principal objetivo es facilitar el acceso a créditos para la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas a familias de la agricultura familiar. Si prospera, el Fondo Fiduciario durará 50 años y su patrimonio estará formado por recursos del tesoro nacional, tierras o inmuebles del estado, ingresos obtenidos por emisiones de valores fiduciarios de deuda, entre otros recursos.

Los beneficiarios deberán estar registrados en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) y tener como ingreso económico principal a la actividad agrícola, pecuaria, forestal, florícola, pesquera, acuícola o apícola.

“El proyecto propone un sistema de créditos blandos al estilo PROCREAR pero para el sector rural, con el cual las familias pequeñas productoras puedan acceder a tierras para producir alimentos de un modo sustentable y habitar en una vivienda digna”, dijo Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la UTT.

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Además se propone la creación de un Comité Ejecutivo formado por un representante del Ministerio del Interior, de Economía, de Agricultura, de ANSES, de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y del INTA, que se encargará de planificar y presupuestar las acciones del fondo, pedir recursos al tesoro nacional, instrumentar el proceso de inscripción y determinar un criterio para el acceso a inmuebles.

Dicho comité establecerá además un sistema de puntajes para ordenar a los aplicantes, y en él tendrán prioridad de selección las mujeres, los jóvenes y quienes tengan conocimientos previos en agroecología.

En caso de que la ley se sancione, la AABE tendrá un plazo de 180 días para analizar la totalidad de los inmuebles del estado, tanto de uso público como privado, que estén por fuera de las urbes.

El proyecto, que obtuvo el visto bueno en las Comisiones de Legislación, Agricultura y Ganadería, y Presupuesto y Hacienda, no fue sin embargo acompañada por Juntos por el Cambio, que emitió un dictamen de minoría a favor de otra iniciativa similar pero presentada por un legislador del PRO. Durante la firman del dictamen, consideraron que la propuesta oficialista tiene un “enfoque asistencial por parte del Ministerio de Desarrollo Social” y que los créditos otorgados deberían ser de “trazabilidad de la agricultura familiar”.

En este sentido, el apoyo de la oposición fue para el proyecto que busca crear un Programa Nacional de Financiamiento para la Agricultura Familiar y las Economías Regionales (PRONAFER). El mismo busca promover y desarrollar la actividad productiva de los agricultores familiares y los pequeños productores de las economías regionales, a través de la asistencia financiera de bancos con recursos provenientes del Ejecutivo. Esta propuesta busca ser instrumentada a través del Fondo Cooperativo para el Desarrollo Agroempresarial (FONDAGRO).

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Los créditos otorgados podrán ser destinados a la incorporación de maquinaria, equipos y capital de trabajo, a las inversiones prediales o a los costos de acceso a la tierra. Además, la autoridad de aplicación designada establecerá los instrumentos necesarios para prestar asistencia técnica a los beneficiados por esta línea crediticia.

Por otro lado, la iniciativa establece que el Poder Ejecutivo tendrá facultades para establecer un régimen que fije la obligatoriedad de la compra de productos de la agricultura familiar, por una cuota porcentual de hasta el 30%.

Finalmente, Diputados avanzó también con el tratamiento del proyecto titulado “Marcha al Campo”, que propone un reordenamiento y repoblamiento de tierras fiscales, para movilizar fuerza de trabajo ociosa y activar proyectos productivos de personas y grupos familiares vinculados a la agricultura.

La iniciativa implica la realización de un relevamiento de tierras fiscales para distinguir entre aquellas de orden nacional, provincial y municipal. También supone la realización de un censo para definir el sujeto social objetivo y determinar mediante encuestas sus necesidades.

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Las tierras serán cedidas en comodato, es decir que nunca dejarán de ser propiedad del Estado, y en extensiones de no más de 150 hectáreas. El objetivo es evitar que estos proyectos fracasen a mediano o largo plazo. Por tal motivo, los beneficiarios deberán realizar una capacitación vinculada al trabajo cooperativo, y a la conformación de unidades de trabajo y producción.

Se prevé el otorgamiento de una renta básica por localización para acompañar a las familias y generar condiciones de infraestructura básicas para su radicación (vivienda, acceso a servicios públicos, etc.)

Desde el oficialismo indicaron que este reordenamiento “permitirá repoblar y desarrollar el interior del país, mejorar caminos rurales, asegurar la salud y la educación, industrializar en origen, incentivas la soberanía alimentaria, mejorar las condiciones de la ruralidad y de la conservación ambiental”.

A diferencia de los dos primeros proyectos, la ley de Marcha al Campo aún debe continuar su trabajo en comisiones, por lo que todavía no está lista para ser discutida en el recinto.

