Con el “agua hasta el cuello”, las empresas productoras de biocombustibles recibieron un período de gracia de 60 días más, durante los cuales continuarán los debates legislativos en torno al marco regulatorio.

Si se tiene en cuenta que en el Senado se dio media sanción a un proyecto que propone prorrogar la ley actual unos años más, una extensión de ocho semanas no parecería ser suficiente. Sobre todo si se tiene en cuenta que además de ese proyecto hay más de 20 iniciativas acumuladas, una de las cuales es el proyecto oficialista que pretende desmantelar buena parte del régimen aún vigente. 

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En ese marco, Bichos de Campo consultó la opinión de los representantes del sector productor de biocombustibles. Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), aseguró que las prórrogas siempre son útiles, pero que lo importante es que “dentro del ámbito del Congreso podamos hacer un buen debate sobre una nueva ley que tiene que ser superadora de la actual”.  En este sentido, recordó que, desde la Liga de Provincias Bioenergéticas se presentó un proyecto, junto al diputado cordobés Carlos Gutiérrez, que esperan que sea tratado pronto.

Por su parte, Francisco Jauregui, director de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), dijo que “sesenta días en el marco de un proceso parlamentario no son nada; es una ‘compra’ de tiempo para organizar un proyecto que no se encuentran consensuado con todos los sectores”.

Y solicitó un marco de continuidad para las pymes productoras de biodiésel. “Que se aumente el porcentaje de mezcla obligatorio que propone la ley. El 10% es el mínimo punto de equilibrio que permite a todos los productores de biodiésel a operar. Con el nuevo texto (del proyecto oficialista), las pymes automáticamente dejan de operar y rápidamente desaparecen”.

Por el lado de los productores de bioetanol a base de caña de azúcar, Jorge Freijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA), señaló que la prórroga, aunque sea por 60 días, sirve porque la zafra en el sector ya ha comenzado y podía verse afectada por la incertidumbre.

“Esperamos que en este plazo se trate el proyecto (oficialista). El corte debería ser por lo menos del 12% y que progresivamente se aumente teniendo en cuenta las condiciones agroecológicas del país. Nos pareció bien que se contemplara la sustitución de importaciones del combustible fósil. Eso permitiría un crecimiento en la producción de alcohol, tanto de maíz como de azúcar, muy significativo”, afirmó.

Desde la división de Insumos Agropecuarios e Industria de ACA, de la cual depende la planta de bioetanol de ACABio, Víctor Accastello consideró que para el bioetanol “el corte debería ser mínimo y obligatorio del 15% sin ninguna posibilidad de que baje”. Y justificó que eso debe ser así para atender los compromiso de reducción de emisiones contenidos en el “Acuerdo de Parías”, la salud pública y la calidad de las naftas. También solicitó que la fórmula para calcular los precios de venta de los biocombustibles destinados al corte interno debe contemplar “el 100% de los costos” reales.

En la misma línea, Patrick Adam, director Ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, sostuvo que estos dos meses abren “un período de diálogo e intercambio entre los productores, con especialistas en energía, con las provincias energéticas”. Y añadió que mínimamente se debe mantener el corte actual (12%), pero que también se debe contemplar “un mercado libre donde el bioetanol pueda competir con la nafta y el gas comprimido.”

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Esta semana, el sector productor de biocombustibles intentó mostrar esta situación al enviar un comunicado al ministro de Economía, Martín Guzmán, pero quedó gusto a poco. El incumplimiento del gobierno de lo normado en la Ley 26.093, pensada originalmente con una mirada federal para dinamizar las economías regionales, recae ahora directamente sobre las pymes que producen biodiésel, que ya no saben si podrán tachar otro mes en el calendario. Los trabajadores afectados ascienden a 10 mil y mientras tanto desde las autoridades hay silencio de radio.

El reclamo es simple: actualizar el precio del combustible que se encuentra congelado desde diciembre en 44.000 pesos por tonelada. La Ley de Promoción de los Biocombustibles define que la autoridad de aplicación (el gobierno) deberá publicar las actualizaciones mes a mes, pero esto no se cumple y los productores no pueden cubrir los costos que ya escalaron un 25%.

Desde la CEPREB reclaman volver al esquema de fórmula para definir los precios del biodiésel que se utiliza para cortar al 10% el gasoil (por otro lado, otras empresas producen bioetanol para cortar las naftas al 12%) que había antes del gobierno de Mauricio Macri. Las desinteligencias entre el Estado y este sector productivo se registran desde entonces y nunca llegan a buen puerto. Por eso esta crisis es previa a la crisis sanitaria. El coronavirus no sirve de justificativo.

“La excusa ahora es: Sergio Lanziani (anterior secretario de Energía) se fue y Darío Martínez no asumió todavía, hay que esperar. La realidad es que la pyme no tiene la capacidad de esperar”, dijo frustado Jáuregui. El 100% de la producción se destina al mercado interno y si bien el consumo bajó en los últimos meses, ya muestra señales de recuperación.

Para la CEPREB no cumplir con la publicación del precio conlleva a otros incumplimientos: las plantas quedan paradas porque además el porcentaje de mezcla, que está definido por ley en un 10%, no se respeta. “Si se consume un litro de gasoil mezclamos el 10%. Si se consumen 100 litros mezclamos el 10% de esos 100. Hoy por hoy no se está mezclando nada”, afirmó el director.

La producción de biocombustible tiene un objetivo económico, que es abastecer al mercado interno, y uno sustentable, al evitar el 70% de las emisiones contaminantes por cada litro de biodiesel utilizado. A pesar de esto, la industria de biocombustible pasó a ser una especie en extinción.

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