La entrada Pusieron quinta a fondo: En menos de 24 horas el Congreso avanzó con tres proyectos sobre agricultura familiar y acceso a la tierra se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>En primer lugar, obtuvo dictamen favorable la Ley de Acceso a la Tierra, una iniciativa apoyada por la Unión de Trabajadores de la Tierra y avalada por los entonces ministros Luis Basterra y Daniel Arroyo, que busca crear un Fondo Fiduciario de Crédito para la Agricultura Familiar (CREPAF), una susrte de plan Procrear para el sector.
Su principal objetivo es facilitar el acceso a créditos para la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas a familias de la agricultura familiar. Si prospera, el Fondo Fiduciario durará 50 años y su patrimonio estará formado por recursos del tesoro nacional, tierras o inmuebles del estado, ingresos obtenidos por emisiones de valores fiduciarios de deuda, entre otros recursos.
Los beneficiarios deberán estar registrados en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) y tener como ingreso económico principal a la actividad agrícola, pecuaria, forestal, florícola, pesquera, acuícola o apícola.
“El proyecto propone un sistema de créditos blandos al estilo PROCREAR pero para el sector rural, con el cual las familias pequeñas productoras puedan acceder a tierras para producir alimentos de un modo sustentable y habitar en una vivienda digna”, dijo Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la UTT.
Mirá el proyecto completo acá:
5125-D-2020Además se propone la creación de un Comité Ejecutivo formado por un representante del Ministerio del Interior, de Economía, de Agricultura, de ANSES, de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y del INTA, que se encargará de planificar y presupuestar las acciones del fondo, pedir recursos al tesoro nacional, instrumentar el proceso de inscripción y determinar un criterio para el acceso a inmuebles.
Dicho comité establecerá además un sistema de puntajes para ordenar a los aplicantes, y en él tendrán prioridad de selección las mujeres, los jóvenes y quienes tengan conocimientos previos en agroecología.
En caso de que la ley se sancione, la AABE tendrá un plazo de 180 días para analizar la totalidad de los inmuebles del estado, tanto de uso público como privado, que estén por fuera de las urbes.
El proyecto, que obtuvo el visto bueno en las Comisiones de Legislación, Agricultura y Ganadería, y Presupuesto y Hacienda, no fue sin embargo acompañada por Juntos por el Cambio, que emitió un dictamen de minoría a favor de otra iniciativa similar pero presentada por un legislador del PRO. Durante la firman del dictamen, consideraron que la propuesta oficialista tiene un “enfoque asistencial por parte del Ministerio de Desarrollo Social” y que los créditos otorgados deberían ser de “trazabilidad de la agricultura familiar”.
En este sentido, el apoyo de la oposición fue para el proyecto que busca crear un Programa Nacional de Financiamiento para la Agricultura Familiar y las Economías Regionales (PRONAFER). El mismo busca promover y desarrollar la actividad productiva de los agricultores familiares y los pequeños productores de las economías regionales, a través de la asistencia financiera de bancos con recursos provenientes del Ejecutivo. Esta propuesta busca ser instrumentada a través del Fondo Cooperativo para el Desarrollo Agroempresarial (FONDAGRO).
Mirá el proyecto completo acá:
2162-D-2021Los créditos otorgados podrán ser destinados a la incorporación de maquinaria, equipos y capital de trabajo, a las inversiones prediales o a los costos de acceso a la tierra. Además, la autoridad de aplicación designada establecerá los instrumentos necesarios para prestar asistencia técnica a los beneficiados por esta línea crediticia.
Por otro lado, la iniciativa establece que el Poder Ejecutivo tendrá facultades para establecer un régimen que fije la obligatoriedad de la compra de productos de la agricultura familiar, por una cuota porcentual de hasta el 30%.
Finalmente, Diputados avanzó también con el tratamiento del proyecto titulado “Marcha al Campo”, que propone un reordenamiento y repoblamiento de tierras fiscales, para movilizar fuerza de trabajo ociosa y activar proyectos productivos de personas y grupos familiares vinculados a la agricultura.
La iniciativa implica la realización de un relevamiento de tierras fiscales para distinguir entre aquellas de orden nacional, provincial y municipal. También supone la realización de un censo para definir el sujeto social objetivo y determinar mediante encuestas sus necesidades.