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Resume Fernando: “El Gobierno se quedó a mitad de camino en una promesa para el campo y tampoco le destinará más dinero para completarla”. La nota no tiene desperdicio y muestra que también dentro de la gestión de Cambiemos hay tiras y aflojes, y que las políticas cambian o se modifican segúin cuál sea el funcionario que las lleva a cabo. El Fondagro nació de la mano de Ricardo Buryaile. Su desaparición parece estar decidida en los nuevos tiempos que le tocan a Luis Miguel Etchevehere.

Concentrémonos en la crónica de Bertello. Primero recuerda que en octubre de 2016, cuando decidió postergar la rebaja de las retenciones a la soja para enero de 2018, Mauricio Macriy Buryaile anunciaron la creación del Fondo Nacional de Agroindustria (Fondagro), destinado a financiar proyectos en economías regionales y a productores que no eran sujeto de crédito bancario.

Cuando se hizo el anuncio, se informó que el Fondagro iba a contar con $1700 millones. Después, el 10 de febrero de 2017, con la oficialización de la norma por la que se creó el programa, se fijó que podía disponer de hasta $1700 millones.

• Pero finalmente al Fondagro llegaron solo $760 millones, es decir, casi el 45% del monto que en un primer momento se prometió asignar.
• Aun con menos plata, el programa firmó compromisos con varias provincias, cooperativas y otras entidades ligadas al sector por más de $748 millones.
• De ese dinero otorgó algo más de $522 millones. Es decir, todavía le quedan por desembolsar más de $200 millones, fondos que se irían cancelando en las próximas semanas.
• Por actividad, más de $421 millones de este fondo se destinaron a la producción de peras y manzanas. Es decir, a aliviar la crisis productiva y social en el Alto Valle.
• Otros $49 millones fueron para la vitivinicultura, muchos de cuyos productores cobraron en 2017 precios por debajo de sus costos de producción.
• Hubo $2 millones para la producción de banana de Salta y Formosa, jaqueada por las importaciones.
• Finalmente unos $50 millones fueron destinados a la actividad lechera. Se trata de los créditos prometidos a los tamberos afectados por las inundaciones más graves de la historia. La línea anunciada inicialmente había sido de $250 millones, pero la Nación no cumplió con todas las partidas.

Continúa Fernando relatando lo que le hicieron saber funcionarios de Agroindustria a representantes de la producción: “El Fondagro no tendrá nuevos fondos para repartir y no se llegará a lo que era el plan original. De hecho, ya tuvo que hacer algunos recortes para cumplir con las partidas que faltan”.

Que el Fondagro no tenga más fondos sería una decisión que se tomó en el marco del recorte presupuestario que ideó la Jefatura de Gabinete de ministros. Vale recordar que Agroindustria pasará de tener 21 subsecretarías a ocho.

“No va a tener nuevos fondos y la única posibilidad de que los tenga es que los productores que recibieron plata comiencen a devolverla”, contó una fuente al tanto del programa. En total, unos 2.500 productores habrían sido beneficiados por el Fondagro.

La creación de este fondo despertó en su momento un fuerte interés entre las entidades del campo, precisamente porque representó la posibilidad de financiar a productores que no son sujeto de crédito por estar fuera del sistema o porque no lograban tener la calificación por parte de los bancos. De hecho, el Fondagro llegó a analizar pedidos de financiamiento por $ 2.600 millones, trascendió de fuentes de la producción agropecuaria.

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El sector de peras y manzanas viene de una crisis profunda, con expulsión de muchos pequeños productores y con achique de la producción. También con la pérdida de mercados estratégicos: este año se produjo una caída del 58% en las exportaciones de manzanas a Brasil. Los productores siguen sosteniendo que los altos costos laborales y la alta presión impositiva los deja fuera de competencia. 

El Programa de Fortalecimiento de las Economías Regionales que implementó el Ministerio de Agroindustria liberó al momento créditos destinados al Programa de Poda de peras y manzanas en Río Negro y Neuquén, que incluye a unos 1.000 productores.

Pero para Cavallin no es suficiente. “A través de los créditos que están dando, notamos que se sigue endeudando al productor en una actividad que sigue sin ser rentable, lo que nos hace perder capital cada día”, expresó en Bichos de Campo.

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Cavallin sostuvo que “el poco incremento (de los precios) en el mercado interno se lo lleva el costo en frío. Los aumentos de energía hacen que tengamos altos costos en frigoríficos con la fruta, lo que se agrava con el ingreso de mercadería desde Chile”.

