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]]>Estamos hablando del fondo estatal disponible para atender emergencias y desastres agropecuarios, que perdió un 96% de su valor desde que fue instaurado y, en los hechos, se encuentra formalmente desactivado.
En 2010, según lo dispuesto por la Ley Nº 26.509 de Emergencia Agropecuaria, se estableció un Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (Foneda) por una suma de 500 millones de pesos.
Pero la norma en cuestión no estableció ningún mecanismo de actualización por inflación, de manera tal que, en términos reales, los recursos del Foneda fueron decreciendo año tras año hasta volverse insignificantes.
Los 500 millones de pesos, que en 2010 representaban 125,9 millones de dólares –una cifra, de todas maneras, exigua para atender la enorme extensión del territorio argentino–, actualmente representan menos de 5,0 millones de dólares. Y en 2022, si no es actualizado, seguirá firme en su camino hacia la más completa desaparición.
En ese marco, las autoridades de Federación Agraria Argentina (FAA) solicitaron a los legisladores nacionales que actualicen el monto previsto para el Fondo de Emergencias y Desastres Agropecuarios
“Hoy tienen la oportunidad de considerarnos a los productores agropecuarios, en especial a los de menor escala, que somos los que más sufrimos los embates del clima y de los errores políticos”, aseguró Carlos Achetoni, presidente de FAA, por medio de un comunicado.
“Cuando se dispuso el monto de 500 millones de pesos, el dólar estaba a 3,80 pesos. Al poco tiempo quedó desfasado, porque no se previó ningún esquema de actualización. A la fecha, con tantos años de inflación y las permanentes subas que ha tenido el dólar, esa cifra resulta directamente irrisoria, puesto que no sirve para afrontar casi ninguno de los problemas que debería”, añadió.
Achetoni se esperanzó con la posibilidad de que la “nueva conformación del Congreso de la Nación abra la oportunidad de que se pueda legislar pensando no sólo en las necesidades de un gobierno o un partido, sino en beneficio de todos los argentinos”.
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]]>En 2010, según lo dispuesto por la Ley Nº 26.509 de Emergencia Agropecuaria, se estableció un Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (Foneda) por una suma de 500 millones de pesos.
Pero la norma en cuestión no estableció ningún mecanismo de actualización por inflación, de manera tal que, en términos reales, los recursos del Foneda fueron decreciendo año tras año hasta volverse insignificantes.
Los 500 millones de pesos, que en 2010 representaban 125,9 millones de dólares –una cifra, de todas maneras, exigua para atender la enorme extensión del territorio argentino–, actualmente representan menos de 5,0 millones de dólares.
Asi es el campo señores politicos, trabajo, sacrificio, perdidas economicas.
09/09/21 Gral. Guido BA pic.twitter.com/kgHZQCn0Hy— PatoCarli (@pat_carli) September 9, 2021
En términos productivos la cifra presente en 2010 permitía, por ejemplo, cubrir el costo de implantación (sin tierra, cosecha ni gerenciamiento) de más de 250.000 hectáreas de maíz temprano, mientras ahora no se llegan superar las 10.000 hectáreas.
Los recursos del Foneda, según lo dispuesto por la Ley Nº 26.509, deberían servir tanto para prevenir como mitigar los “daños causados por factores climáticos, meteorológicos, telúricos, biológicos o físicos que afecten significativamente la producción y/o la capacidad de producción agropecuaria, poniendo en riesgo de continuidad a las explotaciones familiares o empresariales, afectando directa o indirectamente a las comunidades rurales”.
La ironía es que, si bien los productores agropecuarios aportan todos los años miles de millones de dólares solamente en concepto de derechos de exportación, el programa de mitigación de riesgos se está financiando en la actualidad con recursos de un crédito internacional.
Desactivado de facto el Foneda, el programa que ocupa su lugar se denomina “Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural” (Girsar), que cuenta con un crédito de 150 millones de dólares aportado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
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