Mirá el proyecto completo acá:
la-marcha-al-campoLas tierras serán cedidas en comodato, es decir que nunca dejarán de ser propiedad del Estado, y en extensiones de no más de 150 hectáreas. El objetivo es evitar que estos proyectos fracasen a mediano o largo plazo. Por tal motivo, los beneficiarios deberán realizar una capacitación vinculada al trabajo cooperativo, y a la conformación de unidades de trabajo y producción.
Se prevé el otorgamiento de una renta básica por localización para acompañar a las familias y generar condiciones de infraestructura básicas para su radicación (vivienda, acceso a servicios públicos, etc.)
Desde el oficialismo indicaron que este reordenamiento “permitirá repoblar y desarrollar el interior del país, mejorar caminos rurales, asegurar la salud y la educación, industrializar en origen, incentivas la soberanía alimentaria, mejorar las condiciones de la ruralidad y de la conservación ambiental”.
A diferencia de los dos primeros proyectos, la ley de Marcha al Campo aún debe continuar su trabajo en comisiones, por lo que todavía no está lista para ser discutida en el recinto.
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]]>La entrada Aracre aseguró que el Frente de Todos debe decidir “si realmente tienen más cosas en común o más cosas en disenso como para seguir juntos o no” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Pero ahora la situación es bastante diferente, por Aracre experimenta “un poco de tristeza y decepción” ante las constantes internas presentes en la coalición del Frente de Todos.
“El país está atravesando por un momento difícil y uno querría tener a sus dirigentes encolumnados y juntos para solucionarle los problemas y no en estas cuestiones internas”, indicó el CEO de Syngenta en declaraciones realizadas hoy a Radio de Todos.
“Creo que la alianzas políticas son un instrumento muy interesante, fundamentalmente con cara a una elección, porque permiten presentarle a la sociedad una propuesta bastante amplia y diversa y así capturar votos. Y en ocasiones también pueden serlo para gobernar, porque pueden representar un consenso importante en la sociedad”, argumentó.
https://twitter.com/toniaracre/status/1433197265741561858
Sin embargo, Aracre aclaró que “a veces, y habría que ver si este es el caso, si los consensos son menores a los acuerdos que tienen, pueden ser completamente disfuncionales”.
“Para la sociedad y para todos nosotros es muy complicado ver todos los días gente que no se pone de acuerdo sobre temas de seguridad o si las escuelas tienen que estar cerradas o tienen que estar abiertas, o si la solución económica para el país pasa por reinsertarnos en el mundo, acordar con el Fondo Monetario (Internacional) y que la gente pueda tomar un préstamo o que eso sea visto como una rendición imperialista o algo por el estilo”, explicó.
En referencia a las crecientes tensiones existentes entre el kirchnerismo y el resto de las expresiones del peronismo que integran al Frente de Todos, el CEO de Syngenta dijo que “esas discusiones no deberían ser tan públicas ni tan cotidianas, me parece, porque se vuelven disfuncionales para el desarrollo de la Argentina”.
“Más que aceptar renuncias o proponer cambios (en el Gabinete), lo que necesita el Frente de Todos es una profunda discusión interna sobre si realmente tienen más cosas en común o más cosas en disenso como para seguir juntos o no, porque la pelea cotidiana es bastante profunda y bastante pública y eso no le hace muy bien a la Argentina”, sentenció.
Este año, tal como había adelantado Aracre a fines de 2020, la filial argentina de Syngenta comenzó a exportar por cuenta propia granos recibidos por canjes de agroinsumos. Hasta el momento embarcaron unas 150.000 toneladas de soja con esa modalidad.
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]]>La entrada La pregunta más interesante para el agro: ¿Cómo podría quedar la nueva composición del Congreso? se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Está más que claro que los resultados de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) sorprendieron al gobierno de Alberto Fernández, que esperaba obtener otros números en los distritos históricamente peronistas. Si esto se toma como una encuesta precisa de lo que podría ocurrir en las elecciones generales del 14 de noviembre, la conformación del Congreso cambiará significativamente.
¿Cuál es la situación en la Cámara de Diputados? Juntos por el Cambio puso en juego 60 bancas en comparación a las 51 del Frente de Todos. Los terceros bloques, que funcionan como el auxilio de las otras dos bancadas ya que ninguno tiene quórum propio, solo deberán renovar 16 escaños.