El consejero de Coninagro dijo que la solución es “equilibrar la inflación con el tipo de cambio. Nuestro mayor aumento está en la mano de obra. Tenemos que ir por una reforma profunda en lo impositivo. El costo laboral y la presión impositiva son muy fuertes y nos agobian”.

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Rafaela, en Santa Fe. Son las ocho de la mañana y Bichos de Campo acompaña a Fernando Córdoba, el presidente de la Mesa de Productores de Leche de Santa Fe (Meprolsafe), a buscar las dosis de semen necesarias para inseminar unas treinta vacas lecheras. Es lo que iremos a ver luego en su tambo, a unos 30 kilómetros de la ciudad enclavada en el corazón de la “cuenca lechera más importante de América Latina”.

Fernando está tratando de comenzar a repoblar su rodeo lechero luego de la gran tragedia climática y productiva que vivió esta región. En abril de 2016 todo se inundó y lo mismo sucedió en enero de este año. A esta dirigente además le tocó una feroz granizada en noviembre que le hizo pelota las pasturas y el trigo. Para no cerrar, como todos los tamberos, tuvo que achicarse y se desprendió de más de 110 vaquillonas a las que no podía alimentar. Eso sin contar los animales que quedaron enterrados en el barro.

Vamos hacia su tambo a presenciar la inseminación y se me ocurre preguntarle si esa pequeña inversión y las otras que se precisan para volver a levantar cabeza son parte de los préstamos que lanzó el Gobierno Nacional en conjunto con la provincia de Santa Fe. Traga saliva antes de responder. Luego enumera:

“El Estado ayudó poco y nada. Se necesitan tasas baratas y plazos con años de gracia para recomponer el capital productivo”.

“El Banco Nación no está dando ayuda a los tamberos. Vas al banco y decís que sos tambero y parece que dijeras una mala palabra”.

“Desde febrero de 2017, el Ministerio de Agroindustria se comprometió a mandar 250 millones de pesos y todavía no vimos un solo peso de ese compromiso”.

Varios testimonios posteriores permitirán confirmar que, pese a la gravedad de la situación y a que en esta partida se juega buena parte del futuro lechero de la Argentina, aquí el Estado Nacional brilla más por su ausencia que por su presencia. Debería ser claramente al revés.

Se me ocurre llamar a Pedro Morini, el secretario de Lechería de la Provincia, para ver qué sucedió con los anuncios que habían hecho en conjunto la administración nacional y el gobierno de la Provincia. Sucedió luego de que el titular de la cartea de Agroindustria, Ricardo Buryaile, sobrevolara el 17 de enero pasado las zonas inundadas. 

La ayuda para levantar cabeza tiene nombre y apellido: se llama Fondo de Inversión y Desarrollo y se creó por ley de la Provincia de Santa Fe a principios de marzo de este año. Inicialmente por esa vía se iban a canalizar 400 millones de pesos para socorrer a los tamberos. El fondo se integraría con 150 millones aportados por el Tesoro provincial y un crédito a gestionar ante la Nación de 250 millones de pesos.

Morini nos relata: “Nosotros creamos el Fondo de Inversión y Desarrollo. Lo mandamos a ambas cámaras en febrero. Las convocó el gobernador (Miguel Lifschitz) a extraordinarias . En una semana ambas cámaras le dieron sanción por unanimidad, aunque en el Senado tenemos minoría. El gobernador promulgó y reglamento la ley. Nuestro Ministerio emitió el decreto y en 60 días monetizamos los 150 millones comprometidos de parte nuestra.  Esperamos 60 días y como no llegaba lo prometido por el Gobierno Nacional, el gobernador nos anticipó 100 millones más, que en una semana lo monetizamos”.

Pienso: Tiroteo en puerta, un nuevo episodio en la saga entre macristas y socialistas, esta vez en medio de una elección nacional. En total el fondo contaría con 250 millones de pesos para ayudar a 869 productores afectados por las inundaciones (en promedio con 300.000 pesos cada uno), pero la plata solo salió por ahora de las arcas de la provincia.

Morini confirma que la decepción no es solamente de los productores lecheros sino también de los funcionarios de la Provincia que esperan en vano el giro de dinero desde el Fondagro, el fideicomiso que maneja Agroindustria. “Al día de hoy transcurrieron siete meses de la visita y promesa de Buryaile en Rafaela y ni siquiera pudimos firmar el convenio. La fiesta está linda, pero el poncho no aparece”.

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“Ya otorgamos unos 37 millones de pesos a una cooperativa de La Rioja, para aumentar la competitividad de más de 500 productores de olivos y vitivinicultura, para que puedan mejorar las Buenas Prácticas Agrícolas y mejoren sus productos, al tiempo que estamos trabajando en un programa de incorporación de jóvenes en la rama de economías regionales, buscando también una mayor participación en los mercados mundiales”, relató.