Según los datos arrojados por las PASO, el oficialismo, que durante estos dos años de gestión contó con 119 bancas -José Ignacio de Mendiguren estuvo siempre de licencia y Sergio Massa como presidente no vota a menos que sea para desempatar-, podría quedarse con 117 luego de este primer resultado electoral. Por su parte Juntos por el Cambio, que actualmente tiene 115 bancas, podría sumar dos más e igualar al oficialismo, dando paso a un escenario que planteará nuevas complejidades a la hora de debatir proyectos de ley.
En la Cámara de Senadores las estimaciones tampoco serían muy alentadoras para el oficialismo. El Frente de Todos cuenta actualmente con una mayoría automática, ya que detenta 41 bancas. En esta elección pone en juego 15 de esos lugares, mientras que Juntos por el Cambio arriesga a solo 9 de sus 26 miembros.
Los números de ayer dejarían al oficialismo con 35 lugares, dos por debajo del quórum, y a la oposición con 31 senadores, permitiendo un mejor escenario de pelea legislativa.
Pero como en cada elección primaria, es importante tener en claro que las internas dentro de cada partido sirven a fin de cuentas para reordenar las fuerzas de cara a las elecciones generales. Por lo tanto, aún no es conveniente hablar de derrotas o victorias y es importante analizar la conformación de las listas finales que se enfrentarán en noviembre.
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]]>La entrada Las “fake news” llegan hasta prometer una reforma agraria: Serían falsas las propuestas de la lista de Agustín Rossi para “colonizar tierras improductivas” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El planfeto digital contenía el logo peronista y la frase “Unidos Podemos”, y resaltaba los puntos del “Plan Federal Brigadier López”. Pero según informaron desde el área de prensa de ambos candidatos, se trata de una “fake news”. Una noticia falsa.
Agustín “El Chivo” Rossi, ex ministro de Defensa de la Nación, encabeza la lista “La Santa Fe que queremos”, una de las opciones del Frente de Todos en esa provincia, que disputará un lugar en las elecciones de octubre el próximo 12 de septiembre, cuando se realicen las PASO. Su compañera de fórmula es Alejandra Rodenas, vicegobernadora santafecina, y Óscar “Cachi” Martínez la completa como precandidato a diputado nacional.
En la vereda de enfrente está la lista del gobernador Omar Perotti, avalada por el Poder Ejecutivo. Tiene como precandidatos a senador nacional a Marcelo Lewandowski, actual senador departamental por Rosario, y a María de los Ángeles Sacnun, actual senadora nacional y mano derecha de Cristina Fernández de Kirchner en esa Cámara. La completa Roberto Mirabella como precandidato a diputado nacional.
Dicen las malas lenguas que Alberto Fernández le pidió a Rossi que no participe de la elección, pero El Chivo hizo oídos sordos y decidió presentarse igual. Acto seguido el primer mandatario expresó abiertamente su apoyo a la lista de Lewandowski y desde entonces la tensión en Santa Fe se corta con cuchillo.
En ese contexto es que empezó a circular el flyer de campaña que vinculaba a Rossi y a su fórmula con una iniciativa para ocupar tierras improductivas y podes así colonizarlas. “De ahí a al reforma agraria, un pasito”, deben haber pensado muchos.
Luego de los episodios del año pasado con la toma de la estancia del ex ministro Etchevehere en Entre Ríos, más otras ocupaciones de campos incluso en ciudades de Santa Fe, como Reconquista, esta ppopuestaque despertó las alarmas en más de un productor agropecuario. Ese punto era acompañado por otros que promovía la “migración inversa” para evitar los éxodos de los jóvenes a las ciudades y favorecer el arraigo territorial.
En el folleto, estas falsas propuestas de campaña aparecen enmarcadas en el “Plan Federal Brigadier López”, que en verdad si existe. Se trata de un proyecto de ley presentado por Oscar Martínez en octubre de 2020, durante su gestión como diputado provincial en la Cámara de Diputados de Santa Fe.
¿Pero entonces los puntos son ciertos?
Bichos de Campo se contactó con el área de prensa de Martínez desde donde indicaron que si bien es cierto que el precandidato presentó un proyecto que lleva ese título, el mismo no fue formulado en ese sentido.
“Nadie se tiene que preocupar”, afirmaron. Explicaron a continuación que la propuesta busca fomentar la producción de pequeños productores, haciendo un uso sustentable y racional de tierras que no estén siendo usadas, pero que bajo ningún aspecto se promueve la usurpación.
Mirá el proyecto completo acá:
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Según su artículo 12, las tierras que formarán parte de este patrimonio serán inmuebles del Estado Nacional, Provincial o Local, que sean cedidos por ellos. También se agregan los “Inmuebles pertenecientes a los/as particulares y que sean adquiridos bajo cualquier modalidad a sus poseedores o propietarios por el Estado Provincial para la implementación del Programa que se instituye por la presente”.
A continuación informaron que el flyer en cuestión formaba parte de una operación política electoral que ninguno de esos puntos formaba parte de la plataforma de campaña de Martínez o de Rossi.
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]]>La entrada Presentaron un proyecto de ley para crear un “Plan Nacional de Huertas Agroecológicas” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La iniciativa está acompañada por el diputado Leonardo Grosso, presidente de la Comisión de Ambiente e impulsor del proyecto del Frente de Todos de Humedales.
El objetivo de este plan -que claramente tiene puntos en común con el programa ProHuerta del INTA y el Ministerio de Desarrollo Social- sería “contribuir a la promoción y el fortalecimiento de la soberanía alimentaria a partir del establecimiento de huertas agroecológicas, fomentando la producción familiar, comunitaria y local de alimentos sanos, diversos, nutritivos y culturalmente apropiados”, según indica su primer artículo. A continuación agrega que también se buscará su desarrollo como experiencia con finalidad pedagógica y educativa.
Para eso el Plan se propone difundir información sobre la implementación de estas huertas; desarrollará acciones “que fortalezcan y contribuyan la producción sostenible de alimentos y su circulación comercial o solidaria”; consolidará “el acercamiento de la producción rural y peri-urbana a las formas de habitar en las ciudades y territorios urbanos, contribuyendo a la descentralización”, y recuperará “los saberes ancestrales de la agricultura familiar, campesina e indígena para la producción de alimentos sanos, diversos, nutritivos y culturalmente apropiados”.
Según indica el texto de este proyecto, los productos elaborados en dichas huertas estarán destinados principalmente al consumo de las comunidades que los elaboren. Si existiesen excedentes, los mismos deberán ser donados a hogares de niños, comedores comunitarios, establecimientos para adultos, o articularse con el plan nacional “Argentina contra el Hambre”.
Mirá el proyecto completo acá:
3587-D-2021
Según el artículo 9, esta iniciativa de huertas agroecológicas “se complementará con lo articulado por el Programa Federal de Huertas Educativas -Ley Nº 25829-, la experiencia acumulada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en su programa ProHuerta, y todas aquellas políticas públicas sinérgicas desarrolladas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Desarrollo Productivo, de Desarrollo Social y de Ciencia, Tecnología e Innovación.”
Las huertas agroecológicas serán diferenciadas entre públicas-comunitarias y aquellas privadas. Ambas contarán con un registro nacional específico para cada una. Las primeras podrán establecerse, por ejemplo, en convenio con universidades públicas, dentro de tierras fiscales del Estado Nacional y en “inmuebles de Organismos Públicos Nacionales y Organismos Descentralizados”, aunque no aclara cuáles.
Para el caso de las segundas, la autoridad de aplicación fomentará “el destino de espacios ociosos bajo dominio o jurisdicción privada para el emplazamiento de huertas agroecológicas que tengan por objetivo la provisión de alimentos y otros productos a la comunidad asociada a dicho actor privado”.
“Debemos garantizar el carácter público y sin fin de lucro de las huertas que no se desarrollen en el ámbito privado, así como la participación de la sociedad civil, los colectivos y personas y sobre todo aquellas personas que han sido pioneras instalando huertas y enseñando a los y las vecinas sobre las técnicas agroecológicas”, se afirma en los fundamentos del proyecto.
Fotos: INTA
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]]>La entrada Se lanzó la ofensiva kirchnerista para echar a todos los representantes de la producción agropecuaria de la conducción del INTA se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La ofensiva del kirchnerismo es tan burda que incluso arrasaría con las dos sillas que agrónomos y veterinarios tienen en el Consejo Directivo del INTA, en representación de las universidades nacionales. A los profesionales del agro se les reservaría simplemente un papel como asesores.
Desde hace décadas que dirigentes de la Mesa de Enlace y de los grupos CREA participan en una conducción mixta del Consejo Directivo del INTA, que es el máximo nivel ejecutivo de este instituto. En los últimos meses, sectores sindicales y de organizaciones campesinas alineadas con el gobierno plantearon que esa representación debería ser ampliada a otras expresiones del agro. Pero siempre hablando de nuevos representantes de las actividades productivas en la conducción, no cercenando esa participación.