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En cuanto al sector de peras y manzanas, uno de los más necesitados de dinero fresco del gobierno, en especial por la necesidad de llevar adelante las tareas de la poda, Ambrosetti indicó que “estamos implementando dos cosas: un plan sanitario para hacer frente a la mosca de los frutos, que afecta fuerte la calidad de nuestra fruta, y el financiamiento de la poda, respecto del cual ya otorgamos un crédito de 180 millones, a razón de 15.000 pesos por hectárea y a productores que tienen hasta 25 hectáreas”.

El ex economista de la Sociedad Rural comentó que desde Fondagro “estamos trabajando de norte a sur; en Catamarca con el sector olivícola, con los yerbateros y con el INYM; con productores de nuez pecan en Chubut; con Córdoba y Santa Fe para recuperar competitividad en los productores lecheros de la zona; y con los productores de banana en Formosa, donde ya hemos podido armar una cooperativa para nuclearlos y poder mandar camiones al Mercado Central, aumentándoles su ingreso en 50% por kilo de banana, además de financiarles programas de valor agregado para hacer harina y secar la banana para los snacks, algo muy demandado hoy por los consumidores”.

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“Nos queda menos de un mes para terminar la poda y no está firmado ni el convenio marco entre Fondagro (Fondo Fiduciario de Agroindustria) y Funbapa (Fundación Barrera Sanitaria Patagónica). Se hicieron todas las solicitudes, y hay 3.200 productores esperando esos fondos. Es una situación muy crítica, y reina la burocracia porque la ayuda no llega en el tiempo y forma en que se precisa”, disparó Sebastián Hernández, presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, en el programa Bichos de Campo, por Radio Rivadavia.

Consultado por las declaraciones del vicejefe de Gabinete de Nación, Gustavo Lopetegui, quien dijo que “tiene que haber una gran reconversión de plantas porque se han quedado produciendo fruta que no es la que hoy pide el mercado”, Hernández comentó: “Duele mucho que hablen de una economía que no conocen. Tienen que ver el esfuerzo que hace el productor de chacra día a día”.

En ese sentido explicó que “de las 40.000 hectáreas que hay en producción, la mitad la tienen las empresas que reconvierten y buscan las variedades de punta que requieren los mercados, y el otro 50% de hectáreas productivas pertenece a productores primarios que son los que defendemos en la Federación, quienes también reconvierten variedades. Sabemos que falta mucho por hacer, pero la realidad es que estamos produciendo con costos muy altos, estando muy lejos de los centros urbanos de venta. Desde el 2008 a la fecha, el productor no puede cubrir sus costos de producción”, alegó.

El monto total prometido para ayudar a la producción de peras y manzanas alcanza los 300 millones de pesos a través del Fondagro, más 190 millones del Plan Sanitario para la compra de insumos estratégicos que ayuden a combatir la Carpocapsa, la principal plaga del manzano y del peral.

“La poda va desde mayo hasta agosto. Desde septiembre, el productor empieza a preparar la tierra por las heladas tempranas que pudieran presentarse, y lo concreto es que no está el dinero para que los productores puedan pagar a sus empleados para comenzar a podar”, remató Hernández.

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En los hechos esta decisión implica un recorte importante de los recursos que se habían prometido para ese fondo, que fue creado formalmente en febrero pasado con una asignación explícita de 1.700 millones de pesos a diversos proyectos. Aquí la gacetilla de Agroindustria que deja en evidencia el fuerte recorte de 400 millones de pesos.

Publicada este lunes en el Boletín Oficial, la nueva resolución que define finalmente un presupuesto más chico trae consigo una extensa planilla con el desglose de los ingresos y los gastos previstos para 2017 por parte de las autoridades del Fondo Fiduiciario Nacional de Agroindustria. Pero no hay en esa planilla un detalle de cómo se usará el dinero sino más bien un desglose de trazo grueso: el fondo contará con 1.300 millones de pesos, que distribuirá en dos partes iguales en transferencias al sector público y al sector privado.

En realidad el dinero previsto para transferencias corrientes suma 1.269.937.965,00 pesos. Esto es porque a los mil trescientos millones se les descontarán 3.238.000 de pesos para gastos en bienes y consumos y 26.824.035 pesos que se irán a pagar diversos impuestos.

Luego el Fondagro establece que transferirá este año un total de 634.968.982,50 pesos hacia el sector privado y una suma semejante a provincias y municipios.

Aquí se puede acceder a la resolución y desde allí descargar el anexo correspondiente.

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