Ahora un proyecto firmado por dos diputadas del Frente de Todos (FdT), la fueguina Mabel Caparrós y la salteña Alcira Figueroa (que reemplazó al tristemente célebre diputado del teta-gate), plantea un escenario completamente diferente: Se pretende erradicar toda presencia de los productores -cualquiera sea su agremiación- y de los profesionales del agro de la conducción ejecutiva del INTA, que quedaría solamente en manos de funcionarios.
Según esta iniciativa, presentada el pasado 13 de agosto, el Consejo Directivo de INTA deberá estar integrado por 8 personas (dos menos que en la actualidad), pero sin representantes de las entidades rurales, ni de AACREA, ni de las Universidades públicas.
La iniciativa propone que el presidente y el vicepresidente sean nombrados por el Poder Ejecutivo, y que los seis vocales titulares que los acompañen representen al Ministerio de Agricultura, al Senasa, al Ministerio de Ambiente, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y que haya dos vocales en representación de las provincias.
Es decir, todos representantes del sector público. Ninguno del sector privado o del sector académico.
El proyecto de las dos diputadas kirchneristas propone modificar también el artículo 6 del Decreto-Ley 21.680,dictado por el gobierno militar de 1961, para definir que la nueva conducción del organismo se componga en mitades iguales entre mujeres y varones. “El Directorio deberá conformarse con paridad de género”, define. Y agrega que “La persona presidente y vicepresidente no podrán pertenecer al mismo género”.
Eso es algo que sucede ahora, ya que la presidente del INTA es una técnica llamada Susana Mirassou y el vicepresidente un ingeniero forestal llamado Tomás Schlichter, ambos designados por el Poder Ejecutivo.
Pero lo que cambiaría por completo si esto prospera es el resto de los vocales que integran el Consejo Directivo. Actualmente son ocho, en representación del Ministerio de Agricultura, de las Facultades de Ciencias Agrarias, de las Facultades de Ciencias Veterinarias, de AACREA, de Coninagro, de CRA, de Federación Agraria y de Sociedad Rural Argentina.
Este es el texto del proyecto de ley de las dos diputadas oficialistas:
Proyecto 3448-D-2021
En esta iniciativa, la participación de los sectores productivos en la conducción, según se dispone en el artículo 2°, quedará reducida a un Consejo Asesor. Allí sí se respeta la participación de dos representantes de las carreras afines, pero se pulveriza la representatividad de los productores organizados en las entidades gremiales de la Mesa de Enlace y de AACREA. Se define solo que habrá “un representante de las cooperativas de productores; un representante de las asociaciones de productores; y dos representantes de las organizaciones de agricultores familiares”.
Desde el regreso del Frente de Todos al gobierno, una queja recurrente -aunque siempre en voz baja- de las autoridades del INTA es que no se logran aprobar ciertas normas en el seno del Consejo Directivo de la Institución por la paridad de fuerzas que existen entre los vocales que provienen del Poder Ejecutivo y los que representan a la comunidad productiva.
Los consejeros provenientes de las entidades agropecuarias, por otro lado, han sido claves para mostrar alguna resistencia a iniciativas de legisladores del kirchnerismo (aunque también hubo alguna del macrismo) para expropiar tierras del INTA en diferentes provincias. Un caso ha sido el de Salta, donde se planteaba quietarle más de 500 hectáreas a la experimental de Cerillos. En otra iniciativa que recibió media sanción en el Senado, otro legislador oficialista plantea que un campo experimental del INTA de Catamarca pase a manos de la provincia.
Si este proyecto del Frente de Todos llegara a prosperar, aquella resistencia de los privados quedaría deshecha, pues se establece que el nuevo Directorio del INTA -en manos de funcionarios y sin representantes de los privados-, podría funcionar con un quórum de seis miembros y que “las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de los miembros presentes”. Además, en caso de empate, podrá desempatar el presidente.
En los considerandos de su iniciativa, las diputadas Figueroa y Caparrós argumentan que es necesario integrar a representantes de la denominada “agricultura familiar” a la vida institucional del organismo, aunque en los hechos la excluyan de la conducción del INTA y le reserven una participación en el consejo asesor.
Para justificar la incorporación de miembros de organizaciones campesinas, las legisladoras incluso cometen algún exabrupto al definir que “actualmente la agricultura familiar comprende a dos millones de productores y productoras”, cuando el último Censo Nacional Agropecuario de 2018 reconoce solamente la existencia de 250 mil establecimientos agropecuarios de todo tamaño en todo el país.
En tanto, para justificar la exclusión de los ruralistas tradicionales del agro e incluir a funcionarios de sectores alineados hoy con el oficialismo, el proyecto afirma solamente que “la composición del Consejo Directivo del INTA se encuentra en falta”.
Y se explica que “ni las provincias ni el Ministerio de Ambiente se encuentran representados. Tampoco lo están los intereses de los pueblos originarios, a los cuales la Constitución Nacional reconoce preexistencia y llama a garantizar su participación en la gestión de los recursos naturales y de los intereses que los afectan”.
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]]>La entrada El INTA se politiza peligrosamente: El kirchnerismo más duro quiere avanzar sobre la conducción del organismo y ya condiciona a muchos investigadores se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El jefe de una experimental encontró, en pleno auge del covid, a varios trabajadores compartiendo el mate y no tuvo más remedio que aplicarles un día de suspensión, como sanción muy leve por el riesgo sanitario que esta actitud implicaba para todo el resto del personal. Pero los reprendidos tenían muy buena llegada con el gremio APINTA, que reclamó directamente al director nacional del organismo, Carlos Parera, quien insólitamente desautorizó al funcionario y ordenó levantar esa suspensión.
Parera ya había dado muestras de docilidad frente a ese tipo de presiones cuando ordenó, hace unos meses, dar marcha atrás con un pedido del director del Centro Regional Buenos Aires Norte, Hernán Jorge Trebino, para que la justicia les permita continuar allí con una serie de ensayos sobre aplicaciones de agroquímicos que se veían amenazados por el fallo que prohíbe las fumigaciones a 1095 metros en torno a los centros poblados de Pergamino. La sede local del INTA está dentro de esa franja de prohibición.
En el INTA Balcarce, una de los principales enclaves de investigación agropecuaria del país, ya se han producido también algunas renuncias de profesionales reconocidos por razones de índole política.
A esta altura, lo que está quedando muy claro es que el INTA vive un intenso proceso de politización que altera la vida institucional. La empobrecedora grieta que se vive en todos los eslabones de la sociedad tiene su propio capítulo en este instituto público, que debería ser lo más aséptico posible y ofrecer espacios de paz y tranquilidad para el desarrollo de sus investigaciones.
En declaraciones radiales, el secretario general de APINTA, Mario Romero, blanqueó esta situación de modo más que generoso, reconociendo que hay sectores del organismo -incluso su gremio- que impulsan este tipo de enfrentamiento entre modelos más que a hacer lo que deberían hacer: defender a sus afiliados para que puedan generar investigación y extensión agropecuaria. Por supuesto que -un clásico- el sindicalista le echó la culpa de esta colisión al otro gobierno, el de Mauricio Macri.
“En el INTA la línea de conducción administrativa es de carrera, el director nacional es de carrera (en referencia a Parera). Pero las grandes políticas se manejan desde el Consejo Directivo, donde hoy las votaciones son perdidas por el oficialismo, desde el tema de sumarios administrativos hasta algunos concursos para cubrir cargos. Se están avalando irregularidades que estamos denunciando y que van a terminar en la justicia”, amenazó el sindicalista.
Escuchá ese reportaje completo a Mario Romero en Radio Gráfica:
“La verdad que un organismo como el INTA debería estar acompañando políticas activas del gobierno, que a veces se ven retardadas por estos tipos que están poniendo palos en la rueda. Son los mismos que hablan de que el Estado no responde, que el gasto es excesivo, y que cuando estuvieron en el gobierno (en referencia a los cuatro años de macrismo) aplicaron políticas de restricciones presupuestarias. Pero son los mismos que cobran 150 mil pesos por mes y no se pueden mover”, amplificó Romero, dejando muy en claro cuál es el tenor del enfrentamiento. El sindicalista reclamó “democratizar estas representaciones”.
“El máximo nivel de decisión del INTA es el Consejo Directivo, regido por un presidente y un vicepresidente designados por el Poder Ejecutivo Nacional. El Consejo Directivo integra un cuerpo colegiado con cinco representantes del sector público y cinco del sector privado. De esta manera se garantiza una activa participación del sector productivo en la fijación de las políticas y las estrategias globales de decisión institucional, como así el control social de su accionar”, define la página web del INTA sobre el órgano de conducción que ahora APINTA ubica como principal escollo para poner al organismo en línea con el “proyecto nacional” del gobierno de Alberto y Cristina.
Por el Estado figuran en esa Consejo Directivo la presidente del INTA, Susana Mirassou; y el vicepresidente Tomás Schlichter, además de un representante del Ministerio de Agricultura, Manuel Pedreira. El sector público aporta además dos representantes por la universidad: Por las facultades de Ciencias Agrarias aparece Liliana Monterroso y por las de Veterinaria lo hace Humberto Luis José Occhi.
Pero luego hay cinco representantes de las entidades gremiales y técnicas de los productores: AACREA con Alejandro Conci; Coninagro con Nicolás Carlino; CRA con Sergio Melgarejo; la Federación Agraria con Pablo Paillole; y la SRA con Santos Zuberbhuler.
Según la visión de principal gremialista del INTA, los representantes tanto de la Universidad como de las entidades rurales son quienes frenan que el organismo se encolumne más decididamente con los planes del actual gobierno. Para Romero, el poder de veto de la Mesa de Enlace se podría resolver ampliando ese consejo directivo a representantes de la pequeña agricultura familiar, la industria metalmecánica y los propios trabajadores.
En esta encarnizada discusión por el poder, en sus declaraciones mintió Romero cuando dijo que la conformación actual del Consejo Directivo del INTA fue decidida por un decreto de la dictadura. En realidad fue una medida del gobierno democrático de Raúl Alfonsín. Se trata del decreto 287 del 10 de marzo de 1986.
Más allá de que 35 años después puede parecer razonable discutir las representatividades en dicho órgano de conducción, resulta inevitable remarcar que lo que sucede actualmente dentro del INTA es un intento de los sectores ligados al kirchnerismo de controlar todos los hilos de poder dentro del instituto.
Esta ofensiva no siempre es bien vista por los sectores más académicos dentro del INTA, a los que muchas veces se los cuestiona simplemente por trabajar a favor de un supuesto modelo agrícola antagónico con los intereses nacionales. Utilizar la palabra “agroquímicos” para referirse a un insumo fitosanitario es muchas veces motivo de sospecha. La militancia les dice “agrotóxicos”.
¿Y quiénes protagonizan esta ofensiva que tiene a maltraer a muchos científicos? No solo los gremios como APINTA y ATE bancan estas posiciones. También hay un nutrido grupo de técnicos y profesionales que ingresó al organismo en los últimos tramos del gobierno de Cristina Kirchner, cuando La Cámpora era palabra santa.
Según datos oficiales, para 2018 había 7.993 empleados en el INTA. Más allá de las quejas de los kirchneristas, la gestiones de Amadeo Nicora y Juan Balbín dentro de ese instituto durante el gobierno de Macri evitaron todo lo posible los recortes en la plantilla de personal. Aún a costa de restringir el presupuesto operativo para investigaciones, no hubo allí despidos masivos como los que sí se produjeron en el Senasa o en el propio Ministerio de Agricultura.
No puede dejar de remarcar esta crónica sobre una creciente politización en el INTA la aparición de nuevas expresiones internas, como una flamante agrupación “Frente de Todos INTA”, que en los últimos días ha difundido una proclama a tono con los reclamos de Romero, el sindicalista.
Los kirchneristas empleados en dicho organismo, en ese documento, cuestionan con dureza a la Mesa de Enlace y se encolumna con el gobierno en la presente discusión sobre los altos precios de los alimentos. Justifican la existencia de las retenciones y los controles de precios. Proponen la recreación de una Junta Nacional de Granos (JNG) e insisten con la necesidad de expropiar la aceitera Vicentin, para que el Estado intervenga de manera mucho más decidida en el comercio de granos.
El Frente de Todos INTA, además, reconoce tener serias diferencias con el ala más moderada del gobierno de Alberto Fernández. “Tenemos discrepancias importantes con algunas medidas (o falta de medidas) del Gobierno Nacional y el Ministerio de Agricultura. Marcha atrás con la expropiación de Vicentin y el cierre de las exportaciones de maíz, con la falta de control de los embarques en los puertos”.
Pero también aclaran que no sacarán los pies de la amplia coalición oficialista porque “tenemos claro que a quienes nos enfrentamos son los mismos enemigos del pueblo de siempre: la vieja y nueva oligarquía, los agroexportadores, la Sociedad Rural y sus hijos actuales, la Mesa de Enlace y sus socios”.
No sería grave, acaso un simple estudiantina, si entre los “enemigos del pueblo” estos militantes no listaran a veces a muchos investigadores del propio INTA, que acaso solo tengan el defecto de estudiar cuestiones mucho más terrenales, como el desarrollo sustentable de la producción en humedales, los patógenos en el temible cultivo de la soja, nuevas variedades de arroz que luego sembraría el CEO de Clarín o la posibilidad de introducir de modo sustentable la ganadería en el monte chaqueño.
La entrada El INTA se politiza peligrosamente: El kirchnerismo más duro quiere avanzar sobre la conducción del organismo y ya condiciona a muchos investigadores se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada ¿Qué es la “Marcha al campo”? Rubén Famá nos explica el proyecto para revertir el éxodo rural que surgió de las entrañas del peronismo se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La iniciativa denominada “Marcha al Campo” tiene el objetivo de movilizar fuerza de trabajo ociosa o que está próxima a serlo, tanto la que resiste en el medio rural como la que ya ha migrado a los cordones urbanos, pero conserva el sentido de pertenencia al sector agropecuario. Para eso estipula la promoción y reordenamiento del uso de tierras fiscales en manos del Estado y busca activar proyectos productivos, vinculados a la agricultura, para que personas y grupos familiares puedan establecerse.
“Siempre que se intentó la generación de empleo genuino nunca se tomó al sector agropecuario como posible sector a generar mano de obra genuina. Esta propuesta viene a superar esa omisión”, dijo a Bichos de Campo Rubén Famá, abogado laboralista y dirigente peronista, que trabajó en la redacción del proyecto presentado por la diputada bonaerense María Rosa Martínez. La idea original ha sido desarrollada y desplegada por el agrónomo Guillermo Gallo Mendoza, ex ministro de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires desde mayo de 1973 a febrero de 1974, durante aquel regreso del peronismo al poder.
Mirá la entrevista a Rubén Famá:
El proyecto define tres herramientas que serán necesarias para su éxito. En primer lugar se deberá realizar un relevamiento de las tierras fiscales existentes para determinar si son de orden nacional, provincial o municipal. “No se trata de revolear gente y de injertar una población en otro medio con otros patrones culturales y hábitos de consumo. Eso es improvisado y desprolijo”, explicó Famá.
Las tierras serán cedidas en comodato, es decir que nunca dejarán de ser propiedad del Estado, y en extensiones de no más de 150 hectáreas. La idea es evitar que estos proyectos fracasen a mediano o largo plazo y se conviertan en una tentación para el sector inmobiliario.
Este video institucional explica el trazo grueso de la iniciativa legislativa:
https://www.facebook.com/watch/?v=335755381204253&extid=FPizrCZYOJzSJPdq
En segundo lugar, Famá explicó que se deberá definir el sujeto social objetivo de este programa, realizando encuestas a los grupos familiares para determinar sus necesidades.
Por último, con los beneficiarios bien elegidos, se llevará adelante un programa de capacitación que disponga los criterios para trabajar en forma cooperativa y conformar unidades de trabajo y producción.
En la iniciativa legislativa, se prevé el otorgamiento de una renta básica por localización y créditos para acompañar a las familias y generar condiciones de infraestructura básicas para su radicación, desde la vivienda, el acceso a servicios públicos, entre otras. “Tiene que ver con un acompañamiento que no termine en una tutela eterna. Tiene que haber un punto de inflexión donde a medida que avance, se apliquen correctivos”, aseguró Famá, dando a entender que el acompañamiento estatal durará hasta que el proyecto productivo comience a mostrar señales de madurez y de posible autonomía.
El proyecto debe pasar por las comisiones de Legislación General, Agricultura y Ganadería, Población y Desarrollo Humano y Presupuesto y Hacienda. Tres de ellas están a cargo de diputados del Frente de Todos. De aprobarse, se estima que la primera etapa (el análisis de las tierras fiscales disponibles) se extendería por 48 meses. Luego de eso, a largo plazo, la aspiración de los legisladores es poder llegar a generar entre 700.000 y 1 millón de puestos de trabajo en el interior del país.
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